Y los Otros Que?

Sustentabilidad

Servicios Gachupines

Oscurantismo

Mal Gobierno

Oligarcas Evasores

Dialogo Fascista

Otro Crimen Fascista

Nueva Agresion Fascista vs Trabajadores del SME

MÉXICO, D.F., octubre 13 (EL UNIVERSAL).-

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) denunció que elementos del Ejército mexicano y de la Policía Federal llegan a domicilios de quienes fueran empleados de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LyFC), para "detenerlos y obligarlos a trabajar" con el fin de atender las fallas que se han registrado en la red eléctrica, pues señala que personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha podido con el servicio para 25 millones de personas.

A través de un comunicado firmado por el secretario del Exterior, Fernando Amezcua Castillo, quien es el vocero, el SME sostiene que "la infamia y desesperación del gobierno federal ha llegado a límites intolerables y nuestra capacidad de asombro nos ha rebasado.
"Cuando pensábamos que sólo habían tomado nuestras instalaciones para extinguir a Luz y Fuerza del Centro y liquidar a nuestro sindicato, resultó que no, que aún había más".
Denuncia sobre el particular que la Policía Federal y el Ejército han estado asistiendo a domicilios particulares de sus compañeros, que son trabajadores operativos de escalafones como líneas aéreas, distribución foránea, cables subterráneos, así como de subestaciones, de conjuntos habitacionales de electricistas de La Piedad, La Aurora, las Garzas, Sección Sexta de San Juan de Aragón, Lomas de Atizapán y Altavilla.
Lo anterior, asegura, "para detenerlos y obligarlos a trabajar para enfrentar el inmenso colapso eléctrico que los ingenieros de confianza de Comisión Federal de Electricidad han sido totalmente incapaces de resolver".
Además sostiene que el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Alfredo Elías Ayub sostuvo que la ciudad de México era casi como Guadalajara, "ahora que ya tienen el niño atravesado, tienen que aceptar que sólo los trabajadores del SME tenemos la capacidad de atender nuestra propia zona de trabajo".
Resalta que en las filas del SME no hay traidores que acepten ir a asistir a los de la CFE, por lo que tienen que recurrir a la violencia y a la coerción en su contra para resolver el problema referido.
Fue Calderón quien aumentó los problemas económicos de LyFC, revelan datos de CFE
En 2003, cuando Felipe Calderón fue secretario de energía, el proceso de privatización del sector eléctrico iniciado por Vicente Fox en 2001 se aceleró, aumentando de esta forma los problemas económicos de Luz y Fuerza del Centro, revelan datos de la Comisión Federal de Electricidad.
Víctor Hernández/SDP 13 de Octubre, 2009 - 21:27

Los problemas económicos de Luz y Fuerza del Centro no fueron generados por los salarios de los trabajadores del SME, sino por el proceso de privatización de la generación de energía eléctrica iniciado a principios del sexenio de Vicente Fox que fue acelerado en 2003 cuando Felipe Calderón llegó a la secretaría de energía.
Lo anterior fue revelado a SDPnoticias.com por fuentes cercanas a la propia Comisión Federal de Electricidad y en base a datos que ya son públicos.
De acuerdo con estas fuentes, en 2000 se inicia un proceso de crecimiento de las empresas generadoras de energía eléctrica en el país a las cuales la Comisión Federal de Electricidad, bajo Fox, se compromete a comprarles su producción para el suministro nacional de electricidad.
Al ocurrir esto, la generación de electricidad de la CFE disminuye. No por falta de capacidad, sino porque se le obliga a generar menos electricidad de la que puede producir. Al producir menos electricidad los costos de la CFE para producirla aumentan, ya que se usa la misma cantidad de recursos para producir a capacidad normal que a una capacidad menor en comparación. Pero además se debe gastar más dinero en comprar energía eléctrica a empresas privadas.
Esta situación se agravó entre 2003 y 2004, cuando Felipe Calderón fue secretario de energía, ya que fue en ese lapso cuando el llamado “factor de planta”, es decir, la capacidad de producción de las plantas de energía eléctrica de CFE, por primera vez fue menor que el de las plantas privadas. A partir de ese momento la productividad de las plantas de CFE ha ido disminuyendo cada vez más, mientras que el de las empresas privadas ha ido aumentando.
Previo a esto, de 1995 a 2000, la producción de electricidad de CFE aumentaba todos los años a un ritmo constante.
Esta disminución en la productividad de CFE en el sexenio fe Fox, basada no en falta de capacidad, sino por orden del gobierno federal para comprarle electricidad a privados, ha tenido consecuencias desastrosas, como los problemas económicos de Luz y Fuerza del Centro y la inundación de Tabasco en 2007.
“Se afirma que la deuda de LyFC es enorme y era creciente. Esta es una ficción contable. Lo que ha ocurrido en realidad, es que al incrementar la transferencia de generación pública por parte de CFE hacia las empresas privadas, se ha incrementado el precio de la electricidad de origen, tanto por los altos precios que tuvo el gas natural que utilizan las empresas privadas como por el hecho de que durante los gobiernos panistas, se ha utilizado con una enorme deficiencia el parque de generación de CFE, con consecuencias catastróficas como las inundaciones de Tabasco en noviembre de 2007. Estos altos precios de la energía en efecto transfirieron el incremento de la deuda de CFE a LyFC, mientras transferían a su vez los ingresos de la venta de energía eléctrica a las empresas privadas”, dicen las fuentes cercanas a CFE.
“A partir del 2003, cuando Fox decide establecer por un lado las tarifas de alto consumo, como firmar por medio de su Secretario de Energía Felipe Calderón y Juan Camilo Mouriño, Subsecretario de Infraestructura Eléctrica, contratos de generación muy desventajosos para el Estado con los Productores Independientes de Energía (PIE’s) empezó a disminuir de manera dramática la generación de CFE, generando un círculo vicioso en el que al estar subutilizada la capacidad instalada, se incrementaba el costo de generación de electricidad en todo el sistema eléctrico nacional en su conjunto, lo que a su vez se convertía en un mayor costo de adquisición de la energía de LyFC que no tiene un parque de generación significativo, que generó altos precios en la electricidad tanto para los clientes de LyFC como de CFE. Esta ineficiencia es por consigna, no es inherente a la CFE como empresa, ya que como los datos del 2000 y 2001 demuestran, CFE tuvo una productividad superior o similar a las empresas privadas que han contado con todo el apoyo de Felipe Calderón,” continúan.
En el actual sexenio, continúan las fuentes, la producción de electricidad por TeraWatt ha caído de manera estrepitosa, mientras que al mismo tiempo se compra más electricidad a empresas privadas. De hecho, dos terceras partes del parque de generación de CFE se mantiene sin producir a pesar de que sus plantas están en buenas condiciones.
No sólo eso; con el cierre de pequeñas y medianas empresas, como consecuencia de la crisis económica, está disminuyendo el consumo de electricidad, lo cual no sólo afecta a CFE y al estado por la falta de recursos, sino también a los productores privados, los cuales se verán presionados a subir el precio de la electricidad que le venden a CFE para mantener su nivel de ganancia.
“La caída en el consumo es tan grande, que los inversionistas privados no han puesto en servicio nuevas centrales generadoras desde el 2007, y difícilmente lo harán en un futuro cercano”, dicen las fuentes cercanas a CFE.
“Hay que recalcar que el precio de la energía eléctrica al público no lo establecen CFE ni LyFC, sino el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene voz y voto en las juntas de gobierno de CFE y LyFC, así como ser la que define el presupuesto de ambas instituciones. Así, si en LyFC atendían a los usuarios con máquinas de escribir en lugar de computadoras, en buena manera fue porque la SHCP no autorizó la adquisición de las mismas a LyFC,” añaden.
Las fuentes consideran que el problema que causaron los trabajadores de LyFC fue el de crear una mala imagen para la empresa—al igual que CFE y Pemex. Pero que es la estrategia y malos manejos de las administraciones panistas las que han causado el problema económico mayor en LyFC, no los trabajadores sindicalizados.
Liquidación de la empresa por segunda vez liquidada


Mientras el pueblo gritaba eufórico, “nos vamos al mundial, nos vamos al mundial” y los trabajadores estaban embriagados con el triunfo de la selección, el gobierno federal ordenaba la toma de las instalaciones de la Compañía de luz y Fuerza del Centro.

Bien pensado por lo liquidadores. El plan se comenzó a articular desde hace más de un año. Después de eso, ¿dónde queda el “rechazo a la toma de nota” del Señor Lozano Alarcón? ¿Estaba defendiendo los intereses de la ley y de la democracia? ¿O sólo era parte de la conjura y de decisiones estratégicas ya tomadas?

Muchos alegatos llegan del Presidente y su gabinete para justificar la liquidación, “por bien de la Patria ”, ¡había que liquidar una empresa deficitaria en tiempos de crisis! Y la Secretaria de Energía se apresura a declarar que: ¡Pueden crear otra empresa paraestatal inmediatamente para los despedidos! ¿Cuántos van a contratar, diez mil, como anunció Cartens? Y ¿los 36 mil restantes?

Se le olvida a la Kesel que el decreto que creó la Compañía de luz y Fuerza del Centro en el 94 fue para remplazar otra compañía en liquidación: La Compañía de Luz y Fuerza del Centro en Liquidación, precisamente. No es la primera vez que la liquidan.

Lo que se buscaba, en realidad era liquidar al sindicato, no a la empresa. La fórmula ya empleada en la extinta Compañía de Luz y Fuerza en Liquidación, tal como reza el decreto de 94, expedido por Carlos salinas, representa un precedente de cómo debió, en todo caso, hacerse la liquidación ahora. No era cosa de “enchilame otra gorda”.

De acuerdo con el decreto del 94, que le dio origen a la ahora liquidada Compañía de Luz y Fuerza del Centro, las relaciones entre empresa y sindicato debían regirse por la Ley Federal del Trabajo.

Y la ley federal del Trabajo establece que si la empresa quiere dar por terminadas las relaciones de trabajo, debe notificarlo y justificarlo ante la Junta de Conciliación y arbitraje:

Artículo 433.- La terminación de las relaciones de trabajo como consecuencia del cierre de las empresas o establecimientos o de la reducción definitiva de sus trabajos, se sujetará a las disposiciones de los artículos siguientes.

Artículo 434.- Son causas de terminación de las relaciones de trabajo:

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos;

II. La incosteabilidad notoria y manifiesta de la explotación;

Artículo 435.- En los casos señalados en el artículo anterior, se observarán las normas siguientes:

III. Si se trata de la fracción II, el patrón, previamente a la terminación, deberá obtener la autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con las disposiciones para conflictos colectivos de naturaleza económica.

Para proceder a la liquidación hacía falta la autorización de la Junta federal. Así dice la ley, ni modo.

Lo anterior explica el apuro de Cartens para que cobren ofreciendo hasta dos años de indemnización.

Le apuestan al hambre. Derrotar a los trabajadores por hambre. Veremos.

Esta es la editorial del “Mundo del Trabajo”.

El Nerviosismo de la Oligarquia

El Arreglo

Luis Javier Garrido

Las componendas entre el PRI y el PAN, tratando de salvar al gobierno calderonista de facto no pueden sino seguir incidiendo en el desastre nacional, como se ve ahora con el caso del presupuesto.
1. El cogobierno PRI-PAN, acordado por Carlos Salinas de Gortari y los panistas en 1988 ante la pérdida de legitimidad del régimen priísta y la inconformidad social que se organizaba, y que se supuso que tras el señuelo de la transición a la democracia iba a garantizar a ultranza los intereses de la mafia de seudo empresarios salinistas, pero dando también cabida en los grandes negocios derivados del tráfico de influencias a capitalistas filopanistas (principalmente del norte) y a prominentes miembros de Acción Nacional, ha entrado en una situación crítica a mediados del sexenio de facto de Felipe Calderón a consecuencia de la corrupción e ineptitud de los panistas, que no hace sino recordar su origen espurio.
2. La situación actual es para quienes tratan de gobernar la más grave que haya tenido el país, pues el fracaso del modelo neoliberal y de las políticas oficiales para encubrir lo que acontece ha llegado a límites insostenibles, y no deja lugar a más improvisaciones, lo que ha creado las condiciones para el nuevo protagonismo de Salinas.
3. El esquema original diseñado por Carlos Salinas antes de 1988 para aparentar cambiarlo todo sin que nada cambiase suponía que el PRI conservaría el gobierno federal e iría abriendo espacios de manera gradual y únicamente al PAN, a nivel local, pero primero la emergencia de una fuerza de izquierda electoral (aun con todos sus vicios y desviaciones derechistas) y luego la crisis de 1994, derivada del fracaso del proyecto neoliberal adoptado por el salinismo, condujo a que la administración de Clinton forzase sin mucho esfuerzo a Zedillo a entregar en 2000 el gobierno federal a la derecha panista, que sucedió así a la derecha priísta, la cual no dejó de ser nunca su modelo. El esquema, en consecuencia, se revirtió y Acción Nacional se adueñó en el año 2000 del gobierno federal y los priístas se replegaron a los gobiernos locales.
4. El argumento esgrimido por Diego Fernández de Cevallos en aquellos años de cochupos y concertacesiones para justificar que los priístas entregaran parcelas del poder económico y político al PAN y a sus amigos fue que la Revolución Mexicana no podía ser patrimonio de un partido, lo que quería decir que el tráfico de influencias debería compartirse como efectivamente se hizo. Lo que no dijo entonces fue, sin embargo, que los panistas iban a ser tanto o más corruptos e ineptos que los priístas, lo cual ahora hace inviable que la gente del PAN siga hundiendo al país.
5. El hecho ignominioso de bautizar un bulevar de Campeche con el nombre del traficante de influencias Juan Camilo Mouriño no es nada más un botón de muestra de la prepotencia de la derecha yunquista-calderonista: constituye un reconocimiento explícito de Calderón de la naturaleza corrupta de su gobierno. ¿Y qué otra cosa es la entrega, en contra de la Constitución, de contratos contrarios a los intereses de Pemex a Saipem, una firma desconocida, según reveló La Jornada el día 28?
6. El abatimiento privado (y público) de Calderón, aunado al activismo público de Carlos Salinas, no hace más que anunciar lo que está aconteciendo en el caótico escenario actual de la administración pública mexicana, pues Salinas ejerce ya no de trasmano, como lo venía haciendo, sino de manera cada vez más directa el poder: a nivel local a través de muchos gobernadores, en el plano legislativo por conducto de Paco Rojas y de Manlio, en lo político por medio de Beatriz, en la inepta administración pública panista por la vía de Diego y sus amanuenses o de la gente de la Gordillo, y finalmente en Los Pinos gracias a un Calderón que no tiene más proyecto que seguir dando concesiones y negocios a sus amigos españoles y salinistas y a múltiples trasnacionales.
7. Ni los gobernantes del PRI de los años de la tecnocracia (1982-2000) ni los del PAN después del 2000 tuvieron un proyecto nacional, y sólo se limitaron a imponer los programitas de los organismos financieros y a operar el desmantelamiento de la nación para beneficio de las corporaciones extranjeras y de las mafias a las que servían, entendiendo claramente cuál era la naturaleza de la alianza PRI-PAN y la mecánica del poder. El senador panista Javier Corral, quien se vio forzado a reconocer el lunes 28 haber tenido una relación cercana con Salinas, como todos los panistas, no logró con sus arrebatos pedir que el PAN procesara a Salinas, pero sí evidenciar cuál es la naturaleza de su partido.
8. La derecha mexicana está dividida entre el PRI y el PAN, y si algunos de sus miembros más destacados optaron en 2000 por el PAN, ahora están reculando y buscan reconsiderarlo todo, aunque quiten credibilidad a la patraña de la alternancia, que antes se había dicho incluso bárbaramente que era una transición.
9. Las mafias beneficiarias del gobierno de facto calderonista se han planteado con crudeza la realidad de lo que acontece y, por lo mismo, piensan de manera abierta, como sabe todo México, en un gobierno del PRI en 2012, para el que tentativamente están apoyando a Enrique Peña Nieto, lo que no tiene todas las simpatías de Washington, a pesar de que algunos funcionarios de la administración de Obama estén dispuestos a apechugar ante las dimensiones del desastre mexicano, aunque siguen sin entender que la única salida posible para nuestro país de este escenario crítico en que lo han sumergido Calderón y la alianza PRI-PAN, es tener un gobierno de verdadera alternancia: alejado de priístas y panistas.
10. La realidad apunta en una dirección muy distinta a la de las mafias en el poder, pues una clara mayoría de mexicanos no quieren ya un gobierno del PAN ni del PRI, y eso lo saben los usufructuarios del gobierno espurio. Como también conocen la fuerza creciente del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, de la Soberanía Nacional y de la Economía Popular, que ha impulsado de manera incansable Andrés Manuel López Obrador, constituyendo una formidable alternativa popular dispuesta a ser gobierno. Las componendas entre panistas y priístas rescatarán muchos intereses espurios, pero no podrán detener el hundimiento del gobierno ni mucho menos el desastre nacional.

El nerviosismo

Luis Javier Garrido
La decisión del gobierno de facto de Felipe Calderón de buscar una confrontación con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), desconociendo a su dirigencia con vistas a acelerar la privatización inconstitucional de la industria eléctrica, no parece sino ahondar la grave crisis por la que atraviesa el país.
1. El nerviosismo, que no pueden ya ocultar los usufructuarios del poder en México ante el fracaso estrepitoso de Calderón al tercer año de su imposición, ha llevado al gobierno espurio a una nueva iniciativa de corte fascistoide –una confrontación gratuita con el SME– que entraña nuevos riesgos para todos los mexicanos sin que los grandes empresarios parezcan darse cuenta de la gravedad de lo que acontece.
2. Las expresiones vertidas el lunes 5 por Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), decretando que está agotado el sistema económico y político de México y exigiendo las reformas estructurales (que para él han de ser, además de la hacendaria, en materia laboral, energética, política y educativa), para no tener que esperar hasta el 2012 (en que al parecer ese grupo piensa fortalecer su poder), no hacen más que reflejar la desesperación no de los pequeños y medianos empresarios del país, sino de los más importantes traficantes de influencias por el fracaso de Calderón (Milenio Diario, 6/10/09).
3. El objetivo real de las reformas estructurales en este ámbito aparece ahora de nuevo tras la confrontación decretada por Felipe Calderón y Javier Lozano contra los electricistas, y no es otro que el viejo proyecto conocido de entregar plenamente el control estratégico del sector energético del país al capital trasnacional y a Washington. Otro vocero de la ultraderecha, Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), lo precisaba hace dos días afirmando que era urgente privatizar Luz y Fuerza del Centro, y fusionarla a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya en proceso anticonstitucional de privatización (Milenio Diario, 8/10/09).
4. La acometida oficial contra el SME se le va revertir muy pronto a Calderón y a sus amigos, pues busca doblegar por vías anticonstitucionales e ilegales a la organización sindical a fin de poder entregar el control de la industria eléctrica al capital trasnacional, por lo que no es sólo violatoria de la autonomía sindical y de derechos fundamentales de los trabajadores electricistas, lo que la hace una agresión contra la clase trabajadora del país en su conjunto, sino que constituye también una agresión contra el pueblo mexicano al tener como finalidad última entregar de manera ilícita la industria eléctrica a corporaciones privadas extranjeras, contradiciendo el principio sustentado en los artículos 25 y 28 constitucionales, que establecen que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, diversas áreas estratégicas entre las que señala la electricidad.
5. La intentona de Los Pinos no entraña sorpresa alguna, pues se sabe que los estrategas del PP español han escogido esta coyuntura para el enfrentamiento con el SME para desviar la atención social por el fracaso de Calderón ante el paquete presupuestario de 2010. Diversos medios internacionales han señalado desde hace días, mucho antes de que la Secretaría del Trabajo desconociera a la dirigencia sindical, que el gobierno de facto calderonista prepara una ocupación policiaco-militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro con el objetivo de destruir al SME y proceder a la privatización de la compañía, por lo que dada esta situación nada de lo que acontezca podría sorprender (Labor Notes, núm. 2478).
6. Los hechos derivados de la decisión del gobierno de facto de desconocer a la legítima dirigencia del SME se han ido presentando así como una nueva tragicomedia del calderonismo. Envalentonado, Calderón convocó ya el miércoles desde León, con aires de farsante, a emprender una nueva reforma energética, y el titular de Gobernación boletinó a los medios una serie de advertencias asumiéndose como un jefe militar en guerra contra los electricistas, lo que no descarta aplicar en este caso toda la fuerza del Estado. Un caso que tiene su origen en una provocación gubernamental: la decisión de Calderón y Lozano de desconocer a la legítima dirigencia del SME.
7. La insensata andanada de Calderón y Lozano contra el SME es aún más irracional al ir dirigida contra un sindicato que ha tenido una dirigencia moderada, dispuesta al diálogo y a la negociación, y que sólo se opuso a las pretensiones del gobierno cuando éstas fueron abiertamente descabelladas, como ahora, en que Calderón y Lozano han pretendido que su secretario general, Martín Esparza, aceptase el despido de 20 mil trabajadores para reducir a la mitad la plantilla laboral, y convalidase las demás políticas oficiales en vías a liquidar Luz y Fuerza del Centro, según han filtrado a los medios funcionarios de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
8. En todo caso, la decisión gubernamental de buscar esta confrontación deriva también del nerviosismo de las mafias en el poder por mantenerse en él, ya que entienden que los enclaves sindicales que conservan espacios democráticos serían una fuerza importante de oposición en 2012, por lo que buscan desde ahora destruirlos. Y si han fracasado hasta ahora en el caso del sindicato minero creen poderlo lograr con los electricistas. De ahí la desaforada campaña en los medios contra el SME buscando presentarlo como el responsable de las prevaricaciones e ineptitudes del grupo calderonista y culpándolo del mal manejo de la industria eléctrica del país, que se ha estado privatizando de manera anticonstitucional e ilegal en los últimos cuatro sexenios, y que ahora Calderón quiere compartir aún más con sus asociados españoles.
9. Los usufructuarios mexicanos del poder se asemejan de esta manera en el tercer año del sexenio, ante la impotencia e ineptitud del gobierno de Calderón para privatizar las empresas públicas, a los miembros de una gavilla del Lejano Oeste que tras entrar a asaltar un banco y no lograr abrir la caja fuerte se culpan unos a otros y se dedican a atracar a todo aquel que encuentran.
10. Las exigencias de la ultraderecha mexicana, que evidenciando un nerviosismo desquiciado ha perdido por completo el sentido de la realidad, y se está lanzando en múltiples ámbitos contra la mayoría de los mexicanos, están empinando al gobierno de facto a una situación cada vez más difícil que no hace sino ahondar la crisis del país y exacerbar el ánimo de amplios sectores.

Un crimen en un colegio salesiano que puso en evidencia las curiosidades de la justicia potosina
Atentados, sospechas, sotanas y una joven muerta; cronología del caso Shantal

El asesinato de Shantal González tiene varias características que lo hacen notorio de entre los cientos de asesinatos ocurridos en San Luis Potosí en los últimos años: ocurrió durante el día, dentro de una escuela prestigiada, contra una joven de clase media alta, y con las sospechas recayendo de inmediato en el personal de la misma institución, cuando se descubrió que la escena del crimen fue alterada y los videos de vigilancia, que podrían haber mostrado sin duda al culpable, editados de forma inexplicable, mientras varios investigadores eran agredidos por, al parecer, estar muy cerca de encontrar al o los culpables.20 de octubre de 2007
Itzachel Shantal González López de 16 años, hijastra del Ramiro Moctezuma Jefe del Estado Mayor de Seguridad Pública del Estado, es reportada extraviada. Luego de que asistiera a una práctica de porristas salió de su escuela, el Instituto Salesiano “Carlos Gómez” en dónde cursaba el cuarto semestre de preparatoria y en compañía de sus amigos se dirige a una tienda, minutos después regresa sola al instituto. Casi de manera inmediata, alrededor de las 2 de la tarde llama a su casa y le pide a su mamá, la señora María Teresa López Ortega que pase por ella al colegio.Más tarde su familia acude a recogerla, sin embargo no la encuentran, ante lo que deciden tocar en la escuela y son atendidos por el director de la institución, Antonio Martínez Martínez, quien les indica que tal vez se fue con amigos o a alguna actividad y que no se preocupen, para entonces el celular de Itzachel Shantal ya está fuera de servicio.
22 de octubre de 2007
Alrededor de las 7:05 de la mañana es encontrado el cuerpo de Itzachel Shantal en el aula audiovisual del edificio principal del instituto, misma zona que se encontraba en remodelación. Albañiles y personal de intendencia localizan sin vida a la joven entre una colchoneta cubierta de escombros (tenía entre 40 y 42 horas de haber sido asesinada)El director del Instituto Salesiano, Antonio Martínez Martínez, decide solicitar la presencia del comandante Luís Gerardo Olvera, entonces titular de la DGSPM, quien es señalado como la primera autoridad en llegar al lugar de los hechos. Mismo que posteriormente es acusado de permitir que el lugar y las evidencias fueran contaminadas.Al lugar arriba también el subprocurador Héctor Vega Robles (quien posteriormente fuera secretario general de Gobierno) el cual declara que el cuerpo de Shantal presenta signos de violencia.Además acude el comisario de seguridad pública del estado, Cesáreo Carvajal Guajardo, quien descarta que el homicidio tenga relación con los casos de asesinatos a miembros de la policía registrados por aquellos mismos días. Se suspenden las clases en el Instituto por un par de días con la finalidad de facilitar las investigaciones.
11 de febrero de 2008
El entonces mandatario Marcelo de los Santos Fraga, dice que se están realizando investigaciones a fondo, pues no se quieren dar pasos en falso en el asunto, por lo que la PGJE está trabajando en el caso.
12 de febrero de 2008
Se publica en los medios de comunicación que el Instituto Salesiano contrató seguridad privada, manteniendo cuatro guardias de manera permanente en el lugar, restringiendo el acceso a las instalaciones y llevando una bitácora rigurosa de quiénes entraban y salían del lugar. Además se reporta que se han comenzado a cancelar diversas actividades del colegio, como la coronación de las princesas y el rally al Valle de los Fantasmas.
marzo de 2008
Luego de más de seiscientas declaraciones recopiladas entre familiares, amigos, padres de familia y maestros de la institución, la comunidad salesiana muestra su indignación y preocupación debido a que ya habían pasado cuatro meses de los hechos y el caso seguía sin resolverse. Además denuncian diversas irregularidades en la recopilación de testimonios, pues aseguran que durante los interrogatorios hubo calumnias y difamaciones, añadiendo que algunos de los declarantes habían sufrido de violencia psicológica y física, y por si fuera poco acusan presuntos sobornos para inculpar a sacerdotes de la institución.
12 de octubre de 2008
El entonces procurador Martin Camberos Hernández informa que la escena del crimen fue alterada y que el lugar fue totalmente contaminado, mismo hecho que obstaculizaba la investigación.
17 de octubre de 2008
El entonces secretario general de Gobierno, Alfonso Castillo Machuca, reconoce que los directivos del Instituto Salesiano entregaron videos editados, lo cual ha complicado la investigación y esclarecimiento del homicidio. Además de que expresa que a toda costa se estaba evitando la fuga de información para no complicar más las cosas. Para entonces ya se conoce que el caso ha sido colocado por la PGJE dentro de los asuntos relevantes y de alto impacto social.
18 de octubre de 2008
Juan José Zavala Pérez, Presidente de la Asociación Potosina de Abogados, informa que el avance de las investigaciones del caso es de un 70 por ciento, por lo cual ya se puede girar una orden de aprensión en contra del o los responsables.
20 de octubre de 2008
Amigos y familiares de Itzachel Shantal González López se reúnen en una misa en la iglesia del Perpetuo Socorro, en el primer aniversario luctuoso de la joven, para entonces el caso sigue sin respuestas.El criminólogo Juan Manuel Vega pone en duda la capacidad de la procuraduría del estado, al indicar que el asesino de Shantal se encontraba dentro del Salesiano, además de condenar el hermetismo con el que se llevaba el caso. Para entonces la procuraduría había anunciado un avance del 90% por ciento en las investigaciones del caso.
23 de octubre de 2008
El ex judicial Julio Ceballos presenta en una rueda de prensa su libro “Shantal, asesinato en el Salesiano”, en el cual dice recopilar información autentica en base a una investigación policiaca, además de que señala como responsable del homicidio al sacerdote José Carlos Contreras Rodríguez, añadiendo que el asesino era zurdo. Además argumenta que el homicida estaba protegido, y que los policías guardaban silencio para proteger a la institución educativa y a la iglesia católica. Denuncia además que la PGJE tenía la mayoría de las pruebas “y no las vieron o no las quisieron ver porque a los policías les callaron la boca y les taparon los ojos”.Además señala que el asesinato de Shantal ocurrió en la casa salesiana y de ahí su cuerpo fue trasladado al aula audiovisual del plantel educativo. Ese mismo día, Isaac Cárdenas Martell, quien escribiera el prologo de este libro, asegura una compenetración innegable de la iglesia y el estado, por lo que él o los criminales eran protegidos, asegura además que él y Julio Ceballos han recibido amenazas.
25 de noviembre de 2008
Dos personas atentan contra Julio Ceballos, propinándole un machetazo en la cabeza.
24 de agosto de 2009
Se gira una orden de aprehensión en contra de José Carlos Contreras Rodríguez, hecho que nunca fue ejecutado ni dado a conocer por las autoridades.
13 de septiembre de 2009
Martin Camberos Hernández, procurador del estado, señala que el caso no está en el abandono, y menciona que no puede proporcionar información al respecto, pues se comprometió a que el caso de Shantal se mantendría en total confidencialidad, sin embargo asegura que el asunto se seguía investigando.
17 de septiembre de 2009
El diputado Pedro Pablo Cepeda Sierra pide que no exista impunidad en el caso y exige que se haga justicia antes de que concluya el sexenio marcelista.
6 de octubre de 2009
El nuevo titular de la PGJE, Cándido Ochoa Rosas informa que ya existe una orden de aprehensión en el caso.
7 de octubre de 2009El padre José Carlos Contreras Rodríguez se entrega voluntariamente a las autoridades, alegando ser inocente.

http://www.proceso.com.mx/impreso_articulo.php?articulo=149691

El lucro, origen del conflicto entre el SME y Calderón

ROSALíA VERGARA
El gobierno del presidente Felipe Calderón, por medio de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, pretende acabar con Luz y Fuerza del Centro para apropiarse de una red de más de mil kilómetros de fibra óptica, infraestructura que utilizaría para realizar negocios multimillonarios con los colosos de las telecomunicaciones. Este es, asegura a Proceso el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, el trasfondo del conflicto que ha llevado al gobierno calderonista a intentar destruir a esa organización.Detrás del embate del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa contra el grupo sindical representado por Martín Esparza Flores –a quien el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, negó la toma de nota como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– se encuentra la disputa por la concesión de la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica, propiedad de Luz y Fuerza del Centro, para instalar operar y explotar un sistema de telecomunicaciones.Así lo asegura en entrevista con Proceso el líder sindical y añade que, con ese fin, en julio de 1999 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dirigida entonces por Carlos Ruiz Sacristán, le otorgó a la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., la concesión mediante el acuerdo P/161299/0673.En mayo del año siguiente se formalizó el título que garantizaba a esta compañía de origen español –cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens– la posibilidad de operar la red por un plazo de 30 años, susceptible de ampliación.Desde 2000 el convenio ha sufrido modificaciones y se aplazó en tres ocasiones: en 2003, en 2005 y en 2007. Finalmente se decidió que el 16 de mayo de 2008 comenzarían los trabajos para la instalación de la red, pero el SME impidió la realización de las obras.Esparza comenta que el pasado 30 de junio el director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Jorge Gutiérrez Vera, y él, en su carácter de secretario general del SME, solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer servicios de voz, audio y datos –el llamado Triple Play– para entrar de lleno en el negocio de las telecomunicaciones.Asegura que a partir de esa fecha la dependencia tendría que haber respondido en dos o tres meses, pues cumplieron con los 40 requisitos exigidos para otorgar un título de esa naturaleza. Para respaldar su solicitud, dice, presentaron un estudio elaborado por el despacho De la Huerta y Weihouse, en el que se demuestra que LFC cuenta con capacidad para operar la red.El documento, precisa Esparza, propone un plan de negocios para ofrecer el servicio Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a internet de alta velocidad.De acuerdo con el dirigente sindical, la utilización de este sistema con la infraes­tructura de LFC abarataría el costo de esos servicios, con lo que LFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex o Cablevisión.Sin embargo, afirma, esta iniciativa provocó la molestia de Canales Clariond y de Martens; del exprocurador panista Antonio Lozano Gracia; del exsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, y de Salvador Canales, quienes exigen al gobierno que cumpla con el convenio validado por la SCT en 2000, para lo cual contrataron al bufete jurídico Fernández de Cevallos y Alba, S.C. Todos ellos tienen intereses en el caso, sostiene Esparza.–¿Cómo puede estar tan seguro de ello? –se le pregunta.–Lo sé porque en abril pasado el director de Luz y Fuerza y yo nos reunimos con esas personas. Salinas Torre es quien llevaba la representación del despacho de Diego Fernández de Cevallos.InteresesLas autoridades encabezadas por el presidente Felipe Calderón y su colaborador Javier Lozano pretenden obligar al SME a que permita a WL Comunicaciones instalar y operar la red de fibra óptica, sostiene Martín Esparza.Explica que la red de telecomunicaciones representa un gran negocio para el gobierno federal, que no tiene ninguna intención de otorgarle a LFC y al SME la concesión para operarla. Reconoce que él dio la instrucción para que no se permitiera a gente de la empresa instalar el servicio, “porque al sindicato nunca lo tomaron en cuenta a la hora de firmar el convenio”.“Se lo dije al presidente de la República, y estaba Javier Lozano ahí. Le dije: ¿quieres que esto avance? Danos nuestra concesión. No nos la das, yo no los dejo entrar. Y ya firmada la concesión nos dicen con quién hacemos alianzas, con Carlos Slim –dueño de Telmex–, con quien tú me digas. Pero no lo han hecho y nosotros no los dejamos subir”, refiere.Los opositores del dirigente sindical afirman que De la Huerta y Weihouse, sus asesores, “son gente de Lozano Alarcón”. El propio Esparza señala que no entiende la actitud del secretario del Trabajo, pues él los ayudó a elaborar el proyecto.–¿En el fondo de este problema se encuentra un conflicto de interés?– Así es.–Entonces, ¿Lozano Alarcón también está involucrado?–Si, él es consultor internacional en telecomunicaciones desde 1999. Él nos ayudó a elaborar la solicitud que entregamos a la Cofetel. Es un estudio económico y financiero para manejar la red.WL Comunicaciones fue creada el 23 de agosto de 1998, como se asienta en la escritura 1974, emitida por el notario público número 39 de la Ciudad de México, Ricardo Íñiguez.En el Registro Público de la Propiedad, folio 244069, está registrada la empresa desde el 2 de febrero de 1999, con una duración de 99 años y un capital de 50 mil pesos. Fue creada para “la instalación de cableado y canalizaciones telefónicas llevándose a cabo con sujeción a las disposiciones aplicables de la Ley General de Comunicación, reglamentos y aplicables y disposiciones administrativas por la autoridad competente”.La escritura también establece que los contratos que pretenda realizar con otras empresas de redes públicas de telecomunicaciones, permisionarios o prestadores de servicios, así como convenios de interconexión con otras redes, deberán ser aprobados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).Asimismo, señala que podrá ofertar servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional; servicio de transmisión de datos; provisión y arrendamiento de la red para transmitir y recibir signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos e “información de cualquier naturaleza”. Una de las condiciones para que la compañía pudiera operar era que contara con 100 millones de pesos para iniciar la prestación de servicios. Operaría en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y el Valle de México. La empresa utilizaría equipos de banda ancha para brindar el servicio.El 12 de enero de 2001, WL Comunicaciones solicitó la primera prórroga de un año para cumplir con los términos de la concesión; el 19 de marzo de 2002 pidió la segunda prórroga, con el argumento de que estaba en espera de la autorización de Ferrocarriles Mexicanos de un derecho de vía de Matamoros a la Ciudad de México, así como de Luz y Fuerza del Centro en el Valle de México y Toluca, para cumplir con su compromiso. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad se negó a aceptar su solicitud para el derecho de vía sobre torres de alta tensión. Ferrocarriles sí le dio permiso.El 9 de abril de 2003, el director de la Cofetel, Pedro Francisco Guerra Morales, autorizó a WL Comunicaciones una tercera prórroga para cumplir con la concesión, de acuerdo con el oficio CFT/D06/CGST/DGLVA/2575/2003. Incluso avaló la modificación de los términos de la concesión debido a que se usarían vías ferroviarias para la prestación del servicio.RapiñaEl 23 de agosto de 2005, Luz y Fuerza del Centro firmó un convenio con la empresa, representada en ese momento por Cristóbal Mario Canales Lebrija, para arrendarle el espacio de un cable de hilo de guarda para instalar un cable de 48 fibras ópticas en torres, cuadros y postes de las líneas de transmisión, así como un cable de 60 fibras ópticas en las rutas subterráneas para que operara y explotara una red pública de telecomunicaciones, mediante el pago de una renta como contraprestación al uso solicitado.Ese documento fue firmado por Canales Lebrija en representación de WL Comunicaciones, y por seis funcionarios de LFC, encabezados por el subdirector de Distribución y Comercialización, Óscar Luce González; no cuenta con la firma del director de la paraestatal.En diciembre de 2007, el convenio (folio C/001/2007) se modificó debido a que el 27 de noviembre de 2006 el presidente Vicente Fox decretó una reforma que modifica y adiciona la Ley Federal de Derechos. Este ordenamiento establece la obligación de pagar anualmente por el uso de postes, torres, ductos o bienes similares propiedad de organismos públicos descentralizados una cuota de 50 pesos por poste o torre, y de 550 pesos por kilómetro o fracción de ducto. Esos pagos entraron en vigor a partir de enero de 2007.Así, el convenio de arrendamiento firmado en 2005 quedó sin efecto, pues la empresa pagaría un derecho en lugar de renta, por lo que LFC entregó un permiso para uso de su infraestructura. Se modificó la cláusula 18 del convenio, a fin de que la empresa entregara 20 equipos de terminales ópticas para que la paraestatal operara 16 fibras ópticas, 24 subterráneas y pudiera usarlas para proveer de capacidad de red, que incluye voz, datos, video y cualquier otra tecnología disponible.Este servicio podrá ofrecerlo “a cualquiera de los entes que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal Federal; de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal pertenecientes a cualquiera de los tres niveles de gobierno; poderes Legislativo y Judicial, federal y local, órganos constitucionales autónomos y en general cualquier ente público que se encuentre situado dentro de la zona de influencia donde LFC desarrolle sus actividades. También podrán utilizarse los bienes para comunicaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno”.Para Esparza Flores, las autoridades están utilizando el conflicto interno del sindicato para finiquitar a LFC, privatizarla y poder operar desde el gobierno federal la red de fibra óptica.“Es un negocio, es una oportunidad para las empresas eléctricas porque además de la red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, LFC cuenta con una cobertura de 1% en el territorio nacional. Tenemos la fibra para usos propios y capacidad de excedente. Podemos poner a disposición de la sociedad en general el servicio de voz, imagen e internet con una respuesta muy rápida”, puntualiza. El objetivo, dice, es abaratar los costos.Y afirma: “En el fondo está el interés de los empresarios que dicen que es momento de liquidar a LFC y acabar con el sindicato. Se trata de una agresión contra la empresa, los trabajadores y la autonomía sindical”.Añade que la STPS está tratando de “reventar” a la organización sindical para preparar una posible intervención a LFC. Es una labor, indica, que se está haciendo de manera paulatina, pues agentes de Gobernación y de la Policía Federal vestidos de civiles amedrentan a los trabajadores.–¿Y si deciden fusionar Luz y Fuerza del Centro con la Comisión Federal de Electricidad?–Sería una especie de privatización, pero habrá que preguntarle al SUTERM cuál contrato colectivo de trabajo le conviene: si el de ellos o el de nosotros. El intento de fusión les traerá problemas laborales. El contrato colectivo de trabajo existe. ¿Cómo lo van a liquidar? Mientras el SME exista no pueden liquidar a la empresa. Por eso quieren dejar al sindicato en estado de indefensión: para realizar sus planes de requisa.

El gobierno prepara la requisa

ROSALíA VERGARA
Desde hace seis meses, cuando comenzó la contienda para elegir al nuevo secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, quien buscaba reelegirse en el cargo, y Alejandro Muñoz Reséndiz, su contendiente, se enfrascaron en una gresca que se polarizó y hoy mantiene al gremio en la zozobra.En entrevistas por separado, ambos insisten en que ganaron los comicios del pasado 27 de mayo, y además de llamarse traidores se acusan mutuamente de corruptelas en el gremio. Esparza Flores asegura que él obtuvo más votos y reclama a la Junta de Conciliación y Arbitraje y al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social(STPS), Javier Lozano Alarcón, que le reconozcan su triunfo y dejen de solapar a Muñoz Reséndiz.Esparza Flores, quien buscó la reelección para un tercer periodo que termina en 2011, insiste en que Lozano Alarcón se niega a entregarle la toma de nota, incluso llevó el conflicto intragremial a la Cámara de Diputados.Cuenta con el apoyo del PRI, PRD, PT, Convergencia y el Verde Ecologista, además de sindicatos como el de los Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), de los Telefonistas, así como de maestros disidentes y del Frente Sindical Mexicano. Sus seguidores se quejan porque, dicen, la STPS trata de entrometerse en la vida interna del SME y otros sindicatos. Muñoz Reséndiz, por su parte, cuenta con el apoyo de un núcleo numeroso de electricistas y trabajadores de base. Hasta hace unos meses ambos trabajaban de manera coordinada. Muñoz Reséndiz era el tesorero del Comité Central del SME encabezado por Esparza Flores. Pero los pasados comicios los enfrentaron y dividieron al gremio.De acuerdo con Esparza, quien desde el lunes 12 despacha en el octavo piso del edificio ubicado en Insurgentes 98, los problemas se agudizaron debido a que un grupo de jubilados “de derecha” encabezados por el exsecretario general Jorge Sánchez García, quien fue expulsado del sindicato por corruptelas, recuperaron la representación de los jubilados e intentan quedarse también con la dirigencia del SME.Ese grupo, insiste, mantiene buena relación con el gobierno de Felipe Calderón, pues incluso su representante, Rodolfo Bonilla Gómez, fue diputado por el PAN “y tiene relación con Los Pinos”.Además, el exsecretario general del SME, Rosendo Flores, apoyó a Muñoz Reséndiz en los pasados comicios y es cercano al senador panista Ulises Ramírez, quien a su vez tiene línea directa con el presidente Calderón. Rosendo Flores, dice Esparza, apoyó al panista Rubén Mendoza en los comicios del Estado de México en 2005, que ganó finalmente el priista Enrique Peña Nieto.E insiste: Muñoz Reséndiz, “quien fue tesorero del SME”, tuvo acercamientos con César Nava cuando el panista era secretario particular de Calderón en Los Pinos. Como prueba exhibe una carta con membrete de la Presidencia dirigida a Muñoz en la que el colaborador de Calderón le agradece al sindicalista “la fotografía que le envió en ocasión de su cumpleaños”. El escrito tiene fecha del 3 de septiembre de 2008.Sin embargo, Muñoz sostiene que esa carta y otras que recibió en sus oficinas durante el proceso electoral son falsas. El 11 de mayo pasado, dos semanas antes de las elecciones en el SME, presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable de falsificar su firma. Y el 28 de mayo, al día siguiente de los comicios, amplió la denuncia y atribuyó a su rival Esparza la falsificación del documento.La PGR ya respondió la queja. Acepta que la firma es falsa, pero reserva la investigación hasta el 24 de agosto de 2012 “en virtud de que no existen datos que permitan demostrar quién falsificó y usó el documento”.Esparza, por su parte, reitera que el propio Muñoz admitió que Nava le había llamado para preguntarle sobre el Programa de Reducción de Pérdidas que él encabezó hasta mayo pasado.Cuenta que en una ocasión platicó sobre ese tema en Los Pinos con el titular el Poder Ejecutivo en presencia de Lozano Alarcón. “Les pedí que dejaran de entrometerse en la vida de los sindicatos. Y Calderón me preguntó: ‘Por qué?’ Le respondí: ‘Cheque la agenda de César Nava’”, explica Esparza.Hoy, dice el entrevistado, el propósito de la STPS es intervenir en el SME y provocar una ruptura en el Comité Central del sindicato.Recuerda que en Semana Santa preguntó a Muñoz si quería formar un proyecto opositor a su dirigencia; pero él lo negó. “Me dijo que estaba conmigo –afirma Esparza–. Pero el domingo de resurrección difundió un documento a la organización sindical en el que se deslindaba de la dirigencia.Pura corrupciónAlejandro Muñoz alega que hubo fraude electoral y pide que las elecciones se anulen. Incluso demandó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que se convoque a nuevas votaciones.Esparza, quien es apoyado por el diputado priista Ardelio Vargas Fosado, está “enfermo de poder”, dice Muñoz; el y sus hermanos son dueños de taxis aéreos, aviones y helicópteros.Con ellos incluso hizo negocio con la construcción del nuevo edificio en Insurgentes 98, en el que se invirtieron poco más de 250 millones de pesos, incluso presume que puede haber lavado de dinero. Muñoz también asegura que Esparza ordenó elaborar un cheque a nombre de Constructora Bosco, S.A. de C.V., pero a mitad de la construcción pidió que se facturara al Grupo Grugopal, S.A. de C.V., para que éste pagara a Bosco.Asimismo, sostiene que rompió con Esparza al enterarse de que el secretario general facturaba “por fuera” algunas erogaciones del SME. Además, aclara, no estuvo de acuerdo con el incremento de personal y la venta de plazas. Dice que cuando estuvo como tesorero, cargo en el que duró un año, encontró facturas falsas, gastos excesivos, algunos por de más de 5 millones de pesos en material no utilizable en la secretaría del Interior, a cargo de Humberto Montes de Oca.“Todo lleno de corrupción y no se hace nada para evitarlo. Y si se hace, sólo es apariencia”, se queja Muñoz. Y pone un ejemplo: Esparza pagó 20 millones de pesos por uniformes a la empresa Vázquez y De la Vega, la misma que confecciona las prendas de los policías del gobierno de la Ciudad de México.El SME recibe 6 millones de pesos semanales por cuotas sindicales, así como otras contribuciones, entre ellas el pago de créditos de vivienda o hipotecas. Al mes, los ingresos alcanzan los 35 millones de pesos, según cálculos de algunos trabajadores consultados por la reportera.Esparza advierte que en diciembre, durante el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo y cuando se haga una petición de aumento salarial, es posible que se emplace a huelga a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Las autoridades laborales podrían ordenar una requisa.El dirigente electricista lamenta que, en lugar de hostigar al SME y a otras organizaciones gremiales, las autoridades deberían aprehender a Ramón Gámez, líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Aérea y Similares (STIAS), acusado de pederastia. Él maneja 2 mil contratos de protección que involucran a 350 mil trabajadores.Esparza cita otros conflictos laborales que la STPS se niega a solucionar: “El de los trabajadores de la llantera Euskadi, a quienes la dependencia no les reconoce la demanda que interpusieron; el de los trabajadores de Querétaro, a quienes se les negó la toma de nota; el de los empleados de la empresa automotriz Volkswagen, y el de los afiliados al STUNAM, entre otros”.Y remata: “El gobierno federal tomó como pretexto el conflicto interno del SME para justificar una requisa (que puede darse en diciembre) y justificar la privatización de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro”.

Los Compromisos del Usurpador con el Prianal

LOS COMPROMISOS DEL ESPURIO CON EL PRIANAL
Andrea Becerril
Enviada
Macuspana, Tab., 11 de octubre. Andrés Manuel López Obrador repudió el golpe contra los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), les expresó su respaldo pleno y demandó a los legisladores frenar la intentona de los potentados y sus halcones de liquidar a Luz y Fuerza del Centro, ya que se pretende profundizar en su privatización en beneficio de Carlos Salinas de Gortari y sus allegados.
Desde su tierra natal, envió un mensaje a los electricistas: vamos a apoyarlos, digan lo que digan, que no quede la menor duda. Anunció que en la concentración que hoy encabezará fuera de la Cámara de Diputados, además de presentar la iniciativa de ley para acabar con los privilegios de los grandes empresarios que no pagan impuestos, exigirá parar ese atropello del Ejecutivo contra el SME.
El político tabasqueño deploró la embestida mediática que precedió a la decisión de los jefes de Calderón de acabar con un gremio combativo e independiente, pero advirtió que todavía está por verse que lo logren, ya que conoce la capacidad de lucha de los trabajadores del SME, que no van a estar solos en esa batalla.
En su último día de gira por Tabasco, López Obrador dedicó la parte central de su discurso a condenar el sabadazo, una acción arbitraria que no fue nada más una decisión de Calderón. ¡Claro que no, ahí está la mano peluda de Salinas de Gortari!
Detrás, insistió, está también el interés de participar en el negocio de la industria eléctrica de los 30 potentados que detentan el poder económico y político en el país. Recordó que un día antes denunció que dos de los hombres claves de Salinas, el empresario Claudio X. González –quien fungió en su sexenio como su asesor económico– y el llamado superasesor, José Córdova Montoya, son dueños de una de las empresas privadas que generan electricidad, violando la Constitución.
Recibido por sus paisanos como presidente legítimo de México –había mantas y pancartas alusivas–, López Obrador llamó a los legisladores federales a detener la arbitrariedad del Ejecutivo, ya que, dijo, tienen facultades para ello.
Ahí vamos a ver si el PRI actúa de manera independiente o, como lo he venido denunciando, es igual que el PAN y forma parte de la mafia de potentados que dominan a los partidos y todas las instituciones. Ahí vamos a ver si los diputados priístas actúan como representantes del pueblo, o lo hacen por órdenes de Salinas de Gortari.
Comentó que da pena ajena ver hasta dónde llega Calderón, quien no dudó en echar mano del Ejército para tomar una empresa pública, porque aunque recurrió a la Policía Federal Preventiva (PFP), desafortunadamente esa corporación está integrada por militares.
Hizo notar que Calderón empleó con el SME el mismo método que Salinas de Gortari desplegó para privatizar Teléfonos de México (Telmex): desprestigiar a la empresa y los trabajadores, acusándolos de ineficientes y de tener grandes salarios.
“Llama la atención la actitud servil, rastrera y vendida de la mayoría de los medios de comunicación, que tenían información anticipada de la intención de liquidar a Luz y Fuerza del Centro y antes de ello comenzó la guerra sucia, en prensa, radio y televisión, con todos los columnistas afines al gobierno, hablando de que se tenía que poner en orden al SME.
Nosotros vamos a apoyar a los trabajadores del SME. Que no quepa la menor duda. Desde aquí, desde Macuspana, les digo: ¡no están solos!
Anunció que en la asamblea que esta tarde efectuará su movimiento fuera de la Cámara de Diputados van a tratar también el caso del SME, además del tema programado: demandar a los legisladores que no se apruebe el paquete económico de Calderón e insistir en su propuesta alterna.
Vamos no sólo a protestar, sino a decirles que hay otras opciones para enfrentar la crisis de las finanzas públicas, sin seguir sangrando al pueblo, sin más impuestos ni aumentos a las tarifas públicas. Adelantó que van a presentar la iniciativa de ley para eliminar los regímenes especiales y otros privilegios que permiten a las 100 grandes corporaciones empresariales del país no pagar impuestos. Adelantó que dará a conocer otros nombres de potentados que no aportan nada de sus riquezas al fisco, entre ellos Gastón Azcárraga.
López Obrador concluyó ayer una gira de siete días por Tabasco, en la que visitó los 17 municipios de la entidad, para hacer campaña en favor de los candidatos del PRD a las alcaldías y diputaciones locales. Acompañó ayer en dos actos a Fernando Mayans, quien disputa Villahermosa en contienda cerrada con el PRI.
Electricistas se manifiestan en las cercanías de la dependencia contra la liquidación de Luz y Fuerza del CentroFoto María Luisa Severiano
Patricia Muñoz y Fabiola Martínez
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) determinó promover una controversia constitucional en contra del decreto presidencial de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Los abogados de la organización preparan un amparo a nivel general del gremio y la presentación de más de 66 mil recursos individuales. Además de la batalla legal, el sindicato encabezará una movilización social opositora a la estrategia del gobierno federal y llevará su lucha hasta las últimas consecuencias.
Los trabajadores dejaron atrás la disputa electoral horas antes de lo que ya califican de sabadazo. Diez horas después de la toma de las instalaciones de LFC por las fuerzas federales, el SME ya tenía acordado un pronunciamiento conjunto para rechazar la extinción de su empresa, y estaban reunidos en el Monumento a la Revolución, listos para el plan de acción, la mayoría de los 66 mil afiliados a esta organización.
Alrededor de las 3 de la mañana, mediante llamadas telefónicas, vino el rencuentro de quienes la víspera se habían lanzado fuertes acusaciones. Martín Esparza, líder del SME, y Alejandro Muñoz, de la corriente Transparencia Sindical, pactaron una tregua, acordaron rechazar a toda costa la extinción de la empresa y llamaron a los trabajadores a la unidad y a no aceptar de ninguna forma sus liquidaciones.
En la reanudación de la asamblea permanente, en la cual fue insuficiente el auditorio para dar cabida a miles de electricistas, Esparza advirtió a los trabajadores de la gravedad de la situación y les dijo que nadie tiene derecho a cansarse, porque hoy tienen que salir la fuerza y el ingenio del gremio. En respuesta se escuchó un estruendoso ¡Aquí se ve la fuerza del SME!
Nadie durmió. Algunos que llegaron con sus familias se fueron al Monumento a la Revolución para delinear la primera fase de la defensa; desde el inicio marcaron que la vía era la discusión con el gobierno federal, aunque de manera paralela elevarían la denuncia sobre este decreto anticonstitucional a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo.
Además anunciaron la movilización permanente: este lunes marcharán a la Cámara de Diputados, el próximo jueves realizarán un recorrido del Ángel de la Independencia al Zócalo; también realizarán jornadas de protestas múltiples en diversas dependencias y volanteo masivo –casa por casa– para informar a la opinión pública sobre el acto autoritario del gobierno de Felipe Calderón.
Al mediodía de este domingo, las calles Ignacio Ramírez y Bucareli resultaron insuficientes para dar cabida a las gruesas columnas de trabajadores que debieron avanzar rumbo a la Secretaría de Gobernación; ahora el blanco de su enojo era el nombre de Felipe Calderón, cuya sola mención provocaba rechiflas. No hubo mantas, apenas mensajes escritos en cartulinas con las que mostraban su repudio a la sentencia gubernamental anunciada.
En ese ambiente avanzaron a Gobernación a paso veloz. Los líderes no iban a la vanguardia, la multitud los envolvió y debieron caminar al centro y al paso de los trabajadores. Los rostros, las cartulinas improvisadas y las consignas mostraban indignación, pero sobre todo desolación ante la posibilidad de que a partir de este lunes nadie reciba salario; en cambio, todos están convocados por el gobierno para ir a cobrar su liquidación.
En el recorrido, Martín Esparza mostró la carta que entregaría al responsable de la política interna, con cuatro puntos: derogación del decreto del Ejecutivo, que se publicó este domingo; reinstalación de todos los trabajadores en su empleo, retiro de la fuerza pública e instalación de una mesa de trabajo.
–¿Se puede revertir un decreto presidencial? –se le preguntó.
–Claro que sí, hay controversias constitucionales. Se puede echar para atrás.
Para ello, anunció más tarde, también hoy se inicia un cabildeo con todas las fuerzas políticas para que esta controversia sea promovida desde el Congreso de la Unión. Esparza dice contar con el apoyo de partidos como PRD, PT y Convergencia.
Detrás del dirigente iba su opositor en las pasadas elecciones sindicales, Alejandro Muñoz, quien en los hechos dio a Esparza la representatividad para negociar con el gobierno federal. También asistió a la marcha Rosendo Flores, dirigente del sindicato electricista por tres periodos consecutivos, quien sobre la desaparición de LFC dijo: Es la agresión más fuerte que el sindicato ha recibido en su historia.
Al llegar a un costado del Reloj Chino, ya los esperaban funcionarios de la Unidad de Gobierno, quienes lista en mano gritaban a cada uno por su nombre, ante la custodia de policías federales, algunos con el rostro cubierto. A la salida, sin resultados ni ofertas del gobierno, regresaron al recinto sindical, donde se llevó a cabo la asamblea dentro y fuera del inmueble.
Estaban de vuelta donde empezaron la jornada; muchos no estaban conformes, hubieran querido una protesta más recia: Ahora resulta que nos despiden y nos regresamos tranquilamente a discutir quién sabe qué al sindicato. Los dirigentes buscaron endurecer el tono e incluso se declaró al sindicato en estado de emergencia.
Esparza señaló que ahora el Sindicato Mexicano de Electricistas no sólo va por su lucha, sino también a promover un frente nacional en defensa de los intereses del pueblo y la nación. El gobierno de Felipe Calderón se va a descarrilar, dijo. Agregó que la solidaridad con esta organización puede llevar a una movilización masiva de trabajadores en todo el país y planteó que los trabajadores no se van a rendir, pues según expresó el secretario del interior, Humberto Montes de Oca, están preparados para una lucha prolongada.
Al final de la discusión sindical, el secretario del exterior, Fernando Amezcua, deslindó a los trabajadores de fallas o caídas del servicio, sobre todo en horas pico, y auguró que este problema va a ir escalando.

Esparza: el fondo del ataque es el gran negocio con la red de fibra óptica

En el trasfondo de la liquidación de LFC subyace una intención privatizadora del sector, dice
El gobierno busca entregar a sus amigos la red de fibra óptica, advierte Esparza
Dos ex secretarios foxistas de Energía ya tienen preparado un negocio multimillonario, alerta
Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

En el trasfondo de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) está la clara intención de abrir las puertas de par en paramigos del gobierno, como el que ya tienen preparado dos ex secretarios de Energía del sexenio de Vicente Fox, Frenando Canales Clariond y Ernesto Martens, con la concesión que obtuvieron para explotar la red de fibra óptica de la empresa. a negocios millonarios en este sector para los
Es clara la intención de privatización de los servicios que presta esta compañía, señaló Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Explicó que de lo que se trata toda esta embestida contra el gremio es de hacerlo a un lado para facilitar las concesiones del ramo a la iniciativa privada nacional y extranjera.
El dirigente explicó que el sindicato había presentado una solicitud para que la concesión de red de fibra óptica la operara la misma paraestatal; incluso había dado a conocer los estudios técnicos, de mercado y de operación que demostraban que la empresa podía dar el servicio. Sin embargo, a esta solicitud ni siquiera se le dio respuesta, porque ya tenían el negocio armado con políticos y empresarios afines al panismo.
Martens y Canales Clariond tienen armada una empresa con capital español para explotar el negocio de las telecomunicaciones por medio de la venta de servicio de voz, datos e Internet a través de la estructura de Luz y Fuerza del Centro. Es un hecho consumado, puesto que la concesión ya la obtuvieron, dijo.
La empresa WL Comunicaciones no sólo tiene la autorización para operar, sino que aún no ha empezado a hacerlo y ya obtuvo descuentos anticipados de las tarifas de uso de la red, indicó Esparza.
Marcha de trabajadores electricistas a la Secretaría de Gobernación, en apoyo a las pláticas que ahí sostuvieron sus dirigentesFoto María Luisa Severiano

El dirigente hizo ver que inicialmente la empresa –representada por el despacho de Diego Fernández de Cevallos– iba a pagar un promedio de 170 pesos por poste de conexión; sin embargo, sorpresivamente logró un convenio adicional para obtener un descuento y modificar esta tarifa, por lo que ahora sólo le costará 50 pesos este servicio.
No solamente se trata de la explotación de la fibra óptica, cuya red de más de mil kilómetros se pagó con recursos del pueblo y ahora la van a comercializar empresas panistas, sino que el negocio privado de Luz y Fuerza del Centro se va a expandir, añadió.
Según Martín Esparza, están en camino múltiples autorizaciones de generación de electricidad para empresas privadas, muchas de ellas trasnacionales, que ya no tendrán la denuncia del SME.
La generación de energía eléctrica por empresarios privados no sólo ha mostrado un crecimiento exponencial en los últimos años, sino incluso ha significado en algunos estados, sobre todo del norte, un negocio millonario para quienes encabezan esas compañías, pues acaparan la venta de luz de las grandes industrias de esta región, mientras a la paraestatal le dejaban el servicio de los consumidores domésticos de baja rentabilidad, indicó Esparza Flores.
De entrada, en la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza ya participaron no sólo técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, sino también contratistas que querrán su tajada en negocios del sector en pago al apoyo que dieron a esta acción gubernamental, concluyó.
No hay condiciones para hacerlo, ni para retirar a la policía: SG
Demanda el SME derogar decreto liquidador de LFC
Dirigentes sindicales acuden a pláticas en una secretaría fortificada
Alonso Urrutia

En medio de un fuerte despliegue de seguridad en torno a la Secretaría de Gobernación, dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) demandaron al titular de la dependencia, Fernando Gómez Mont, la derogación del decreto que determinó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC). La respuesta oficial fue casi inmediata: El gobierno sostiene que el decreto es legal y no existen condiciones para su derogación.
Al mismo tiempo, los electricistas solicitaron el retiro de la Policía Federal de las instalaciones y crear una mesa de trabajo para rescatar el organismo. A la primera cuestión Gómez Mont respondió que es inviable eliminar el despliegue policiaco.
Entrevistado al término de la reunión, Martín Esparza, líder de los electricistas, dijo que mantendrán de manera pacífica las movilizaciones en defensa de su fuente de trabajo y acudirán al Congreso de la Unión. A pregunta expresa deslindó al sindicato de cualquier falla en el suministro de energía y de algún sabotaje, pues ya no hay trabajadores sindicalizados en ninguna instalación.
La reunión se inició en Bucareli al filo de la una de la tarde y se prolongó más de hora y media. El despliegue policiaco, fuera y dentro de Gobernación, fue reforzado por sobrevuelos de helicópteros de la Policia Federal.
Durante el encuentro, los electricistas entregaron un documento en el cual fijaron su postura en contra de la liquidación de LFC y se desglosó el destino de los 42 mil millones de pesos de transferencias del gobierno a la empresa que, con base en documentos de la Función Pública, se van íntegros al pago del contrato de energía en bloque a la CFE.
En referencia a los montos de liquidación ofrecidos, Esparza dijo que en los hechos ese pago es una simulación. Refirió que durante la reunión plantearon que la mejor forma de enfrentar la crisis era conservando las fuentes de empleo. Mencionó que dejaron en claro que la lucha legal y política la habrán de mantener hasta donde la asamblea diga. Mencionó que hoy solicitarán ante el Congreso una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que se promueva una controversia constitucional en contra del decreto.
A su vez, Gobernación informó que hubo contacto con Esparza y su opositor en las pasadas elecciones internas, Alejandro Muñoz. Durante el encuentro, Gómez Mont les planteó que por ningún motivo la medida implica o busca la privatización del servicio eléctrico, como ya había dicho en la conferencia de prensa matutina para justificar la medida.
Finalmente, el funcionario ofreció mantener el diálogo con el SME, toda vez que las prioridades gubernamentales son asegurar que el servicio de energía eléctrica se continúe prestando con normalidad, respetar los derechos de los trabajadores y jubilados, y velar por que las partes se conduzcan en los cauces de la legalidad, institucionalidad y respeto a los derechos de la ciudadanía.
Oficializan que la CFE se hará cargo de la operación de la compañía
El sindicato interpondrá un amparo general y 66 mil individuales
Operará CFE la extinta compañía, señala Fernando Gómez Mont
Alonso Urrutia

La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), por el gobierno federal no implica la privatización del servicio eléctrico, pues la prestación seguirá a cargo del Estado, como ordenan la Constitución y la ley en la materia, sostuvo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Asimismo, el gobierno federal oficializó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hará cargo de la operación de la extinta compañía.
Al justificar la liquidación de LFC y la intervención policiaca en sus instalaciones, Gómez Mont dijo que el secretario de Seguridad Pública recibió instrucciones para que se realizaran todos los actos tendientes a preservar la paz pública, el orden y la integridad de personas e instalaciones propiedad del gobierno federal, en preparación de la publicación del decreto.
Durante una conferencia de prensa a la que asistieron los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens; del Trabajo, Javier Lozano, y de Energía, Georgina Kessel, Gómez Mont asumió que fue él quien ordenó el operativo, realizado sin costo humano que lamentar.
El secretario informó haber mantenido comunicación con Martín Esparza –dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)–, contra quien, dijo, no existe ninguna orden de aprehensión, como se rumoraba. A las 10 de la mañana adelantó que sostendría un encuentro con los líderes electricistas, el cual no es en ánimo de deslealtades o de actitudes que tiendan a poner o celar una trampa.
Al mismo tiempo advirtió que el gobierno “reaccionará frente a cualquier acto ilegal (y) ofrece los espacios de la institucionalidad y legalidad para solucionar nuestras diferencias. Obviamente está obligado –el gobierno federal– a realizar aquellos actos que tiendan a garantizar el cumplimiento de la ley, una ley que da espacio para que esto se resuelva con apego a la concordia, la paz, el diálogo y la comunicación. Que quede claro: no esperamos actos ilegales de los trabajadores de LFC”.
El funcionario federal mencionó que respetará el ejercicio de libertades democráticas de los trabajadores, pero llamó a que se realice sin afectar a los demás y a que se haga en espacios y modos que no impliquen agresión a los ciudadanos.
Poco antes, al exponer una diversidad de cifras para respaldar la decisión del gobierno federal, dijo que los 300 mil millones de pesos que hacia el final del sexenio se hubieran tenido que transferir a LFC, de haberse mantenido operando, son equiparables a la partida destinada a Oportunidades, dos veces el presupuesto de la UNAM o el financiamiento de la construcción de 1.2 millones de casas.
Gómez Mont fue insistente en comparar a LFC con la CFE: en esta última, dijo, hay un trabajador de distribución por cada 627 usuarios; en cambio, en la primera había un trabajador por cada 291 usuarios.
Dijo que hasta el momento de la liquidación las decisiones en la compañía se tenían que adoptar en función de las demandas sindicales y no de los intereses de los usuarios, y eso mermó severamente su productividad, pues mientras en la CFE la relación es de 2 mil 500 megavatios-hora vendidos por cada trabajador, en LFC es de apenas 730.
Subrayó que el costo de la jubilación, conforme al contrato colectivo, implicaba que en promedio los jubilados –podían serlo desde los 50 años de edad– recibieran 3.3 veces el salario de un trabajador activo, o que uno por ciento de aumento para un electricista en activo prácticamente se duplicara en los jubilados. Esto provocó que la empresa tuviera un pasivo insostenible y no contara con la reserva financiera para respaldar las jubilaciones.
En el pronunciamiento del Ejecutivo leído por Gómez Mont, se subraya que Luz y Fuerza del Centro no podía hacer frente a las solicitudes de ampliación del servicio, que son del orden de 10 por ciento. Se agrega que las empresas de supermercados han tenido que invertir en promedio 400 millones de pesos cada una para suplir las deficiencias de suministro eléctrico.
A decir del funcionario, con la liquidación de LFC se mejorará sustancialmente la atención al usuario y el servicio será más eficiente, por medio de inversiones en infraestructura. Gómez Mont aseguró que las pérdidas acumuladas de la compañía liquidada tenían un impacto negativo en la economía del centro del país, ya que desalentaban las inversiones y oportunidades de empleo.
Por su parte, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, aseveró que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes es el encargado de la liquidación de Luz y Fuerza. Para el efecto, dicha instancia ha nombrado como administrador de los bienes para la prestación del servicio a la CFE.
El director de la comisión, Alfredo Elías Ayub, dijo que desde la noche del sábado personal altamente capacitado está operando el servicio en la zona, cuyo sistema es similar al que se utiliza en Guadalajara. Tenemos amplia experiencia en la operación de estos sistemas, por lo que de no presentarse actos de sabotaje, el servicio se continuará prestando con normalidad, concluyó.

El Sistema de Enajenación de Bienes será el encargado de elaborar el plan de liquidación
Apresura el gobierno la publicación de las bases para la extinción de la empresa
El SAE podrá transferir o ceder los contratos o cualquier otro instrumento jurídico de LFC
Israel Rodríguez J.

La Secretaría de Energía (Sener) expidió en una edición vespertina extraordinaria del Diario Oficial de la Federación (DOF) las bases para la desincorporación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en las que se establece que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) elaborará y remitirá, dentro de los primeros 30 días, el plan estratégico para la liquidación de la empresa.
Además, deberá levantar el inventario de los bienes pertenecientes al organismo en liquidación (LFC). A partir de éste, realizará el balance inicial de liquidación. En caso de existir diferencias entre los registros con los que cuenta el organismo en liquidación y el inventario que se levante, deberá informarlo a las autoridades competentes para los efectos conducentes.
El SAE es el organismo que transfirió a bancos extranjeros los más de 205 millones de dólares incautados en 2007 en una residencia de las Lomas de Chapultepec al mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, presunto traficante de metanfetaminas, lo que ocasionó que el dinero dejó de ser una prueba del presunto delito.
El SAE fue creado en 2003 por el entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, como remanente de lo que fue el Fideicomiso Liquidador y el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, la Unidad de Desincorporación de la Secretaría de Hacienda, la Administración General de Destino de Bienes de Comercio Exterior y las gestiones para recibir los bienes de la Dirección General Adjunta de Cartera de Activos no Monetarios, además de recibir los bienes incautados al crimen organizado por parte de la Procuraduría General de la República.
Este organismo fue el que también, entre el 3 y 4 de septiembre pasados, remató a precios de ganga los bienes confiscados a presuntos narcotraficantes, entre los que destacaban aviones, veleros, yates y automóviles de lujo, entre otros.
De acuerdo con la edición extraordinaria del DOF, una vez aprobado el proceso de liquidación, el SAE, conforme a las instrucciones que dicte la Sener, tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes de LFC que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del decreto de extinción correspondiente venía prestando, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Asimismo, podrá celebrar convenios con entidades federativas u organismos sociales, con el propósito de que los activos que no se requieran para la prestación del servicio público de energía eléctrica o para el desarrollo del proceso de desincorporación puedan enajenarse para la consecución de las funciones, actividades u objeto de éstos.
También someterá al dictamen del auditor externo designado por la Secretaría de la Función Pública los estados financieros inicial y final de liquidación, así como los anuales intermedios que correspondan.
Procederá a la liquidación de todos los trabajadores de LFC, por lo que podrá elaborar y presentar a la Subsecretaría de Electricidad, para su aprobación, el esquema de indemnización laboral voluntario que deberá implementar. Para ello solicitará la participación que corresponda a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
De manera previa a que el SAE presente a la Subsecretaría de Electricidad el esquema de indemnización antes mencionado, deberá recabar la opinión de las secretarías de Hacienda y del Trabajo.
Pagará las pensiones que correspondan a los jubilados, para lo cual someterá a la aprobación de la Subsecretaría de Electricidad el plan correspondiente.
El liquidador destinará los recursos, bienes y activos de la empresa en liquidación para cubrir los pasivos y contingencias que se originen de la misma, así como los gastos de preparación, preoperativos y de administración. Con base en las indicaciones de la Subsecretaría de Electricidad, el SAE podrá celebrar, transferir o ceder los contratos, convenios o cualquier otro instrumento jurídico de LFC.
El liquidador elaborará el libro blanco del procedimiento, en términos de las disposiciones aplicables. Concluido el proceso de extinción, deberá conservar los libros y documentos de LFC, en términos de la normativa aplicable.
La Subsecretaría de Electricidad será la facultada para interpretar las disposiciones contenidas en estas bases, para todos los efectos administrativos, en cuyo caso podrá adecuarlas y adicionarlas.

Más de 42 mil despidos
Israel Rodríguez J.

Después de 128 años de historia de la industria eléctrica nacional que dio origen a Luz y Fuerza del Centro (LFC) –la cual se remonta a la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica, una empresa extranjera subsidiaria de la alemana Siemens, que fue nacionalizada en 1960–, ayer el gobierno de Felipe Calderón, el autodenominado presidente del empleo, determinó su extinción con un decreto y una firma con los que se oficializa el despido de más de 42 mil trabajadores.
Mientras que en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), caracterizado por ser combativo, democrático y recientemente por su férrea oposición a la privatización de la energía eléctrica, su fundación se remonta a diciembre de 1914.
Luz y Fuerza del Centro llevó electricidad a más de 5.7 millones de clientes, lo que representa una población atendida superior a 20 millones de habitantes en el Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla.
La luz eléctrica se introdujo en México en 1880, y un año después la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica se hizo cargo del alumbrado público residencial en la capital de la República, marcando el principio del alumbrado eléctrico en el país.
La demanda de luz eléctrica del país durante el régimen de Porfirio Díaz atrajo a empresas extranjeras, como The Mexican Ligth and Power, de origen canadiense, que se instalaron en la capital en 1898 y más tarde se extendieron hacia el centro del país. Muy pronto la industria nacional disfrutó de las ventajas de electrificar sus sistemas productivos, de modo que entre 1881 y 1910 había ya 199 empresas de luz ubicadas principalmente en Chihuahua, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Jalisco, Chiapas, Tabasco y Zacatecas.
De esta manera, la industria eléctrica se desarrolló localmente, pues cada ciudad tenía su propia empresa o compañía que brindaba el servicio. Al poco tiempo estas empresas se consolidaron como monopolios regionales, en su mayoría extranjeros, situación que permaneció hasta que comenzó el proceso de nacionalización de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, durante la administración del presidente Adolfo López Mateos, con el principio de que el suministro de energía eléctrica es un servicio público y no debía ser prestado por compañías extranjeras.
En 1960, la población en México era de 34.9 millones de habitantes. De los 2 mil 308 megavatios (MW) de capacidad instalada en el país, la Comisión Federal de Electricidad, que fue constituida el 14 de agosto de 1937, durante la gestión del presidente Lázaro Cárdenas, aportaba 54 por ciento; la Mexican Ligth and Power, 25 por ciento; la American and Foreign, 12 por ciento, y el resto de las compañías 9 por ciento. Sólo 44 por ciento de la población contaba con electricidad.
El 27 de septiembre de 1960, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, quien bajo su periodo de gestión México registró crecimientos anuales por arriba de 6 por ciento e inflación de 2 por ciento, tomó posesión de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz (antes The Mexican Ligth and Power) e izó la bandera nacional en el edificio de la calzada Melchor Ocampo, colonia Anáhuac, que hasta el pasado sábado fue sede de LFC.
Posteriormente, en 1963 se cambió la denominación social del organismo al de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Más adelante, en 1974, se autorizó a la empresa a realizar los actos necesarios y procedentes para su disolución. Sin embargo, continuó operando, y el 9 de febrero de 1994, por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Finalmente, este 11 de octubre el gobierno de Felipe Calderón decretó, a través del Diario Oficial de la Federación, la liquidación de la compañía, y la Policía Federal, transportada de forma furtiva en camiones de turismo, tomó en un sabadazo las instalaciones de la empresa, mientras la población celebraba el pase al Mundial de la selección mexicana de futbol, después de ganarle a El Salvador por un marcador de 4 a 1.

La CFE vende a Luz y Fuerza la electricidad en horas pico más cara que a los industriales
El problema en LFC, el robo de energía de las grandes empresas: ex funcionario de SenerIsrael Rodríguez J.

Nicéforo Guerrero Reynoso, ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), aseguró que el problema en Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue el robo de energía de las grandes y medianas empresas, que son las que no pagan.
Consideró que la eventual privatización del organismo sería un error, porque es una empresa viable, de una gran tradición sindical y obrera, a la que se puede sacar mucho fruto; sin embargo, reconoció que también es irresponsable.
Creo que en el problema con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hay un conflicto del gobierno con un gremio que es muy fuerte, señaló, y advirtió que bajar el switch en la zona centro del país es un grave riesgo.
Por su parte, José Luis Apodaca, jubilado como gerente general divisional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), después de laborar 32 años en diferentes áreas de esta empresa, indicó que la liquidación de LFC tiene como propósito allanar el camino para su privatización, con dedicatoria principalmente para las empresas extranjeras.
Nicéforo Guerrero, subsecretario de Electricidad durante la primera parte del sexenio del ex presidente Vicente Fox y relevado en el cargo el 23 de marzo de 2004, después de que Felipe Calderón fue nombrado secretario de Energía, señala en entrevista con La Jornada que la carga de la empresa no es sindical.
El subsidio es alto sí, 40 mil millones de pesos, pero también hay que cobrarle a los consumidores industriales y comerciales que no pagan lo que corresponde, independientemente de que haya generación distribuida a menor costo.
El ahora también presidente municipal de Guanajuato, surgido de la coalición PRI, PRD y PT, al preguntarle cómo se resolvería el problema de electricidad en el valle de México, respondió: poniendo una planta en Lerma y otra en Teotihuacán, ambas de ciclo combinado mediante gas, que hoy es barato, y se resolvería de manera eficiente el anillo que genera la distribución de la electricidad para estos lugares.
–¿Hay cuentas especiales?
–Sí. Liverpool tiene su propia autogeneración eléctrica y cuenta con 75 megavatios disponibles para la ciudad de México, que sería de energía distribuida. Todas las grandes empresas podrían producir energía distribuida y venderla a la empresa; esa sería una forma de salvar a Luz y Fuerza con la venta de excedentes, pero a precios razonables, no a precios de la CFE, que le cobra en la hora pico más a LFC que a los industriales.
Señaló que fusionar LFC es una buena opción, en la medida que el gobierno hubiera pactado con los trabajadores una adecuada liquidación y no un conflicto. Lo ideal era mantener una sola empresa y que una de las divisiones fuera Luz y Fuerza, como lo fue hasta la época de Carlos Salinas, cuando la convirtió en empresa descentralizada.
Aseguró que el contrato colectivo de trabajo no es el gran problema de LFC, sino la torpeza en el manejo y la falta equilibrada de la venta de energía eléctrica para la ciudad de México. Explicó que si CFE le vendiera al costo la electricidad, se la tendría que pasar a 3.5 centavos por kilovatio, y LFC la podría vender a ocho centavos, y eso equilibraría totalmente la balanza.
Hay una cuestión clara, CFE le vende a LFC a un precio como a cualquier industrial, lo cual pudiera ser correcto, pero no para la empresa pública, porque tiene que venderla al mismo precio o a menor costo del que se la ofrece Comisión Federal. Es lo que pasa con el gas y otros productos, que son los llamados precios de transferencia entre las subsidiarias de Pemex, que generan este error, concluyó Nicéforo Guerrero
Conformarán estructura para apoyar en la presentación de amparos
Organizaciones gremiales integran un comité en defensa del SME y del sector
Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

Medio centenar de organizaciones sindicales integraron ayer el Comité de defensa de la industria eléctrica, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la soberanía energética. Apoyarán legalmente a esa organización gremial y alentarán la estructura para que los trabajadores prommuevan juicios individuales de amparo.
En esta iniciativa participan gremios como el de tranviarios o de la industria nuclear, la Unión de Juristas y el Frente Sindical Mexicano, entre otros.
Señalaron que la decisión del presidente Felipe Calderón de liquidar la empresa Luz y Fuerza del Centro y tomar por asalto sus instalaciones, así como terminar unilateralmente las relaciones colectivas de trabajo con los electricistas, constituye una ofensiva temeraria e ilegal, por la forma, los fines y el contexto en que se da.
La medida es ilegal, agregaron los promotores del comité, porque los organismos descentralizados, al tener el carácter de empresas, no forman parte de la esfera del Poder Ejecutivo, ya que no son entes de la administración pública centralizada.
No es nada democrático sorprender legalmente y con un uso abusivo de la fuerza del Estado a un sindicato y movimiento de trabajadores que ha sido histórico y simbólico en la defensa de los intereses nacionales, afirmaron.
Además, sostuvieron, el decreto transgrede la normatividad administrativa al publicarse en día y horario inhábil, “en clásico sabadazo”, violando las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en la Constitución.
También viola el derecho de defensa y los derechos laborales adquiridos de los electricistas y del SME, establecidos en el artículo 123 constitucional y en su contrato colectivo de trabajo, porque no pueden ser privados de sus derechos sino por mandamiento o resolución judicial, dijeron.
Explicaron que la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, para proceder por incosteabilidad notoria y manifiesta de la empresa, debe sujetarse a la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Quienes acepten voluntariamente su liquidación recibirán un bono adicional, asegura
Prestaciones onerosas hicieron inviable la operación de LFC, asegura Calderón
Los recursos que recibía Luz y Fuerza del Centro (LFC) se destinaban no a mejorar la calidad del servicio, sino a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, además de que las decisiones de operación de la empresa obedecían a las preocupaciones e intereses del sindicato y no estaban dirigidas a la solución de los problemas de los ciudadanos, afirmó el presidente Felipe Calderón al justificar la extinción de esta empresa.
En un mensaje transmitido ayer por la noche, Calderón enfatizó que el servicio eléctrico no se privatiza, de ninguna manera; ni en el centro del país ni en ninguna otra parte, y que las indemnizaciones a los trabajadores se darán conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo, con un bono adicional a las prestaciones establecidas, en tanto que garantizó el pago íntegro y puntual a los jubilados.
Felipe Calderón mencionó que el decreto por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, se ajusta a lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
En ella se establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente, desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, y éste era el caso de Luz y Fuerza del Centro.
Destacó que el organismo enfrenta una situación financiera insostenible, pues sus costos de operación eran casi del doble de sus ingresos. Este año era necesario un presupuesto de más de 42 mil millones de pesos, además del dinero que la empresa cobra a los usuarios a través de las tarifas de luz. Cantidad equivalente al presupuesto del Programa de Oportunidades, o que duplica los recursos que se entregan a la Universidad Nacional Autónoma de México, aseveró.
Pérdidas en aumento
Lo peor de todo es que las pérdidas económicas venían aumentando año con año hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo a la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico, y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, apuntó.
Calderón Hinojosa comentó también que en poco tiempo LFC no hubiera podido pagar ni siquiera sus propias jubilaciones, además de que el número de trabajadores seguía creciendo no porque lo necesitara el servicio eléctrico, sino porque así lo exigía el contrato colectivo de trabajo.
Aseguró que estas condiciones no sólo hicieron inviable financieramente al organismo, sino también afectaron gravemente la calidad y la cobertura del servicio. Luz y Fuerza del Centro perdía por robos, fallas técnicas, corrupción o ineficiencias la tercera parte de la electricidad que distribuía. Por este bajo desempeño, agregó, muchas empresas preferían instalarse en otros estados y regiones del país o en otros países, donde el servicio eléctrico fuera más eficiente y más confiable.
Esto impidió la creación de miles de empleos en el centro de México. Era urgente que el gobierno federal corrigiera estos problemas. Debo decirles que antes de tomar esta muy difícil decisión, habíamos hecho muchos esfuerzos para mejorar la empresa. Hicimos convenios con el sindicato para elevar la productividad, para mejorar el servicio y, sin embargo, por diversas razones esos esfuerzos no dieron resultado. Hoy ya no era posible seguir así.
Respecto de las liquidaciones a los trabajadores dijo que quienes acepten voluntariamente su indemnización recibirán en promedio hasta 33 meses de sueldo, además de que se buscará recontratar al mayor número posible, a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional.
Al decreto presidencial que de golpe cerró la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LFC), tomó con la fuerza pública sus instalaciones y lanzó a sus 40 mil trabajadores al desempleo, los electricistas respondieron con actitud combativa, puño en alto y la consigna ¡No pasarán! coreada una y mil veces desde las primeras horas de este domingo cargado de malos presagios.
Pero entre un mitin y otro, abrumados por el desvelo y las preocupaciones, los manifestantes de pronto se permiten otras cavilaciones, pronunciadas en voz baja. Nos cambiaron la vida de un momento a otro, dice una mujer de talante amable, que trabajó 15 años en intendencia de LFC, jubilada hace tres años con una pensión de 110 pesos al día; una de esas privilegiadísimas agremiadas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que han sido señaladas en tono justiciero por locutores de radio y televisión desde hace algunos días.
En los corrillos se hacen cálculos pesimistas: ¿cuánto aguantaré sin cobrar la liquidación? ¿Cómo pagaré la mensualidad del carro, el crédito del Fovissste, la renta? ¿Y si cobro, luego qué?
La noticia de la liquidación de LFC, difundida por radio y televisión como necesaria, indispensable e impecable, tomó a las miles de familias que viven de esta industria con la guardia baja en los últimos minutos del sábado, tras una gloriosa jornada futbolera.
Pero los años de activismo sindical del SME, con su larga historia de luchas, los lanzó a la calle y a la movilización casi de inmediato. Si a las 3 de la madrugada había no menos de 10 mil congregados frente a su sede sindical, cubriendo el cruce de Insurgentes y Antonio Caso, a las 10 superaban los 20 mil, marchando hacia el Monumento a la Revolución.
Al frente caminaban con los brazos enlazados dos líderes que apenas horas antes eran grandes rivales: el secretario general del SME, Martín Esparza, desconocido por la Secretaría de Trabajo antes del veredicto de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y su contendiente por el liderazgo sindical Alejandro Muñoz, que impugnó el comicio interno de julio y atacó sin cuartel al dirigente ganador.
Aparecieron juntos, declararon que a partir de ayer desaparecían colores y rivalidades, caminaron hombro con hombro frente al enorme contingente desde el Monumento a la Revolución hasta la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, y juntos entraron a la encerrona –infructuosa a la postre– con las autoridades federales, acentuando el mensaje de unidad, sin poder evitar que algunos se preguntaran si su tregua no llegaba demasiado tarde.
Para contener una marcha de 20 mil trabajadores, disciplinados y moderados, la Secretaría de Seguridad Pública movilizó a 4 mil antimotines y la policía capitalina a otros mil 500 elementos que resguardaron las calles aledañas al Palacio de Covián.
“Mi primer pensamiento cuando supe lo del golpe –dice un hombre mayor, sentado en el piso sobre la calle de Tres Guerras, con un compañero– es que fue un abuso de Calderón, que se aprovechó de un problema interno nuestro para dar la puñalada trapera.” Pasó 30 años de su vida en la empresa, recorrió todos los escalafones, desde peón hasta supervisor.
Su compañero estruja una botella de refresco vacía: Va a ser difícil doblegar a un sindicato como éste, que es vanguardia en las luchas de la clase trabajadora. Él laboró durante 28 años en la sección de líneas aéreas, donde los trabajadores se arriesgan día a día para reparar instalaciones con equipo anacrónico y materiales insuficientes. Cuenta que desde que amaneció siente un malestar aquí, señalando el esternón. Es por sentir que nosotros, que mantenemos iluminada la ciudad más grande del mundo, les estorbamos al gobierno y a los empresarios.
Pero la esperanza es terca y su amigo se aferra: A ver si mediante el diálogo se consigue que retiren el decreto.
–¿Usted cree, compadre? –pregunta el otro.
–La verdad, no estoy seguro.
En el templete sobre Bucareli, los oradores se turnan el micrófono uno tras otro durante los 90 minutos que dura el conciliábulo en Gobernación.
Los que llevan radios portátiles ya escucharon el fracaso de la negociación y corren la voz. En la conferencia de prensa de los secretarios de Estado el gobierno advierte que no dará marcha atrás, que LFC ya no existe. Y ofrece liquidaciones extraordinarias equivalentes a dos años y medio de trabajo, una buena lana, quién lo niega. ¿Y luego, qué? ¿Y luego?, rebota la pregunta como eco angustiado. La trampa parece bien hecha: pan para hoy, hambre para mañana.
A las 3 de la tarde, los oradores anuncian que hay intentos de infiltrados de provocar un enfrentamiento con la policía. Se resuelve marchar de regreso al local sindical, en Insurgentes Centro.
Nos pusieron enfrente al diablo del desempleo, dice un fortachón treintañero que de pronto se desploma en una de las aceras de la calle Antonio Caso, convertida en romería grave y azorada. Ya se imaginará usted: perder una chamba que uno creía segura es un golpe muy canijo. Él trabaja –¿trabajaba?– en las calderas de la subestación de Lechería. ¡Y es una soba que ni se imagina!
Mujeres de pants y gorra hacen ronda bajo el toldo de una abarrotería. Una voz se sobrepone indignada: Están violando los derechos de nuestros hijos; nuestros bebés. Son secretarias de la oficina central y muchas jefas de familia.
En una jardinera, unos pasos más hacia avenida Insurgentes, otras señoras, ya mayores, hacen cálculos. ¿Tu cuánto crees poder aguantar sin cobrar? Yo sí aguanto, por lo menos dos quincenas. Después... ya no sé. Su compañera la reprende: Hay que aguantar más, a ver hasta cuándo. Si vas y cobras en el banco vas a dar pie a que nos sigan fregando. Ella es esposa de otro trabajador jubilado que toda su vida se mantuvo en los peldaños más bajos del escalafón, en mantenimiento. Aun así, paga la carrera de una hija que se esfuerza por ser profesional. Ellas, madre e hija, aseguran: Pues nosotros no vamos a cobrar del banco; vamos a resistir lo que sea necesario, otra cosa sería traicionar.
Un caso para San Judas
Termina el mitin. Los dirigentes han propuesto un plan de movilización para las próximas semanas: volanteos masivos, controversia constitucional en San Lázaro, marchas, un activismo que se extenderá del centro del país a otras regiones para sumar alianzas y lograr un movimiento nacional. Nuevamente, el músculo de la calle enfrentado al enorme aparato del poder político, económico y mediático que simplemente da por concluida la historia de 95 años del SME.
Cuando ya todos se dispersan, en un estacionamiento vecino, un joven trabajador paga la tarifa. Tome, con el último billete que sale de aquí. A lo que le responde el que atiende la caja: No se me desanime, mi amigo. Préndale su veladora a San Juditas.

Trabajadores han colocado rótulos contra la presencia federal en las instalaciones
Miles de policías y militares en 104 sedes de LFC

Más de 5 mil policías federales se encargarán el tiempo que sea necesario del resguardo perimetral de las 104 instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en tanto que cientos de efectivos del Ejército apoyarán para que los más de 3 mil empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asuman el control del flujo eléctrico en el centro del país, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República, y de las secretarías de Seguridad Pública federal y Defensa Nacional.
Este domingo el reporte de la Policía Federal fue sin novedad.
Aun así, se desarrolla un plan para evitar fallas en el suministro en caso de atentados o fallas en los sistemas, que incluye la interconexión de las áreas de producción y suministro del norte y sur del país hacia la ciudad de México, indicaron las fuentes.
En la ciudad de México casi todas las instalaciones se encuentran resguardadas en apariencia por grupos de entre 30 y 100 elementos, pero en el edificio sede, en Circuito Interior y Marina Nacional, colonia Tlaxpana, más de mil agentes vigilan y en el perímetro fue colocada una valla metálica de más de dos metros de altura.
De acuerdo con funcionarios de Seguridad Pública (SSP) federal, los reportes policiales no han dado cuenta de presencia de electricistas en ninguna de las estaciones y subestaciones, pero sí se han reportado grupos de trabajadores que han colocado cartulinas con leyendas contra la presencia de la Policía Federal y de militares en oficinas administrativas, como en las ubicadas en la avenida Guerrero casi esquina con Puente de Alvarado, colonia Guerrero.
En la subestación conocida como Pensador Mexicano, en la colonia Guerrero, más de 70 elementos controlan el acceso a pie y con patrullas a la zona y cerraron el paso al tránsito vehicular en la calle Pensador Mexicano desde el el Eje Central hasta Valerio Trujano.
La sede de Calzada de Guadalupe y Clavé, colonia 7 de Julio, en el norte de la ciudad, fue tomada a las 11 de la noche del sábado y permanecen 30 agentes federales.
Instalaciones como la subestaciones de la Central de Abasto, en Iztapalapa y Jamaica, en Iztacalco, así como la sede del denominado Sector Cables, delegación Cuauhtémoc, eran vigiladas por grupos de casi 60 elementos y, de acuerdo con fuentes consultadas, grupos de ingenieros militares certificaron la operación normal de los equipos hasta que personal de la CFE los sustituyó este domingo.
Otros 4 mil elementos federales se encuentran repartidos en cuatro entidades para custodiar la zona perimetral de instalaciones de LFC en los estados de México, Puebla, Hidalgo y Morelos.

Los fondos provendrían de ahorros oficiales previstos para el último trimestre de 2009
Ofrece el gobierno finiquitos equivalentes a 2.5 años de salario a empleados de LFC

Con objeto de agilizar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal propuso que las liquidaciones a los trabajadores electricistas equivaldrán, en promedio, a dos años y medio de sus salarios. La oferta gubernamental incluye 4 mil millones de pesos extras al monto original previsto de 16 mil millones de pesos, si los pagos son aceptados por los trabajadores antes del 14 de noviembre.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano señaló que esta aportación extraordinaria por aceptar las liquidaciones en la fecha referida tienen un impacto gradual según el pago formal a cada trabajador: 10 por ciento más para los que tienen menos de seis años de antigüedad; 20 por ciento, hasta 11 años de antigüedad; 40 por ciento hasta 21 años; 60 por ciento para quienes tengan menos de 26 años y 80 por ciento para quienes superen esos años de laborar.
En el marco de la conferencia de prensa ofrecida en la Secretaría de Gobernación por diversos secretarios de Estado, Lozano sostuvo que, en principio, los pagos se realizarán conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. A pregunta expresa, mencionó que está prevista la recontratación de personal en función de las necesidades de la Comisión Federal de Electricidad, que administrará por ahora la empresa en liquidación.
Bajo estas condiciones, según evaluó el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el costo global será de 16 mil millones de pesos, aunque la cifra subiría a 20 mil millones, de aceptarse las condiciones descritas por Lozano. El financiamiento provendría de ahorros que prevé el gobierno tener en el último trimestre del año; en recursos destinados a la restructura de empresas y ajustes de personal en cuyo caso se obtenga un ahorro al ejecutar.
Ofrecimiento de garantías a jubilados
Por su parte, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que las pensiones de los jubilados serán garantizadas por el gobierno federal y refirió que quienes estén en estas condiciones el miércoles podrán cobrar normalmente sus percepciones.
En su afán de destacar las condiciones excepcionales de liquidación a los trabajadores del SME, Lozano mencionó que, en términos normales, éstas deberían ser de tres meses más 12 días por año de antigüedad, conforme a la Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, el funcionario dijo que la instrucción presidencial para la liquidación de los trabajadores del SME es que, sin contar el porcentaje por la aceptación rápida, sea de:
Veinte días por año de antigüedad, una compensación adicional de 14 días de salario integrado por año de antigüedad a aquellos trabajadores de más de 15 años de trabajo; una indemnización de tres meses de salario integrado conforme a la LFT; pago de fondo de ahorro de lo acumulado en el año; el aguinaldo proporcional; las vacaciones proporcionales no devengadas y otra indemnización por año laborado de 20 días del salario integrado por cada año de antigüedad; una indemnización por extinción de la empresa de tres meses adicionales de salario integrado y una prima adicional de antigüedad de 24 días de salario mínimo por cada año de antigüedad en términos de la LFT.
Lozano indicó que las liquidaciones estarán disponibles a partir de este 14 de octubre y mencionó que en 20 oficinas de la extinta compañía se podrán conocer las bases de liquidación para que se puedan recoger los pagos en presencia de personal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Menú para que los despedidos inviertan adecuadamente

Como parte del paquete de ofertas al Sindicato Mexicano de Electricistas, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, informó que “la instrucción que tenemos el secretario de Economía, el secretario de Hacienda y el del Trabajo y Previsión Social es brindar un menú de opciones a quienes por razón misma de esta causa de fuerza mayor terminarán sus relaciones individuales de trabajo con el extinto organismo de Luz y Fuerza del Centro para que puedan, por un lado, contar con orientación, apoyo especializado para el uso de su indemnización y cursos de capacitación para adecuadamente poder invertir estos recursos en negocios propios.
También estamos buscando la instrumentación de programas de autoempleo y formación de empresas, insisto, para que con la indemnización correspondiente los trabajadores puedan iniciar un negocio propio y también a través del Servicio Nacional de Empleo todo el portafolio de servicios, primero, de vinculación entre oferta y demanda laboral, pero también en capacitación muy especializada y, desde luego, de una nueva modalidad de contingencias laborales que vamos a instrumentar precisamente para dar cabida al mayor número de trabajadores que, con motivo de esta causa de fuerza mayor, quedarán sin empleo.