Los Negocios del Usurpador con la Fibra Optica

Luis Javier Garrido: En curva

El gobierno de Felipe Calderón, desaprobado no se diga por el pueblo, sino por los que creía sus protectores, el gobierno de Obama y el sector empresarial mexicano, que lo critican de manera cada vez más abierta, busca ahora cobijo –y consejo– en la ultraderecha y las trasnacionales de España y Europa.
1. La Casa Blanca ha ido tomando, ahora con rapidez, distancias del gobierno de Felipe Calderón en los últimos días, y tras el anuncio que hizo el presidente estadunidense Barack Obama de su Estrategia Nacional de Control de Drogas el martes 11, la escalada de declaraciones adversas al gobierno calderonista no se hizo esperar, iniciándola el embajador Carlos Pascual, quien ese mismo día, y a sólo una semana del viaje del panista a Washington, declaró nada menos que la inseguridad en México preocupa a los inversionistas.
2. La derecha mexicana reaccionó a su vez muy pronto ante el anuncio del cambio de estrategia de Estados Unidos, aun antes que el gobierno calderonista, y así, por ejemplo, la empresa Televisa organizó un debate el mismo miércoles 12 por la noche para discutir lo que estaba pasando y en especial para plantear ladinamente la cuestión de si lo que estaba lesionando a la economía nacional y dañando la imagen de México eran las políticas oficiales de lucha contra el narcotráfico o la imagen que los medios estaban dando de la situación.
3. Los funcionarios de la administración de Obama, como se halla documentado, no se han cansado de desaprobar una y otra vez la forma en la que el gobierno panista ha instrumentado las políticas dictadas por Washington para la supuesta guerra contra el narco, pero las últimas declaraciones de Hillary Clinton (secretaria de Estado) no dejan lugar a dudas. Clinton expresó el miércoles 12 de manera contundente a un grupo de emisarios de Calderón, asistentes a la reunión del Consejo de las Américas, que México carece de una estrategia efectiva en la lucha antinarcóticos, y tras señalar que la brutalidad y barbarie de los traficantes de drogas se halla más allá de lo imaginable, les hizo ver lo que otros funcionarios de la administración de Obama han tratado de expresar de diversas maneras a funcionarios mexicanos: que hay en ellos una clara ineptitud para enfrentar el problema.
4. La violencia ciega desatada por Calderón en el país al utilizar inconstitucionalmente como policías a las fuerzas armadas, y que ha generado un altísimo costo de vidas amén de haber permitido un mayor control de Washington sobre México, está dejando, en fin, insatisfecho a Estados Unidos y no le ha servido a él, como pretendía, para ninguno de sus fines políticos, personales y facciosos, al creer que con ella podría legitimarse y tener el aval de Washington para mantener un clima de terror en el país a fin de poder imponerle como su sucesor a otro panista. La redefinición de las políticas estadunidenses agarró a Calderón en curva, cuando más entusiasmado se hallaba en poder continuar con su escenario de violencia, y llevarlo como sueña hasta el 2012, y ahora tendrá que repensarlo, bajo la premisa de que sus años de servilismo hacia Washington de poco le han servido.
4. El titular del Ejecutivo federal tiene en México, conforme al artículo 87, la alta responsabilidad de hacer guardar la Constitución Política, lo que supone que al ejecutar las leyes, conforme le manda el 89 constitucional, debe de manera prioritaria velar por los derechos de los mexicanos, la soberanía de la nación y la integridad del Estado; pero Felipe Calderón ha hecho todo lo contrario en todos los ámbitos, principalmente en materia de seguridad y de energía. En su afán por acelerar el sometimiento de México al modelo neoliberal, el gobierno panista de facto a su cargo ha intentado por todos los medios entregar las riquezas estratégicas de la nación a las multinacionales con las que contrajo compromisos en su campaña, se ha empeñado en destruir el aparato estatal con todo el fanatismo privatista del PAN y no ha dudado para ello en violentar los derechos fundamentales, individuales y sociales, de los mexicanos.
5. Las políticas anti narco de Calderón, consideradas inefectivas por Washington, han llevado sin embargo a México a un escenario de absoluta ilegalidad, creando una crisis sin precedente, pues el gobernante de facto panista, como lo ha hecho en otros ámbitos, se ha empeñado en su guerra contra el narco en violar la Constitución que protestó cumplir.
6. La respuesta oficial a las declaraciones de Hillary Clinton, a cargo de Fernando Gómez Mont, titular de Gobernación, quien el miércoles 12 dijo estar extrañado por las mismas pero, entendiendo el mensaje que se les envía por enésima vez, hizo saber que la política anti narco de México se está reformulando continuamente –es decir, que el gobierno calderonista se halla dispuesto a bailar al son que le toquen–, no hizo empero más que poner una vez más de relieve que no existe una estrategia nacional ante el narcotráfico y que la sangrienta guerra de Calderón no es más que una estrategia de fines facciosos.
7. En medio de este desastre se ha hecho público que dos días antes de la cumbre de dirigentes de la Unión Europea y América Latina, que se llevará a cabo en Madrid el 18, Felipe Calderón tendrá en Comillas (Cantabria) un encuentro con los dirigentes de la Unión Europea organizado a iniciativas del PP de España, en el que solicitará inversiones españolas y europeas en ámbitos estratégicos a sabiendas de que la Constitución Mexicana lo prohíbe, y en el que, como lo advertía el columnista Julio Hernández, no va a hacer otra cosa que poner de relieve las operaciones de corrupción que armó su desaparecido colaborador gallego Juan Camilo Mouriño.
8. El intento de Calderón de refugiarse en los brazos de la ultraderecha europea y española para cobrar ánimos y pedir consejo ante su desastre no podría ser más patético e inoportuno en los momentos actuales. Aunque son conocidos los vínculos históricos del PAN con el franquismo y más tarde con el Partido Popular (PP), que lo asesoró en las elecciones presidenciales de 2006, con apoyos logístico, financiero e ideológico, esta asociación pone de relieve un rasgo común de las derechas españolas y mexicana: su corrupción desmedida. El PP está afrontando ahora gravísimos escándalos de corrupción que su dirigente Mariano Rajoy no ha logrado paliar.
9. México necesita un cambio de gobierno. El panista Vicente Fox guió los destinos del país con los consejos del sacerdote Marcial Maciel, hoy reconocido como un pederasta y criminal, que les gestionó a él y a su esposa sendos divorcios de la Santa Sede, y Felipe Calderón se asesora de José María Aznar y Mariano Rajoy, los corruptos neofranquistas de la corte española.
10. La gravísima situación actual requiere de un cambio urgente, pues muy difícilmente México podrá seguir en la pendiente esperando el 2012.

Los recursos estaban programados y autorizados para ejercerse en el primer trimestre
La CFE rezagó inversiones por casi 7 mil millones de pesos
Personal improvisado de los contratistas no podrá evitar la crónica de un colapso anunciado
No hay sabotajes, el problema es una política que no dio recursos a LFC, afirma experto

La CFE se enfrenta con una infraestructura eléctrica agotada en tiempo de utilizaciónFoto Archivo La Jornada

La CFE se enfrenta con una infraestructura eléctrica agotada en capacidad instalada rebasadaFoto Archivo La Jornada

Los trabajadores de LFC adquirieron la experiencia empíricamente, sabían cómo hacer las reparaciones, los empalmes y podían resolver las complicaciones, afirma Angelberto Martínez, del Comité Nacional de Estudios de la EnergíaFoto Archivo La Jornada
Israel Rodríguez

Periódico La Jornada
Martes 18 de mayo de 2010, p. 26
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) muestra un rezago en el ejercicio de recursos ya programados y autorizados para inversión, que alcanzan al primer trimestre de 2010 poco más de 6 mil 719 millones de pesos, pese a que desde finales de octubre del año pasado incorporó a 25 millones de nuevos usuarios, tras el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
De esta manera, las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica que se han presentado en la ciudad de México y zona metropolitana, que con anterioridad fueron detectadas por los técnicos de LFC, no se deben a sabotajes de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino a la negligencia de muchos años del gobierno federal para con LFC, que le impidió aumentar la cantidad de plantas generadoras, le impuso tarifas descapitalizadoras y le recortó el presupuesto adecuado para su mantenimiento y expansión, coincidieron por separado Gilberto Ortiz, presidente de la comisión de energéticos de la Canacintra; Angelberto Martínez, del Comité Nacional de Estudios de la Energía, y Mario Govea, coordinador de energía eléctrica en el Instituto de Estudios Energéticos de los Trabajadores de América Latina y el Caribe.
Ante las lluvias que se avecinan, las zonas críticas, que pueden ser la crónica de un colapso anunciado, son: Pachuca-Actopan; Tula, Tepejí, Tulancingo-Ahuazotepec, Cartagena, Tecámac, Tizayuca, Lomas Verdes, Tepotzotlán, Huehuetoca, Aná- huac, delegación Benito Juárez, Chicoloapan-Aurora, Zaragoza, delegación Magdalena Contreras, Coapa-Culhuacán, Juchitepec-Chalco, Corredor Reforma, San Carlos, San Cayetano, Totoltepec y Amomolulco, alerta el último informe de autoevaluación elaborado por los técnicos de LFC.
De acuerdo con informes oficiales de la Secretaría de Hacienda, la CFE no ejerció el gasto programado para inversión por 6 mil 718.9 millones de pesos al primer trimestre del año, lo que significó una caída de 7 por ciento con respecto a los 49 mil 164.6 millones de pesos aplicados en inversión en el mismo periodo del año anterior.
Pese a la incorporación de 25 millones de usuarios, la CFE también mostró un desplome de 12.1 por ciento en sus ingresos propios al primer trimestre de 2010, cuando alcanzó un monto de 52 mil 648.7 millones, que se comparan muy desfavorablemente con los 57 mil 147.5 millones obtenidos en el mismo lapso del año pasado, indican las cifras de Hacienda.
Para entender la frecuencia de incidentes ante cualquier ventarrón o por la temporada de lluvias, Mario Govea Sansón explicó que la construcción de viviendas continúa como una de las prioridades del gobierno federal. Para LFC representó la necesidad de atender una creciente demanda de energía eléctrica que exige tiempos de respuesta muy cortos.
Antes de su extinción LFC recibió planteamientos de desarrollos habitacionales que suponen más de 150 mil viviendas para los próximos dos años, la mayor parte de las cuales se edificarán en las seis ciudades bicentenarias, en seis municipios del estado de México, y cuya problemática ahora deberá resolver la CFE.
En la ciudad de México el incremento desmesurado de la demanda eléctrica en algunas delegaciones obedece a otras causas, también de índole política.
Angelberto Martínez Gómez, galardonado con la medalla Adolfo López Mateos por méritos en el desempeño del trabajo en la CFE, señaló que los trabajadores de LFC adquirieron la experiencia empíricamente; sabían cómo hacer las reparaciones, los empalmes y podían resolver las complicaciones. Conforme vayan apareciendo los problemas, el personal improvisado de los contratistas, además de que no tiene experiencia general, tampoco tiene experiencia específica en la red metropolitana. En tiempo de lluvias se va a agravar la problemática y se hacen más factibles las fallas con inundaciones en la red subterránea, advierte.
Las necesidades del programa habitacional y de servicios concurrentes son significativamente superiores al incremento de la demanda histórica. Ahora la CFE se enfrenta con una infraestructura eléctrica agotada, tanto en tiempo de utilización como en capacidad instalada rebasada.
Todos estos problemas se asocian a un rezago en la inversión en infraestructura eléctrica, cuya vida útil ha concluido y es insuficiente para atender una demanda en continua expansión.
Con la actual tecnología, el ritmo de comercialización y construcción de unidades habitacionales y de servicios supera con mucho la capacidad para construir líneas de transmisión, derivaciones, subestaciones, alimentadores y red de baja tensión.
Antes del decreto de extinción del 11 de octubre de 2009, LFC había emprendido la instalación de subestaciones móviles y de transformadores adicionales, amén de las plantas de generación distribuida que le autorizaron desde 2003 (14 de 32 megavatios para un total de 448).
Lo último que LFC planteó en 2009 fue la instalación y puesta en servicio de transformadores adicionales para atender los requerimientos de las zonas críticas: Jamaica, Polanco, Totoltepec, Ixtapaluca, Jorobas y Parque Industrial Tepeji. Sin embargo, no se autorizó el presupuesto suficiente para la adquisición de equipos de las demás zonas críticas.
Para solucionar la problemática de las zonas críticas es necesario construir obras de potencia que proporcionen mayor capacidad de suministro al sistema de distribución.
LFC tenía una antigüedad de 107 años como empresa eléctrica que abastecía la zona central de la República Mexicana (Distrito Federal, Puebla, Hidalgo, Morelos y estado de México). Su generación tenía 105 años, sus redes de distribución aérea y subterránea tenían 80 y 50 años, respectivamente.
Gilberto Ortiz, presidente de la comisión de energéticos de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, descartó que las constantes fallas en el suministro eléctrico hayan sido resultado de actos de sabotaje. El problema fundamental es cuestión de una política de no darle mantenimiento ni recursos al organismo para dar el resultado adecuado. Esto, dijo, hizo que tras varios años se haya conjuntado la antigüedad con un problema político.
“De lo que hay que darnos cuenta –agregó– es que se castigó mucho al centro del país y a las zonas conurbadas que atendía LFC. Resultó que hizo crisis y lo que tenía que tronar tronó”, propiciado por las políticas gubernamentales.

La SCT negó a Iusatel, del Grupo Salinas, la posibilidad de concursar en el proceso
Sólo entra el grupo de Televisa, Telefónica y Megacable a la licitación de fibra oscura
Las autoridades violan las reglas del mercado y dirigen la asignación, replica el afectado

Gerardo Sánchez Henker, director jurídico de la SCT, ayer en la conferencia de prensa sobre la licitación de la fibra ópticaFoto Carlos Ramos Mamahua
Miriam Posada García

Periódico La Jornada
Martes 18 de mayo de 2010, p. 27
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) confirmó que el consorcio integrado por Televisa, Telefónica y Megacable (Grupo de Inversionistas) será el único autorizado para participar en la licitación de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), debido a que le negó posibilidad de concursar a la empresa Iusatel, de Grupo Salinas, porque no estaba de acuerdo con las bases de licitación ni reconocía la autoridad que dirige el proceso, lo que no garantizaba que cumpliera con el compromiso que representa tener dos hilos de fibra óptica.
Por separado, el área jurídica de Grupo Salinas explicó que Iusatel no se equivocó al no incluir en la documentación entregada a SCT el consentimiento y voluntad de consentimiento, porque la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado indebido que una autoridad pretenda que el participante en una licitación renuncie a sus derechos durante el proceso de trámite de esa licitación, porque al aceptar esta condición la autoridad pretende evitar que los concursantes puedan tramitar un amparo si consideran que fueron violados sus derechos.
Grupo Salinas señaló que la descalificación de Iusatel refuerza la idea de que las subastas de fibra oscura y la de espectro radioeléctrico en las frecuencias de 1.7 y 1.9 gigahercios (Ghz) en realidad son asignaciones directas disfrazadas de licitación.
Afirmó que en el ánimo de nivelar el mercado la SCT, la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) y la Comisión Federal de Competencia (CFC) han roto las reglas del propio mercado, y a través de regulaciones restrictivas limitan la participación de algunos operadores y dirigen la asignación a quien consideran que deben ganar el espectro o la infraestructura.
Si la SCT decide que Grupo de Inversionistas sea el ganador de esta licitación, se convertirá en el tercer operador más importante del país de una red de fibra óptica. La segunda es la de la propia CFE, y la principal por su extensión y capacidad es la de Teléfonos de México (Telmex), que vería afectados sus intereses sólo si los nuevos participantes logran reducir los precios de interconexión a la red.
Al mismo tiempo se confirmarán las previsiones de académicos y especialistas, quienes desde que se anunció el concurso afirmaron que ya tenía nombre y apellido debido a que estaba diseñado para favorecer a Telefónica, cuyo director, el ex secretario de Hacienda Francisco Gil Díaz se ha mostrado ante distintos auditorios confiado y agradecido con el gobierno federal por su acompañamiento en el proceso.

Muestra de fibra ópticaFoto Marco Peláez
El director jurídico de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, aseguró que al tener un solo jugador no se puede decir que habrá una adjudicación directa, ya que el Grupo de Inversionistas deberá presentar dos ofertas económicas que le convengan al gobierno, deberá cumplir con las reglas del concurso que no serán modificadas y obtener la aprobación de la CFC para mantenerse como oferente.
Dijo que aunque haya sólo un concursante se cumple el objetivo de la licitación, que era tener nuevos participantes que coadyuvaran a reducir los costos de interconexión y ofrecer mejores servicios a la población.
En cambio, Iusatel no podrá participar en el concurso, pero sí tiene el derecho de acudir a las instancias legales que considere convenientes para apelar la decisión, señaló Sánchez Henkel, aunque detalló que la empresa presentó una solicitud de amparo ante el juez sexto de distrito, recurso que fue rechazado el 16 de abril, por lo que solicitó una revisión ante el cuarto tribunal colegiado de circuito.
El abogado explicó que la decisión de no dejar participar a Iusatel en la licitación del par de hilos de fibra oscura de CFE atiende a su manifestación expresa de no aceptar ni consentir las bases de licitación, las reglas establecidas en el proceso, la competencia de la autoridad, los actos administrativos y las consecuencias de su participación en el proceso.
No obstante, Grupo Salinas también se inconformó por las bases de licitación de espectro de las frecuencias de 1.7 y 1.9 Ghz y la Cofetel sí le entregó la constancia de participación correspondiente, a lo que Sánchez Henkel dijo desconocer las razones legales que haya tenido el regulador.
El jurídico leyó textualmente los argumentos expuestos por Iusatel sobre su inconformidad, donde señala que su participación en el proceso no debe entenderse ni implica consentimiento alguno del contenido de las bases de la licitación pública... Asimismo, tampoco debe entenderse ni implica un consentimiento de la competencia, facultades, atribuciones y disposiciones que se deriven de dicho procedimiento así como de los subsecuentes actos administrativos de cualquier autoridad.
Ante esta postura, dijo Sánchez Henkel que no se puede otorgar una constancia de participación a quien no desea participar en los términos en que fue convocada la licitación del contrato.

En respuesta, los descontentos han solicitado miles de amparos
El gobierno ha interpuesto unas 250 demandas contra electricistas

Periódico La Jornada
Martes 18 de mayo de 2010, p. 16
A partir del proceso de liquidación de los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC), el gobierno de Felipe Calderón inició una batalla jurídica contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y los ex trabajadores de la paraestatal.
En unos meses interpuso 250 demandas penales contra los electricistas, por homicidio, robo, daño en propiedad ajena, sabotaje, amenazas, ataques a las vías generales de comunicación, daños contra el consumo y la riqueza nacional, oposición a que se ejecute alguna obra o trabajo público, fraude, lesiones, peculado, abuso de confianza, despojo, extorsión, privación ilegal de la libertad, de entre casi una veintena de causales.
Según se consigna en el recurso 1078/10, del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), interpuesto en contra de la Secretaría de Energía (SE), 18 dependencias y entidades federales, desde la Presidencia hasta el director del Diario Oficial de la Federación, realizan estrategias procesales contra los electricistas en diversos litigios ante las instancias judiciales.
Otras dependencias involucradas en esos juicios son las secretarías de Gobernación, Hacienda (SHCP), Seguridad Pública (SSP), Desarrollo Social, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Economía, Comunicaciones y Transportes, del Trabajo y Previsión Social (STPS), Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).
Contra el SME actúan el comisionado general de la Policía Federal y los directores generales del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El SME y sus afiliados no se han quedado con los brazos cruzados. La SE enfrenta 694 juicios vinculados al proceso de extinción de LFC; la CFE, 71 amparos; la STPS, 735 amparos por los conceptos de refrendo, actos de la JFCA, falta de notificación del aviso de terminación de las relaciones laborales, toma de las instalaciones de LFC, fijación de indemnizaciones y liquidaciones, entre otras causas. Además, 24 mil 950 ex trabajadores de LFC han interpuesto mil 475 demandas laborales contra LFC, CFE y SAE.
A esos procedimientos se suman 700 juicios de amparo interpuestos contra la SHCP, aparte del juicio de amparo promovido por el SME contra el decreto de extinción de LFC, en representación de 30 mil ex trabajadores.
Tras detallar los juicios referidos para justificar la reserva por 12 años del monto erogado en liquidaciones a los electricistas, la SE finalmente reveló que se han erogado 23 mil millones de pesos hasta marzo pasado, por el pago de indemnizaciones al personal, de impuestos, gastos de comunicación social, a proveedores y acreedores de LFC y por el seguro de bienes.

Exigen los diputados del PRD al gobierno frenar a grupos armados
Enrique Méndez

Periódico La Jornada
Martes 18 de mayo de 2010, p. 18
La bancada del PRD en la Cámara de Diputados advirtió que si el gobierno federal no interviene para detener a los paramilitares en San Juan Copala, Oaxaca, podría llegarse a un genocidio.
También exigió que el gobernador Ulises Ruiz Ortiz no se quede con los brazos cruzados y haga algo para eliminar a los grupos armados que existen en Oaxaca. Acompañados de habitantes de San Juan Copala, legisladores perredistas expresaron que la comunidad está secuestrada y con riesgo de morir por el hambre, el aislamiento y la violencia que se vive en esa zona.
Queremos el mismo trato, la misma diligencia con que se maneja la búsqueda, en este caso emblemática, del ex senador Diego Fernández de Cevallos, dijo la diputada Teresa Encháustegui.
El vocero del municipio autónomo de San Juan Copala, Jorge Albino, expresó la preocupación de la comunidad por la amenaza de muerte a toda la población sin diferencia de que sean niños, ancianos o mujeres. También exigió que el grupo plural de diputados que se integró en la última sesión del periodo ordinario pasado sesione y acuda a la comunidad para documentar las agresiones y la presencia de grupos armados en Copala.