El Nerviosismo de la Oligarquia

El Arreglo

Luis Javier Garrido

Las componendas entre el PRI y el PAN, tratando de salvar al gobierno calderonista de facto no pueden sino seguir incidiendo en el desastre nacional, como se ve ahora con el caso del presupuesto.
1. El cogobierno PRI-PAN, acordado por Carlos Salinas de Gortari y los panistas en 1988 ante la pérdida de legitimidad del régimen priísta y la inconformidad social que se organizaba, y que se supuso que tras el señuelo de la transición a la democracia iba a garantizar a ultranza los intereses de la mafia de seudo empresarios salinistas, pero dando también cabida en los grandes negocios derivados del tráfico de influencias a capitalistas filopanistas (principalmente del norte) y a prominentes miembros de Acción Nacional, ha entrado en una situación crítica a mediados del sexenio de facto de Felipe Calderón a consecuencia de la corrupción e ineptitud de los panistas, que no hace sino recordar su origen espurio.
2. La situación actual es para quienes tratan de gobernar la más grave que haya tenido el país, pues el fracaso del modelo neoliberal y de las políticas oficiales para encubrir lo que acontece ha llegado a límites insostenibles, y no deja lugar a más improvisaciones, lo que ha creado las condiciones para el nuevo protagonismo de Salinas.
3. El esquema original diseñado por Carlos Salinas antes de 1988 para aparentar cambiarlo todo sin que nada cambiase suponía que el PRI conservaría el gobierno federal e iría abriendo espacios de manera gradual y únicamente al PAN, a nivel local, pero primero la emergencia de una fuerza de izquierda electoral (aun con todos sus vicios y desviaciones derechistas) y luego la crisis de 1994, derivada del fracaso del proyecto neoliberal adoptado por el salinismo, condujo a que la administración de Clinton forzase sin mucho esfuerzo a Zedillo a entregar en 2000 el gobierno federal a la derecha panista, que sucedió así a la derecha priísta, la cual no dejó de ser nunca su modelo. El esquema, en consecuencia, se revirtió y Acción Nacional se adueñó en el año 2000 del gobierno federal y los priístas se replegaron a los gobiernos locales.
4. El argumento esgrimido por Diego Fernández de Cevallos en aquellos años de cochupos y concertacesiones para justificar que los priístas entregaran parcelas del poder económico y político al PAN y a sus amigos fue que la Revolución Mexicana no podía ser patrimonio de un partido, lo que quería decir que el tráfico de influencias debería compartirse como efectivamente se hizo. Lo que no dijo entonces fue, sin embargo, que los panistas iban a ser tanto o más corruptos e ineptos que los priístas, lo cual ahora hace inviable que la gente del PAN siga hundiendo al país.
5. El hecho ignominioso de bautizar un bulevar de Campeche con el nombre del traficante de influencias Juan Camilo Mouriño no es nada más un botón de muestra de la prepotencia de la derecha yunquista-calderonista: constituye un reconocimiento explícito de Calderón de la naturaleza corrupta de su gobierno. ¿Y qué otra cosa es la entrega, en contra de la Constitución, de contratos contrarios a los intereses de Pemex a Saipem, una firma desconocida, según reveló La Jornada el día 28?
6. El abatimiento privado (y público) de Calderón, aunado al activismo público de Carlos Salinas, no hace más que anunciar lo que está aconteciendo en el caótico escenario actual de la administración pública mexicana, pues Salinas ejerce ya no de trasmano, como lo venía haciendo, sino de manera cada vez más directa el poder: a nivel local a través de muchos gobernadores, en el plano legislativo por conducto de Paco Rojas y de Manlio, en lo político por medio de Beatriz, en la inepta administración pública panista por la vía de Diego y sus amanuenses o de la gente de la Gordillo, y finalmente en Los Pinos gracias a un Calderón que no tiene más proyecto que seguir dando concesiones y negocios a sus amigos españoles y salinistas y a múltiples trasnacionales.
7. Ni los gobernantes del PRI de los años de la tecnocracia (1982-2000) ni los del PAN después del 2000 tuvieron un proyecto nacional, y sólo se limitaron a imponer los programitas de los organismos financieros y a operar el desmantelamiento de la nación para beneficio de las corporaciones extranjeras y de las mafias a las que servían, entendiendo claramente cuál era la naturaleza de la alianza PRI-PAN y la mecánica del poder. El senador panista Javier Corral, quien se vio forzado a reconocer el lunes 28 haber tenido una relación cercana con Salinas, como todos los panistas, no logró con sus arrebatos pedir que el PAN procesara a Salinas, pero sí evidenciar cuál es la naturaleza de su partido.
8. La derecha mexicana está dividida entre el PRI y el PAN, y si algunos de sus miembros más destacados optaron en 2000 por el PAN, ahora están reculando y buscan reconsiderarlo todo, aunque quiten credibilidad a la patraña de la alternancia, que antes se había dicho incluso bárbaramente que era una transición.
9. Las mafias beneficiarias del gobierno de facto calderonista se han planteado con crudeza la realidad de lo que acontece y, por lo mismo, piensan de manera abierta, como sabe todo México, en un gobierno del PRI en 2012, para el que tentativamente están apoyando a Enrique Peña Nieto, lo que no tiene todas las simpatías de Washington, a pesar de que algunos funcionarios de la administración de Obama estén dispuestos a apechugar ante las dimensiones del desastre mexicano, aunque siguen sin entender que la única salida posible para nuestro país de este escenario crítico en que lo han sumergido Calderón y la alianza PRI-PAN, es tener un gobierno de verdadera alternancia: alejado de priístas y panistas.
10. La realidad apunta en una dirección muy distinta a la de las mafias en el poder, pues una clara mayoría de mexicanos no quieren ya un gobierno del PAN ni del PRI, y eso lo saben los usufructuarios del gobierno espurio. Como también conocen la fuerza creciente del Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, de la Soberanía Nacional y de la Economía Popular, que ha impulsado de manera incansable Andrés Manuel López Obrador, constituyendo una formidable alternativa popular dispuesta a ser gobierno. Las componendas entre panistas y priístas rescatarán muchos intereses espurios, pero no podrán detener el hundimiento del gobierno ni mucho menos el desastre nacional.

El nerviosismo

Luis Javier Garrido
La decisión del gobierno de facto de Felipe Calderón de buscar una confrontación con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), desconociendo a su dirigencia con vistas a acelerar la privatización inconstitucional de la industria eléctrica, no parece sino ahondar la grave crisis por la que atraviesa el país.
1. El nerviosismo, que no pueden ya ocultar los usufructuarios del poder en México ante el fracaso estrepitoso de Calderón al tercer año de su imposición, ha llevado al gobierno espurio a una nueva iniciativa de corte fascistoide –una confrontación gratuita con el SME– que entraña nuevos riesgos para todos los mexicanos sin que los grandes empresarios parezcan darse cuenta de la gravedad de lo que acontece.
2. Las expresiones vertidas el lunes 5 por Ricardo González Sada, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), decretando que está agotado el sistema económico y político de México y exigiendo las reformas estructurales (que para él han de ser, además de la hacendaria, en materia laboral, energética, política y educativa), para no tener que esperar hasta el 2012 (en que al parecer ese grupo piensa fortalecer su poder), no hacen más que reflejar la desesperación no de los pequeños y medianos empresarios del país, sino de los más importantes traficantes de influencias por el fracaso de Calderón (Milenio Diario, 6/10/09).
3. El objetivo real de las reformas estructurales en este ámbito aparece ahora de nuevo tras la confrontación decretada por Felipe Calderón y Javier Lozano contra los electricistas, y no es otro que el viejo proyecto conocido de entregar plenamente el control estratégico del sector energético del país al capital trasnacional y a Washington. Otro vocero de la ultraderecha, Armando Paredes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), lo precisaba hace dos días afirmando que era urgente privatizar Luz y Fuerza del Centro, y fusionarla a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ya en proceso anticonstitucional de privatización (Milenio Diario, 8/10/09).
4. La acometida oficial contra el SME se le va revertir muy pronto a Calderón y a sus amigos, pues busca doblegar por vías anticonstitucionales e ilegales a la organización sindical a fin de poder entregar el control de la industria eléctrica al capital trasnacional, por lo que no es sólo violatoria de la autonomía sindical y de derechos fundamentales de los trabajadores electricistas, lo que la hace una agresión contra la clase trabajadora del país en su conjunto, sino que constituye también una agresión contra el pueblo mexicano al tener como finalidad última entregar de manera ilícita la industria eléctrica a corporaciones privadas extranjeras, contradiciendo el principio sustentado en los artículos 25 y 28 constitucionales, que establecen que el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, diversas áreas estratégicas entre las que señala la electricidad.
5. La intentona de Los Pinos no entraña sorpresa alguna, pues se sabe que los estrategas del PP español han escogido esta coyuntura para el enfrentamiento con el SME para desviar la atención social por el fracaso de Calderón ante el paquete presupuestario de 2010. Diversos medios internacionales han señalado desde hace días, mucho antes de que la Secretaría del Trabajo desconociera a la dirigencia sindical, que el gobierno de facto calderonista prepara una ocupación policiaco-militar de las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro con el objetivo de destruir al SME y proceder a la privatización de la compañía, por lo que dada esta situación nada de lo que acontezca podría sorprender (Labor Notes, núm. 2478).
6. Los hechos derivados de la decisión del gobierno de facto de desconocer a la legítima dirigencia del SME se han ido presentando así como una nueva tragicomedia del calderonismo. Envalentonado, Calderón convocó ya el miércoles desde León, con aires de farsante, a emprender una nueva reforma energética, y el titular de Gobernación boletinó a los medios una serie de advertencias asumiéndose como un jefe militar en guerra contra los electricistas, lo que no descarta aplicar en este caso toda la fuerza del Estado. Un caso que tiene su origen en una provocación gubernamental: la decisión de Calderón y Lozano de desconocer a la legítima dirigencia del SME.
7. La insensata andanada de Calderón y Lozano contra el SME es aún más irracional al ir dirigida contra un sindicato que ha tenido una dirigencia moderada, dispuesta al diálogo y a la negociación, y que sólo se opuso a las pretensiones del gobierno cuando éstas fueron abiertamente descabelladas, como ahora, en que Calderón y Lozano han pretendido que su secretario general, Martín Esparza, aceptase el despido de 20 mil trabajadores para reducir a la mitad la plantilla laboral, y convalidase las demás políticas oficiales en vías a liquidar Luz y Fuerza del Centro, según han filtrado a los medios funcionarios de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
8. En todo caso, la decisión gubernamental de buscar esta confrontación deriva también del nerviosismo de las mafias en el poder por mantenerse en él, ya que entienden que los enclaves sindicales que conservan espacios democráticos serían una fuerza importante de oposición en 2012, por lo que buscan desde ahora destruirlos. Y si han fracasado hasta ahora en el caso del sindicato minero creen poderlo lograr con los electricistas. De ahí la desaforada campaña en los medios contra el SME buscando presentarlo como el responsable de las prevaricaciones e ineptitudes del grupo calderonista y culpándolo del mal manejo de la industria eléctrica del país, que se ha estado privatizando de manera anticonstitucional e ilegal en los últimos cuatro sexenios, y que ahora Calderón quiere compartir aún más con sus asociados españoles.
9. Los usufructuarios mexicanos del poder se asemejan de esta manera en el tercer año del sexenio, ante la impotencia e ineptitud del gobierno de Calderón para privatizar las empresas públicas, a los miembros de una gavilla del Lejano Oeste que tras entrar a asaltar un banco y no lograr abrir la caja fuerte se culpan unos a otros y se dedican a atracar a todo aquel que encuentran.
10. Las exigencias de la ultraderecha mexicana, que evidenciando un nerviosismo desquiciado ha perdido por completo el sentido de la realidad, y se está lanzando en múltiples ámbitos contra la mayoría de los mexicanos, están empinando al gobierno de facto a una situación cada vez más difícil que no hace sino ahondar la crisis del país y exacerbar el ánimo de amplios sectores.

Un crimen en un colegio salesiano que puso en evidencia las curiosidades de la justicia potosina
Atentados, sospechas, sotanas y una joven muerta; cronología del caso Shantal

El asesinato de Shantal González tiene varias características que lo hacen notorio de entre los cientos de asesinatos ocurridos en San Luis Potosí en los últimos años: ocurrió durante el día, dentro de una escuela prestigiada, contra una joven de clase media alta, y con las sospechas recayendo de inmediato en el personal de la misma institución, cuando se descubrió que la escena del crimen fue alterada y los videos de vigilancia, que podrían haber mostrado sin duda al culpable, editados de forma inexplicable, mientras varios investigadores eran agredidos por, al parecer, estar muy cerca de encontrar al o los culpables.20 de octubre de 2007
Itzachel Shantal González López de 16 años, hijastra del Ramiro Moctezuma Jefe del Estado Mayor de Seguridad Pública del Estado, es reportada extraviada. Luego de que asistiera a una práctica de porristas salió de su escuela, el Instituto Salesiano “Carlos Gómez” en dónde cursaba el cuarto semestre de preparatoria y en compañía de sus amigos se dirige a una tienda, minutos después regresa sola al instituto. Casi de manera inmediata, alrededor de las 2 de la tarde llama a su casa y le pide a su mamá, la señora María Teresa López Ortega que pase por ella al colegio.Más tarde su familia acude a recogerla, sin embargo no la encuentran, ante lo que deciden tocar en la escuela y son atendidos por el director de la institución, Antonio Martínez Martínez, quien les indica que tal vez se fue con amigos o a alguna actividad y que no se preocupen, para entonces el celular de Itzachel Shantal ya está fuera de servicio.
22 de octubre de 2007
Alrededor de las 7:05 de la mañana es encontrado el cuerpo de Itzachel Shantal en el aula audiovisual del edificio principal del instituto, misma zona que se encontraba en remodelación. Albañiles y personal de intendencia localizan sin vida a la joven entre una colchoneta cubierta de escombros (tenía entre 40 y 42 horas de haber sido asesinada)El director del Instituto Salesiano, Antonio Martínez Martínez, decide solicitar la presencia del comandante Luís Gerardo Olvera, entonces titular de la DGSPM, quien es señalado como la primera autoridad en llegar al lugar de los hechos. Mismo que posteriormente es acusado de permitir que el lugar y las evidencias fueran contaminadas.Al lugar arriba también el subprocurador Héctor Vega Robles (quien posteriormente fuera secretario general de Gobierno) el cual declara que el cuerpo de Shantal presenta signos de violencia.Además acude el comisario de seguridad pública del estado, Cesáreo Carvajal Guajardo, quien descarta que el homicidio tenga relación con los casos de asesinatos a miembros de la policía registrados por aquellos mismos días. Se suspenden las clases en el Instituto por un par de días con la finalidad de facilitar las investigaciones.
11 de febrero de 2008
El entonces mandatario Marcelo de los Santos Fraga, dice que se están realizando investigaciones a fondo, pues no se quieren dar pasos en falso en el asunto, por lo que la PGJE está trabajando en el caso.
12 de febrero de 2008
Se publica en los medios de comunicación que el Instituto Salesiano contrató seguridad privada, manteniendo cuatro guardias de manera permanente en el lugar, restringiendo el acceso a las instalaciones y llevando una bitácora rigurosa de quiénes entraban y salían del lugar. Además se reporta que se han comenzado a cancelar diversas actividades del colegio, como la coronación de las princesas y el rally al Valle de los Fantasmas.
marzo de 2008
Luego de más de seiscientas declaraciones recopiladas entre familiares, amigos, padres de familia y maestros de la institución, la comunidad salesiana muestra su indignación y preocupación debido a que ya habían pasado cuatro meses de los hechos y el caso seguía sin resolverse. Además denuncian diversas irregularidades en la recopilación de testimonios, pues aseguran que durante los interrogatorios hubo calumnias y difamaciones, añadiendo que algunos de los declarantes habían sufrido de violencia psicológica y física, y por si fuera poco acusan presuntos sobornos para inculpar a sacerdotes de la institución.
12 de octubre de 2008
El entonces procurador Martin Camberos Hernández informa que la escena del crimen fue alterada y que el lugar fue totalmente contaminado, mismo hecho que obstaculizaba la investigación.
17 de octubre de 2008
El entonces secretario general de Gobierno, Alfonso Castillo Machuca, reconoce que los directivos del Instituto Salesiano entregaron videos editados, lo cual ha complicado la investigación y esclarecimiento del homicidio. Además de que expresa que a toda costa se estaba evitando la fuga de información para no complicar más las cosas. Para entonces ya se conoce que el caso ha sido colocado por la PGJE dentro de los asuntos relevantes y de alto impacto social.
18 de octubre de 2008
Juan José Zavala Pérez, Presidente de la Asociación Potosina de Abogados, informa que el avance de las investigaciones del caso es de un 70 por ciento, por lo cual ya se puede girar una orden de aprensión en contra del o los responsables.
20 de octubre de 2008
Amigos y familiares de Itzachel Shantal González López se reúnen en una misa en la iglesia del Perpetuo Socorro, en el primer aniversario luctuoso de la joven, para entonces el caso sigue sin respuestas.El criminólogo Juan Manuel Vega pone en duda la capacidad de la procuraduría del estado, al indicar que el asesino de Shantal se encontraba dentro del Salesiano, además de condenar el hermetismo con el que se llevaba el caso. Para entonces la procuraduría había anunciado un avance del 90% por ciento en las investigaciones del caso.
23 de octubre de 2008
El ex judicial Julio Ceballos presenta en una rueda de prensa su libro “Shantal, asesinato en el Salesiano”, en el cual dice recopilar información autentica en base a una investigación policiaca, además de que señala como responsable del homicidio al sacerdote José Carlos Contreras Rodríguez, añadiendo que el asesino era zurdo. Además argumenta que el homicida estaba protegido, y que los policías guardaban silencio para proteger a la institución educativa y a la iglesia católica. Denuncia además que la PGJE tenía la mayoría de las pruebas “y no las vieron o no las quisieron ver porque a los policías les callaron la boca y les taparon los ojos”.Además señala que el asesinato de Shantal ocurrió en la casa salesiana y de ahí su cuerpo fue trasladado al aula audiovisual del plantel educativo. Ese mismo día, Isaac Cárdenas Martell, quien escribiera el prologo de este libro, asegura una compenetración innegable de la iglesia y el estado, por lo que él o los criminales eran protegidos, asegura además que él y Julio Ceballos han recibido amenazas.
25 de noviembre de 2008
Dos personas atentan contra Julio Ceballos, propinándole un machetazo en la cabeza.
24 de agosto de 2009
Se gira una orden de aprehensión en contra de José Carlos Contreras Rodríguez, hecho que nunca fue ejecutado ni dado a conocer por las autoridades.
13 de septiembre de 2009
Martin Camberos Hernández, procurador del estado, señala que el caso no está en el abandono, y menciona que no puede proporcionar información al respecto, pues se comprometió a que el caso de Shantal se mantendría en total confidencialidad, sin embargo asegura que el asunto se seguía investigando.
17 de septiembre de 2009
El diputado Pedro Pablo Cepeda Sierra pide que no exista impunidad en el caso y exige que se haga justicia antes de que concluya el sexenio marcelista.
6 de octubre de 2009
El nuevo titular de la PGJE, Cándido Ochoa Rosas informa que ya existe una orden de aprehensión en el caso.
7 de octubre de 2009El padre José Carlos Contreras Rodríguez se entrega voluntariamente a las autoridades, alegando ser inocente.

http://www.proceso.com.mx/impreso_articulo.php?articulo=149691

El lucro, origen del conflicto entre el SME y Calderón

ROSALíA VERGARA
El gobierno del presidente Felipe Calderón, por medio de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, pretende acabar con Luz y Fuerza del Centro para apropiarse de una red de más de mil kilómetros de fibra óptica, infraestructura que utilizaría para realizar negocios multimillonarios con los colosos de las telecomunicaciones. Este es, asegura a Proceso el dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, el trasfondo del conflicto que ha llevado al gobierno calderonista a intentar destruir a esa organización.Detrás del embate del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa contra el grupo sindical representado por Martín Esparza Flores –a quien el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, negó la toma de nota como secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– se encuentra la disputa por la concesión de la red de mil 100 kilómetros de fibra óptica, propiedad de Luz y Fuerza del Centro, para instalar operar y explotar un sistema de telecomunicaciones.Así lo asegura en entrevista con Proceso el líder sindical y añade que, con ese fin, en julio de 1999 la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), dirigida entonces por Carlos Ruiz Sacristán, le otorgó a la empresa WL Comunicaciones, S.A. de C.V., la concesión mediante el acuerdo P/161299/0673.En mayo del año siguiente se formalizó el título que garantizaba a esta compañía de origen español –cuyos socios mayoritarios son los exsecretarios de Energía Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens– la posibilidad de operar la red por un plazo de 30 años, susceptible de ampliación.Desde 2000 el convenio ha sufrido modificaciones y se aplazó en tres ocasiones: en 2003, en 2005 y en 2007. Finalmente se decidió que el 16 de mayo de 2008 comenzarían los trabajos para la instalación de la red, pero el SME impidió la realización de las obras.Esparza comenta que el pasado 30 de junio el director de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC), Jorge Gutiérrez Vera, y él, en su carácter de secretario general del SME, solicitaron a la SCT un título de concesión para operar la red de fibra óptica y ofrecer servicios de voz, audio y datos –el llamado Triple Play– para entrar de lleno en el negocio de las telecomunicaciones.Asegura que a partir de esa fecha la dependencia tendría que haber respondido en dos o tres meses, pues cumplieron con los 40 requisitos exigidos para otorgar un título de esa naturaleza. Para respaldar su solicitud, dice, presentaron un estudio elaborado por el despacho De la Huerta y Weihouse, en el que se demuestra que LFC cuenta con capacidad para operar la red.El documento, precisa Esparza, propone un plan de negocios para ofrecer el servicio Power Line Communications (PLC) que posibilita la transmisión de voz y datos a través de cualquier línea eléctrica doméstica o de baja tensión. Esta tecnología se basa en un módem conectado a cualquier enchufe que permite, por ejemplo, el acceso a internet de alta velocidad.De acuerdo con el dirigente sindical, la utilización de este sistema con la infraes­tructura de LFC abarataría el costo de esos servicios, con lo que LFC y el SME se convertirían en una competencia real para Telmex o Cablevisión.Sin embargo, afirma, esta iniciativa provocó la molestia de Canales Clariond y de Martens; del exprocurador panista Antonio Lozano Gracia; del exsecretario de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Armando Salinas Torre, y de Salvador Canales, quienes exigen al gobierno que cumpla con el convenio validado por la SCT en 2000, para lo cual contrataron al bufete jurídico Fernández de Cevallos y Alba, S.C. Todos ellos tienen intereses en el caso, sostiene Esparza.–¿Cómo puede estar tan seguro de ello? –se le pregunta.–Lo sé porque en abril pasado el director de Luz y Fuerza y yo nos reunimos con esas personas. Salinas Torre es quien llevaba la representación del despacho de Diego Fernández de Cevallos.InteresesLas autoridades encabezadas por el presidente Felipe Calderón y su colaborador Javier Lozano pretenden obligar al SME a que permita a WL Comunicaciones instalar y operar la red de fibra óptica, sostiene Martín Esparza.Explica que la red de telecomunicaciones representa un gran negocio para el gobierno federal, que no tiene ninguna intención de otorgarle a LFC y al SME la concesión para operarla. Reconoce que él dio la instrucción para que no se permitiera a gente de la empresa instalar el servicio, “porque al sindicato nunca lo tomaron en cuenta a la hora de firmar el convenio”.“Se lo dije al presidente de la República, y estaba Javier Lozano ahí. Le dije: ¿quieres que esto avance? Danos nuestra concesión. No nos la das, yo no los dejo entrar. Y ya firmada la concesión nos dicen con quién hacemos alianzas, con Carlos Slim –dueño de Telmex–, con quien tú me digas. Pero no lo han hecho y nosotros no los dejamos subir”, refiere.Los opositores del dirigente sindical afirman que De la Huerta y Weihouse, sus asesores, “son gente de Lozano Alarcón”. El propio Esparza señala que no entiende la actitud del secretario del Trabajo, pues él los ayudó a elaborar el proyecto.–¿En el fondo de este problema se encuentra un conflicto de interés?– Así es.–Entonces, ¿Lozano Alarcón también está involucrado?–Si, él es consultor internacional en telecomunicaciones desde 1999. Él nos ayudó a elaborar la solicitud que entregamos a la Cofetel. Es un estudio económico y financiero para manejar la red.WL Comunicaciones fue creada el 23 de agosto de 1998, como se asienta en la escritura 1974, emitida por el notario público número 39 de la Ciudad de México, Ricardo Íñiguez.En el Registro Público de la Propiedad, folio 244069, está registrada la empresa desde el 2 de febrero de 1999, con una duración de 99 años y un capital de 50 mil pesos. Fue creada para “la instalación de cableado y canalizaciones telefónicas llevándose a cabo con sujeción a las disposiciones aplicables de la Ley General de Comunicación, reglamentos y aplicables y disposiciones administrativas por la autoridad competente”.La escritura también establece que los contratos que pretenda realizar con otras empresas de redes públicas de telecomunicaciones, permisionarios o prestadores de servicios, así como convenios de interconexión con otras redes, deberán ser aprobados por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).Asimismo, señala que podrá ofertar servicio de telefonía de larga distancia nacional e internacional; servicio de transmisión de datos; provisión y arrendamiento de la red para transmitir y recibir signos, señales, escritos, imágenes, voz, sonidos e “información de cualquier naturaleza”. Una de las condiciones para que la compañía pudiera operar era que contara con 100 millones de pesos para iniciar la prestación de servicios. Operaría en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y el Valle de México. La empresa utilizaría equipos de banda ancha para brindar el servicio.El 12 de enero de 2001, WL Comunicaciones solicitó la primera prórroga de un año para cumplir con los términos de la concesión; el 19 de marzo de 2002 pidió la segunda prórroga, con el argumento de que estaba en espera de la autorización de Ferrocarriles Mexicanos de un derecho de vía de Matamoros a la Ciudad de México, así como de Luz y Fuerza del Centro en el Valle de México y Toluca, para cumplir con su compromiso. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad se negó a aceptar su solicitud para el derecho de vía sobre torres de alta tensión. Ferrocarriles sí le dio permiso.El 9 de abril de 2003, el director de la Cofetel, Pedro Francisco Guerra Morales, autorizó a WL Comunicaciones una tercera prórroga para cumplir con la concesión, de acuerdo con el oficio CFT/D06/CGST/DGLVA/2575/2003. Incluso avaló la modificación de los términos de la concesión debido a que se usarían vías ferroviarias para la prestación del servicio.RapiñaEl 23 de agosto de 2005, Luz y Fuerza del Centro firmó un convenio con la empresa, representada en ese momento por Cristóbal Mario Canales Lebrija, para arrendarle el espacio de un cable de hilo de guarda para instalar un cable de 48 fibras ópticas en torres, cuadros y postes de las líneas de transmisión, así como un cable de 60 fibras ópticas en las rutas subterráneas para que operara y explotara una red pública de telecomunicaciones, mediante el pago de una renta como contraprestación al uso solicitado.Ese documento fue firmado por Canales Lebrija en representación de WL Comunicaciones, y por seis funcionarios de LFC, encabezados por el subdirector de Distribución y Comercialización, Óscar Luce González; no cuenta con la firma del director de la paraestatal.En diciembre de 2007, el convenio (folio C/001/2007) se modificó debido a que el 27 de noviembre de 2006 el presidente Vicente Fox decretó una reforma que modifica y adiciona la Ley Federal de Derechos. Este ordenamiento establece la obligación de pagar anualmente por el uso de postes, torres, ductos o bienes similares propiedad de organismos públicos descentralizados una cuota de 50 pesos por poste o torre, y de 550 pesos por kilómetro o fracción de ducto. Esos pagos entraron en vigor a partir de enero de 2007.Así, el convenio de arrendamiento firmado en 2005 quedó sin efecto, pues la empresa pagaría un derecho en lugar de renta, por lo que LFC entregó un permiso para uso de su infraestructura. Se modificó la cláusula 18 del convenio, a fin de que la empresa entregara 20 equipos de terminales ópticas para que la paraestatal operara 16 fibras ópticas, 24 subterráneas y pudiera usarlas para proveer de capacidad de red, que incluye voz, datos, video y cualquier otra tecnología disponible.Este servicio podrá ofrecerlo “a cualquiera de los entes que componen la Administración Pública Centralizada y Paraestatal Federal; de la Administración Pública Centralizada y Paraestatal pertenecientes a cualquiera de los tres niveles de gobierno; poderes Legislativo y Judicial, federal y local, órganos constitucionales autónomos y en general cualquier ente público que se encuentre situado dentro de la zona de influencia donde LFC desarrolle sus actividades. También podrán utilizarse los bienes para comunicaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno”.Para Esparza Flores, las autoridades están utilizando el conflicto interno del sindicato para finiquitar a LFC, privatizarla y poder operar desde el gobierno federal la red de fibra óptica.“Es un negocio, es una oportunidad para las empresas eléctricas porque además de la red de fibra óptica de mil 100 kilómetros, LFC cuenta con una cobertura de 1% en el territorio nacional. Tenemos la fibra para usos propios y capacidad de excedente. Podemos poner a disposición de la sociedad en general el servicio de voz, imagen e internet con una respuesta muy rápida”, puntualiza. El objetivo, dice, es abaratar los costos.Y afirma: “En el fondo está el interés de los empresarios que dicen que es momento de liquidar a LFC y acabar con el sindicato. Se trata de una agresión contra la empresa, los trabajadores y la autonomía sindical”.Añade que la STPS está tratando de “reventar” a la organización sindical para preparar una posible intervención a LFC. Es una labor, indica, que se está haciendo de manera paulatina, pues agentes de Gobernación y de la Policía Federal vestidos de civiles amedrentan a los trabajadores.–¿Y si deciden fusionar Luz y Fuerza del Centro con la Comisión Federal de Electricidad?–Sería una especie de privatización, pero habrá que preguntarle al SUTERM cuál contrato colectivo de trabajo le conviene: si el de ellos o el de nosotros. El intento de fusión les traerá problemas laborales. El contrato colectivo de trabajo existe. ¿Cómo lo van a liquidar? Mientras el SME exista no pueden liquidar a la empresa. Por eso quieren dejar al sindicato en estado de indefensión: para realizar sus planes de requisa.

El gobierno prepara la requisa

ROSALíA VERGARA
Desde hace seis meses, cuando comenzó la contienda para elegir al nuevo secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, quien buscaba reelegirse en el cargo, y Alejandro Muñoz Reséndiz, su contendiente, se enfrascaron en una gresca que se polarizó y hoy mantiene al gremio en la zozobra.En entrevistas por separado, ambos insisten en que ganaron los comicios del pasado 27 de mayo, y además de llamarse traidores se acusan mutuamente de corruptelas en el gremio. Esparza Flores asegura que él obtuvo más votos y reclama a la Junta de Conciliación y Arbitraje y al titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social(STPS), Javier Lozano Alarcón, que le reconozcan su triunfo y dejen de solapar a Muñoz Reséndiz.Esparza Flores, quien buscó la reelección para un tercer periodo que termina en 2011, insiste en que Lozano Alarcón se niega a entregarle la toma de nota, incluso llevó el conflicto intragremial a la Cámara de Diputados.Cuenta con el apoyo del PRI, PRD, PT, Convergencia y el Verde Ecologista, además de sindicatos como el de los Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), de los Telefonistas, así como de maestros disidentes y del Frente Sindical Mexicano. Sus seguidores se quejan porque, dicen, la STPS trata de entrometerse en la vida interna del SME y otros sindicatos. Muñoz Reséndiz, por su parte, cuenta con el apoyo de un núcleo numeroso de electricistas y trabajadores de base. Hasta hace unos meses ambos trabajaban de manera coordinada. Muñoz Reséndiz era el tesorero del Comité Central del SME encabezado por Esparza Flores. Pero los pasados comicios los enfrentaron y dividieron al gremio.De acuerdo con Esparza, quien desde el lunes 12 despacha en el octavo piso del edificio ubicado en Insurgentes 98, los problemas se agudizaron debido a que un grupo de jubilados “de derecha” encabezados por el exsecretario general Jorge Sánchez García, quien fue expulsado del sindicato por corruptelas, recuperaron la representación de los jubilados e intentan quedarse también con la dirigencia del SME.Ese grupo, insiste, mantiene buena relación con el gobierno de Felipe Calderón, pues incluso su representante, Rodolfo Bonilla Gómez, fue diputado por el PAN “y tiene relación con Los Pinos”.Además, el exsecretario general del SME, Rosendo Flores, apoyó a Muñoz Reséndiz en los pasados comicios y es cercano al senador panista Ulises Ramírez, quien a su vez tiene línea directa con el presidente Calderón. Rosendo Flores, dice Esparza, apoyó al panista Rubén Mendoza en los comicios del Estado de México en 2005, que ganó finalmente el priista Enrique Peña Nieto.E insiste: Muñoz Reséndiz, “quien fue tesorero del SME”, tuvo acercamientos con César Nava cuando el panista era secretario particular de Calderón en Los Pinos. Como prueba exhibe una carta con membrete de la Presidencia dirigida a Muñoz en la que el colaborador de Calderón le agradece al sindicalista “la fotografía que le envió en ocasión de su cumpleaños”. El escrito tiene fecha del 3 de septiembre de 2008.Sin embargo, Muñoz sostiene que esa carta y otras que recibió en sus oficinas durante el proceso electoral son falsas. El 11 de mayo pasado, dos semanas antes de las elecciones en el SME, presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable de falsificar su firma. Y el 28 de mayo, al día siguiente de los comicios, amplió la denuncia y atribuyó a su rival Esparza la falsificación del documento.La PGR ya respondió la queja. Acepta que la firma es falsa, pero reserva la investigación hasta el 24 de agosto de 2012 “en virtud de que no existen datos que permitan demostrar quién falsificó y usó el documento”.Esparza, por su parte, reitera que el propio Muñoz admitió que Nava le había llamado para preguntarle sobre el Programa de Reducción de Pérdidas que él encabezó hasta mayo pasado.Cuenta que en una ocasión platicó sobre ese tema en Los Pinos con el titular el Poder Ejecutivo en presencia de Lozano Alarcón. “Les pedí que dejaran de entrometerse en la vida de los sindicatos. Y Calderón me preguntó: ‘Por qué?’ Le respondí: ‘Cheque la agenda de César Nava’”, explica Esparza.Hoy, dice el entrevistado, el propósito de la STPS es intervenir en el SME y provocar una ruptura en el Comité Central del sindicato.Recuerda que en Semana Santa preguntó a Muñoz si quería formar un proyecto opositor a su dirigencia; pero él lo negó. “Me dijo que estaba conmigo –afirma Esparza–. Pero el domingo de resurrección difundió un documento a la organización sindical en el que se deslindaba de la dirigencia.Pura corrupciónAlejandro Muñoz alega que hubo fraude electoral y pide que las elecciones se anulen. Incluso demandó ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que se convoque a nuevas votaciones.Esparza, quien es apoyado por el diputado priista Ardelio Vargas Fosado, está “enfermo de poder”, dice Muñoz; el y sus hermanos son dueños de taxis aéreos, aviones y helicópteros.Con ellos incluso hizo negocio con la construcción del nuevo edificio en Insurgentes 98, en el que se invirtieron poco más de 250 millones de pesos, incluso presume que puede haber lavado de dinero. Muñoz también asegura que Esparza ordenó elaborar un cheque a nombre de Constructora Bosco, S.A. de C.V., pero a mitad de la construcción pidió que se facturara al Grupo Grugopal, S.A. de C.V., para que éste pagara a Bosco.Asimismo, sostiene que rompió con Esparza al enterarse de que el secretario general facturaba “por fuera” algunas erogaciones del SME. Además, aclara, no estuvo de acuerdo con el incremento de personal y la venta de plazas. Dice que cuando estuvo como tesorero, cargo en el que duró un año, encontró facturas falsas, gastos excesivos, algunos por de más de 5 millones de pesos en material no utilizable en la secretaría del Interior, a cargo de Humberto Montes de Oca.“Todo lleno de corrupción y no se hace nada para evitarlo. Y si se hace, sólo es apariencia”, se queja Muñoz. Y pone un ejemplo: Esparza pagó 20 millones de pesos por uniformes a la empresa Vázquez y De la Vega, la misma que confecciona las prendas de los policías del gobierno de la Ciudad de México.El SME recibe 6 millones de pesos semanales por cuotas sindicales, así como otras contribuciones, entre ellas el pago de créditos de vivienda o hipotecas. Al mes, los ingresos alcanzan los 35 millones de pesos, según cálculos de algunos trabajadores consultados por la reportera.Esparza advierte que en diciembre, durante el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo y cuando se haga una petición de aumento salarial, es posible que se emplace a huelga a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Las autoridades laborales podrían ordenar una requisa.El dirigente electricista lamenta que, en lugar de hostigar al SME y a otras organizaciones gremiales, las autoridades deberían aprehender a Ramón Gámez, líder del Sindicato de Trabajadores de la Industria Aérea y Similares (STIAS), acusado de pederastia. Él maneja 2 mil contratos de protección que involucran a 350 mil trabajadores.Esparza cita otros conflictos laborales que la STPS se niega a solucionar: “El de los trabajadores de la llantera Euskadi, a quienes la dependencia no les reconoce la demanda que interpusieron; el de los trabajadores de Querétaro, a quienes se les negó la toma de nota; el de los empleados de la empresa automotriz Volkswagen, y el de los afiliados al STUNAM, entre otros”.Y remata: “El gobierno federal tomó como pretexto el conflicto interno del SME para justificar una requisa (que puede darse en diciembre) y justificar la privatización de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro”.