Ejercito Represor

México: el ejército recibe órdenes del gobierno para actuar contra la población

Pedro Echeverría V.

1. El ejército, se dice, es el pueblo armado, y hay mucho de verdad porque más del 95 por ciento de sus soldados vienen de las masas de campesinos miserables. Ninguno de esos soldados ingresó a esa institución por convicciones o "amor patrio" sino por falta de trabajo y de ingresos. Pero al ingresar a esa institución armada –como puede verse en la película Cara de Guerra del inolvidable Kubrick- debe olvidar sus pensamientos y sentimientos como campesino para adoptar el que le imponen por la fuerza brutal. ¿Pueden acaso escuchar los llamados ilusos de los luchadores sociales de no reprimir a sus hermanos campesinos, a su pueblo? ¿Se olvida acaso que los soldados sufren un profundo proceso de "lavado de cerebro", que tienen que obedecer órdenes para no ser acusados de traidores? ¿Qué comerá su familia sin sus salarios?

2. Al ejército federal mexicano –garantía para la estabilidad y la supervivencia del sistema capitalista en el país- se le otorgó un carácter casi sagrado, intocable, desde su creación después del desarme del ejército de la dictadura porfiriana en Teoloyucan en 1915. Desde entonces fue la garantía del orden y la paz capitalista después de una revolución y una constitución (1910/17) que garantizaba y hacía inviolable la propiedad privada. Cientos de miles de miembros del ejército se hicieron respetar en los "desfiles patrios" y cuando acudían a auxiliar a la población en caso de ciclones o temblores; pero en la medida en que se convirtió en fuerza de represión contra las luchas del pueblo, invadió ciudades y estados, así como al perseguir y asesinar a inocentes, perdió totalmente el respeto. Se le cayó la máscara y enseñó su verdadera cara.

3. Nadie olvida las terribles represiones que han estado a su cargo: los maestros othonistas, los ferrocarrileros vallejistas, los estudiantes de 1966/68, lo campesinos de diversos estados. El gobierno poco a poco se fue acostumbrando a usar al ejército para auxiliar a la policía o ya, más claro, para intimidar y garantizar la toma de cualquier plaza, ciudad o poblado rural, como ha podido verse de manera permanente en Guerrero, en Chiapas a partir del EZLN y en Oaxaca con la lucha de los profesores y la APPO. Si antes decir ejército significaba amenaza y terror, hoy pronunciar ese nombre significa protesta y repudio. ¡Qué maravilloso hubiese sido que el ejército sirviera solamente para defender al país contra cualquier invasión extranjera, tal como se escribió en la constitución y mientras tanto se dedique a la solidaridad social!

4. El ejército –con un gigantesco presupuesto público y altísimos salarios de sus jefes- sólo sirve para apoyar a cualquier gobierno constituido aunque esté destrozando y llevando al desplome al país. Los ejércitos no defienden a la "patria" como dicen, sino que desde que se integró sólo a defendido al presidente en turno cuando el pueblo, demostrando con dignidad su descontento, se ha rebelado. ¿Puede ser de otra manera? Se han hecho muchas propuestas para democratizarlo, es decir, para abrir su estructura y funcionamiento al análisis y a la crítica social. Por ejemplo: ¿Para qué sirve el ejército si México es un país de paz y nadie lo ha amenazado nunca? ¿No basta acaso una policía eficiente para controlar la situación interna de la nación? ¿Qué hacen los 500 o 700 mil efectivos diariamente para justificar sus salarios?
5. El director del centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Luis Arriaga, dijo que ante los hechos contundentes en Ciudad Juárez: alta incidencia de delitos, 'espectacularidad' en las acciones, la crueldad de los delitos y el incremento de las fuerzas policíacas y militares; las propuestas del gobierno han sido ineficaces, apenas se sintetizan en el aumento de las penas punitivas y la intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad que corresponden a las autoridades civiles. El gobierno mexicano sigue una "estrategia equivocada" en el combate y seguimiento del narcotráfico y el secuestro. La confrontación de 45 mil militares diseminados en el país contra las organizaciones delictivas esta generando "mayor violencia contra la violencia" y sextuplicó de 2006 a 2008 el numero de quejas y violaciones en contra de los castrenses.
6. En México han surgido miles de denuncias que se hacen ante derechos humanos. Sólo desde México se han registrado denuncias de abusos, allanamientos, cateos de viviendas sin orden judicial, violaciones y torturas; así como ejecuciones perpetradas por militares, dijo Arriaga refiriéndose al caso de un hombre que en Sinaloa fue asesinado por el Ejército. Han documentado en un reporte 120 casos de abusos, entre los que destacan ataques con arma de fuego; cateos arbitrarios; torturas y la agresión a grupos vulnerables: niños y mujeres en las entidades de Guerrero; Tamaulipas; Chiapas; Michoacán; Chihuahua; Sinaloa y Nuevo León. Los militares –al decir del Agustín Pro- se han movido bajo una "lógica bélica" y parecen dispuestos a morir o matar. ¿Quién les da las órdenes para su actuación indiscrimina en los lugares que ocupan?
7. Por eso, cuando el derechista secretario de Gobernación -ante la exigencia de los diputados para que sean investigadas las violaciones a los derechos humanos y los excesos cometidos por integrantes del Ejército Mexicano- tal como lo han expuesto organizaciones como Human Rights Watch (HRW), el funcionario defendió a los militares y dijo que algunos reportes sobre presuntos abusos abren espacios para la difamación de la institución castrense. Señaló que ni está en su interés (del gobierno) tolerar abusos, pero tampoco someter a los soldados, marinos y policías de México al escarnio injustificado, que muchas veces puede obedecer a los fines e intereses de quienes combaten, sostuvo el funcionario. Incluso se le exigió que se supriman los operativos y retenes militares en el país.

8. Señala el gobierno que se difama a la institución castrense, pero las distintas organizaciones de Derechos Humanos han demostrado lo contrario. Lo que sucede es que el ejército, en lugar de demostrarle a los distintos gobiernos que los llamados delitos no se combaten con la fuerza bruta sino mediante la justicia y la equidad, se lanzan de la manera más violenta a defender gobiernos injustos. ¿Cómo acabar con la delincuencia y el narcotráfico? Pues con la distribución equitativa de la riqueza, acabando con el desempleo y los ingresos miserables y, al mismo tiempo, obligando a los millonarios y gobiernos a alejarse de los negocios que tienen con los grandes capos de la droga. El ejército puede limpiar su nombre como institución pero necesita separarse de esa ideología de fuerza, de represión y poder que le han inculcado.

pedroe@cablered.net.mx

A Televisa, todo

JENARO VILLAMIL
Consentida por la administración de Felipe Calderón, la empresa de Emilio Azcárraga Jean está a punto de obtener el refrendo de la concesión del Canal 46, bajo control de Cablevisión, pese a casi nueve años de incumplimiento de todos los compromisos y condiciones que le impuso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muy distinta es la actitud de la dependencia, por ejemplo, con Multivisión e Iusacell…Privilegiada sexenalmente con refrendos de concesiones para mantener su dominio en televisión abierta, con permisos para operar casas de apuestas y con autorizaciones para ofrecer servicios de triple play, Televisa ha logrado saltar una barrera más: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) refrendará el uso del Canal 46 a Cablevisión, empresa filial del consorcio, a pesar de que se haya vencido el plazo para solicitar la renovación de esta señal restringida y la empresa no haya cumplido con ninguno de los requisitos que se le impusieron en febrero de 2008 para operar esta frecuencia de la banda UHF (televisión de alta definición).La historia de privilegios en torno a Canal 46 contrasta con la política sostenida por la SCT para recuperar el “espectro no utilizado”; para posponerle el refrendo a otras empresas, como Multivisión; para negarle esta misma señal al Gobierno del Distrito Federal, que la solicitó a principios de 2007, y, de paso, contradecir el reciente compromiso del presidente Felipe Calderón Hinojosa de “impulsar una reforma al sector de telecomunicaciones”. El 17 de noviembre de 2000, a escasos 13 días de concluir con su administración, el presidente Ernesto Zedillo le otorgó la concesión de la banda 662-668 Mhz (Canal 46) a Cablevisión “para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado”.Sin embargo, el título de concesión se oficializó hasta el 10 de marzo de 2006, meses antes de que terminara el sexenio de Vicente Fox, en medio del debate sobre la Ley Televisa. De acuerdo con el título 4 de la concesión, publicada en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, Cablevisión “deberá realizar las inversiones necesarias a fin de que en un plazo no mayor de 180 días naturales, contados a partir de la fecha de firma de la presente concesión, pueda prestar el servicio de televisión restringida en la totalidad de su zona de cobertura (Distrito Federal y su zona metropolitana), con las especificaciones técnicas señaladas en la condición 2 del presente título”. La concesión por 10 años fue firmada por Leonel López Celaya, a nombre de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones de la SCT.Los 180 días de plazo se vencieron y Cablevisión no cumplió con lo estipulado en el título de concesión, y debió revocarse, como lo establece la Ley Federal de Radio y Televisión. Televisa incumplió también con otras obligaciones establecidas en la fracción IV del artículo 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Un expediente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, obtenido por Proceso, señala que Cablevisión debió presentar su solicitud de renovación “antes de que inicie la última quinta parte de su vigencia”. Esto tampoco ocurrió. En enero de 2008, el especialista Gabriel Sosa Plata declaró a Proceso que el Canal 46 no había sido utilizado y que su reserva “significa un dispendio de frecuencias”, además de que el Estado pierde el pago de una participación equivalente al 9 por ciento de los recursos que se generen.A pesar de estas irregularidades, el 13 de febrero de 2008, el pleno de los cinco comisionados de la Cofetel emitió una opinión favorable para que la SCT le autorizara a Cablevisión la realización de “pruebas experimentales con las tecnologías DVB-H, Media FLO y DMB, utilizando la frecuencia del canal 46 de UHF”. La Cofetel le impuso cinco condiciones a Cablevisión para utilizar el canal 46 como señal:“a) Las pruebas experimentales deberán ser por un tiempo determinado, no podrán exceder de dos años;“b) garantizar que tanto la calidad y continuidad de los servicios de telecomunicaciones que actualmente tiene concesionados no se vean afectados;“c) no podrán aprovechar o explotar comercialmente por sí o a través de terceros, los servicios experimentales, y“d) deberá presentar un reporte completo de las pruebas realizadas, así como de los resultados obtenidos, al término de las pruebas experimentales.” Fuentes de la Cofetel consultadas por el reportero señalan que Cablevisión tampoco cumplió con ninguno de estos cinco requisitos ni invirtió recursos ni impulsó nuevas tecnologías.A pesar de eso, solicitó la renovación. Doble rasero La postura de las autoridades de la SCT ante el incumplimiento de Cablevisión en Canal 46 contrasta con la actitud observada en la mayoría de las 146 prórrogas pendientes en materia de telecomunicaciones, de las cuales 50 ya estaban vencidas desde antes de 2009 y 86 están a punto de vencer, según informó el propio secretario Juan Molinar Horcasitas.El 23 de agosto pasado, Molinar Horcasitas y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Gabriela Hernández, anunciaron la prórroga de sólo siete concesiones de telecomunicaciones y las modificaciones a dos títulos de concesión. La principal beneficiaria fueron la empresa Nextel, que podrá ofrecer servicios de telefonía celular, y el corporativo español Telefónica, dirigido por Francisco Gil Díaz, que podrá ofrecer servicios adicionales de radiolocalización por automóvil. Algo le tocó a la empresa Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego: le prorrogaron 25 Mhz de los servicios de concesión de telefonía móvil en la región 9 (Distrito Federal y zona metropolitana), que habían vencido desde abril de 2007, pero no le renovó la concesión de la banda de 400 Mhz que explotaba la misma compañía. El abogado de la empresa, Salvador Rocha Díaz, declaró el 31 de agosto pasado que la decisión de la SCT no es definitiva, ya que Iusacell cuenta con un fallo favorable del Séptimo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa.La subsecretaria Gabriela Hernández sostuvo el 23 de agosto que la negativa de prorrogarle a Iusacell parte de la concesión corresponde al “programa de recuperación del espectro”, y recordó que ninguno de los concesionarios es dueño de ese espacio. “El espectro se concesiona para que se use, y si no es así, el concesionario no debe tener usufructo del mismo, por lo que deberá regresar al Estado”, afirmó Hernández. El mismo criterio ha utilizado la SCT ante Multivisión para negarle el refrendo de ocho concesiones destinadas a establecer una red nacional inalámbrica con el sistema Wimax. Según Ernesto Vargas, jefe de MVS Telecomunicaciones, entre 500 y 700 millones de dólares en inversiones se encuentran paralizados. En entrevista con la agencia Reuters, el 20 de agosto, Vargas afirmó que espera que a finales de este año se resuelva la disputa entre MVS y la SCT sobre los refrendos pendientes.“Nuestra intención es que el gobierno nos defina nuestras frecuencias para poder traer una red nacional de broadband (internet de alta velocidad) inalámbrica, lo que llaman ahora el cuádruple play: voz, video, datos y móviles”. Una situación todavía más delicada es la pretensión de la SCT de cobrar por el refrendo de concesiones de radio que se vencieron antes de que la Suprema Corte de Justicia dictaminara sobre la constitucionalidad de la Ley Televisa.La guerra de los consorcios El trato preferencial de la SCT a Televisa ha agudizado la tensión entre las grandes compañías de medios electrónicos y de telecomunicaciones. Según varios especialistas consultados, existe una creciente disputa entre Televisa y TV Azteca, las dos grandes empresas de televisión abierta, agudizada a raíz de que la segunda no cuenta con concesiones de televisión restringida y decidió irse por la libre y ofrecer el servicio de HiTV, es decir, un paquete de señales de televisión de paga, a través de una caja decodificadora que se vende en las tiendas Elektra, propiedad también de Salinas Pliego. En el marco del enfrentamiento creciente entre las empresas cableras cercanas a Televisa (Cablevisión, Cablemás y TVI), y la alianza comercial entre MVS-Telmex, la maniobra de HiTV fue bien vista por Televisa porque competía también con el nuevo paquete ofrecido por Dish, la nueva compañía de Multivisión, y podía frenar el ingreso de Telmex, el gigante telefónico de Carlos Slim, a los servicios de video.Televisa y TV Azteca endurecieron sus posturas a partir de que ésta última contrató a Máximo Corrado, exdirector general de IBOPE, empresa medidora de ratings, en febrero de 2009. En respuesta, el vicepresidente de Comercialización de Televisa, Alejandro Quintero, anunció en julio de este año el rompimiento del consorcio con IBOPE. Debido a la “gran cantidad de secretos industriales que posee” Corrado, su incorporación a la empresa de Salinas Pliego “genera serias dudas sobre la objetividad en la medición de audiencias”, argumentó Quintero.El último capítulo de esta confrontación aún no se ha escrito. El presidente Felipe Calderón anunció en su tercer informe de gobierno que una de sus seis prioridades para 2010 será “una reforma al sector de telecomunicaciones”. No es la primera vez que Calderón hace esta promesa, pero también elude el compromiso de abrir una tercera o cuarta cadena de televisión abierta. Cerrarle el paso a esta posibilidad es lo único que, por ahora, mantiene unidos los intereses de Televisa y TV Azteca.

Este reportaje se publicó en la edición 1715 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 13 de septiembre.

Legalidad de la justicia en riesgo

ERNESTO VILLANUEVA
El ejercicio del derecho reclama, de acuerdo con la ley, la tenencia de una cédula profesional con efectos de patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho.Esta disposición incluye, y con mayor razón, a quienes realizan funciones jurisdiccionales. Sin embargo, al parecer, no todos los juzgadores federales cuentan con ese indispensable documento. El problema no es menor. Veamos. Primero. La falta de cédula profesional podría poner en riesgo un acto de autoridad realizado por un juez o magistrado, puesto que si hay un vicio de origen que no se puede reponer, dicho acto sería nulo. Y es posible aprovechar la ausencia de legalidad de un acto de autoridad –de por sí lenta y no expedita– para que la comisión de un delito quede impune.En el Poder Judicial de la Federación existe un área importantísima que se encarga de vigilar que estos eventuales hechos se sancionen o se verifique que los juzgadores cubran los requisitos de ley para realizar su tarea. Se trata del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). ¿Qué pasa, sin embargo, cuándo las labores de vigilancia del Consejo no son efectivas? Pone en jaque la certeza jurídica de las decisiones judiciales, generando una crisis en la impartición de justicia. Segundo.De acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, existen 17 casos de jueces o magistrados que carecen de cédula profesional en derecho o cuentan con otras correspondientes a profesiones distintas. En otros 45 casos hay homonimias, por lo que no se pudo verificar si cuentan o no con la respectiva patente. En muchas ocasiones el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto en línea datos amplios de los juzgadores, incluyendo fecha de titulación, nombre de tesis y universidad. Al cruzar los datos de la SEP con los del Consejo de la Judicatura, en los 17 casos mencionados no pudieron obtenerse datos que revelaran un error por parte del Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. Tercero. Uno de esos casos es el de la juez de Distrito Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México y coordinadora de jueces del Segundo Distrito.La Dirección de Profesiones de la SEP señaló en la respuesta número 129609 que en sus registros no aparece ella con cédula de abogada. De igual manera, en la ficha bibliográfica del portal del CJF (actualizado al 16 de agosto del 2007) no aparece fecha de graduación ni universidad donde cursó la carrera Gutiérrez de Velasco Romo. Lo mismo ocurre con el magistrado Carlos Ronzón Sevilla, quien según la Dirección General de Profesiones de la SEP (respuesta 94609) no aparece en su base de datos como titular de cédula profesional en derecho.Este magistrado forma parte de la comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia sobre el incendio en la guardería ABC, que debe revisar los convenios de subrogación de servicios del IMSS y esclarecer quién emitió el permiso de uso de suelo para que funcionara la guardería, así como identificar posibles actos de negligencia médica. No obstante, en la ficha bibliográfica del CJF se indica que ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1983 y que de 1974 a 1979 estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, donde se tituló con la tesis “La necesidad de crear centros ejidales de capacitación y adiestramiento agropecuario”; obtuvo especialidad en derecho en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1981, y consiguió una maestría y un doctorado allí mismo en 1983. Cuarto.Por todo lo anterior, es conveniente que el Consejo de la Judicatura Federal publique en internet el número de cédula profesional de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que, por mandato legal, deben contar con la patente respectiva. Esta medida tendría un efecto positivo no sólo para que el CJF realice sus labores de mejor manera, sino para que pueda ejercerse un riguroso escrutinio público sobre quienes imparten justicia federal en México. De la misma forma, permitiría que no se albergara duda alguna de que en este aspecto se cumple la ley y de que el Poder Judicial predica con el ejemplo. evillanueva99@yahoo.com

Rebatiña por la onerosa CNDH

JENARO VILLAMIL
Dispendio, burocratismo y corrupción son parte de la herencia que deja José Luis Soberanes luego de una década al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para la designación de quien lo sucederá, en el Senado se libra una lucha sorda. Por lo pronto, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de este cuerpo legislativo, Rosario Ibarra de Piedra, asegura que dará la pelea para impedir que se imponga el continuismo en esa comisión.Ante el relevo del ombudsman nacional José Luis Soberanes luego de 10 años de gestión, en el Senado se desató una intensa disputa para designar al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), proceso que culminará en noviembre próximo.En contrapartida, informes de una auditoría interna revelan gastos onerosos dentro de ese organismo, cuyo presupuesto para 2009 fue de 912 millones de pesos –el mayor destinado a una institución de ese tipo en el mundo–, de los cuales la mayor parte no se destinó a sus actividades sustantivas.Por ejemplo, 71.5% de ese monto se canalizó al pago de personal; 92 millones de pesos se emplearon para la compra y remodelación de edificios y 49 millones de pesos se usaron para la adquisición de terrenos.Entre 2003 y 2007, 11 millones 127 mil pesos en “gastos de asesoría” en materia de administración fueron pagados a empresas como Aregional, creada por el senador Manlio Fabio Beltrones (Proceso 1475). De 2004 a 2009 se liquidaron 5 millones de pesos al despacho Vázquez Nava y Asociados, creado por la excontralora en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, María Elena Vázquez Nava.En el bienio 2003-2004, la comisión firmó con Aregional convenios por 1 millón 20 mil pesos (contrato 80), una ampliación de 170 mil pesos (contrato 5), otra por 1 millón 875 mil pesos (contrato 76) y una más por 312 mil 500 pesos (contrato 27). Sin embargo, esas cifras se incrementaron a raíz de la designación en 2005 de Pablo Escudero Morales, yerno del senador Beltrones y actual diputado federal del Partido Verde, como Oficial Mayor de la CNDH.Ese mismo año, el funcionario firmó con Ricardo Carrillo Arronte, director actual de Aregional, el contrato 071 por 2 millones 70 mil pesos; en 2006, el contrato 03 por 2 millones 880 mil pesos, y en 2007, el contrato 025 por 2 millones 592 mil pesos. Hasta ahora no se conocen los resultados de la “evaluación administrativa” por la que se le pagó a esa consultora.Durante la gestión de Soberanes, los recursos para demoliciones, mantenimiento y remodelación de los inmuebles crecieron de manera significativa. En 2003 se destinaron a este rubro un total de 7 millones 319 mil pesos. A Grupo Constructor Cosmos por adjudicación directa se le otorgó un contrato por 5 millones 211 mil pesos.Para 2007, los recursos para este renglón fueron de 21 millones 874 millones de pesos; de éstos, 12 millones se pagaron a GPE Grupo Constructor por “la supervisión de los trabajos de construcción de un centro de cómputo y telecomunicaciones” para la comisión. Al año siguiente se erogaron 5 millones 13 mil pesos para la edificación de otro centro de cómputo y telecomunicaciones, pero ahora la empresa beneficiada fue Grupo Constructor EJA, S.A. de C.V.Un resumen del área contable de la CNDH, cuya copia obtuvo Proceso, revela que entre 2002 y 2009 se destinaron en total 57 millones 397 mil pesos a la compra y adaptación de bienes inmuebles.En octubre de 2006, un comunicado oficial de la CNDH dio a conocer que ante el grave déficit de espacios para sus empleados, adquirió un inmueble de 5 mil 115 metros cuadrados ubicado en Bulevar Adolfo López Mateos número 1922. La operación fue por 92 millones de pesos. Como ese edificio no fue construido con el propósito de albergar oficinas, se gastaron cuantiosos recursos para adaptarlo.Otros ejemplos del dispendio de la CNDH son los millonarios contratos para la edición de libros como Juárez, su obra y su tiempo, por la cual en el segundo trimestre de 2006 pagó 1 millón 527 mil pesos al Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. También auspició, con la misma empresa, la publicación de las obras Liberales ilustres y Apuntes para el estudio de derecho constitucional, cuyos costos fueron de 1 millón 420 mil pesos y 1 millón 654 mil pesos, respectivamente. Incluso, la comisión destinó 100 mil pesos a la reimpresión del libro Las pasiones de Cuba, sin ninguna relación con la defensa de los derechos humanos.Un caso documentado por la organización Fundar, dedicada a la transparencia y la información pública, reveló que, entre 2002 y 2005, al exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, Máximo Carvajal Contreras, se le pagaron 1 millón 304 mil 347 pesos para que realizara una investigación sobre la banda centroamericana conocida como Mara Salvatrucha. El encargo fue suspendido después de tres años, pero Carvajal cobró más de 700 mil pesos por un trabajo que no concluyó. En enero de 2005, sin tener experiencia en el área de derechos humanos, Carvajal fue nombrado cuarto visitador de la CNDH.Entre los organismos académicos más beneficiados por la comisión al otorgarles contratos para elaborar tratados y talleres se encuentra el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, de donde salió el propio Soberanes. En el primer trimestre de 2003 se le pagaron 650 mil pesos para elaborar “un tratado de derechos humanos”, y 280 mil pesos para impartir el taller Tendencias de los Derechos Humanos. En 2004, la CNDH le pagó 1 millón 985 mil pesos por el estudio Los derechos humanos en México, análisis y evaluación.En viajes, la comisión no reparó en gastos. En 2004 firmó un contrato anual por 9 millones 565 mil pesos con la agencia Yeshua. Un año después, la cifra había crecido a 17 millones 391 mil pesos. En el primer trimestre de 2008, la CNDH “ahorró” y pagó directamente a Aeroméxico, por expedición de boletos para todo el año, 20 millones 500 mil pesos.La batalla de RosarioLa legisladora del Partido del Trabajo Rosario Ibarra de Piedra, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, señala que la CNDH es un organismo “que dilapida, que tiene un negocio redondo para mucha gente que ni siquiera es de la comisión. No se vale”.En entrevistada con Proceso efectuada el miércoles 9, la legisladora afirma que, a 18 años de su creación, en la CNDH no existe “ni un visitador ni una mísera sección de la comisión que busque a los desaparecidos. Y no hablo de los del pasado, sino de los de ahora”.Ibarra libra una batalla dentro del Senado contra la intención de la Junta de Coordinación Política de colocar otras dos comisiones dictaminadoras (Estudios Legislativos y Justicia) en el proceso para seleccionar al próximo presidente de la CNDH. La luchadora social advierte que pugnará para que en la CNDH no vaya a darse el continuismo por parte del grupo encabezado por Soberanes.“Me opongo tajantemente a que me quieran poner otras dos comisiones, porque ni en la Constitución ni en el reglamento de la CNDH está escrito que dictaminen más de dos comisiones. La de Estudios Legislativos me la quiso imponer Manlio Fabio, y la otra, la Comisión de Justicia, es la que pidieron los panistas.“A Soberanes lo nombró la Comisión de Derechos Humanos del Senado y lo ratificó esa misma comisión. Entonces, por qué a mí me quieren colocar candados como si fuera yo una delincuente”, precisa la senadora.–¿Por qué la insistencia en imponerle otras dos comisiones? –se le pregunta. –Porque me quieren tener agarrada, pero yo no me dejé. Por eso dije: ‘esto es ilegal e inconstitucional’.El miércoles 2, Rosario Ibarra publicó un desplegado en la prensa con el título ¿Qué hay detrás de la sucesión en la CNDH? En el texto, la defensora de los desaparecidos políticos sugiere que puede existir un proceso con “dados cargados” hacia un “arreglo político externo” y advierte que si se viola la legalidad en la designación del sucesor de Soberanes “con justa razón cualquier candidato, precandidato o candidato perdedor podría impugnar un proceso que estaría viciado de origen”.Ese desplegado generó una airada rea­cción en el seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la instancia donde se procesan los acuerdos políticos en el Senado, integrada por los coordinadores de las bancadas.Una semana después, el jueves 10, tras un intenso debate en el pleno se modificó el acuerdo original que le otorgaba a la Jucopo la aprobación de la convocatoria para el relevo en la CNDH, a más tardar el próximo lunes 28. Ahora las tres comisiones someterán al pleno la terna de candidatos, pero el dictamen final quedará a cargo de la comisión presidida por Ibarra.–¿Qué intereses están en juego en torno a la CNDH? –se le pregunta a la senadora.–Yo quiero que sea realmente un proceso abierto, sin componendas, nada en lo oscurito, pero sospecho que mucha de la gente que me quiere vigilar tiene en mente algunos personajes para la terna que se presentará en el Senado.“Ellos tienen todas las oportunidades del mundo para proponer a quien quieran, pero la comisión que presido puede vetar. Así que si yo veo continuismo, irregularidades, complicidades de alguna especie, así como falta de vocación, de mística en el sucesor de Soberanes, pondré mi voto como un veto, aunque no tenga mayoría”, adelanta.–¿Qué tanto pesa la herencia de Soberanes en este proceso?–Yo creo que tiene a su candidato y que a todo trance lo quiere imponer. Por eso saqué un desplegado que dice ¿Qué hay detrás de la sucesión en la CNDH? Pusieron el grito en el cielo porque me dijeron que eso no se hacía. Yo les contesté: “Le mandé una carta a cada uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y ninguno me peló. Ni siquiera me enviaron un mensaje, un recadito, un guiño, nada”. Por eso lo publiqué, para que lo vean.–¿No teme que esta sucesión ya se haya negociado y usted sea incómoda?–Pueden hacer muchas negociaciones. A mí me han dicho que no sé negociar. Un senador del PRD, cuyo nombre no diré, me advirtió al principio de la Legislatura: “Doña Rosario, usted no sabe negociar, déjeme a mí la comisión”. Y le respondí: “chiquito, no sabré negociar, pero sí sé pelear”. Por lo pronto, si los razonamientos que uno tiene te los golpean, no se vale. Hay que defenderse. Yo digo que hay que negociar en buenos términos, sin ventajas excesivas. –¿Usted no tiene candidato?–No tengo ninguno. No me pueden acusar de eso. Han venido a verme muchos. Por ejemplo, Patricia Olamendi y Mauricio Farah (quinto visitador de la CNDH). Luego vino Alfonso Durazo (excolaborador de Luis Donaldo Colosio y exsecretario privado de Vicente Fox). Sólo quiso platicar conmigo y explicarme lo que para él son los derechos humanos.“Mi único interés es que la CNDH, aun con su origen nebuloso porque fue un engendro de Salinas de Gortari, funcione con todo lo que pueda ayudar al pueblo de México en contra de las arbitrariedades que se cometen.”–Al parecer, la correlación de fuerzas no le es favorable. Su posición puede perder en una votación en el pleno. ¿Usted utilizaría su fuerza moral?–Es lo único que tengo. Es lo que dije en la Junta de Coordinación Política. Yo nunca he sido rica, pero tampoco pobre. Tengo 34 años de vivir en la Ciudad de México en un departamento y pago renta; entonces, no tengo cola que me pisen, no soy corrupta, soy ecuánime en mis juicios, tengo la mejor voluntad del mundo para ayudar a la gente que sufre en este país.Entonces, exijo que en la CNDH hagan lo mismo, y si yo con sólo mis uñas he estado 34 años trabajando en esto, ¿por qué con todos los elementos y recursos que tiene la CNDH no lo hace?–¿Quisiera que la CNDH tuviera una visitaduría de desaparecidos?–Claro, y no sólo una visitaduría. Desearía que la CNDH contara con un departamento especial para este crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada. Ahora el mal gobierno quiere hablar de levantones, perpetrados por el crimen organizado.“Para mí los levantones son desapariciones forzadas hechas por los cuerpos policiacos. Puede haber algunos que se los lleven los narcos, pero la metodología del crimen organizado es muy distinta a la de los cuerpos policiacos.”GigantismoA 10 años de haber llegado a la CNDH, Soberanes deja una institución que creció más de 50% en su estructura y con salarios para los mandos superiores que se incrementaron hasta 80%. Con mil 90 servidores públicos en su nómina, la CNDH es la más grande comparada con otros organismos similares de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Por ejemplo, la fiscalía general de Estados Unidos para esta materia tiene 300 empleados y la Comisión de Derechos Humanos de Canadá cuenta con 250. En Francia, el Mediador de la República tiene 300 empleados y la oficina del Defensor del Pueblo Nacional, de España, tiene sólo 35. En los países nórdicos de Noruega y Suecia, creadores de la figura del ombudsman, el personal encargado de la defensa de los derechos humanos es de 30 y 50 personas respectivamente.En contraste, un análisis del Programa Atalaya, del ITAM, donde participan organismos como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y Fundar, revela que en 2008 la comisión trabajó 7 mil 546 expedientes, de los cuales concluyó 5 mil 926. En 3 mil 947, más de 60%, no encontró violaciones a los derechos humanos y en 3 mil 112 concluyó su labor con una “orientación al quejoso”.Su condición autónoma le ha permitido a la CNDH realizar adquisiciones de bienes inmobiliarios de manera discrecional. El 90% de las inversiones en compras de casas, terrenos y edificios se realiza con la norma creada por la propia CNDH para tener avalúos.A diferencia de otras instituciones públicas, la comisión no tiene que pedir el visto bueno del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), entidad creada durante el gobierno foxista para evaluar la compra de bienes inmuebles.Los 912 millones de pesos de presupuesto que la comisión ejerció durante 2009 no son fiscalizados por ningún contralor externo o autónomo. En el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Senado están pendientes varias iniciativas impulsadas por la propia Rosario Ibarra, para designar un contralor autónomo, a semejanza de lo que ha ocurrido en el Instituto Federal Electoral, así como reformar el mecanismo para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH.Este reportaje se publicó en la edición 1715 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 13 de septiembre