Dictadura Fecalista = Dictadura Salinista

El desgobierno de Calderón me recuerda el desgobierno de Salinas en 1994

Pedro Echeverría V.

1. No me preocupa –ni me "consterna"- el asesinado o la muerte de políticos o de notables empresarios, a pesar de que los medios de información, por propio negocio, los exaltan durante varios días y semanas. Lo que sí me horroriza e indigna es la muerte de miles de inocentes, que no les hacen mal a nadie. Como los 49 niños de la guardería de Sonora, los niños asesinados por el ejército en Tamaulipas, las violaciones y asesinatos de indígenas y campesinas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas o Hidalgo; los asesinatos de mujeres e inocentes en Ciudad Juárez, pero sobre todo las persecuciones, encarcelamientos, asesinatos que los gobiernos ordenan contra los luchadores sociales honestos de oposición. Para mi también las muertes tienen un carácter clasistas. Pero debe quedar claro que todos esos crímenes tienen lugar en un México sin gobierno cuya única preocupación ha sido conservar un poder ilegítimo. ¿Es como 1994 de Salinas?




2. Carlos Salinas era y es el personaje más nefasto y odiable del país por la forma en que gobernó sus seis años -está por encima del Jefe Diego-, pero uno de los presidentes más hábiles y marrulleros que ha habido en México: a) Salinas en el sexenio de De la Madrid (1982-88) fue el poder tras el trono después de organizar la campaña presidencial; b) Heredó la Secretaria de Programación y Presupuesto del mismo MDH; c) Eliminó de la Secretaría de Hacienda a Silva Hérzog, su contrincante; d) fue el candidato sucesor indiscutible; e) organizó el fraude electoral contra Cárdenas en 1988; f) negoció con el PAN su reconocimiento; g) reprivatizó todo y estableció relaciones con el Vaticano; h) recuperó en las elecciones de 1991 su poder en el congreso; i) firmó con los yanquis el TLC; j) impuso la candidatura de Colosio como su sucesor y, hasta k) fue acusado de asesino de un Cardenal, de Colosio y de su excuñado Ruiz Massieu.




3. Felipe Calderón es igual a Salinas, pero muy menor, un enano frente a él en todos los aspectos. Salinas debilitó a Cuahtémoc y al PRD en sus dos primeros años, de modo que en el tercero comenzó a hacer y deshacer a su gusto. Mientras negociaba todo con el PAN, a la izquierda nos trajo barridos y trapeados hasta 1993, es decir, antes del levantamiento del EZLN en Chiapas en enero de 1994. Fue a partir de esta fecha cuando Salinas –como Calderón durante su gobierno- comenzó a desplomarse aceleradamente. Por eso el levantamiento zapatista significó algo parecido a un corte histórico en política nacional. Sentíamos que en 1993 Salinas se burlaba, se carcajeaba de nosotros los trabajadores al mandar tocar el himno nacional por "liquidar o negociar parte de la deuda", al decir que México era ya parte del primer mundo, y al organizar reuniones plenarias de altos funcionarios y luego organizar grandes festejos.




4. El pobrecito de Calderón- a punto de cumplir cuatro años de su sexenio- en economía ha llevado al país al desplome: según informes internacionales el país es cada día más miserable, los salarios cada vez alcanzan menos para vivir, el desempleo alcanza alrededor del 25 por ciento de la fuerza de trabajo, la emigración en busca de trabajo hacia EEUU es gigantesca; las inversiones productiva se han caído por la inestabilidad gubernamental. Por otro lado, desde que tomó posesión ordenó al ejército ocupar casi todo el país; han muerto más de 25 mil personas por la guerra contra el narcotráfico, la inseguridad es enorme y los asesinatos y secuestros en toda la nación están a la orden del día. Salinas gobernó con el total apoyo del PAN, sin embargo Calderón no ha podido gobernar a pesar del apoyo del PRI. Aunque funesto el gobierno de Salinas fue sólido; el de Calderón no ha podido ser un gobierno estable.




5. Salinas no solo debilitó a la izquierda sino que con su PRONASOL logró absorber a varias decenas de "ex socialistas y ex comunistas" que se hicieron priístas. También muchos "intelectuales" encabezados por Aguilar Camín, se fusionaron con el salinismo ocupando los más altos cargos en la SEP. Calderón -como Salinas- también logró absorber al PRD, reprimir varios movimientos de izquierda, continuar con la política privatizadora, pero su gobierno es absolutamente débil. Si se ha mantenido en el poder ha sido por el respaldo del gobierno de los EEUU, de un fuerte grupo de empresarios y por el mismo PRI que ahora se prepara para recuperar la Presidencia. Por eso todas las muertes y asesinatos de los últimos cuatro años en el país son producto de un desgobierno que no encuentra salidas. Pero lo importante para Calderón es tener a un "enemigo" a quien le puede achacar todas las culpas.




pedroe@cablered. net.mx


Calderón se tambalea


Álvaro Delgado

MÉXICO, D.F., 28 de junio (apro).- Habitualmente fríos al drama cotidiano de millones de mexicanos a merced de la pobreza y la violencia, a las que suelen aproximarse sólo mediante sus proyectos filantrópicos, los ricos de México padecen cada vez más los embates de la delincuencia, aun en las fortalezas que habitan y detrás de nubes de guaruras.
En medio de matanzas que apilan casi 25 mil cadáveres, balaceras a cualquier hora, secuestros cotidianos, extorsiones por doquier, abusos policiaco-castrense s crecientes y desasosiego general, todo en un contexto de impunidad absoluta, las élites ya están hartas.

Y han dado con el responsable: Felipe Calderón.

En las conversaciones en los restaurantes de postín de todo el país, en los centros financieros y en sesiones de organismos empresariales, son cada vez más despectivos y soeces los comentarios sobre Calderón y sus colaboradores, que van desde “nacos”, “ineptos” y “corruptos” hasta imputaciones sobre ostensibles aficiones etílicas.

En esos corrillos corren toda suerte de especulaciones, inventivas y asertos sobre la élite burocrática y sus supuestos negocios materializados gracias a amoríos, afectos o consanguinidad al más alto nivel.

En esos ámbitos no dan un centavo por un futuro prometedor para Calderón y su círculo cercano, que creen que inevitablemente reemplazará el grupo de Enrique Peña Nieto –al que ven más moldeable--, y aun se cruzan apuestas si puede concluir el sexenio.

Las expresiones despectivas sobre Calderón han cobrado auge ahora que recibió, este lunes28, un segundo obús en su línea de flotación y exhibió, otra vez, su extrema fragilidad.

Se trata de la ejecución a balazos del candidato priista a gobernador de Tamaulipas, Rodolfo Torre Cantú, y de otras cuatro personas, a menos de una semana de las elecciones en ese y otros 14 estados, un embate criminal que México no conocía desde el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el 21 de marzo de 1994.

El primero obús que cimbró a Calderón y su enclenque gobierno fue el secuestro del panista Diego Fernández de Cevallos, el viernes 14 de mayo, un hecho que no sólo exhibió que cualquier organización delictiva es capaz de privar de la libertad a quien sea –incluido, como es el caso, uno de los individuos que encarnan los intereses oligárquicos- -, sino de poner de rodillas al Estado, que eso implica el repliegue de éste ante el secuestro que ni siquiera se acepta como tal.

Este secuestro espantó a la élite económica y política de México, que se ve desde entonces extremadamente vulnerable a los criminales o grupos guerrilleros que, como en 1994, secuestraron a prominentes magnates como Alfredo Harp Helú, cuyo rescate de 30 millones de dólares, por cierto, no quería pagar el socio de éste en Banamex, Roberto Hernández.

La ejecución del candidato priista a gobernador han reactivado en la élite la certeza de que Calderón ya no es capaz de dar seguridad a los mexicanos, en primer lugar a ellos que lo impusieron en el cargo, y que su empecinamiento en su “guerra” sólo agravará las condiciones de peligro.

Los megacrímenes de Fernández de Cevallos y de Torre Cantú indican que la escalada delincuencial va en ascenso y que apunta a la comisión de otros homicidios de gran relevancia. Si no se tomó con la debida seriedad el asesinato del candidato panista a Valle Hermoso, Mario Guajardo, y de su hijo y uno de sus empleados, ahora no puede soslayarse la muerte a balazos del virtual próximo gobernador.

Porque, así como ya se atentó contra políticos del PAN y del PRI, puede preverse que sigue un personaje de peso del sector empresarial o en general de la élite que impuso, a toda costa, a Calderón, que ahora lo aborrecen y que pueden facilitar su caída...

Apuntes

Si Calderón removió a Miguel Gómez Mont como director de Fonatur por el pleito en el que participó con familiares de los futbolistas de la Selección Mexicana, después de que ésta fue sepultada por la de Argentina --a cuyos naturales ese sujeto insultó: "todos los argentinos que se vayan a la chingada"--, hay muchas más razones para hacerlo con otro miembro del clan, Fernando, el secretario de Gobernación, cuya más reciente estupidez fue insultar a las comisiones nacional y estatales de derechos humanos llamándolos “tontos útiles”. Arrogante y frívolo, Gómez Mont tiene la instrucción de su jefe de evitar, a toda costa, que se sancione a los asesinos de Brayan y Martín Almanza, los niños asesinados a balazos por soldados en un retén en Tamaulipas. Tiene razón el obispo Raúl Vera López: Calderón es un dictadorzuelo y Gómez Mont es un fascista…

delgado@proceso. com.mx

Campañas amedrentadas



Patricia Dávila
Flagelados por la violencia creciente y las imparables ejecuciones del narco y ante una oferta política precaria de los candidatos a gobernar Chihuahua, los ciudadanos de este estado fronterizo están listos para emitir su sufragio en unos comicios que serán desangelados, según admiten las propias autoridades electorales. Ejemplo funesto de cómo los capos de la droga y sus secuaces se han apropiado de gran parte del territorio nacional es precisamente Chihuahua, donde son ellos los que dictan las pautas.

CHIHUAHUA, CHIH, 28 de junio (Proceso).- La muerte y el narco marcaron las campañas electorales en el estado. Su sombra desdibujó a partidos políticos y candidatos, incluido César Duarte, el abanderado del PRI a la gubernatura.

Impotentes, al inicio del proceso electoral que culmina el próximo domingo 4 de julio, el Instituto Estatal Electoral (IEE) y el gobierno estatal recomendaron a los partidos abstenerse de realizar campaña en municipios como Guadalupe Distrito Bravos y Praxedis G. Guerrero debido a la violencia sin tregua de los cárteles de Juárez y de Sinaloa.

Duarte y seis de sus correligionarios, aspirantes a diputados, tuvieron que realizar sus actos proselitistas escoltados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad. No era para menos: el 19 de mayo asesinaron al tío de Francisco Salcido, candidato del PRI a diputado por el distrito 11; el 22 de ese mismo mes un brigadista de la campaña de Duarte también cayó; poco después un vehículo de su comitiva fue baleado accidentalmente por un soldado.

Y 10 días antes de que cerrara su campaña, Jaime Galván, uno de los empresarios chihuahuenses que lo financiaba, fue detenido en Estados Unidos acusado de lavado de dinero.

Desde antes del arranque formal de las campañas y de que los candidatos César Duarte del PRI, y su contrincante del PAN, Carlos Borruel Baquera, solicitaron protección por la violencia desatada por los cárteles. Meses después, ya en pleno proceso electoral, al detectar que 15% de los ciudadanos empadronados (2 millones 612 mil electores) optaron por cruzar la frontera para proteger a sus familias y que otro tanto perdiera su credencial o no actualizó sus datos, las autoridades electorales decidieron instrumentar una estrategia de seguridad.

El 9 de enero, el IEE, presidido por Fernando Herrera Martínez, giró un oficio al gobierno del estado en el que solicitó apoyo logístico para los candidatos. Al final sólo la aceptó el candidato Duarte.

Entre las medidas, se mencionaba que el personal siempre portara uniforme y los vehículos tuvieran sus rótulos de identificació n, pero sobre todo que empleados o colaboradores de los candidatos no realizaran trabajo de campo después de las seis de la tarde. Además, con excepción de Juárez, Delicias, Parral, Casas Grandes y Chihuahua, a las demás asambleas municipales electorales se les pidió concluir labores a más tardar a las siete de la tarde.

Herrera Martínez comenta que el domingo 4 de julio se disputarán la gubernatura, 22 diputaciones locales y la renovación de 67 alcaldías. Para ello se instalarán 5 mil casillas en todo el estado en las que participarán 35 mil 28 ciudadanos capacitados ex profeso por las autoridades electorales locales.

Los pronósticos de participación pesimistas, sobre todo si se considera que en 2007 sólo votó 37.5% del electorado, 7.5% menos que en 2004, cuando José Reyes Baeza ganó la gubernatura.

–¿Por qué la petición de vigilancia? ¿Fueron amenazados?

–Debido al clima de inseguridad que vive el estado, algunos candidatos consideraron pertinente pedir la seguridad…

–¿El IEE giró una observación a los candidatos sobre las zonas conflictivas para que se abstuvieran de realizar campaña en esos lugares?

–Siempre hemos tomado el problema de seguridad muy en serio, vivimos con temor. Todos los días hay hechos de sangre (por eso) tomamos medidas preventivas, por eso la recomendación a los candidatos.

Las promesas

Al iniciar su campaña, el priista César Duarte hizo varios compromisos: transformar el marco judicial del estado para atacar las estructuras de la delincuencia organizada, recuperar la tranquilidad de los chihuahuenses. Y remató: “Daré mi vida por rescatar Ciudad Juárez”.

El panista Carlos Borruel no se quedó atrás: “Yo pondré a los delincuentes de rodillas”, se ufanó.

Los meses siguientes, ambos candidatos se tomaron muy en serio la recomendación del IEE para que se abstuvieran de realizar campaña en los municipios dominados por el narco. Además, en sus alocuciones omitieron hablar es ese asunto, hasta que, presionados por la prensa local que los acuso de “sacarle la vuelta” al Valle, visitaron dos de los municipios más violentos.

Duarte acudió a las oficinas de la Unión Regional Ganadera, ubicada en el kilómetro 59 de la carretera Ciudad Juárez-Porvenir para hablar ante los habitantes de los dos municipios. Borruel realizó dos actos: uno en Praxedis G. Guerrero, donde habló de apoyos en infraestructura, pero omitió el de la violencia generada por el narco, y otro en Guadalupe Distrito Bravos.

En la plaza de Guadalupe, el panista declaró: “A pesar de que hubo quienes me recomendaron no visitar esta población, la decisión de estar en Guadalupe es firme… Esta lucha no es sólo de los panistas; es de todos… Está en juego el destino de sus hijos, el destino de los jóvenes que quieren vivir en paz”.

Uno de los discursos más fuertes fue el de Borruel el martes 22, frente a 450 maestros: “El tema de la inseguridad no sólo se resuelve con policías; en las escuelas (también) se generan delincuentes. Por eso, propongo un esquema de escuelas de tiempo completo para que los niños anden menos tiempo en las calles. En el estado hay 350 mil niños y jóvenes sin escuela y en Juárez 12 mil. Creo que debemos de atacar la inseguridad con educación, no sólo construyendo cárceles y comprando armamento”.

Al día siguiente le tocó a Duarte. En Juárez se reunió con el sector de la CTM, y al viejo estilo caciquil los agremiados le rindieron pleitesía. Por la tarde, tuvo un encuentro con los integrantes del Poder Judicial del estado, en el que el juez VI en materia penal presentó una ponencia sobre la Ley de extinción de dominio, creada para afectar la economía del crimen organizado y las amenazas de que son víctimas los magistrados por parte de los cárteles:

“Todos los integrantes del Poder Judicial estamos dispuestos a aplicarla, sólo que requerimos capacitación que nos lleve a la creación inmediata de un tribunal especializado, con el fin de evitar la incertidumbre causada por la entrada en vigor de la ley…”

En el mismo evento, Patricia Martínez, juez IV de lo Familiar, expuso que la gran mayoría de los delincuentes provienen de familias desintegradas.

Y mientras a los 6 mil ejecutados de marzo de 2008 a la fecha en Juárez cada día se suma más sangre de personas que mueren a causa de la guerra entre los cárteles de la droga, las medidas para garantizar la seguridad ciudadana para el domingo 4 de julio son escasas.

Los candidatos del PRD pidieron permiso a su partido para realizar campaña en los municipios de Práxedes G. Guerrero, Guadalupe y Ascensión, pero desde la ciudad de El Paso, Texas. Sus directivos tuvieron que reemplazarlos.

“Aquí, el poder fáctico lo representan los grupos de narcotraficantes. Ellos han sembrado el terror con tanto asesinato y amenazas de muerte. Y en los casos de la sierra, también han impuesto la agenda y el discurso de los candidatos. Les prohibieron tocar el tema de la inseguridad y el narcotráfico. Por ello optaron por no postular candidatos en municipios como Urique y Uruachi”, asegura Miguel Vargas Loya, presidente del Comité Directivo Estatal perredista.

El lunes 21, el IEE conformó una comisión permanente en materia de seguridad. Desde ese día sus integrantes sesionan diariamente. El presidente del instituto, Fernando Herrera Martínez, solicitó a las corporaciones policiacas que el dispositivo de seguridad del 4 de julio sea estrictamente preventivo.

El día de la jornada electoral, las policías municipales tendrán a sus agentes debidamente uniformados, todos a bordo de sus patrullas. La instrucción es hacer recorridos sólo por las calles primarias de la ciudad.

Si alguna otra corporación estatal o federal tiene que salir de ese entorno por motivos ajenos al proceso, deberán circular por avenidas primarias para que permitan que la gente salga a votar. Además, deberán hacer sus rondines lejos de las casillas.

Por lo que respecta al Ejército, las tropas estarán acuarteladas y saldrán a las calles sólo si algún problema de carácter social rebasa a las otras corporaciones.

Ante el tribunal de la opinión


Jesús Cantú

MÉXICO, D.F., 28 de junio.- Como hongos brotan las grabaciones que evidencian la intromisión de las autoridades de los estados en los procesos electorales. Expresa o tácitamente, todos los actores políticos involucrados en las mismas reconocen su autenticidad. En algunos casos, tratan de contextualizar las conversaciones para explicarlas ante la opinión pública; en otros, ni siquiera se toman esa molestia: simplemente se empeñan en desacreditarlas porque fueron obtenidas ilegalmente.
Ninguna de las comunicaciones divulgadas, hasta el momento, revela hechos, prácticas o complicidades previamente desconocidas; sólo confirman los secretos a voces y evidencian la obsolescencia de la legislación en la materia y la inoperancia de las instituciones.

Las grabaciones muestran cómo se desvían recursos públicos para apoyar a candidatos de partidos políticos; algunos “arreglos” que pueden darse entre gobiernos y concesionarios de medios de comunicación para influir en la política editorial de éstos; la sospechosa cercanía y los tratos secretos de los gobernadores en turno con los presidentes de los consejos de los órganos electorales, y el trato preferencial que reciben los representantes de determinados partidos políticos, entre otras cosas. Algunas de ellas violan flagrantemente la ley y hasta la Constitución; otras, más bien pueden considerarse de mal gusto o sospechosas.

Lo cierto es que ni unas ni otras son perseguidas por las autoridades responsables, y la experiencia previa indica que las denuncias debidamente respaldadas ante las autoridades correspondientes terminarán sin sanción alguna o, en el mejor de los casos, en una sanción mínima. Al menos eso fue lo que sucedió hace seis años, precisamente en las tres entidades donde se han divulgado grabaciones: Sinaloa, Veracruz y Oaxaca; en las tres, el PRI retuvo la gubernatura por un mínimo margen, a pesar de que se mostraron públicamente las irregularidades e ilegalidades que afectaron los respectivos procesos electorales, pero según las autoridades las mismas no tenían un respaldo jurídicamente válido o no eran suficientes para alterar el resultado de la elección.

La ley hace prácticamente imposible para los partidos políticos y los particulares allegarse las pruebas jurídicamente válidas para demostrar las ilegalidades, y las autoridades que tienen a su alcance instrumentos para conseguirlas –especialmente tras las reformas constitucionales de 2007– no lo hacen.

Ante la imposibilidad de transitar por la vía legal, la única opción que tiene la oposición es la denuncia pública: la difusión de las grabaciones que exhiben las ilegalidades, con la esperanza de que el tribunal de la opinión pública sí sancione, en las urnas, a los candidatos del partido gobernante y ejerza suficiente presión para atenuar un poco la parcialidad de las autoridades electorales y el cinismo de los gobernantes.

Pero el cinismo de los gobernantes mexicanos es tal que ni siquiera los perturban la difusión generalizada en los medios masivos de comunicación, las condenas en las redes sociales electrónicas o las manifestaciones públicas de desaprobación. Continúan impasibles su tarea.

Sin embargo, la divulgación de las grabaciones no únicamente muestra las prácticas ya comentadas, sino que también desnuda las limitaciones jurídicas de los gobernantes y la arbitraria y discrecional procuración de justicia que se vive en el país.

En el primero de estos casos, ni por asomo aparece alguna autoridad –de cualquier ámbito, ya que, además de la electoral, son varias las legislaciones violadas– que asuma que las grabaciones sí contienen pistas de posibles actos ilícitos y que, por lo mismo, debe iniciar una investigación. Hoy las autoridades se desentienden de los contenidos de las grabaciones con el argumento de que se obtuvieron ilícitamente.

Ninguna autoridad comparte los criterios que algunos ministros expresaron en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante septiembre de 2006, al discutir por primera ocasión el proyecto de informe del caso de Lydia Cacho. En esa ocasión, el ministro José de Jesús Gudiño señaló respecto al valor de las grabaciones de los diálogos entre Mario Marín y Kamel Nacif:

“…Hay que distinguir dos cosas: el efecto legal y la consecuencia material. Son dos aspectos distintos; desde el punto de vista legal, no tienen valor probatorio (…), y si no tienen valor probatorio, tampoco de ellas puede desprenderse una presunción, porque el precepto que nos acaba de leer don Juan (Díaz Romero) habla de presunciones que se desprenden de hechos probados; si no le estamos dando valor probatorio a la grabación, no puede de ahí desprenderse una presunción, pero sí tiene efectos materiales. ¿Cuál es el efecto material? Que nos da una pista a investigar, nos pone sobre el camino de la investigación (…), pero no confundamos lo que es el efecto legal, la consecuencia jurídica, de lo que es un resultado material; esa grabación indudablemente no tiene efecto jurídico, pero da una pista, nos pone sobre el camino que debemos investigar para corroborar o no, para llegar a una conclusión en un sentido o en otro, pero como resultado de la investigación, no antes.”

Y continuó: “El señor ministro Cossío ayer ponía un ejemplo muy interesante. Imaginen que hay una grabación donde dos personas se ponen de acuerdo para cometer un delito; quien oiga la grabación dice: bueno, esto yo no lo puedo tocar; entonces no puedo investigar esto porque esta grabación es ilícita. No, no podrá presentarla en juicio, pero sí tiene una pista para investigar qué fue lo que realmente sucedió, y eso es lo que falta justamente en esta investigación” .

Eso también falta en todos estos casos, pues las grabaciones sí aportan pistas; aportan pistas de un delito que está por cometerse, pues se concretará entre estos días y el domingo 4 de julio, pero a nadie se le ocurre investigar, las descalifican y desechan en automático. Se materializa el ejemplo de Cossío. A las autoridades les interesa que el proceso transcurra con los menores sobresaltos, no que se apegue a la legalidad.

En el segundo caso, aunque fue fuera de tiempos electorales y por motivaciones muy distintas, el proceso penal que hoy enfrenta Purificación Carpinteyro, exsubsecretaria de Comunicaciones y Transportes, por divulgar las grabaciones de diálogos privados del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, y la averiguación previa que le integra la Procuraduría General de la República por presuntamente intervenir las comunicaciones privadas, son una muestra de un trato muy desigual a hechos iguales.

Así, la regla parece clara: la persecución o no del emisor depende de su cercanía e identificació n con el responsable de procurar la justicia; todo indica que Miguel Ángel Yunes, César Nava y Enrique Cambranis –candidato a gobernador, líder nacional del blanquiazul y dirigente del panismo veracruzano, respectivamente– no tienen nada que temer; y Fidel Herrera fue el único de los involucrados que presentó una denuncia.

El impacto electoral de la divulgación de las grabaciones todavía es incierto. No podrá medirse sino hasta el próximo domingo; pero lo que sí es una realidad, en estos momentos, es que desnudaron la obsolescencia de las leyes y la inoperancia de las instituciones electorales, penales y administrativas. Y, finalmente, ese fue el objetivo en el momento en que se optó por recurrir al tribunal de la opinión pública y no a las instancias legales.