Los Compromisos del Usurpador con el Prianal

LOS COMPROMISOS DEL ESPURIO CON EL PRIANAL
Andrea Becerril
Enviada
Macuspana, Tab., 11 de octubre. Andrés Manuel López Obrador repudió el golpe contra los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), les expresó su respaldo pleno y demandó a los legisladores frenar la intentona de los potentados y sus halcones de liquidar a Luz y Fuerza del Centro, ya que se pretende profundizar en su privatización en beneficio de Carlos Salinas de Gortari y sus allegados.
Desde su tierra natal, envió un mensaje a los electricistas: vamos a apoyarlos, digan lo que digan, que no quede la menor duda. Anunció que en la concentración que hoy encabezará fuera de la Cámara de Diputados, además de presentar la iniciativa de ley para acabar con los privilegios de los grandes empresarios que no pagan impuestos, exigirá parar ese atropello del Ejecutivo contra el SME.
El político tabasqueño deploró la embestida mediática que precedió a la decisión de los jefes de Calderón de acabar con un gremio combativo e independiente, pero advirtió que todavía está por verse que lo logren, ya que conoce la capacidad de lucha de los trabajadores del SME, que no van a estar solos en esa batalla.
En su último día de gira por Tabasco, López Obrador dedicó la parte central de su discurso a condenar el sabadazo, una acción arbitraria que no fue nada más una decisión de Calderón. ¡Claro que no, ahí está la mano peluda de Salinas de Gortari!
Detrás, insistió, está también el interés de participar en el negocio de la industria eléctrica de los 30 potentados que detentan el poder económico y político en el país. Recordó que un día antes denunció que dos de los hombres claves de Salinas, el empresario Claudio X. González –quien fungió en su sexenio como su asesor económico– y el llamado superasesor, José Córdova Montoya, son dueños de una de las empresas privadas que generan electricidad, violando la Constitución.
Recibido por sus paisanos como presidente legítimo de México –había mantas y pancartas alusivas–, López Obrador llamó a los legisladores federales a detener la arbitrariedad del Ejecutivo, ya que, dijo, tienen facultades para ello.
Ahí vamos a ver si el PRI actúa de manera independiente o, como lo he venido denunciando, es igual que el PAN y forma parte de la mafia de potentados que dominan a los partidos y todas las instituciones. Ahí vamos a ver si los diputados priístas actúan como representantes del pueblo, o lo hacen por órdenes de Salinas de Gortari.
Comentó que da pena ajena ver hasta dónde llega Calderón, quien no dudó en echar mano del Ejército para tomar una empresa pública, porque aunque recurrió a la Policía Federal Preventiva (PFP), desafortunadamente esa corporación está integrada por militares.
Hizo notar que Calderón empleó con el SME el mismo método que Salinas de Gortari desplegó para privatizar Teléfonos de México (Telmex): desprestigiar a la empresa y los trabajadores, acusándolos de ineficientes y de tener grandes salarios.
“Llama la atención la actitud servil, rastrera y vendida de la mayoría de los medios de comunicación, que tenían información anticipada de la intención de liquidar a Luz y Fuerza del Centro y antes de ello comenzó la guerra sucia, en prensa, radio y televisión, con todos los columnistas afines al gobierno, hablando de que se tenía que poner en orden al SME.
Nosotros vamos a apoyar a los trabajadores del SME. Que no quepa la menor duda. Desde aquí, desde Macuspana, les digo: ¡no están solos!
Anunció que en la asamblea que esta tarde efectuará su movimiento fuera de la Cámara de Diputados van a tratar también el caso del SME, además del tema programado: demandar a los legisladores que no se apruebe el paquete económico de Calderón e insistir en su propuesta alterna.
Vamos no sólo a protestar, sino a decirles que hay otras opciones para enfrentar la crisis de las finanzas públicas, sin seguir sangrando al pueblo, sin más impuestos ni aumentos a las tarifas públicas. Adelantó que van a presentar la iniciativa de ley para eliminar los regímenes especiales y otros privilegios que permiten a las 100 grandes corporaciones empresariales del país no pagar impuestos. Adelantó que dará a conocer otros nombres de potentados que no aportan nada de sus riquezas al fisco, entre ellos Gastón Azcárraga.
López Obrador concluyó ayer una gira de siete días por Tabasco, en la que visitó los 17 municipios de la entidad, para hacer campaña en favor de los candidatos del PRD a las alcaldías y diputaciones locales. Acompañó ayer en dos actos a Fernando Mayans, quien disputa Villahermosa en contienda cerrada con el PRI.
Electricistas se manifiestan en las cercanías de la dependencia contra la liquidación de Luz y Fuerza del CentroFoto María Luisa Severiano
Patricia Muñoz y Fabiola Martínez
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) determinó promover una controversia constitucional en contra del decreto presidencial de liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC). Los abogados de la organización preparan un amparo a nivel general del gremio y la presentación de más de 66 mil recursos individuales. Además de la batalla legal, el sindicato encabezará una movilización social opositora a la estrategia del gobierno federal y llevará su lucha hasta las últimas consecuencias.
Los trabajadores dejaron atrás la disputa electoral horas antes de lo que ya califican de sabadazo. Diez horas después de la toma de las instalaciones de LFC por las fuerzas federales, el SME ya tenía acordado un pronunciamiento conjunto para rechazar la extinción de su empresa, y estaban reunidos en el Monumento a la Revolución, listos para el plan de acción, la mayoría de los 66 mil afiliados a esta organización.
Alrededor de las 3 de la mañana, mediante llamadas telefónicas, vino el rencuentro de quienes la víspera se habían lanzado fuertes acusaciones. Martín Esparza, líder del SME, y Alejandro Muñoz, de la corriente Transparencia Sindical, pactaron una tregua, acordaron rechazar a toda costa la extinción de la empresa y llamaron a los trabajadores a la unidad y a no aceptar de ninguna forma sus liquidaciones.
En la reanudación de la asamblea permanente, en la cual fue insuficiente el auditorio para dar cabida a miles de electricistas, Esparza advirtió a los trabajadores de la gravedad de la situación y les dijo que nadie tiene derecho a cansarse, porque hoy tienen que salir la fuerza y el ingenio del gremio. En respuesta se escuchó un estruendoso ¡Aquí se ve la fuerza del SME!
Nadie durmió. Algunos que llegaron con sus familias se fueron al Monumento a la Revolución para delinear la primera fase de la defensa; desde el inicio marcaron que la vía era la discusión con el gobierno federal, aunque de manera paralela elevarían la denuncia sobre este decreto anticonstitucional a instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización Internacional del Trabajo.
Además anunciaron la movilización permanente: este lunes marcharán a la Cámara de Diputados, el próximo jueves realizarán un recorrido del Ángel de la Independencia al Zócalo; también realizarán jornadas de protestas múltiples en diversas dependencias y volanteo masivo –casa por casa– para informar a la opinión pública sobre el acto autoritario del gobierno de Felipe Calderón.
Al mediodía de este domingo, las calles Ignacio Ramírez y Bucareli resultaron insuficientes para dar cabida a las gruesas columnas de trabajadores que debieron avanzar rumbo a la Secretaría de Gobernación; ahora el blanco de su enojo era el nombre de Felipe Calderón, cuya sola mención provocaba rechiflas. No hubo mantas, apenas mensajes escritos en cartulinas con las que mostraban su repudio a la sentencia gubernamental anunciada.
En ese ambiente avanzaron a Gobernación a paso veloz. Los líderes no iban a la vanguardia, la multitud los envolvió y debieron caminar al centro y al paso de los trabajadores. Los rostros, las cartulinas improvisadas y las consignas mostraban indignación, pero sobre todo desolación ante la posibilidad de que a partir de este lunes nadie reciba salario; en cambio, todos están convocados por el gobierno para ir a cobrar su liquidación.
En el recorrido, Martín Esparza mostró la carta que entregaría al responsable de la política interna, con cuatro puntos: derogación del decreto del Ejecutivo, que se publicó este domingo; reinstalación de todos los trabajadores en su empleo, retiro de la fuerza pública e instalación de una mesa de trabajo.
–¿Se puede revertir un decreto presidencial? –se le preguntó.
–Claro que sí, hay controversias constitucionales. Se puede echar para atrás.
Para ello, anunció más tarde, también hoy se inicia un cabildeo con todas las fuerzas políticas para que esta controversia sea promovida desde el Congreso de la Unión. Esparza dice contar con el apoyo de partidos como PRD, PT y Convergencia.
Detrás del dirigente iba su opositor en las pasadas elecciones sindicales, Alejandro Muñoz, quien en los hechos dio a Esparza la representatividad para negociar con el gobierno federal. También asistió a la marcha Rosendo Flores, dirigente del sindicato electricista por tres periodos consecutivos, quien sobre la desaparición de LFC dijo: Es la agresión más fuerte que el sindicato ha recibido en su historia.
Al llegar a un costado del Reloj Chino, ya los esperaban funcionarios de la Unidad de Gobierno, quienes lista en mano gritaban a cada uno por su nombre, ante la custodia de policías federales, algunos con el rostro cubierto. A la salida, sin resultados ni ofertas del gobierno, regresaron al recinto sindical, donde se llevó a cabo la asamblea dentro y fuera del inmueble.
Estaban de vuelta donde empezaron la jornada; muchos no estaban conformes, hubieran querido una protesta más recia: Ahora resulta que nos despiden y nos regresamos tranquilamente a discutir quién sabe qué al sindicato. Los dirigentes buscaron endurecer el tono e incluso se declaró al sindicato en estado de emergencia.
Esparza señaló que ahora el Sindicato Mexicano de Electricistas no sólo va por su lucha, sino también a promover un frente nacional en defensa de los intereses del pueblo y la nación. El gobierno de Felipe Calderón se va a descarrilar, dijo. Agregó que la solidaridad con esta organización puede llevar a una movilización masiva de trabajadores en todo el país y planteó que los trabajadores no se van a rendir, pues según expresó el secretario del interior, Humberto Montes de Oca, están preparados para una lucha prolongada.
Al final de la discusión sindical, el secretario del exterior, Fernando Amezcua, deslindó a los trabajadores de fallas o caídas del servicio, sobre todo en horas pico, y auguró que este problema va a ir escalando.

Esparza: el fondo del ataque es el gran negocio con la red de fibra óptica

En el trasfondo de la liquidación de LFC subyace una intención privatizadora del sector, dice
El gobierno busca entregar a sus amigos la red de fibra óptica, advierte Esparza
Dos ex secretarios foxistas de Energía ya tienen preparado un negocio multimillonario, alerta
Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

En el trasfondo de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) está la clara intención de abrir las puertas de par en paramigos del gobierno, como el que ya tienen preparado dos ex secretarios de Energía del sexenio de Vicente Fox, Frenando Canales Clariond y Ernesto Martens, con la concesión que obtuvieron para explotar la red de fibra óptica de la empresa. a negocios millonarios en este sector para los
Es clara la intención de privatización de los servicios que presta esta compañía, señaló Martín Esparza, dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). Explicó que de lo que se trata toda esta embestida contra el gremio es de hacerlo a un lado para facilitar las concesiones del ramo a la iniciativa privada nacional y extranjera.
El dirigente explicó que el sindicato había presentado una solicitud para que la concesión de red de fibra óptica la operara la misma paraestatal; incluso había dado a conocer los estudios técnicos, de mercado y de operación que demostraban que la empresa podía dar el servicio. Sin embargo, a esta solicitud ni siquiera se le dio respuesta, porque ya tenían el negocio armado con políticos y empresarios afines al panismo.
Martens y Canales Clariond tienen armada una empresa con capital español para explotar el negocio de las telecomunicaciones por medio de la venta de servicio de voz, datos e Internet a través de la estructura de Luz y Fuerza del Centro. Es un hecho consumado, puesto que la concesión ya la obtuvieron, dijo.
La empresa WL Comunicaciones no sólo tiene la autorización para operar, sino que aún no ha empezado a hacerlo y ya obtuvo descuentos anticipados de las tarifas de uso de la red, indicó Esparza.
Marcha de trabajadores electricistas a la Secretaría de Gobernación, en apoyo a las pláticas que ahí sostuvieron sus dirigentesFoto María Luisa Severiano

El dirigente hizo ver que inicialmente la empresa –representada por el despacho de Diego Fernández de Cevallos– iba a pagar un promedio de 170 pesos por poste de conexión; sin embargo, sorpresivamente logró un convenio adicional para obtener un descuento y modificar esta tarifa, por lo que ahora sólo le costará 50 pesos este servicio.
No solamente se trata de la explotación de la fibra óptica, cuya red de más de mil kilómetros se pagó con recursos del pueblo y ahora la van a comercializar empresas panistas, sino que el negocio privado de Luz y Fuerza del Centro se va a expandir, añadió.
Según Martín Esparza, están en camino múltiples autorizaciones de generación de electricidad para empresas privadas, muchas de ellas trasnacionales, que ya no tendrán la denuncia del SME.
La generación de energía eléctrica por empresarios privados no sólo ha mostrado un crecimiento exponencial en los últimos años, sino incluso ha significado en algunos estados, sobre todo del norte, un negocio millonario para quienes encabezan esas compañías, pues acaparan la venta de luz de las grandes industrias de esta región, mientras a la paraestatal le dejaban el servicio de los consumidores domésticos de baja rentabilidad, indicó Esparza Flores.
De entrada, en la toma de las instalaciones de Luz y Fuerza ya participaron no sólo técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, sino también contratistas que querrán su tajada en negocios del sector en pago al apoyo que dieron a esta acción gubernamental, concluyó.
No hay condiciones para hacerlo, ni para retirar a la policía: SG
Demanda el SME derogar decreto liquidador de LFC
Dirigentes sindicales acuden a pláticas en una secretaría fortificada
Alonso Urrutia

En medio de un fuerte despliegue de seguridad en torno a la Secretaría de Gobernación, dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) demandaron al titular de la dependencia, Fernando Gómez Mont, la derogación del decreto que determinó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC). La respuesta oficial fue casi inmediata: El gobierno sostiene que el decreto es legal y no existen condiciones para su derogación.
Al mismo tiempo, los electricistas solicitaron el retiro de la Policía Federal de las instalaciones y crear una mesa de trabajo para rescatar el organismo. A la primera cuestión Gómez Mont respondió que es inviable eliminar el despliegue policiaco.
Entrevistado al término de la reunión, Martín Esparza, líder de los electricistas, dijo que mantendrán de manera pacífica las movilizaciones en defensa de su fuente de trabajo y acudirán al Congreso de la Unión. A pregunta expresa deslindó al sindicato de cualquier falla en el suministro de energía y de algún sabotaje, pues ya no hay trabajadores sindicalizados en ninguna instalación.
La reunión se inició en Bucareli al filo de la una de la tarde y se prolongó más de hora y media. El despliegue policiaco, fuera y dentro de Gobernación, fue reforzado por sobrevuelos de helicópteros de la Policia Federal.
Durante el encuentro, los electricistas entregaron un documento en el cual fijaron su postura en contra de la liquidación de LFC y se desglosó el destino de los 42 mil millones de pesos de transferencias del gobierno a la empresa que, con base en documentos de la Función Pública, se van íntegros al pago del contrato de energía en bloque a la CFE.
En referencia a los montos de liquidación ofrecidos, Esparza dijo que en los hechos ese pago es una simulación. Refirió que durante la reunión plantearon que la mejor forma de enfrentar la crisis era conservando las fuentes de empleo. Mencionó que dejaron en claro que la lucha legal y política la habrán de mantener hasta donde la asamblea diga. Mencionó que hoy solicitarán ante el Congreso una reunión con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para que se promueva una controversia constitucional en contra del decreto.
A su vez, Gobernación informó que hubo contacto con Esparza y su opositor en las pasadas elecciones internas, Alejandro Muñoz. Durante el encuentro, Gómez Mont les planteó que por ningún motivo la medida implica o busca la privatización del servicio eléctrico, como ya había dicho en la conferencia de prensa matutina para justificar la medida.
Finalmente, el funcionario ofreció mantener el diálogo con el SME, toda vez que las prioridades gubernamentales son asegurar que el servicio de energía eléctrica se continúe prestando con normalidad, respetar los derechos de los trabajadores y jubilados, y velar por que las partes se conduzcan en los cauces de la legalidad, institucionalidad y respeto a los derechos de la ciudadanía.
Oficializan que la CFE se hará cargo de la operación de la compañía
El sindicato interpondrá un amparo general y 66 mil individuales
Operará CFE la extinta compañía, señala Fernando Gómez Mont
Alonso Urrutia

La liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), por el gobierno federal no implica la privatización del servicio eléctrico, pues la prestación seguirá a cargo del Estado, como ordenan la Constitución y la ley en la materia, sostuvo el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont. Asimismo, el gobierno federal oficializó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se hará cargo de la operación de la extinta compañía.
Al justificar la liquidación de LFC y la intervención policiaca en sus instalaciones, Gómez Mont dijo que el secretario de Seguridad Pública recibió instrucciones para que se realizaran todos los actos tendientes a preservar la paz pública, el orden y la integridad de personas e instalaciones propiedad del gobierno federal, en preparación de la publicación del decreto.
Durante una conferencia de prensa a la que asistieron los secretarios de Hacienda, Agustín Carstens; del Trabajo, Javier Lozano, y de Energía, Georgina Kessel, Gómez Mont asumió que fue él quien ordenó el operativo, realizado sin costo humano que lamentar.
El secretario informó haber mantenido comunicación con Martín Esparza –dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)–, contra quien, dijo, no existe ninguna orden de aprehensión, como se rumoraba. A las 10 de la mañana adelantó que sostendría un encuentro con los líderes electricistas, el cual no es en ánimo de deslealtades o de actitudes que tiendan a poner o celar una trampa.
Al mismo tiempo advirtió que el gobierno “reaccionará frente a cualquier acto ilegal (y) ofrece los espacios de la institucionalidad y legalidad para solucionar nuestras diferencias. Obviamente está obligado –el gobierno federal– a realizar aquellos actos que tiendan a garantizar el cumplimiento de la ley, una ley que da espacio para que esto se resuelva con apego a la concordia, la paz, el diálogo y la comunicación. Que quede claro: no esperamos actos ilegales de los trabajadores de LFC”.
El funcionario federal mencionó que respetará el ejercicio de libertades democráticas de los trabajadores, pero llamó a que se realice sin afectar a los demás y a que se haga en espacios y modos que no impliquen agresión a los ciudadanos.
Poco antes, al exponer una diversidad de cifras para respaldar la decisión del gobierno federal, dijo que los 300 mil millones de pesos que hacia el final del sexenio se hubieran tenido que transferir a LFC, de haberse mantenido operando, son equiparables a la partida destinada a Oportunidades, dos veces el presupuesto de la UNAM o el financiamiento de la construcción de 1.2 millones de casas.
Gómez Mont fue insistente en comparar a LFC con la CFE: en esta última, dijo, hay un trabajador de distribución por cada 627 usuarios; en cambio, en la primera había un trabajador por cada 291 usuarios.
Dijo que hasta el momento de la liquidación las decisiones en la compañía se tenían que adoptar en función de las demandas sindicales y no de los intereses de los usuarios, y eso mermó severamente su productividad, pues mientras en la CFE la relación es de 2 mil 500 megavatios-hora vendidos por cada trabajador, en LFC es de apenas 730.
Subrayó que el costo de la jubilación, conforme al contrato colectivo, implicaba que en promedio los jubilados –podían serlo desde los 50 años de edad– recibieran 3.3 veces el salario de un trabajador activo, o que uno por ciento de aumento para un electricista en activo prácticamente se duplicara en los jubilados. Esto provocó que la empresa tuviera un pasivo insostenible y no contara con la reserva financiera para respaldar las jubilaciones.
En el pronunciamiento del Ejecutivo leído por Gómez Mont, se subraya que Luz y Fuerza del Centro no podía hacer frente a las solicitudes de ampliación del servicio, que son del orden de 10 por ciento. Se agrega que las empresas de supermercados han tenido que invertir en promedio 400 millones de pesos cada una para suplir las deficiencias de suministro eléctrico.
A decir del funcionario, con la liquidación de LFC se mejorará sustancialmente la atención al usuario y el servicio será más eficiente, por medio de inversiones en infraestructura. Gómez Mont aseguró que las pérdidas acumuladas de la compañía liquidada tenían un impacto negativo en la economía del centro del país, ya que desalentaban las inversiones y oportunidades de empleo.
Por su parte, la secretaria de Energía, Georgina Kessel, aseveró que el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes es el encargado de la liquidación de Luz y Fuerza. Para el efecto, dicha instancia ha nombrado como administrador de los bienes para la prestación del servicio a la CFE.
El director de la comisión, Alfredo Elías Ayub, dijo que desde la noche del sábado personal altamente capacitado está operando el servicio en la zona, cuyo sistema es similar al que se utiliza en Guadalajara. Tenemos amplia experiencia en la operación de estos sistemas, por lo que de no presentarse actos de sabotaje, el servicio se continuará prestando con normalidad, concluyó.

El Sistema de Enajenación de Bienes será el encargado de elaborar el plan de liquidación
Apresura el gobierno la publicación de las bases para la extinción de la empresa
El SAE podrá transferir o ceder los contratos o cualquier otro instrumento jurídico de LFC
Israel Rodríguez J.

La Secretaría de Energía (Sener) expidió en una edición vespertina extraordinaria del Diario Oficial de la Federación (DOF) las bases para la desincorporación de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en las que se establece que el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) elaborará y remitirá, dentro de los primeros 30 días, el plan estratégico para la liquidación de la empresa.
Además, deberá levantar el inventario de los bienes pertenecientes al organismo en liquidación (LFC). A partir de éste, realizará el balance inicial de liquidación. En caso de existir diferencias entre los registros con los que cuenta el organismo en liquidación y el inventario que se levante, deberá informarlo a las autoridades competentes para los efectos conducentes.
El SAE es el organismo que transfirió a bancos extranjeros los más de 205 millones de dólares incautados en 2007 en una residencia de las Lomas de Chapultepec al mexicano de origen chino Zhenli Ye Gon, presunto traficante de metanfetaminas, lo que ocasionó que el dinero dejó de ser una prueba del presunto delito.
El SAE fue creado en 2003 por el entonces secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz, como remanente de lo que fue el Fideicomiso Liquidador y el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, la Unidad de Desincorporación de la Secretaría de Hacienda, la Administración General de Destino de Bienes de Comercio Exterior y las gestiones para recibir los bienes de la Dirección General Adjunta de Cartera de Activos no Monetarios, además de recibir los bienes incautados al crimen organizado por parte de la Procuraduría General de la República.
Este organismo fue el que también, entre el 3 y 4 de septiembre pasados, remató a precios de ganga los bienes confiscados a presuntos narcotraficantes, entre los que destacaban aviones, veleros, yates y automóviles de lujo, entre otros.
De acuerdo con la edición extraordinaria del DOF, una vez aprobado el proceso de liquidación, el SAE, conforme a las instrucciones que dicte la Sener, tomará de inmediato las medidas necesarias para que los bienes de LFC que estén afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del decreto de extinción correspondiente venía prestando, así como los demás que sean necesarios para dicho servicio, sean utilizados para tal fin conforme a lo dispuesto en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica.
Asimismo, podrá celebrar convenios con entidades federativas u organismos sociales, con el propósito de que los activos que no se requieran para la prestación del servicio público de energía eléctrica o para el desarrollo del proceso de desincorporación puedan enajenarse para la consecución de las funciones, actividades u objeto de éstos.
También someterá al dictamen del auditor externo designado por la Secretaría de la Función Pública los estados financieros inicial y final de liquidación, así como los anuales intermedios que correspondan.
Procederá a la liquidación de todos los trabajadores de LFC, por lo que podrá elaborar y presentar a la Subsecretaría de Electricidad, para su aprobación, el esquema de indemnización laboral voluntario que deberá implementar. Para ello solicitará la participación que corresponda a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
De manera previa a que el SAE presente a la Subsecretaría de Electricidad el esquema de indemnización antes mencionado, deberá recabar la opinión de las secretarías de Hacienda y del Trabajo.
Pagará las pensiones que correspondan a los jubilados, para lo cual someterá a la aprobación de la Subsecretaría de Electricidad el plan correspondiente.
El liquidador destinará los recursos, bienes y activos de la empresa en liquidación para cubrir los pasivos y contingencias que se originen de la misma, así como los gastos de preparación, preoperativos y de administración. Con base en las indicaciones de la Subsecretaría de Electricidad, el SAE podrá celebrar, transferir o ceder los contratos, convenios o cualquier otro instrumento jurídico de LFC.
El liquidador elaborará el libro blanco del procedimiento, en términos de las disposiciones aplicables. Concluido el proceso de extinción, deberá conservar los libros y documentos de LFC, en términos de la normativa aplicable.
La Subsecretaría de Electricidad será la facultada para interpretar las disposiciones contenidas en estas bases, para todos los efectos administrativos, en cuyo caso podrá adecuarlas y adicionarlas.

Más de 42 mil despidos
Israel Rodríguez J.

Después de 128 años de historia de la industria eléctrica nacional que dio origen a Luz y Fuerza del Centro (LFC) –la cual se remonta a la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica, una empresa extranjera subsidiaria de la alemana Siemens, que fue nacionalizada en 1960–, ayer el gobierno de Felipe Calderón, el autodenominado presidente del empleo, determinó su extinción con un decreto y una firma con los que se oficializa el despido de más de 42 mil trabajadores.
Mientras que en el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), caracterizado por ser combativo, democrático y recientemente por su férrea oposición a la privatización de la energía eléctrica, su fundación se remonta a diciembre de 1914.
Luz y Fuerza del Centro llevó electricidad a más de 5.7 millones de clientes, lo que representa una población atendida superior a 20 millones de habitantes en el Distrito Federal y los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla.
La luz eléctrica se introdujo en México en 1880, y un año después la Compañía Mexicana de Gas y Luz Eléctrica se hizo cargo del alumbrado público residencial en la capital de la República, marcando el principio del alumbrado eléctrico en el país.
La demanda de luz eléctrica del país durante el régimen de Porfirio Díaz atrajo a empresas extranjeras, como The Mexican Ligth and Power, de origen canadiense, que se instalaron en la capital en 1898 y más tarde se extendieron hacia el centro del país. Muy pronto la industria nacional disfrutó de las ventajas de electrificar sus sistemas productivos, de modo que entre 1881 y 1910 había ya 199 empresas de luz ubicadas principalmente en Chihuahua, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, San Luis Potosí, Nuevo León, estado de México, Querétaro, Aguascalientes, Michoacán, Campeche, Jalisco, Chiapas, Tabasco y Zacatecas.
De esta manera, la industria eléctrica se desarrolló localmente, pues cada ciudad tenía su propia empresa o compañía que brindaba el servicio. Al poco tiempo estas empresas se consolidaron como monopolios regionales, en su mayoría extranjeros, situación que permaneció hasta que comenzó el proceso de nacionalización de la industria eléctrica, el 27 de septiembre de 1960, durante la administración del presidente Adolfo López Mateos, con el principio de que el suministro de energía eléctrica es un servicio público y no debía ser prestado por compañías extranjeras.
En 1960, la población en México era de 34.9 millones de habitantes. De los 2 mil 308 megavatios (MW) de capacidad instalada en el país, la Comisión Federal de Electricidad, que fue constituida el 14 de agosto de 1937, durante la gestión del presidente Lázaro Cárdenas, aportaba 54 por ciento; la Mexican Ligth and Power, 25 por ciento; la American and Foreign, 12 por ciento, y el resto de las compañías 9 por ciento. Sólo 44 por ciento de la población contaba con electricidad.
El 27 de septiembre de 1960, el secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena, quien bajo su periodo de gestión México registró crecimientos anuales por arriba de 6 por ciento e inflación de 2 por ciento, tomó posesión de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz (antes The Mexican Ligth and Power) e izó la bandera nacional en el edificio de la calzada Melchor Ocampo, colonia Anáhuac, que hasta el pasado sábado fue sede de LFC.
Posteriormente, en 1963 se cambió la denominación social del organismo al de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Más adelante, en 1974, se autorizó a la empresa a realizar los actos necesarios y procedentes para su disolución. Sin embargo, continuó operando, y el 9 de febrero de 1994, por decreto del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, se creó el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
Finalmente, este 11 de octubre el gobierno de Felipe Calderón decretó, a través del Diario Oficial de la Federación, la liquidación de la compañía, y la Policía Federal, transportada de forma furtiva en camiones de turismo, tomó en un sabadazo las instalaciones de la empresa, mientras la población celebraba el pase al Mundial de la selección mexicana de futbol, después de ganarle a El Salvador por un marcador de 4 a 1.

La CFE vende a Luz y Fuerza la electricidad en horas pico más cara que a los industriales
El problema en LFC, el robo de energía de las grandes empresas: ex funcionario de SenerIsrael Rodríguez J.

Nicéforo Guerrero Reynoso, ex subsecretario de Electricidad de la Secretaría de Energía (Sener), aseguró que el problema en Luz y Fuerza del Centro (LFC) fue el robo de energía de las grandes y medianas empresas, que son las que no pagan.
Consideró que la eventual privatización del organismo sería un error, porque es una empresa viable, de una gran tradición sindical y obrera, a la que se puede sacar mucho fruto; sin embargo, reconoció que también es irresponsable.
Creo que en el problema con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) hay un conflicto del gobierno con un gremio que es muy fuerte, señaló, y advirtió que bajar el switch en la zona centro del país es un grave riesgo.
Por su parte, José Luis Apodaca, jubilado como gerente general divisional de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), después de laborar 32 años en diferentes áreas de esta empresa, indicó que la liquidación de LFC tiene como propósito allanar el camino para su privatización, con dedicatoria principalmente para las empresas extranjeras.
Nicéforo Guerrero, subsecretario de Electricidad durante la primera parte del sexenio del ex presidente Vicente Fox y relevado en el cargo el 23 de marzo de 2004, después de que Felipe Calderón fue nombrado secretario de Energía, señala en entrevista con La Jornada que la carga de la empresa no es sindical.
El subsidio es alto sí, 40 mil millones de pesos, pero también hay que cobrarle a los consumidores industriales y comerciales que no pagan lo que corresponde, independientemente de que haya generación distribuida a menor costo.
El ahora también presidente municipal de Guanajuato, surgido de la coalición PRI, PRD y PT, al preguntarle cómo se resolvería el problema de electricidad en el valle de México, respondió: poniendo una planta en Lerma y otra en Teotihuacán, ambas de ciclo combinado mediante gas, que hoy es barato, y se resolvería de manera eficiente el anillo que genera la distribución de la electricidad para estos lugares.
–¿Hay cuentas especiales?
–Sí. Liverpool tiene su propia autogeneración eléctrica y cuenta con 75 megavatios disponibles para la ciudad de México, que sería de energía distribuida. Todas las grandes empresas podrían producir energía distribuida y venderla a la empresa; esa sería una forma de salvar a Luz y Fuerza con la venta de excedentes, pero a precios razonables, no a precios de la CFE, que le cobra en la hora pico más a LFC que a los industriales.
Señaló que fusionar LFC es una buena opción, en la medida que el gobierno hubiera pactado con los trabajadores una adecuada liquidación y no un conflicto. Lo ideal era mantener una sola empresa y que una de las divisiones fuera Luz y Fuerza, como lo fue hasta la época de Carlos Salinas, cuando la convirtió en empresa descentralizada.
Aseguró que el contrato colectivo de trabajo no es el gran problema de LFC, sino la torpeza en el manejo y la falta equilibrada de la venta de energía eléctrica para la ciudad de México. Explicó que si CFE le vendiera al costo la electricidad, se la tendría que pasar a 3.5 centavos por kilovatio, y LFC la podría vender a ocho centavos, y eso equilibraría totalmente la balanza.
Hay una cuestión clara, CFE le vende a LFC a un precio como a cualquier industrial, lo cual pudiera ser correcto, pero no para la empresa pública, porque tiene que venderla al mismo precio o a menor costo del que se la ofrece Comisión Federal. Es lo que pasa con el gas y otros productos, que son los llamados precios de transferencia entre las subsidiarias de Pemex, que generan este error, concluyó Nicéforo Guerrero
Conformarán estructura para apoyar en la presentación de amparos
Organizaciones gremiales integran un comité en defensa del SME y del sector
Patricia Muñoz y Fabiola Martínez

Medio centenar de organizaciones sindicales integraron ayer el Comité de defensa de la industria eléctrica, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la soberanía energética. Apoyarán legalmente a esa organización gremial y alentarán la estructura para que los trabajadores prommuevan juicios individuales de amparo.
En esta iniciativa participan gremios como el de tranviarios o de la industria nuclear, la Unión de Juristas y el Frente Sindical Mexicano, entre otros.
Señalaron que la decisión del presidente Felipe Calderón de liquidar la empresa Luz y Fuerza del Centro y tomar por asalto sus instalaciones, así como terminar unilateralmente las relaciones colectivas de trabajo con los electricistas, constituye una ofensiva temeraria e ilegal, por la forma, los fines y el contexto en que se da.
La medida es ilegal, agregaron los promotores del comité, porque los organismos descentralizados, al tener el carácter de empresas, no forman parte de la esfera del Poder Ejecutivo, ya que no son entes de la administración pública centralizada.
No es nada democrático sorprender legalmente y con un uso abusivo de la fuerza del Estado a un sindicato y movimiento de trabajadores que ha sido histórico y simbólico en la defensa de los intereses nacionales, afirmaron.
Además, sostuvieron, el decreto transgrede la normatividad administrativa al publicarse en día y horario inhábil, “en clásico sabadazo”, violando las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en la Constitución.
También viola el derecho de defensa y los derechos laborales adquiridos de los electricistas y del SME, establecidos en el artículo 123 constitucional y en su contrato colectivo de trabajo, porque no pueden ser privados de sus derechos sino por mandamiento o resolución judicial, dijeron.
Explicaron que la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, para proceder por incosteabilidad notoria y manifiesta de la empresa, debe sujetarse a la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

Quienes acepten voluntariamente su liquidación recibirán un bono adicional, asegura
Prestaciones onerosas hicieron inviable la operación de LFC, asegura Calderón
Los recursos que recibía Luz y Fuerza del Centro (LFC) se destinaban no a mejorar la calidad del servicio, sino a pagar privilegios y prestaciones onerosas de carácter laboral, además de que las decisiones de operación de la empresa obedecían a las preocupaciones e intereses del sindicato y no estaban dirigidas a la solución de los problemas de los ciudadanos, afirmó el presidente Felipe Calderón al justificar la extinción de esta empresa.
En un mensaje transmitido ayer por la noche, Calderón enfatizó que el servicio eléctrico no se privatiza, de ninguna manera; ni en el centro del país ni en ninguna otra parte, y que las indemnizaciones a los trabajadores se darán conforme a la Ley Federal del Trabajo y al contrato colectivo, con un bono adicional a las prestaciones establecidas, en tanto que garantizó el pago íntegro y puntual a los jubilados.
Felipe Calderón mencionó que el decreto por el que se extingue Luz y Fuerza del Centro, la empresa pública encargada del servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal y en diversos municipios del estado de México, Hidalgo, Puebla y Morelos, se ajusta a lo que dispone el artículo 16 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales.
En ella se establece la extinción de las empresas y organismos descentralizados cuando su funcionamiento no resulte ya conveniente, desde el punto de vista de la economía nacional o del interés público, y éste era el caso de Luz y Fuerza del Centro.
Destacó que el organismo enfrenta una situación financiera insostenible, pues sus costos de operación eran casi del doble de sus ingresos. Este año era necesario un presupuesto de más de 42 mil millones de pesos, además del dinero que la empresa cobra a los usuarios a través de las tarifas de luz. Cantidad equivalente al presupuesto del Programa de Oportunidades, o que duplica los recursos que se entregan a la Universidad Nacional Autónoma de México, aseveró.
Pérdidas en aumento
Lo peor de todo es que las pérdidas económicas venían aumentando año con año hasta hacerse impagables. Para seguir manteniendo a la empresa hubiera sido necesario subir desproporcionadamente las tarifas eléctricas o aumentar constantemente los impuestos. Esto sería injusto, particularmente ahora que nuestro país vive momentos difíciles en lo económico, y que tú, al igual que millones de mexicanos, están haciendo un gran esfuerzo por salir adelante, apuntó.
Calderón Hinojosa comentó también que en poco tiempo LFC no hubiera podido pagar ni siquiera sus propias jubilaciones, además de que el número de trabajadores seguía creciendo no porque lo necesitara el servicio eléctrico, sino porque así lo exigía el contrato colectivo de trabajo.
Aseguró que estas condiciones no sólo hicieron inviable financieramente al organismo, sino también afectaron gravemente la calidad y la cobertura del servicio. Luz y Fuerza del Centro perdía por robos, fallas técnicas, corrupción o ineficiencias la tercera parte de la electricidad que distribuía. Por este bajo desempeño, agregó, muchas empresas preferían instalarse en otros estados y regiones del país o en otros países, donde el servicio eléctrico fuera más eficiente y más confiable.
Esto impidió la creación de miles de empleos en el centro de México. Era urgente que el gobierno federal corrigiera estos problemas. Debo decirles que antes de tomar esta muy difícil decisión, habíamos hecho muchos esfuerzos para mejorar la empresa. Hicimos convenios con el sindicato para elevar la productividad, para mejorar el servicio y, sin embargo, por diversas razones esos esfuerzos no dieron resultado. Hoy ya no era posible seguir así.
Respecto de las liquidaciones a los trabajadores dijo que quienes acepten voluntariamente su indemnización recibirán en promedio hasta 33 meses de sueldo, además de que se buscará recontratar al mayor número posible, a fin de que colaboren de manera directa o indirecta en la provisión del servicio eléctrico bajo nuevas condiciones laborales y un nuevo arreglo institucional.
Al decreto presidencial que de golpe cerró la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LFC), tomó con la fuerza pública sus instalaciones y lanzó a sus 40 mil trabajadores al desempleo, los electricistas respondieron con actitud combativa, puño en alto y la consigna ¡No pasarán! coreada una y mil veces desde las primeras horas de este domingo cargado de malos presagios.
Pero entre un mitin y otro, abrumados por el desvelo y las preocupaciones, los manifestantes de pronto se permiten otras cavilaciones, pronunciadas en voz baja. Nos cambiaron la vida de un momento a otro, dice una mujer de talante amable, que trabajó 15 años en intendencia de LFC, jubilada hace tres años con una pensión de 110 pesos al día; una de esas privilegiadísimas agremiadas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que han sido señaladas en tono justiciero por locutores de radio y televisión desde hace algunos días.
En los corrillos se hacen cálculos pesimistas: ¿cuánto aguantaré sin cobrar la liquidación? ¿Cómo pagaré la mensualidad del carro, el crédito del Fovissste, la renta? ¿Y si cobro, luego qué?
La noticia de la liquidación de LFC, difundida por radio y televisión como necesaria, indispensable e impecable, tomó a las miles de familias que viven de esta industria con la guardia baja en los últimos minutos del sábado, tras una gloriosa jornada futbolera.
Pero los años de activismo sindical del SME, con su larga historia de luchas, los lanzó a la calle y a la movilización casi de inmediato. Si a las 3 de la madrugada había no menos de 10 mil congregados frente a su sede sindical, cubriendo el cruce de Insurgentes y Antonio Caso, a las 10 superaban los 20 mil, marchando hacia el Monumento a la Revolución.
Al frente caminaban con los brazos enlazados dos líderes que apenas horas antes eran grandes rivales: el secretario general del SME, Martín Esparza, desconocido por la Secretaría de Trabajo antes del veredicto de la Junta de Conciliación y Arbitraje, y su contendiente por el liderazgo sindical Alejandro Muñoz, que impugnó el comicio interno de julio y atacó sin cuartel al dirigente ganador.
Aparecieron juntos, declararon que a partir de ayer desaparecían colores y rivalidades, caminaron hombro con hombro frente al enorme contingente desde el Monumento a la Revolución hasta la Secretaría de Gobernación, en Bucareli, y juntos entraron a la encerrona –infructuosa a la postre– con las autoridades federales, acentuando el mensaje de unidad, sin poder evitar que algunos se preguntaran si su tregua no llegaba demasiado tarde.
Para contener una marcha de 20 mil trabajadores, disciplinados y moderados, la Secretaría de Seguridad Pública movilizó a 4 mil antimotines y la policía capitalina a otros mil 500 elementos que resguardaron las calles aledañas al Palacio de Covián.
“Mi primer pensamiento cuando supe lo del golpe –dice un hombre mayor, sentado en el piso sobre la calle de Tres Guerras, con un compañero– es que fue un abuso de Calderón, que se aprovechó de un problema interno nuestro para dar la puñalada trapera.” Pasó 30 años de su vida en la empresa, recorrió todos los escalafones, desde peón hasta supervisor.
Su compañero estruja una botella de refresco vacía: Va a ser difícil doblegar a un sindicato como éste, que es vanguardia en las luchas de la clase trabajadora. Él laboró durante 28 años en la sección de líneas aéreas, donde los trabajadores se arriesgan día a día para reparar instalaciones con equipo anacrónico y materiales insuficientes. Cuenta que desde que amaneció siente un malestar aquí, señalando el esternón. Es por sentir que nosotros, que mantenemos iluminada la ciudad más grande del mundo, les estorbamos al gobierno y a los empresarios.
Pero la esperanza es terca y su amigo se aferra: A ver si mediante el diálogo se consigue que retiren el decreto.
–¿Usted cree, compadre? –pregunta el otro.
–La verdad, no estoy seguro.
En el templete sobre Bucareli, los oradores se turnan el micrófono uno tras otro durante los 90 minutos que dura el conciliábulo en Gobernación.
Los que llevan radios portátiles ya escucharon el fracaso de la negociación y corren la voz. En la conferencia de prensa de los secretarios de Estado el gobierno advierte que no dará marcha atrás, que LFC ya no existe. Y ofrece liquidaciones extraordinarias equivalentes a dos años y medio de trabajo, una buena lana, quién lo niega. ¿Y luego, qué? ¿Y luego?, rebota la pregunta como eco angustiado. La trampa parece bien hecha: pan para hoy, hambre para mañana.
A las 3 de la tarde, los oradores anuncian que hay intentos de infiltrados de provocar un enfrentamiento con la policía. Se resuelve marchar de regreso al local sindical, en Insurgentes Centro.
Nos pusieron enfrente al diablo del desempleo, dice un fortachón treintañero que de pronto se desploma en una de las aceras de la calle Antonio Caso, convertida en romería grave y azorada. Ya se imaginará usted: perder una chamba que uno creía segura es un golpe muy canijo. Él trabaja –¿trabajaba?– en las calderas de la subestación de Lechería. ¡Y es una soba que ni se imagina!
Mujeres de pants y gorra hacen ronda bajo el toldo de una abarrotería. Una voz se sobrepone indignada: Están violando los derechos de nuestros hijos; nuestros bebés. Son secretarias de la oficina central y muchas jefas de familia.
En una jardinera, unos pasos más hacia avenida Insurgentes, otras señoras, ya mayores, hacen cálculos. ¿Tu cuánto crees poder aguantar sin cobrar? Yo sí aguanto, por lo menos dos quincenas. Después... ya no sé. Su compañera la reprende: Hay que aguantar más, a ver hasta cuándo. Si vas y cobras en el banco vas a dar pie a que nos sigan fregando. Ella es esposa de otro trabajador jubilado que toda su vida se mantuvo en los peldaños más bajos del escalafón, en mantenimiento. Aun así, paga la carrera de una hija que se esfuerza por ser profesional. Ellas, madre e hija, aseguran: Pues nosotros no vamos a cobrar del banco; vamos a resistir lo que sea necesario, otra cosa sería traicionar.
Un caso para San Judas
Termina el mitin. Los dirigentes han propuesto un plan de movilización para las próximas semanas: volanteos masivos, controversia constitucional en San Lázaro, marchas, un activismo que se extenderá del centro del país a otras regiones para sumar alianzas y lograr un movimiento nacional. Nuevamente, el músculo de la calle enfrentado al enorme aparato del poder político, económico y mediático que simplemente da por concluida la historia de 95 años del SME.
Cuando ya todos se dispersan, en un estacionamiento vecino, un joven trabajador paga la tarifa. Tome, con el último billete que sale de aquí. A lo que le responde el que atiende la caja: No se me desanime, mi amigo. Préndale su veladora a San Juditas.

Trabajadores han colocado rótulos contra la presencia federal en las instalaciones
Miles de policías y militares en 104 sedes de LFC

Más de 5 mil policías federales se encargarán el tiempo que sea necesario del resguardo perimetral de las 104 instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), en tanto que cientos de efectivos del Ejército apoyarán para que los más de 3 mil empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) asuman el control del flujo eléctrico en el centro del país, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República, y de las secretarías de Seguridad Pública federal y Defensa Nacional.
Este domingo el reporte de la Policía Federal fue sin novedad.
Aun así, se desarrolla un plan para evitar fallas en el suministro en caso de atentados o fallas en los sistemas, que incluye la interconexión de las áreas de producción y suministro del norte y sur del país hacia la ciudad de México, indicaron las fuentes.
En la ciudad de México casi todas las instalaciones se encuentran resguardadas en apariencia por grupos de entre 30 y 100 elementos, pero en el edificio sede, en Circuito Interior y Marina Nacional, colonia Tlaxpana, más de mil agentes vigilan y en el perímetro fue colocada una valla metálica de más de dos metros de altura.
De acuerdo con funcionarios de Seguridad Pública (SSP) federal, los reportes policiales no han dado cuenta de presencia de electricistas en ninguna de las estaciones y subestaciones, pero sí se han reportado grupos de trabajadores que han colocado cartulinas con leyendas contra la presencia de la Policía Federal y de militares en oficinas administrativas, como en las ubicadas en la avenida Guerrero casi esquina con Puente de Alvarado, colonia Guerrero.
En la subestación conocida como Pensador Mexicano, en la colonia Guerrero, más de 70 elementos controlan el acceso a pie y con patrullas a la zona y cerraron el paso al tránsito vehicular en la calle Pensador Mexicano desde el el Eje Central hasta Valerio Trujano.
La sede de Calzada de Guadalupe y Clavé, colonia 7 de Julio, en el norte de la ciudad, fue tomada a las 11 de la noche del sábado y permanecen 30 agentes federales.
Instalaciones como la subestaciones de la Central de Abasto, en Iztapalapa y Jamaica, en Iztacalco, así como la sede del denominado Sector Cables, delegación Cuauhtémoc, eran vigiladas por grupos de casi 60 elementos y, de acuerdo con fuentes consultadas, grupos de ingenieros militares certificaron la operación normal de los equipos hasta que personal de la CFE los sustituyó este domingo.
Otros 4 mil elementos federales se encuentran repartidos en cuatro entidades para custodiar la zona perimetral de instalaciones de LFC en los estados de México, Puebla, Hidalgo y Morelos.

Los fondos provendrían de ahorros oficiales previstos para el último trimestre de 2009
Ofrece el gobierno finiquitos equivalentes a 2.5 años de salario a empleados de LFC

Con objeto de agilizar la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal propuso que las liquidaciones a los trabajadores electricistas equivaldrán, en promedio, a dos años y medio de sus salarios. La oferta gubernamental incluye 4 mil millones de pesos extras al monto original previsto de 16 mil millones de pesos, si los pagos son aceptados por los trabajadores antes del 14 de noviembre.
El secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano señaló que esta aportación extraordinaria por aceptar las liquidaciones en la fecha referida tienen un impacto gradual según el pago formal a cada trabajador: 10 por ciento más para los que tienen menos de seis años de antigüedad; 20 por ciento, hasta 11 años de antigüedad; 40 por ciento hasta 21 años; 60 por ciento para quienes tengan menos de 26 años y 80 por ciento para quienes superen esos años de laborar.
En el marco de la conferencia de prensa ofrecida en la Secretaría de Gobernación por diversos secretarios de Estado, Lozano sostuvo que, en principio, los pagos se realizarán conforme a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y el contrato colectivo de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas. A pregunta expresa, mencionó que está prevista la recontratación de personal en función de las necesidades de la Comisión Federal de Electricidad, que administrará por ahora la empresa en liquidación.
Bajo estas condiciones, según evaluó el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, el costo global será de 16 mil millones de pesos, aunque la cifra subiría a 20 mil millones, de aceptarse las condiciones descritas por Lozano. El financiamiento provendría de ahorros que prevé el gobierno tener en el último trimestre del año; en recursos destinados a la restructura de empresas y ajustes de personal en cuyo caso se obtenga un ahorro al ejecutar.
Ofrecimiento de garantías a jubilados
Por su parte, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, dijo que las pensiones de los jubilados serán garantizadas por el gobierno federal y refirió que quienes estén en estas condiciones el miércoles podrán cobrar normalmente sus percepciones.
En su afán de destacar las condiciones excepcionales de liquidación a los trabajadores del SME, Lozano mencionó que, en términos normales, éstas deberían ser de tres meses más 12 días por año de antigüedad, conforme a la Ley Federal del Trabajo.
Sin embargo, el funcionario dijo que la instrucción presidencial para la liquidación de los trabajadores del SME es que, sin contar el porcentaje por la aceptación rápida, sea de:
Veinte días por año de antigüedad, una compensación adicional de 14 días de salario integrado por año de antigüedad a aquellos trabajadores de más de 15 años de trabajo; una indemnización de tres meses de salario integrado conforme a la LFT; pago de fondo de ahorro de lo acumulado en el año; el aguinaldo proporcional; las vacaciones proporcionales no devengadas y otra indemnización por año laborado de 20 días del salario integrado por cada año de antigüedad; una indemnización por extinción de la empresa de tres meses adicionales de salario integrado y una prima adicional de antigüedad de 24 días de salario mínimo por cada año de antigüedad en términos de la LFT.
Lozano indicó que las liquidaciones estarán disponibles a partir de este 14 de octubre y mencionó que en 20 oficinas de la extinta compañía se podrán conocer las bases de liquidación para que se puedan recoger los pagos en presencia de personal de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
Menú para que los despedidos inviertan adecuadamente

Como parte del paquete de ofertas al Sindicato Mexicano de Electricistas, el secretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, informó que “la instrucción que tenemos el secretario de Economía, el secretario de Hacienda y el del Trabajo y Previsión Social es brindar un menú de opciones a quienes por razón misma de esta causa de fuerza mayor terminarán sus relaciones individuales de trabajo con el extinto organismo de Luz y Fuerza del Centro para que puedan, por un lado, contar con orientación, apoyo especializado para el uso de su indemnización y cursos de capacitación para adecuadamente poder invertir estos recursos en negocios propios.
También estamos buscando la instrumentación de programas de autoempleo y formación de empresas, insisto, para que con la indemnización correspondiente los trabajadores puedan iniciar un negocio propio y también a través del Servicio Nacional de Empleo todo el portafolio de servicios, primero, de vinculación entre oferta y demanda laboral, pero también en capacitación muy especializada y, desde luego, de una nueva modalidad de contingencias laborales que vamos a instrumentar precisamente para dar cabida al mayor número de trabajadores que, con motivo de esta causa de fuerza mayor, quedarán sin empleo.