Entrega de Fibra Optica, Verdadera Causa Golpe vs LFC

El gobierno de Calderón quiere privatizar la fibra óptica de LFC: Carrillo Soberón


Mario Govea Sansón, jubilado de LFC; Ana Lidya Flores Marín, directora del departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana, y Francisco Carrillo Soberón, asesor del SME, durante una ponencia en la citada institución educativa n Foto Rafael García Otero

ARTURO ALFARO GALÁN
Francisco Carrillo Soberón, asesor del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), señaló –durante una ponencia en la Universidad Iberoamericana (UIA)– que la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro (LFC) es anticonstitucional, injustificada, violenta los derechos de los trabajadores y de las organizaciones sindicales, además, de tener como trasfondo político la privatización de una red de mil 100 kilómetros de fibra óptica que se pondrá a disposición de los grandes emporios.
Ante ello, explicó que la resistencia de los más de 44 mil electricistas mexicanos, de los cuales 2 mil laboran en las subestaciones de Huauchinango y Nuevo Necaxa, tendrá que ser escuchada por los legisladores, quienes tienen la obligación de devolver el cauce legal al conflicto que estalló el pasado 10 de octubre.
“El presidente Felipe Calderón tenía facultades para presentar en al Poder Legislativo todas sus molestias. Que si había corrupción, que si somos improductivos, que había problemas serios de productividad, para todo eso tenía facultades, pero en el marco de la ley. Lo que reclamamos es que se cumpla su palabra, porque él es el primer obligado para mandar a los diputados para que se discutieran las medidas. Tenía derecho de presionar al sindicato para que se comprometiera junto con ellos a resolver los problemas del servicio público eléctrico. Pero se optó por una medida anárquica, que despojó a los trabajadores de su forma de vida”, señaló Carrillo Soberón.
De acuerdo con el ex integrante de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante el periodo de 2003 a 2006, la compañía Luz y Fuerza del Centro tenía las condiciones para brindar los servicios a bajos costos de internet, telefonía, televisión por cable y electricidad para familias de escasos recursos, mediante la utilización de fibra óptica, que recientemente fue concesionada a la empresa WL Comunicaciones, propiedad de Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens, ex secretarios de Energía durante el sexenio del Vicente Fox.
“Conocemos la vocación privatizadora de (Felipe) Calderón, probada por los intereses de clase que representa y sus acciones y ambición. Para nosotros es diáfano que el brutal golpe dado con el decreto de extinción de LFC es para desaparecer un sindicato independiente y democrático, que es un obstáculo para sus afanes privatizadores de la fibra óptica”, expuso en el panel “¿Qué hay detrás de la liquidación de Luz y Fuerza del Centro?”, organizado por la UIA.



Carrillo Soberón admitió que la empresa trabajó con errores; sin embargo, criticó la medida tomada el pasado 10 de octubre, cuando elementos de la Policía Federal tomaron por la fuerza las instalaciones de LFC y obligaron a los empleados a abandonar sus puestos de trabajo.
“Aceptamos los errores, los asumimos, pero en el marco de la ley, sin violentar los derechos de los trabajadores. Y nosotros somos los primeros en exigir que los funcionarios corruptos no sólo sean despedidos, sino que vayan a la cárcel. Lo que no se vale es que los obreros y miles de trabajadores, chambeadores (sic) cambien de perspectiva de vida”, refirió ante estudiantes.

Denuncian secuestro de empleado de LFC
En el panel de la UIA también participó Mario Govea Sansón, jubilado de LFC, miembro fundador del Comité Nacional de Estudios de la Energía y Coordinador de Energía Eléctrica en el Instituto de Estudios Energéticos de los Trabajadores de América Latina y el Caribe, capítulo México, quien denunció que elementos de la Policía Federal “secuestraron” al auxiliar del superintendente del departamento de Luz y Fuerza del Centro en Nuevo Necaxa, Ricardo Castelán Gómez, de quien algunos de sus familiares y amigos aseguran que los policías no le han permitido salir de la hidroeléctrica desde que ésta fue tomada el pasado domingo, pues continúa al frente de las operaciones.
De acuerdo con el especialista, el personal de la Comisión Federal de Electricidad desconoce el funcionamiento de las máquinas y turbinas de la planta poblana, lo que ha causado que elementos policiacos intenten “capturar” a los ex trabajadores para que “colaboren” con la operación de la planta.
“Los pobladores, los ex trabajadores y familiares están atemorizados ante estas acciones de persecución. Lo que
tenemos que hacer es demandar penalmente por estas acciones y exigir que se esclarezca toda la acción. Esta
es una lucha de resistencia, y estamos seguros de que vamos a ganarla”, concluyó Govea Sansón, jubilado de
LFC.