Lo mas Oneroso para LFC

Pagos a CFE, la carga más onerosa para LFC: Energía

Calderón envió el diagnóstico al titular de la mesa directiva de la Cámara
Los desembolsos totales se dispararon a $107 mil millones en 2008
Se caen argumentos de que el mayor costo lo representan trabajadores
La dependencia alertó al Ejecutivo sobre costos inevitables y posibles disturbios sociales
En manos de La Jornada, documentos oficiales reservados

Contradice informe de la Sener las razones para extinguir Luz y Fuerza
El documento señala que la principal carga de la empresa no es resultado del contrato colectivo de trabajo, sino la compra de energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad
Enrique Méndez

Periódico La JornadaMartes 27 de octubre de 2009, p. 3
El presidente Felipe Calderón decidió emitir el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) aun cuando la Secretaría de Energía (Sener) alertó que los costos asociados a esta propuesta desafortunadamente son inevitables, y que la liquidación de 44 mil 600 trabajadores podría implicar riesgos inminentes a la integridad física de las personas y de sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida.
En el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, y en el Diagnóstico de Luz y Fuerza, documentos que el gobierno de Calderón clasificó como reservados por uno y 12 años, respectivamente, el subsecretario de Electricidad de la Sener, Benjamín Contreras Astiazarán, reconoció que si bien el costo de la compañía ascendió en 2008 a 44 mil 300 millones de pesos –incluido el pago de salarios, prestaciones y el pasivo laboral–, la principal carga no fue resultado del contrato colectivo de trabajo, sino de la compra de energía a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el costo de combustibles para su generación.
Al incluirse este factor, el costo de la operación de Luz y Fuerza se elevó ese año a 107 mil millones de pesos. En el discurso para justificar la desaparición de la empresa únicamente se ha considerado la carga económica que representa la fuerza laboral, cuando en realidad, y de acuerdo con el documento, el pago de energía a Comisión Federal de Electricidad duplicó el costo total de operación de Luz y Fuerza y, por lo tanto, las transferencias presupuestales.
Los documentos –de los cuales La Jornada obtuvo copias– fueron enviados por Felipe Calderón al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, junto con una carta fechada el 12 de octubre, un día después de publicado el decreto de extinción. En esa misiva, el Ejecutivo asegura: La Secretaría de Energía llevó a cabo un diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, en el que se muestra claramente la problemática de la situación financiera y operativa (...) y en el que se concluye que la situación financiera del organismo no resulta sostenible.
Calderón indica que, previo agotamiento de los requisitos legales y reglamentarios, decidió extinguir el organismo.
Ramírez Acuña no dio cuenta del oficio al pleno en la sesión del martes 13, y apenas el viernes 16 envió una copia al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Rojas Gutiérrez. Ayer, el coordinador del grupo plural que decidirá si se presenta una controversia constitucional o una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, Alfonso Navarrete Prida (PRI), ofreció a diputados gestionar la entrega de un ejemplar.
Encargado de realizar el diagnóstico de la empresa para justificar su desaparición, Contreras Astiazarán aseguró que desde la óptica de una administración pública eficiente, comprometida con la racionalización del gasto, no podría decirse que existe alguna desventaja de la solución propuesta, dado que la problemática financiera y operativa de Luz y Fuerza no podría remediarse. Ésta es una realidad contundente.
Aun así, admitió que los costos por la desincorporación de la empresa serían importantes, principalmente por los pasivos laborales, pero en éstos se incurrirá, con o sin su extinción, en esta administración o en gobiernos subsecuentes.
En este punto consideró que, además de los disturbios sociales, también podrían esperarse eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mayor capacidad de respuesta que la de Luz y Fuerza, pero que pueden resultar inevitables.
También anticipó el inicio de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de Luz y Fuerza.
El Diagnóstico de Luz y Fuerza se centra en las cargas financieras resultado del contrato colectivo de trabajo, e incluso presenta una curva del crecimiento de nuevas plazas, que comenzó a repuntar en 1998, en el sexenio de Ernesto Zedillo, cuando había 35 mil trabajadores afiliados al SME, pero que registró su principal crecimiento en la administración de Vicente Fox, cuando había 41 mil. De 2006 a 2009, la planta laboral se incrementó en 3 mil 600 trabajadores.
Enfocado en atribuir la inviabilidad de la empresa a los beneficios laborales, el documento detalla con amplitud las prestaciones, pero omite las de los funcionarios de nivel directivo.
Incluye, por ejemplo, el apartado Inexistencia de multifuncionalidad de los trabajadores, donde se argumenta que, gracias a las cláusulas 10 y 17 del contrato colectivo de trabajo, todo empleo en Luz y Fuerza debe corresponder a una tarea o función productiva, lo cual permite que sólo realicen la actividad expresamente señalada en su puesto.
En ese extremo, añade: El chofer de una cuadrilla de trabajadores no tiene entre sus funciones cambiar una llanta, si ésta se poncha, o el personal que toma las lecturas en los medidores no puede entregar recibos.
Aun así, entre sus conclusiones reconoce que la principal carga financiera se debe a los cada vez más altos costos de venta de electricidad de CFE a Luz y Fuerza.
En este caso, informó que en 2008 la nómina, que incluye salarios más prestaciones, representó 15 por ciento del costo total del organismo, mientras que el pasivo laboral, donde se consideran pensiones, compensaciones por antigüedad, indemnizaciones y seguro sindical, constituyó 64 por ciento.
Incluyendo la energía comprada y el costo de combustibles, el costo total del organismo (costo total de explotación) en 2008 se incrementa en casi 2.5 veces, y como es de esperarse el porcentaje que representan la nómina y el pasivo laboral de los costos del organismo disminuyen a 6 y 27 por ciento, respectivamente, explica el documento.
Zonas críticas en el DF y zona conurbada
También, el diagnóstico, de 68 páginas, identifica 22 zonas críticas en el Distrito Federal y su zona conurbada, debido a que la demanda actual o pronosticada a corto plazo de consumo de energía eléctrica quedará rebasada por la capacidad instalada de infraestructura, debido principalmente a la falta de inversión en subestaciones y redes de distribución.
El anexo 7 incluye la lista de esas zonas críticas: Corredor Reforma, Benito Juárez, Coapa-Culhuacán, Pachuca, Tula, Tepeji, Cartagena, Tecámac, Tizayuca, Lomas Verdes, Tepotzotlán, Huehuetoca, Anáhuac, Chicoloapan-Aurora, Zaragoza, Juchitepec-Chalco, Totoltepec, San Carlos, San Cayetano, Tlaltelulco y Amomolulco.
Luz y Fuerza, resalta, no pudo cumplir con la demanda de instalación de redes y distribución de energía en el proyecto Ciudad Jardín Neza, y debió atender algunos proyectos con subestaciones móviles, con un costo de 534 millones de pesos.
Esa solución no puede considerarse permanente, por lo que en algún momento tendrán que realizarse las inversiones necesarias para realizar inversiones en la zona de influencia de Luz y Fuerza, indicó.

El quid del decretazo ofrecer la fibra óptica

Carlos Fernández-Vega

www.jornada.unam.mx/2009/10/27/index.php?section=opinion...


Más rápido que Javier Lozano Alarcón huyendo de la Cámara de Diputados, y como una casualidad más de la democracia de, para y por los empresarios (Fox dixit, con rúbrica de Calderón), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció, tan sólo dos semanas después del decretazo, que licitará la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad, en un intento por incrementar el acceso de los mexicanos a las telecomunicaciones, y de pasadita hará lo propio con la joya de la corona: los mil 100 kilómetros de dicha red que pertenecían a la otrora paraestatal Luz y Fuerza del Centro, ahora administrada por la propia CFE, que significa el negocio dentro del negocio.
Si el gobierno federal fuera tan rápido en resolver los problemas nacionales como lo es en los empresariales de alto nivel, otro sería el cantar en este país, pero no se le puede exigir tanto: primero los compromisos reales y después, si hay tiempo, lo demás. Ayer la subsecretaria de Telecomunicaciones de la SCT, Gabriela Hernández Cardoso (egresada de la Escuela Libre de Derecho, con experiencia en el sector privado como abogada en diferentes empresas de telecomunicaciones, según versa el currículum oficial), ofreció los detalles: licitación a partir de la segunda semana de noviembre, asignación de contratos en enero de 2010 y concesiones por 20 años (triple play: Internet, televisión por cable y telefonía).
Se le quemaban las habas al inquilino de Los Pinos. La red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad tiene 26 mil kilómetros de longitud, y mil 100 kilómetros la de Luz y Fuerza del Centro (difunta tras el decretazo nocturno del pasado 11 de octubre). Lo anterior se traduce en lo siguiente: en promedio, la primera tiene 2 mil 961 clientes potenciales por kilómetro; la segunda de 27 mil 273 clientes por kilómetro (10 veces más, en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo tecnológico). ¿Se entiende ahora el quid del decretazo?
Ninguna de las oscuras mentes brillantes del calderonato ha explicado por qué se impide que la CFE y, en su momento, Luz y fuerza del Centro comercialicen directamente los más de 27 mil kilómetros de fibra óptica (por licitar), y dejan que lo hagan consorcios privados. Las empresas del Estado, por ejemplo, ofrecerían servicio de Internet y telefonía como alternativa –sin duda más barata– al consorcio del perrito (Telmex) y al del joven Azcárraga (Cablevisión, por cierto con un servicio a clientes verdaderamente desastroso). No vaya a ser la de malas que en un futuro no lejano sea necesario rescatar a quienes ganen las referidas licitaciones.
En vía de mientras, Televisa ya está anotada para la fiesta privada con la fibra óptica pública (y cuando la fábrica de sueños se anota no quiere decir otra cosa que ya es ganadora), en este fabuloso negocio a costillas (¿qué raro?) de los contribuyentes. También la empresa hispano-panista WL Comunicaciones, con sus dos ex secretarios de Energía (Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond) en eso del manejo y usufructo de las relaciones públicas. ¿Quién más?, porque no hay mucho de dónde agarrarse: las citadas, más Telefónica (también española), Nextel (estadunidense) y Iusacell (que forma parte de los abonos chiquitos), es decir, Slim, Azcárraga, Salinas Pliego, los españoles y los gringos.
A partir del decretazo, de Los Pinos ha salido cualquier cantidad de información –repetida por los medios electrónicos como autómatas, pero con unas facturotas– sobre las razones para extinguir LFC, pero ni una sola palabra sobre el jugoso negocio de la fibra óptica propiedad de la nación, ya en manos particulares, lo que será oficializado mediante licitaciones y asignaciones a ganadores que desde ahora lo saben. No importa que para ello entre las patas se llevará una empresa del Estado y 45 mil empleos, que para eso está la democracia de, para y por los empresarios.
¿Qué alcance tiene el negocio a licitar? Bien, el Comité Nacional de Estudios de la Energía nos ayuda entender de qué se trata: la fibra óptica tiene un amplio campo de aplicaciones además de la telefonía; automatización industrial, computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de información de imágenes astronómicas de alta resolución, entre otras. En México existe una red troncal de comunicación por fibra óptica que enlaza las ciudades más importantes del país a través de un tendido de miles de kilómetros de fibra. Además se encuentra en operación la línea de cable submarino de fibra óptica Columbus II, que comunica a Estados Unidos, México y Centroamérica con Europa y el resto del mundo. La ruta trazada en 1492 por las carabelas del almirante, es hoy la red de telecomunicaciones más importante en América y Europa. La capacidad de transmisión de datos entre ambos continentes por esta red se ha incrementado en más de 500 por ciento, lo que equivale a miles de canales de televisión; 350 mil llamadas telefónicas simultáneas o la transmisión de 200 millones de caracteres en sólo tres segundos. Gracias a este cable submarino se puede intercambiar información en segundos por fax, red digital integrada, audio, texto, servicio digital, videoconferencias, televisión, datos por computadora y telefonía de larga distancia.
Ya el SME denunció que la empresa Martens-Canales Clariond-WL Comunicaciones obtuvo descuentos anticipados de las tarifas de uso de la red, y que “en un principio la empresa –representada por el despacho de Diego Fernández de Cevallos– iba a pagar un promedio de 170 pesos por poste de conexión, pero sorpresivamente logró un convenio adicional para obtener un descuento tarifario y ahora sólo pagará 50 pesos este servicio” durante 20, tal vez 30 años (renovables, desde luego). Ya gobierno y diputados regalaron a Televisa mil 900 millones de pesos en derechos no cobrados. Ya el 40 por ciento de la generación eléctrica en el país es privada, ya las trasnacionales tienen los colmillos clavados en la industria petrolera. Entonces, ¿qué sigue?, porque ni siquiera esta política depredadora contribuye a crecer 6 por ciento o más, ni empleo suficiente y bien remunerado, ni mejorar el bienestar de los mexicanos, y muchos menos llenar las arcas públicas con los impuestos que (se supone) pagan los bucaneros. ¿A dónde, pues?
Las rebanadas del pastel
Y estaba el inquilino de Los Pinos en la bella Guatemala ofrece que te ofrece electricidad barata de la CFE para los chapines, cuando alguien le dijo al oído: no hables de más, Felipe, que será la trasnacional Iberdrola la intermediaria… Alabada sea la ley, que de quien la viole será el reino de los cielos: a punto está de transmitir Radio Guadalupana, la emisora oficial de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Periódico La JornadaMartes 27 de octubre de 2009, p. 5
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) presentará este miércoles 28 de octubre una demanda legal contra el gobierno federal por el despido injustificado de más de 44 mil trabajadores de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), ya que subsiste la materia de trabajo. También ese mismo día interpondrá el amparo contra el decreto de extinción de la empresa.
De esta forma, la presente semana será definitoria en cuanto a la defensa legal que iniciará el SME en contra de la desaparición de su fuente de trabajo, señaló en conferencia de prensa el dirigente del gremio, Martín Esparza Flores, quien dijo que, en todo caso, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es ahora el patrón sustituto, porque no ha desaparecido la materia de trabajo.
Sostuvo que el hecho de que ambos recursos legales sean interpuestos antes de que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) resuelva la terminación de las relaciones laborales de la paraestatal con el sindicato da cuenta de que en este proceso el gobierno federal actuó ilegalmente e hizo todo al revés.
La Ley Federal del Trabajo (LFT) señala que cuando se decreta la extinción de una fuente laboral primero se tiene que informar a los trabajadores, luego se presentan a conciliación ante la junta para que ambas partes den sus posturas y al final esta instancia emite una resolución que tiene que ser acatada. En este caso, incluso primero estarán presentadas las demandas por despido injustificado antes que la JFCA dé su veredicto, el próximo 30 de octubre, lo que evidencia que el proceso estuvo mal hecho desde el principio, indicó el dirigente.
Hizo ver que dicha ley indica además que mientras subsista la materia de trabajo no puede cerrar una empresa. Sin embargo, en este asunto es más que evidente que el decreto es un asunto político, una consigna para acabar con un contrato colectivo de trabajo y un sindicato que le estorba al gobierno federal para seguir abriendo de par en par las puertas del país a las trasnacionales y empresas de energía privadas.
Planteó que precisamente ante la JFCA van a defender legalmente que no pueden darse por concluidas las relaciones laborales con la empresa, pues se sigue operando la infraestructura de la misma, siguen trabajando las estaciones y subestaciones de servicio. Entonces ¿cómo van a demostrar que no hay materia de trabajo?, preguntó.
Expuso que una cosa es que el asunto lo haya manipulado el gobierno federal y otra muy distinta que sea legal; por ello, además de las demandas laborales y el amparo contra el decreto de extinción, también se apoyará la controversia constitucional que interpondrán legisladores de varios partidos en contra del decreto de Felipe Calderón.
En ese contexto, el Sindicato Mexicano de Electricistas entregará a los diputados toda la información de LFC que el gobierno federal clasificó como confidencial para negársela a los legisladores, dijo Esparza. Comentó que tiene las minutas que se elaboraron en las reuniones de la junta de gobierno de la empresa, ya que en las mismas siempre participaban representantes del sindicato.
La información comprende el manejo de la administración de Luz y Fuerza de los últimos años; lo referente a la concesión del negocio de fibra óptica a WL Comunicaciones; los convenios firmados entre esta empresa –de la cual son socios dos ex secretarios de Energía, Ernesto Martens y Fernando Canales Clariond–, así como los descuentos otorgados por la empresa al estado de México, al cual se perdonaron adeudos por más de 2 mil millones de pesos; a Hidalgo, al cual se disminuyeron de un plumazo 549 millones de su deuda, y a Morelos, al que se condonaron más de 232 millones de pesos.

Tribunal internacional analiza la falta de libertad sindical en el país


Periódico La JornadaMartes 27 de octubre de 2009, p. 6
Este lunes se iniciaron las sesiones públicas del primer Tribunal Internacional de Libertad Sindical, el cual deliberará en los próximos seis meses acerca de si en México hay un problema integral de falta de libertad gremial y de intervencionismo gubernamental, como expusieron ayer frente a los miembros de ese jurado varios líderes sindicales, entre ellos Martín Esparza, del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).
Integrado por una veintena de expertos en materia laboral y en la defensa de los derechos humanos, este tribunal representa un ejercicio de justicia ciudadana inédito en el mundo, según palabras del historiador estadunidense James Cockroft, uno de los integrantes del jurado.
El veredicto final de este tribunal será presentado a las autoridades mexicanas federales y a todas las instancias internacionales, entre ellas la Organización Internacional del Trabajo y el organismo para Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Ayer, el ex templo de Corpus Christi fue abarrotado por juristas, estudiantes, académicos de diversas universidades públicas del mundo y por trabajadores electricistas. Ahí, una y otra vez retumbaron las voces de ¡duro, duro! y aquí se ve la fuerza del SME.
Afuera del recinto, en avenida Juárez, se apostaron cientos de trabajadores electricistas en apoyo a su dirigencia sindical.
Ante el tribunal ciudadano, Esparza cuestionó la política laboral del gobierno de Felipe Calderón, además de poner énfasis en la gravedad de que más de 44 mil familias que dependían de la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) se queden sin un ingreso por su trabajo.
El pasado proceso electoral del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fue intervenido por el Estado con recursos económicos importantes de las cuotas de los trabajadores, para buscar imponer una directiva afín a los intereses privatizadores del gobierno, sostuvo.
“Hasta los que roban, los que asesinan, tienen derecho a ir a un juzgado para defenderse, para ser escuchados, tener el derecho de audiencia, pero es la forma en que está gobernando este Ejecutivo, mediante decretos, con el Ejército mexicano y la Policía Federal, de manera fascista.
No estamos de acuerdo con las autoridades, con los órganos de impartición de justicia en el país, desde la Suprema Corte, que no se ha pronunciado, desde el Congreso y desde la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y la forma que está conduciendo la política laboral este gobierno, recalcó Esparza.
En representación de la causa general de sindicalistas disidentes habló Manuel Fuentes Muñiz, presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD). Durante su discurso, el también asesor legal del SME, recordó los casos recientes en que las autoridades laborales mexicanas han embestido a los movimientos sindicales.
El jurista criticó el caso de la persecución penal que enfrenta el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, por no ser afín al gobierno y, por supuesto, también criticó la determinación del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano, quien de manera arbitraria negó la toma de nota a Martín Esparza. Asimismo, sostuvo que el decreto presidencial que extinguió a LFC es totalmente inconstitucional.
Entre los miembros del tribunal mundial destacan intelectuales de la talla del escritor uruguayo Eduardo Galeano; la senadora mexicana Rosario Ibarra de Piedra, quien tiene un amplio historial en la lucha por la defensa de los derechos humanos; el juez venezolano especializado en el ramo laboral Rubén Darío González; el periodista Miguel Ángel Granados Chapa, y el sacerdote dominico Miguel Concha Malo, articulista de La Jornada.
También conforman este grupo colegiado el abogado y asesor parlamentario de la Central Sindical Uruguaya, Hugo Barreto Ghione; la actriz y activista social Ana Colchero, además de los académicos de la universidad española de Castilla-La Mancha y de la Universidad Nacional Autónoma de México, Marta Olmo, y el profesor decano en materia laboral Alfredo Sánchez Alvarado. Asimismo, presidentes de colegios de abogados, historiadores y académicos expertos en el área laboral de Colombia, Cuba, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela y México.
El próximo miércoles, el tribunal tendrá un fallo preliminar, y el primero de mayo de 2010, al final de la marcha por el Día del Trabajo, dará lectura al veredicto final.
Después de que concluyó el primer día de sesiones públicas del Tribunal Internacional de Libertad Sindical –continúan este martes–, el historiador y politólogo James Cockroft, en entrevista con este diario, habló de los motivos que lo llevaron a participar en esta propuesta que nació hace un año, luego de una reunión entre líderes sindicales y que fue organizada por la dirigencia del Centro de Investigación y Asesoría Sindical.
Hay un ataque violento contra las y los obreros, no solamente del Sindicato Mexicano de Electricistas en este país, sino en todas partes del mundo. La tradición democrática de ese sindicato es para nosotros una gran expresión y por eso seremos solidarios con esos trabajadores, expuso Cockroft.

Corrupción que ahoga

ROSALíA VERGARA
http://www.proceso.com.mx/impreso_articulo.php?articulo=149799

Para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal ha presentado a la Comisión Federal de Electricidad como paradigma de eficiencia y rentabilidad. Lo que nunca mencionó es la corrupción que ahoga a la paraestatal y encarece el servicio en todo el país, y que se disparó desde 2003, cuando Felipe Calderón era el secretario de Energía de Vicente Fox.Al decretar el 11 de octubre la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el presidente Felipe Calderón comparó a esa empresa pública descentralizada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En su balance, ésta es más eficiente y rentable. Desde ese momento, la paraestatal dirigida por Alfredo Elías Ayub opera el servicio en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo. Sin embargo, un análisis en torno a las prácticas internas de CFE lo desmiente: ahí “se hacen negocios sin escrúpulos, inflando costos; compra de equipo obsoleto; pagando obras inexistentes; incurriendo en fraudes en perjuicio del patrimonio de las entidades; pagando dos y hasta cinco veces la misma obra”, entre otras muchas irregularidades.La corrupción en la paraestatal que ahora controla el servicio eléctrico en todo el país fue exhibida en un estudio presentado el 30 de julio pasado por la asociación civil “Energía y Desarrollo” –que ahora se denomina Energía y Rendición de Cuentas A.C.–, dirigida por Cuauhtémoc Velasco Oliva, del partido Convergencia, entonces secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.El documento titulado La Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad eleva las tarifas eléctricas muestra “la dimensión del saqueo patrimonial de CFE” y denuncia la existencia de un “cártel de la electricidad” en la paraestatal, al que responsabiliza de extorsiones para otorgar licitaciones, la rescisión de contratos a pequeñas empresas, la adjudicación de obras a empresas inexistentes y la elaboración de documentos apócrifos para justificar gastos, bajo la protección –dice– del director Alfredo Elías Ayub.También incluye copias de licitaciones públicas realizadas entre 2008 y 2009, comunicados de prensa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y copias de los “fallos de obras públicas” que concluyeron este año en Compranet y que demuestran cómo desde 2003, cuando el ahora presidente Felipe Calderón Hinojosa era secretario de Energía, CFE benefició a las empresas Iberdrola, Siemens y Unión Fenosa con millonarios contratos para la compra de gas y de energía eléctrica.La mafia internaEl exdiputado Velasco Oliva asegura que tres de las empresas más beneficiadas por contratos de CFE –Iberdrola, Siemens y Unión Fenosa– son las mismas que se dispu­tan la concesión para operar la red de mil 100 millones de kilómetros de fibra óptica de Luz y Fuerza del Centro, hasta que Calderón decretó su liquidación.El estudio transcribe una conversación grabada el 12 de junio pasado entre un asesor de Velasco Oliva con un ingeniero de CFE –en funciones desde hace 25 años–, quien afirma que la corrupción en la paraestatal se recrudeció con Calderón como secretario de Energía. Además, dice sospechar que todos los funcionarios de la paraestatal han creado o se han asociado con empresas, a las cuales adjudican obras, modifican contratos e inflan costos. Según la fuente anónima, éste sería el caso de Isolux, una empresa filial de Iberdrola.El documento está plagado de ejemplos de corrupción. Uno ellos es el del ingeniero Néstor Félix Moreno Díaz, director de Operación de CFE, quien fue destituido del puesto e inhabilitado por 10 años por la extinta Secodam, según el oficio DGAC/GOD-A/135/98 de marzo de 1998, por “conductas irregulares cometidas en el desem­peño de sus funciones”. Dos años después, el 26 de mayo de 2000, el apoderado general para pleitos y cobranzas de CFE, Ismael Macías Barrón, presentó una denuncia de hechos en la Procuraduría General de la República en contra de Moreno Díaz (entonces Coordinador de Transmisión y Transformación de la Subdirección de Transmisión) porque presuntamente estuvo al tanto de un préstamo indebido de materiales por 16 millones 208 mil 927 pesos a la empresa Apycsa S.A. de C.V., en un contrato fechado el 22 de diciembre de 1995, y no lo denunció.El documento cita otro caso: en mayo de 2008, el ingeniero Rubén Loredo, subgerente de división de la CFE en Puebla, presuntamente solicitó y recibió 2 millones 625 mil 87 pesos de la empresa Dobsa Construcciones S.A. de C.V., por adjudicarle el contrato DV000-18/08 por 43 millones 751 mil 465 pesos más IVA para la construcción del Centro de Operación de respaldo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) en ese estado.“Al conocer Rubén Loredo que la mejor propuesta económica era la presentada por Dobsa, se abocó a contactar al apoderado legal y plantearle que él era la persona enviada para ofrecerle la ayuda para que la entidad le adjudicara el contrato mencionado, y el costo de la adjudicación del contrato era 6% del monto total, ya que sin esta ayuda era imposible que le otorgara CFE el contrato, a pesar de cumplir con los requisitos técnicos y ser la propuesta más económica de la entidad.”El administrador de Dobsa, Leonel López Sánchez, narró su experiencia con Loredo en un oficio que envió a Elías Ayub el 19 de marzo de este año, en el que señala que el 5 de diciembre de 2008 Loredo le pidió que se deslindara de una carpeta informativa elaborada por Velasco Oliva relativa a contratos de gas, regasificación y líneas de transmisión que el entonces legislador entregó un día antes a Elías Ayub y al presidente Calderón.López se queja porque su proyecto fue rescindido y enfrentó una demanda en su contra interpuesta por la Afianzadora Sofimex, por incumplimiento de contrato.Las ganonasLa construcción de la hidroeléctrica El Cajón llevó cuatro años y costó 800 millones de dólares. Ubicada en el municipio La Yesca, en Nayarit, tiene la capacidad de generar 750 megavatios de electricidad, que representan 2% de la energía eléctrica del país.El ingeniero que habló con el asesor de Velasco Oliva le pidió investigar esa obra, que Calderón inauguró el 1 de junio de 2007, apenas seis meses después de haber asumido la Presidencia:–Por ejemplo, El Cajón, que le escarben a El Cajón ahí, en las observaciones –dice el ingeniero.–¿Pero qué, desviaciones sobre qué? –responde el asesor de Velasco Oliva.–Sobre pagos exagerados, sin justificación, sin soporte, cuando va a ser inaugurada por el presidente, ahí está todo…Cuando Calderón inauguró la hidroe­léctrica, reconoció que estuvo pendiente de su desarrollo desde que estaba al frente de Banobras y participó en el esquema “novedoso” de financiamiento, porque “el gobierno mexicano no contaba con 800 millones de dólares que implica la construcción”.Resaltó que después, como secretario de Energía, vigiló la construcción de la cortina hasta la derivación del río Santiago, mediante túneles. Ese día felicitó al director de la CFE, Alfredo Elías Ayub, al que llamó el “autor intelectual y promotor de la presa”.Entre las irregularidades señaladas en el estudio La Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad eleva las tarifas eléctricas destaca la adjudicación directa para el suministro de gas natural licuado en Manzanillo, Colima, otorgada en 2006 a Repsol Comercializadora de Gas, S.A.Perú le vendió a Repsol el gas a precio nacional: 6 mil millones de dólares; luego, Repsol le vendió a CFE a precio de Texas, que es el costo más alto para el gas a nivel mundial. “La irregular transacción generó una sobreutilidad estimada en 15 mil millones de dólares”, indica el reporte, y sostiene que “es claro que se puede evitar esta triangulación y ahorrar 15 mil millones de dólares. Hasta el momento (julio pasado), Repsol no ha entregado un pie cúbico de gas”.El análisis considera que “Repsol se adjudicó una estratosférica y ofensiva utilidad por 15 mil millones de dólares por su actividad de ‘coyote’, causando un daño patrimonial a las dos naciones”.De acuerdo con el contrato 9100005181, del 6 de junio de 2006, Repsol fue la única empresa que ofertó sus servicios de suministro de gas y se le adjudicó de manera directa. El contrato estipulaba un servicio por 25 años, pero Repsol lo redujo a sólo 20, por lo cual Alfredo Granados Gallardo, subgerente de Adquisiciones de la CFE, modificó la licitación para adecuarla a los requerimientos de la trasnacional. El contrato fue por 183 mil 51 millones 215 mil 337 pesos. Se iniciaría el 28 de octubre de 2006, indica la licitación pública internacional 18164067-009-06.Con esta triangulación en la compra de gas a las transnacionales se encarece el precio del energético y por ende las tarifas en el suministro eléctrico, impactando directamente en el uso doméstico de gas y electricidad, señala el estudio.La favoritaEl documento resalta que la empresa Iberdrola es la más beneficiada por la CFE desde 2003, cuando Calderón era secretario de Energía. Cita que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el incumplimiento, daño patrimonial, incrementos en plazos de ejecución y montos injustificados, entre otras irregularidades, en los contratos y permisos otorgados a la empresa.Según la ASF, Iberdrola cobró la obra por adelantado, para lo cual la CFE debió contratar un crédito de largo plazo, “incrementando los pasivos de la empresa, violando la Ley General de la Deuda Pública”.Indica otro caso: la Central de Ciclo Combinado Altamira, obra por 5 mil 601 millones de pesos que comenzó a operar 80 días después del plazo fijado en el contrato con Iberdrola.El 21 de enero de 2004 Iberdrola recibió uno de los 15 permisos que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) otorgó a empresas privadas para distribuir, transportar y almacenar gas natural, el G/153/TUP/2004. Pero la ASF descubrió incumplimientos al Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, pues la concesión no estaba planeada, programada, organizada ni controlada.En la revisión de la Cuenta Pública de 2006, la ASF fiscalizó el proyecto de Líneas de Transmisión 807 Durango y detectó la colusión de funcionarios de la CFE para modificar las especificaciones planteadas en la obra original para pagarle a Iberdrola precios adicionales a lo estipulado en el contrato PIF-022/2004.Iberdrola ejecutó el proyecto entre julio de ese año y enero de 2005. No tenía dictámenes, permiso, licencia, derecho de bancos de materiales ni derechos de vía, según la ASF. En octubre de ese año, Iberdrola pidió una prórroga porque el helicóptero que transportaba materiales tuvo un accidente, pero la Auditoría determinó que fue un permiso ilegal porque los materiales debían ser transportados a cuenta y riesgo de la contratista. Aún más, la CFE debió aplicar una pena de 12 millones de pesos a la empresa española.Otra beneficiaria de la CFE es la alemana Siemens S.A. de C.V., que fue investigada a nivel internacional por la Comisión de Valores de Estados Unidos el año pasado y descubrió que pagó sobornos de mil 300 millones de dólares para conseguir, acelerar y resolver disputas de contratos entre 2001 y 2007 en China, Rusia, Argentina, Israel, Venezuela y México. Siemens fue multada con mil 400 millones de dólares. El 29 de noviembre de 2005, la desa­parecida Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Siemens por infringir la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, por tres años y nueve meses, y le impuso una sanción económica de 948 mil 375 pesos por no cumplir con los requisitos de un contrato con el Hospital Juárez de México, en 2002.Sin embargo, entre recursos jurídicos interpuestos por ésta y otras inhabilitaciones, Siemens obtuvo de la CFE los contratos 700161600, de agosto de 2006, para el proyecto llave en mano con PLC mod. LC 700 (sistema integral para golpeadores y precipitador); PIF-011/2007 para la construcción e instalación de siete bancos capacitadotes en líneas con voltajes de 13.8 y 23 kilovatios en Zacatecas y Aguascalientes; PIF-004/2008, del 6 de febrero de 2008, para la construcción e instalación de dos líneas de transmisión, y PIF-022/2008 para la construcción e instalación de ocho líneas de media tensión en Guerrero, Morelos y Estado de México.En diciembre de 2008, Siemens firmó con la CFE el contrato 900001394 por 31 millones 308 mil 129 pesos para mantenimiento y reparación de máquinas y herramientas. El 20 de marzo pasado firmó el contrato PIF-003/2009 “para la ejecución de todas las obras necesarias para la construcción e instalación de líneas de voltaje en los estados”, señala el contrato en poder de Proceso. El monto es por 30 millones 207 mil 740 pesos. l

Los tejemanejes del PRI

JESUSA CERVANTES
La aprobación del paquete fiscal negociado originalmente entre el PRI y el PAN, que implica un aumento de impuestos que afectan principalmente a la clase media, tuvo como único objetivo lograr beneficios económicos para los gobiernos priistas y cuadrarle las cifras al gobierno federal para cubrir su déficit presupuestal de 300 mil millones de pesos el próximo año. Fue un juego de “suma cero”. La administración de Felipe Calderón necesitaba los votos del PRI, que podría haber cambiado la correlación de fuerzas en la Cámara de Diputados, pero el gobierno los amenazó con vetar la Ley de Ingresos si no se plegaban a los límites señalados por la Secretaría de Hacienda.Diputados del PRI reconocieron –en entrevista y fuera de grabadora– que sus mandatarios estatales los “convencieron” de respaldar el aumento del IVA de 10 a 11% en la frontera norte y de 15 a 16% en el resto del país, y lo corrobora el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano: los priistas buscaron apuntalar las finanzas de sus gobiernos con miras a las elecciones locales de 2010, en las que se juegan una decena de gubernaturas, y la presidencial de 2012.Detalla que, por un lado, estuvo la operación política del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, quien encabezó el bloque de mandatarios estatales que forzó a sus diputados para que aceptaran el aumento al IVA. Por su parte, Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores priistas, operó para beneficiar a Televisa, “congraciarse con ella” y recuperar terreno por la candidatura presidencial de su partido, en la que el gobernador mexiquense le aventaja en gran medida gracias al convenio que tiene con la televisora.En medio de ambos actores políticos estuvo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la que se acordó aumentar el IVA a cambio de que los priistas avalaran el incremento al Impuesto Sobre la Renta de los “asalariados cautivos” que perciben de 6 mil pesos en adelante. De paso, le perdonaron a Televisa –o a la empresa que gane las nuevas licitaciones del espectro radioeléctrico– el pago de 5 mil 600 millones de pesos durante 2011 y 2012.Los vaivenes Una semana después de que llegó la propuesta del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados, que incluía un nuevo impuesto de 2% a todos los insumos, incluyendo alimentos y medicinas, para destinarlo al abatimiento de la pobreza, la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago) se reunió en privado y determinó apoyar tal contribución. La versión fue confirmada en su momento por diputados del PRI.Pero el rechazo al 2% de parte de los legisladores y la dirigencia nacional del PRI –debido a que sus estatutos le prohíben gravar alimentos y medicinas– obligó al equipo de finanzas de la fracción priista a buscar otra opción, para lo cual contaron con el apoyo de los senadores.El primer encuentro entre gobernadores del PRI y legisladores, el 5 de octubre, no fructificó, pero en el transcurso de esa semana idearon aumentar el precio del barril del petróleo y el déficit en un punto por sobre el previsto por el gobierno federal.Los priistas llevaron a la mesa de negociación con la Secretaría de Hacienda la propuesta de subir el déficit a 1.5%, que representaría un ingreso adicional de 180 mil millones de pesos, más del doble de lo que se estimaba recaudar con el nuevo impuesto: apenas 71 mil 775 millones. La propuesta no sólo fue rechazada, sino que Felipe Calderón Hinojosa los amenazó con “vetar” la Ley de Ingresos, revela uno de los participantes en la discusión.“Hacienda nos dijo que no transitaban con ese déficit y que ellos estaban dispuestos a aceptar hasta 0.8%, no más. Pero también nos advirtieron que, si nos íbamos más arriba, Calderón haría uso de su prerrogativa de veto. Lo pensamos y consideramos que no era prudente entrar en una confrontación entre poderes”, sostiene el negociador del PRI.Durante las reuniones del sábado 10 y domingo 11, realizada por el grupo económico del PRI en la llamada “pecera” (sala de sesiones que se ubica a un lado de la oficina del coordinador, Francisco Rojas), hubo diputados, como Baltasar Hinojosa, que desestimaron la amenaza presidencial.En el segundo encuentro entre legisladores y gobernadores del PRI, el mismo domingo 11, se empezó a barajar la propuesta de aumentar el IVA a 17%, es decir, incluir al actual impuesto al consumo el 2% propuesto por Calderón. “Era más conveniente para nosotros, ya que el IVA tiene como ventaja de que es participable, es decir, lo que se obtiene se reparte entre los gobiernos estatales”, dice la fuente.La diferencia era enorme. El nuevo impuesto de 2%, de haberse aprobado, habría distribuido en los estados menos de la tercera parte de lo captado (unos 21 mil 500 millones de pesos); el resto se quedaría en las arcas federales.La propuesta era tan atractiva que para el viernes 16 de octubre, reunidos en la Cámara de Diputados, el grupo económico seguía defendiéndola “y haciendo corridas para ver cuánto le tocaría a cada estado”.Peña, el operador Desde que la Cámara de Diputados recibió el paquete económico, el coordinador perredista Alejandro Encinas y el priista Francisco Rojas estaban en pláticas para ir juntos en una propuesta alternativa que tenía como ejes principales no dejar pasar el impuesto de 2% y revisar los regímenes especiales que, entre otros beneficios para las grandes empresas, permiten diferir el pago de impuestos por varios años. “Incluso veían con buenos ojos el gravar las ganancias en la Bolsa de Valores”, cuenta el vicecoordinador del PRD, Jesús Zambrano.“De repente, el PRI modificó su posición porque Enrique Peña Nieto armó un frente de gobernadores, dirigido por él personalmente, y en acuerdo con Felipe Calderón y el secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Como los priistas vieron que había problemas en su partido para aceptar el 2%, plantearon otra opción: gravar el consumo, es decir, subir el IVA, porque desde su perspectiva –y eso se los dijo Hacienda– el gravamen al consumo era lo que podría mantener la confianza de las calificadoras, en las que se basan los organismos internacionales para otorgar créditos a México en caso de emergencia.“Con esto no sólo el gobierno federal se vería beneficiado, sino también los gobiernos estatales, ya que el recurso es participable. Esa fue la zanahoria que tanto Peña Nieto como Hacienda pusieron por delante de los gobernadores priistas: que esos recursos se les distribuirían a la hora de confeccionar el Presupuesto de Egresos”, relata el perredista Zambrano.“Nosotros consideramos hasta el último momento que no todo el PRI lo aceptaría y que no transitaría la idea de subir el IVA”, dice. De hecho, el domingo 18, los priistas pospusieron una reunión programada entre el equipo económico y los 237 diputados, pues sabían que muchos de ellos se opondrían.Con el tiempo encima (la fecha límite para aprobar la Ley de Ingresos era el 20 de octubre), el lunes 19 se encerraron 175 diputados durante siete horas; 88 legisladores tomaron la palabra, 44 a favor y un número igual en contra.El diputado Cruz López, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, era uno de los más renuentes a subir el IVA a 17%. No en balde, el 7 de octubre había firmado con Alejandro Encinas un convenio para ir juntos en temas sociales y económicos. Eso alentaba las esperanzas del PRD: los cenecistas suman 70 de los 237 diputados de la fracción del PRI.Entre los priistas creció el consenso sobre el inmanejable efecto político negativo de aumentar el IVA en dos puntos porcentuales, y acordaron subirlo sólo uno, es decir, a 16%. “Ese lunes, con la misma zanahoria que le ofrecieron a los gobernadores, a Cruz López lo doblaron: si avalaba la nueva propuesta, habría recursos para sus proyectos productivos. Pero sobre todo, le dijeron que el gobierno había ofrecido que ya no insistiría en la desaparición de la Secretaría de la Reforma Agraria”, narró Zambrano.La presión sobre los gobernadores del PRI fue coordinada por Peña Nieto, pero contó con la ayuda del oaxaqueño Ulises Ruiz, comentaron varios diputados en pláticas informales con la reportera. Entre los argumentos de peso: las elecciones de 10 gobernadores el próximo año.Una de las legisladores asistentes al encuentro recordó que, al principio, las posiciones estaban divididas, pero de repente los celulares de varios diputados empezaron a sonar “y por consigna de sus gobernadores” cambiaron su voto en contra por el de a favor.Entre los priistas quedó claro que “a la hora de repartir el presupuesto, van a llevar mano los estados cuyos gobernadores están contribuyendo a que haya recursos”. Por eso los gobernadores priistas aceptaron la propuesta de Peña Nieto, que negoció con Hacienda para subir el IVA a 16%. “Dijeron que sí porque es participable”. Sin embargo, la presidenta del PRI, Beatriz Paredes, “les dijo a los diputados que transitarían con el incremento pero que todos lo deberían de asumir”, cuenta Jesús Zambrano.Al final, tan sólo 167 diputados del PRI votaron a favor. El resto lo hizo en contra, se abstuvo o no acudió a la sesión.La jugada del PRI Mientras Peña Nieto convencía a los gobernadores de aprobar el alza al IVA, uno de sus posibles contrincantes a la candidatura presidencial de 2012, el senador Manlio Fabio Beltrones, operaba en otro sentido.Cerca de 40 legisladores afines a él votaron en contra del aumento del impuesto al consumo, pero respaldaron la propuesta –que inopinadamente apareció en la mesa de la Comisión de Hacienda– de exentar del pago de “derechos” por 5 mil 600 millones de pesos a las televisoras que obtengan una concesión para el uso de un nuevo espectro radioeléctrico.Durante 15 días, mientras los senadores Francisco Labastida y Jesús Murillo Karam acordaban con los diputados del equipo económico los nuevos impuestos que deberá pagar toda la población, el senador Beltrones negociaba incluir la nueva exención en la Ley de Derechos, una prerrogativa que la propuesta del Ejecutivo nunca contempló.La iniciativa –que supuestamente beneficiará a Televisa– tuvo el apoyo de 187 priistas. Otros 50 fueron en contra, se abstuvieron o de plano se ausentaron de la votación.La versión –recuerda el perredista Zambrano del PRD– es que quien operó eso fue Beltrones junto con Javier Tejado Dondé, “No creo que haya habido un desplazamiento de Beltrones hacia Peña Nieto (que tiene convenios millonarios con Televisa para el manejo de su imagen). Lo que pasa es que el gobernador del Estado de México estaba en su propia jugada con el IVA y los gobernadores, y Beltrones vio la gran oportunidad de congraciarse con las televisoras, particularmente con Televisa. Creo que lo que ocurrió en esta negociación es que al interior del PRI cada quien vio por sus intereses”.Pero al final, dice el vicecoordinador perredista, fue una operación del PRI como partido y del PAN como gobierno, además de Hacienda. Ellos acordaron votar todo en paquete e impidieron que se discutiera en el pleno cada una de las leyes por separado. “No sólo pretendieron no exhibirse, sino que también fue para evitar que algún diputado se echara para atrás al escuchar argumentos en contra. Su operación política incluyó chantajear al PRD con la amenaza de no avalar la deuda de 5 mil millones de pesos para el Distrito Federal, pero no lo lograron, y el partido se opuso al incremento del IVA y de los beneficios a las televisoras”, al igual que el PT y Convergencia.

Pemex contrata firmas españolas para abastecerse de electricidad

El proyecto se incrementó a 2,017 mdd, un aumento de más de 500 mdd en año y medio
Se signó contrato hasta 2023 para reducir las compras a la CFE y a LFC, señala
Madrid, 25 de octubre. Petróleos Mexicanos (Pemex) firmó un acuerdo de suministro eléctrico con dos empresas españolas Abengoa y Abener Energía, mediante el cual se compromete a pagar más de 2 mil millones de dólares por la puesta en marcha de una planta de cogeneración de energía y su posterior abasto hasta 2032. La autorización definitiva para esta operación, que se remonta a octubre de 2007, fue suscrita el pasado 14 de septiembre por el director general de Exploración y Producción, Carlos Arnoldo Morales Gil, con un notable incremento de más de 500 millones de dólares del presupuesto original.
El acuerdo entre Pemex y las dos multinacionales españolas supone un compromiso de la paraestatal para lo que resta del sexenio de Felipe Calderón y para los próximos cuatro periodos presidenciales del país. Los argumentos son varios, si bien se puede destacar –según información interna de Pemex, de la que La Jornada tiene copia– su intención de disminuir las compras a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
Según la documentación, que fue emitida por el despacho del director general de Exploración y Producción, Pemex publicó el 28 de agosto de 2008 en el Diario Oficial de la Federación una convocatoria de licitación para un proyecto de generación de energía a través de la transformación de agua y vapor. El fallo de la licitación se hizo público el pasado 31 de agosto, y resultaron beneficiadas las citadas empresas españolas, que se especializan en proyectos de generación de energías limpias.
El documento interno que ordena la contratación y activar los mecanismos de financiamiento para llevar a cabo este proyecto, a pesar incluso del notable aumento del presupuesto original, fue firmado por Morales Gil, por el subdirector de Administración y Finanzas, Jorge Collard de la Rocha, y por los subdirectores de las regiones afectadas (norte, sur, noreste y suroeste).
Los motivos que aduce Pemex para justificar que el proyecto pasara de mil 445 millones de dólares a 2 mil 17 millones en menos de año y medio son que se incrementaron los precios de los materiales de construcción y de fabricación de equipos, un aumento mundial de la demanda de nuevos proyectos de generación y de infraestructura eléctrica en general y el deterioro de la situación financiera internacional.
El objetivo explícito de los funcionarios de Pemex para otorgar el contrato a las empresas españolas es: Contratar con un servicio de cogeneración de energía para disminuir las compras a la Comisión Federal de Electricidad y a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, así como el desarrollo de proyectos de cogeneración de gran escala para sustituir la operación de equipos ineficientes instalados o de aquellos que se encuentran al final de su vida útil.
Los argumentos que ofrecen los responsables de la paraestatal mexicana para conceder un contrato hasta 2032, son los siguientes, literales: Evitar la realización de procesos licitatorios cada año, con lo que se reducirán los gastos administrativos por mano de obra, pago de publicaciones, servicios de copiado, entre otros; mejorar la planeación y programación anual del presupuesto y su ejercicio por el servicio correspondiente y por los precios bajos por economía de escala.
El proyecto se divide en dos aspectos: la construcción llave en mano de la planta bajo la modalidad de ingeniería, suministro y construcción en un plazo de 36 meses, con capacidad para generar 300 megavatios, así como su posterior operación y mantenimiento integral durante un periodo de concesión de 20 años. La operación financiera, que tiene la aprobación de Banobras (Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos de México), se ha cerrado bajo el esquema de project finance, y considera la creación de un consorcio entre Abener Energía y Abengoa México, con la participación de General Electric.
Abengoa y Abener –que forman un consorcio con alianzas estratégicas en México– han logrado importantes contratos con dependencias públicas, sobre todo con Pemex y la CFE. Desde la llegada de Felipe Calderón al poder se han intensificado los contactos y las relaciones comerciales con multinacionales españolas interesadas en el sector energético, con la mirada puesta en el sustancioso negocio que supone Pemex y su potencial privatización. Incluso, desde la toma de posesión de Calderón se ha detectado en España la presencia de diversas comisiones de emisarios del más alto nivel de Pemex para estudiar el modelo privatizador.