Latrocinio Priista en Oaxaca

Robo priísta de recursos, explicación de la pobreza en Oaxaca: AMLO

Pedirá apoyo de la CNDH para evitar violencia contra líderes sociales
Ulises Ruiz amenaza para evitar que se conozca abandono de poblados

Gira de Andrés Manuel López Obrador por OaxacaFoto La Jornada
Ciro Pérez Silva
Enviado
Santo Domingo Ozolotepec, Oax., 29 de agosto. Andrés Manuel López Obrador anunció aquí que pedirá la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para evitar que se siga hostigando a los maestros y líderes sociales de esta entidad, además de que se acabe la violencia que la víspera tuvo como consecuencia el asesinato del profesor Artemio Camacho Sarabia y dejó heridas a dos de sus compañeras, entre ellas Leónides Celia Mejía, luego de un enfrentamiento entre miembros de las secciones 22 y 59 del SNTE.
El tabasqueño lamentó que la violencia sea el signo que ha marcado el gobierno de Ulises Ruiz cuando se trata de atender conflictos sociales, particularmente cuando involucran al magisterio.
Por otra parte, afirmó que la pobreza en Oaxaca y el abandono de sus comunidades sólo se explican por la robadera de los recursos públicos hecha por los gobernadores del PRI que a lo largo de 80 años han mandado en esta entidad.
Al continuar este sábado su gira de trabajo por las comunidades de la sierra sur del estado, el ex candidato presidencial sostuvo que el temor de Ulises Ruiz de que la gente conozca la situación de olvido en que están comunidades tan aisladas que tardan meses en conocer las noticias del país, se refleja en las amenazas con que trata de impedir este recorrido.
A los presidentes municipales los amenaza diciendo que si nos reciben les van a quitar los programas federales o estatales, y ese gobernador ladrón y corrupto ha llegado al colmo mandando decir, por medio de sus delegados de gobierno, que si nos reciben en los municipios el IFE los va a multar; eso no habla más que del temor que tienen de que la gente descubra la realidad de Oaxaca.
El tabasqueño escuchó de los habitantes de esta región que ya no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas, menos para las obras de infraestructura más indispensables, particularmente los caminos de acceso a las cabeceras municipales, las cuales en su mayoría carecen de pavimento. Otro reclamo reiterado es el de la construcción de centros de salud, ya que los que tienen no les resuelven problemas elementales por la carencia de médicos y medicinas, lo que los obliga a trasladar a sus enfermos hasta Miahuatlán, uno de los puntos urbanos más cercanos, pero que les toma hasta seis u ocho horas para llegar.
Asimismo –dijeron–, requieren servicios jurídicos que asesoren a los habitantes de esta región, así como libros para las bibliotecas de los alumnos, cuya educación no llega más allá de la preparatoria, e inclusive viviendas. En este recorrido, López Obrador ha escuchado también las quejas de egresados del bachillerato, para quienes no queda otra alternativa que el trabajo en el campo.
Nuestro pueblo no merece sufrir tanto, no merece tanta pobreza. No se justifica en un país como México, porque a pesar de que por años lo han saqueado, todavía hay recursos naturales, como selvas, litorales, bosques; hay recursos, pero lo que ha sucedido es que un grupo, ese que llevó al poder a Felipe Calderón y que se siente dueño del país, se queda con todo.
Otra de las quejas de los oaxaqueños de esta región es que los políticos sólo vienen a estas alejadas comunidades si acaso cuando necesitan su voto, aunque después, como sucede en buena parte del país, no vuelven.
Esos políticos del PRI que los han gobernado por 80 años tienen un truco bien ensayado, primero empobrecen al pueblo y en época de elecciones le dan migajas, como materiales de construcción, despensas y hasta dinero en efectivo, pero una vez que recogen los votos, a seguir robando; hay que hacer conciencia de que eso que les dan es pan para hoy y hambre para mañana; el pueblo ya no está para limosnas.
Oportunidad de cambio
Les recordó que el próximo julio habrá elecciones en Oaxaca para cambiar al gobernador, y ustedes tienen una gran oportunidad para que puedan apoyar a un gobernador honrado, no como Ulises Ruiz, que es mala entraña. Pueden sacar a esos gobernadores que se han dedicado a robar al pueblo para hacerse grandes con los recursos públicos, dijo.
Acompañado por los senadores Gabino Cué, de Convergencia, y Salomón Jara, del PRD, el tabasqueño lamentó junto con los oaxaqueños de esta región que el campo esté abandonado y no cuenten con programas productivos, que haya caminos como el que conduce a la región de Ozolotepec, del que el gobierno estatal asegura que está pavimentado, cuando en realidad sólo hay asfalto en 2 o 3 kilómetros.
Estoy seguro de que se roban los recursos. Hay que llamar las cosas por su nombre: Ulises Ruiz no puede justificar muchos bienes, como ese hospital privado que tiene en la ciudad de México, que cuesta mil 500 millones de pesos. ¿Puede explicar de dónde sacó ese dinero? Lo sacó de la corrupción, por mentir sobre caminos como el de Ozolotepec.
Destacó que con un gobierno honesto se pueden lograr avances importantes para la sociedad oaxaqueña, e insistió en que no se puede justificar que en el DF haya becas para todos los estudiantes de preparatoria, para madres solteras y para discapacitados, que se entreguen útiles escolares, uniformes,y hasta zapatos para los alumnos de primaria, y aquí no. La repuesta es que todo se roban y a ustedes no les llega nada.

La Auditoría Superior de la Federación

Arnaldo Córdova
Tradicionalmente, en el derecho público la palabra auditar y derivados como audiencia y auditor tienen una larga historia. En España, desde hace siglos, tienen que ver con la impartición de justicia. Se trata de la actividad de los tribunales que escuchan quejas y resuelven conforme a derecho. Provienen del latín audire (audit), escuchar. En el derecho económico anglosajón y sus ramas significa el examen de la actividad contable de un ente público o privado y en señalamientos que indican si se cumplió con las reglas de operación o con la ley. En esta segunda acepción nosotros las hemos adoptado.
La cuenta pública es el registro que se hace de los gastos que efectúan las entidades públicas, federales o locales, de acuerdo con y siguiendo los lineamientos de los presupuestos de egresos que se aprueban en los poderes legislativos federal y locales. La auditoría, en estos casos, es un control que se lleva a cabo por un ente autorizado para ello por la Constitución y cuya misión, hasta ahora, es sólo la de comprobar si dichos lineamientos se han seguido o no. Si no se han seguido y, encima, se ha hecho mal uso de los dineros públicos, tal y como están las cosas hoy, no pasa nada porque las observaciones de ese ente no son coercitivas.
Ese ente se llama en la letra de la Constitución (artículos 74, fracciones II y VI, y 79), desde hace 10 años: Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y en la ley reglamentaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se denomina simplemente Auditoría Superior de la Federación. En el artículo 2 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en las 19 fracciones que lo integran, se da el sentido de varios conceptos y, en la primera de esas fracciones, se define a la Auditoría Superior de la Federación como la entidad de fiscalización superior de la Federación a que hacen referencia los artículos 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No es mucho, pero es lo que dice.
El hecho es que ese órgano no tiene otra misión que la de dar a conocer el examen que realiza sobre la cuenta pública de todos los órganos integrantes de la administración pública federal, local y municipal. De su examen no se deriva ninguna responsabilidad para los órganos infractores de las normas del gasto público y sus señalamientos no obligan a nadie, no son vinculantes, como se dice en la jerga legal. El gobierno de Zedillo consideró que ya era hora de que, según los reclamos de la ciudadanía, existiera un ente que se encargara de informar del modo en el que desde el gobierno se hace uso de los dineros del pueblo. Pero se guardó muy bien de que ese examen diera lugar a sanciones o correcciones de ningún tipo.
Estábamos en las postrimerías del régimen priísta, por lo que nunca pudimos saber nada de lo que sus funcionarios hicieron en el pasado. Luego supimos, por lo menos, lo que los nuevos gobernantes panistas estuvieron haciendo. A cada informe de la ASF nos escandalizábamos más y más por las tropelías que acumulaban y, junto con ellos, los remanentes priístas y algunos otros en los estados de la República. Durante estos 10 años se ha señalado de todas partes el hecho de que ya no nos basta con conocer las irregularidades en el ejercicio del gasto.
La ASF es un anómalo órgano dependiente de una de las comisiones de la Cámara de Diputados, la de Vigilancia, y carece de autonomía administrativa. Hace unos días se llevó a cabo un seminario en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el cual surgió muy claro el clamor de que un órgano que adquiría rango constitucional (ahora se le dedica todo un artículo de la Carta Magna, el 79, antes dedicado todo a la Comisión Permanente del Congreso, y dos fracciones del 74) no tenga en los hechos esa alcurnia, sino que sea una simple oficina de revisión de cuentas sin efectos legales de ninguna especie.
Aparte de que ahora podemos saber cómo se gasta el dinero público, eso que en la política actual se ha planteado como una característica definitoria de un gobierno democrático y que es la rendición de cuentas de todas las instituciones estatales, ahora es un concepto constitucional, pero, paradójicamente, sin efecto alguno institucional. Podemos saber que los funcionarios públicos y los políticos se roban el dinero del pueblo, pero no tenemos a la mano ningún medio que llame a responsabilidades y sean castigados los ladrones. El auditor superior de la Federación, Arturo González de Aragón, ha hecho un magnífico trabajo y, también, denuncias puntuales del mal gasto que nos horrorizan, pero no podemos hacer nada.
César Nava, ese pequeño merolico y fajador como su antecesor en la presidencia del PAN, igual que su pequeño jefe, se lanzó contra él alegando que no garantizaba honorabilidad ni confianza. El auditor lo desenmascaró y lo puso en su lugar. Sólo respira por la herida, pues, en su turno, le hizo notar sus tropelías cuando fue funcionario de la Secretaría de Energía, con Calderón, y sabemos más de lo que hizo en otros órganos públicos en los que ha calentado la silla. Los panistas en el gobierno no quieren que González de Aragón repita en su importante cargo y harán todo lo posible para que eso no suceda.
Aquí el punto, sin embargo, no es el destino de González de Aragón, sino el de la misma Auditoría Superior de la Federación. Esta debe ser un órgano autónomo en toda la extensión de la palabra. Debe ser nombrada por la Cámara de Diputados, que es el órgano encargado de controlar la política económica del gobierno, pero debe ser autónoma. Debe contar con un estatuto propio, con los medios suficientes (presupuesto) para desarrollar sus funciones. Debe tener la máxima autoridad para obtener información de todos los órganos del Estado a todos los niveles, aun sobre las alcahueterías del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información).Y, ante todo, sus observaciones deben ser vinculatorias, vale decir, que deben dar lugar a sanciones.
El auditor superior de la Federación nos está informando continuamente de copiosas irregularidades sobre las que, al parecer, no es posible poner remedio. Los últimos dos botones de muestra: uno, en el último año de gobierno de Fox y el primero de Calderón desaparecieron 37 mil millones de pesos provenientes de préstamos del extranjero y otros recursos disponibles; otro, en el ejercicio fiscal de 2007 se desviaron como dádivas a los sindicatos, mediante un fideicomiso que está en vías de desaparecer, 30 mil 879 millones de pesos. Y no pasa nada.