Inmenso Botin la Fibra Optica

Ni todos los rateros de México logran en conjunto un botín de 30 mmdp como lo obtendrán Televisa y Telefónica con la fibra óptica: AMLO
Acapulco, Guerrero
Viernes 21 de mayo de 2010


* Mediática la cobertura de Televisa a la visita de Calderón a Estados Unidos, afirma

*Informa que el 25 de julio se realizará una asamblea nacional en el Zócalo del DF

Los medios de comunicación, que están al servicio de la mafia, tienen que apoyar a Felipe Calderón, porque nadie lo respeta en el país y desde el sexenio salinista “se quedó la mala costumbre” de que los mandatarios busquen apoyo y legitimidad en el extranjero, afirmó Andrés Manuel López Obrador.

Calificó como publicista y mediática la cobertura de los medios de información, particularmente Televisa, sobre la visita que hizo Calderón al presidente de Estados Unidos, Barack Obama.

Expresó que “cómo no va a hablar bien Televisa de Calderón, si el presidente pelele acaba de entregar toda la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad a la mencionada televisora e hicieron un jugosísimo negocio, pero es un atraco”.

A su arribo a este puerto turístico, el presidente legítimo de México concedió una entrevista a los representantes de los medios de comunicación.

Recordó que el gobierno de Vicente Fox destinó 30 mil millones de pesos del presupuesto público para instalar la fibra óptica en el país y dicha partida fue autorizada por el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

Actualmente, prosiguió, el medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos será entregado a las empresas de Televisa y Telefónica, cuyo presidente es Gil Díaz.

“Es un robo en despoblado, ni todos los rateros de México, en estos días, logran un atraco como es entregar 26 mil kilómetros de fibra óptica a la iniciativa privada”, manifestó.

Sugirió quitar las “notas rojas o secciones de notas rojas de los medios de comunicación que acusan rateros a quienes se roban una bolsa en el mercado, si se está hablando con todo el cinismo, de manera descarada y a la luz pública, de los enjuagues que sostienen las cúpulas de poder en México”.

Por eso, explicó, “Televisa debe aplaudir a Calderón, quemarle incienso, porque es parte del acuerdo. “Se reputa como ratero al que se roba una gallina o un pavo, al que se roba una bolsa en el mercado, pero a los grandes ladrones de cuello blanco no se les toca ni con el pétalo de una rosa y menos pierden su respetabilidad”, expuso.

En otro tema, los reporteros le pidieron su opinión sobre la desaparición del panista Diego Fernández de Cevallos. Dijo que “ojalá y aparezca con vida, eso es lo que yo puedo decir”.

Acompañado por el senador perredista Lázaro Mazón y por el coordinador de los comités municipales del Gobierno Legítimo, César Núñez, informó que los 30 barones del dinero son dueños de los medios de comunicación más influyentes del país, como Televisa, y además manipulan la conciencia de población, porque “ellos son los que administran la ignorancia del país”.

Dio un dato: el 75 por ciento de los mexicanos se forman un criterio a través de la información que emite la televisión, 15 por ciento por la radio, 2 por ciento por Internet.

“El dueño de Televisa no solo es de Emilio Azcárraga, sino del banquero Roberto Hernández, el empresario Germán Larrea, quien recibió en el sexenio de Salinas la Minera México, y el ex secretario de Hacienda, Pedro Aspe”, explicó.

En otro tema, informó que el próximo domingo, 25 de julio, habrá una gran asamblea nacional en el Zócalo de la Ciudad de México, la cual tiene dos propósitos: saber el avance nacional del Movimiento de Transformación de México y se presentará el Proyecto Alternativo de Nación.

Detalló que el programa es importante, porque es una propuesta detallada para sacar adelante a la Nación y la están realizando especialistas que simpatizan con el movimiento que encabeza.

Llamó a los guerrerenses a continuar hacia delante y tener muy claro el objetivo principal del movimiento es lograr la transformación del país. “Nosotros queremos llevar a cabo la cuarta transformación, sin violencia, de manera pacífica, organizada y para despertar al pueblo de México.

Mencionó que los potentados ya iniciaron una operación de recambio, donde quieren imponer al PRI y al gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, para volver a engañar.

Afirmó que el posible regreso del PRI al poder equivaldría al regreso de Antonio López de Santa Anna, quien entregó más de la mitad del territorio mexicano a los norteamericanos.


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DOCUMENTOS ANEXOS

Documento en formato de texto

Luis Javier Garrido: La desaparición

La desaparición de Diego Fernández de Cevallos, personaje fundamental en la estructura del poder en México, constituye un crimen político por mucho que el gobierno calderonista y los medios oficialistas se hayan empeñado desde un principio en minimizarla y calificarla de delito del orden común.
1. El levantamiento del abogado panista Diego Fernández de Cevallos al llegar la noche del viernes 14 a su rancho La Cabaña, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro, que ha hundido en el azoro y el miedo a la clase política mexicana, es el crimen político más importante cometido en el país desde el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial priísta en 1994, y de tener un trágico desenlace, como todo hace suponerlo, habrá trastocado por completo la mecánica del poder que se instauró en el final del siglo en función de la alternancia de 2000.
2. Todo atentado contra un hombre político es siempre por definición un crimen político, y lo es en particular cuando el objetivo alcanzado es, como en este caso, político. Fernández de Cevallos había sido desde 1988 hasta la fecha pieza clave en la mecánica del poder en México, al menos en dos ámbitos. Como el principal negociador del Partido Acción Nacional con Carlos Salinas de Gortari y la cúpula del Partido Revolucionario Institucional, fue a partir de esa fecha un artífice de la alianza tricolor-blanquiazul que desde entonces ha gobernado México, convirtiéndose en un elemento fundamental en la resolución de los conflictos entre el PRI de Salinas y el gobierno panista de Calderón.
3. El perfil oscuro de Diego como hombre de todas las confianzas de Salinas y su cómplice desde las múltiples concertacesionesla clase política que un análisis de la realidad, y así se ha hablado desde un vulgar secuestro para extorsionar a la familia, una venganza por motivos judiciales, un crimen pasional, un acto justiciero de un comando popular o incluso una autodesaparición hasta un crimen vinculado al narcotráfico, olvidándose en esta última presunción que en un país como México, donde el narco ha penetrado en las instancias financieras, políticas, judiciales y de seguridad del Estado, todo crimen tiene una vinculación con el problema. Curiosamente, casi nadie quiso abordar la más evidente de las hipótesis: la política, vinculada a la sorda lucha de las diversas facciones de la ultraderecha mexicana en el PAN en vistas a 2012. de los años 90 del siglo anterior hasta el fraude electoral de 2006 y la entrega del poder político a la ultraderecha, o como abogado de turbios y multimillonarios negocios en los que aprovechó su poder político y que lo hicieron aparecer como el prototipo del panista traficante de influencias, mucho más hábil que los calderonistas, suscitó las más variadas especulaciones tras su desaparición. Las hipótesis que se han vertido desde el sábado 15 han sido empero más un reflejo de los temores de
4. Diego Fernández de Cevallos fue durante muchos años un enemigo abierto de Felipe Calderón y era en la actualidad su principal opositor dentro del PAN, aunque en noviembre de 2008, tras la muerte de Juan Camilo Mouriño, con el fin de no ahondar más las divergencias en el panismo y tratar de darle cierta cohesión a su gobierno, Calderón tuvo que aceptar la designación que hizo el salinismo de dos amigos de Diego: los abogados Fernando Gómez Mont en Gobernación y Arturo Chávez en la Procuraduría General de la República (PGR), lo que fortaleció el poder del barbón en el gabinete, que ya era significativo, sin que por ello menguaran las diferencias entre ambos, las que se fueron haciendo irreconciliables al acercarse la sucesión presidencial, pues mientras Calderón se fue empecinando, con el apoyo de grupos de interés de Estados Unidos y de España, en que en 2012 el presidente de la República volviese a ser un panista, Diego y sus amigos reivindicaron el derecho del PRI a imponer a su candidato.
5. La desaparición de Diego es por consiguiente un duro golpe político para Carlos Salinas de Gortari, para el sector negociador del PRI y para aquellos priístas que buscan sacar adelante con el consenso de un sector del panismo la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012. Beneficia, por el contrario, a Calderón y a sus amigos, al yunquismo calderonista y a las trasnacionales españolas y estadunidenses asociadas con este grupo, que aún esperan importantes contratos en materia de energía. No en balde este sector ya se está despachando con la cuchara grande en la nueva integración del Consejo Nacional del PAN que se definirá en unos días, y que es determinante para la selección del candidato presidencial blanquiazul el próximo año.
6. La desaparición de Diego se presenta en consecuencia como la expresión de la grave crisis por la que atraviesa la cúpula gobernante o, para decirlo con palabras más precisas, como un arreglo de cuentas dentro de la mafia en el poder en México, que con este hecho muestra a los mexicanos que no sólo ha llevado al país a un baño de sangre, sino que no halla otro medio que el de la violencia para resolver sus diferendos.
7. La orden del gobierno de limitar la información oficial sobre el caso y de pedir a los medios que lo minimizaran, que en el caso de Televisa llegó al grado de anunciar que no informaría en lo absoluto, se revirtió, como era de suponerse, contra el gobierno y no logró más que exacerbar el interés popular por el crimen y en crear un clima de mayor desasosiego social y de especulaciones. ¿Por qué en la comisión de un delito de secuestro a mano armada la PGR pretendió no estar investigando?
8. La reacción oficial ante lo acontecido ha terminado por crear la imagen de que el gobierno conoce bien lo que aconteció. La insistencia de Felipe Calderón durante su viaje en establecer a miles de kilómetros de los hechos, cuando no está más que informado de trasmano, pero haciéndose pasar por Philo Vance, que la desaparición de Diego “no fue un narcomensaje ni un secuestro”, tratando de exonerar al mismo tiempo a los cárteles y al crimen organizado, como lo reiteró ante los micrófonos de la CNN el miércoles 19, sólo deja abierta una explicación de la desaparición de Fernández de Cevallos: la de la ejecución.
9. El viaje de Calderón a España y a Estados Unidos estuvo en todo caso marcado siempre por la desaparición de Diego, la que a pesar del gobierno incidió en el clima de desconfianza que hay en el exterior sobre México. A casi nadie le importó aquí el homenaje que recibió Calderón en Madrid de Ibedrola y otras trasnacionales hispanas el día 17 por su ofrecimiento de seguirles dando contratos en materia de energía, a pesar de la prohibición constitucional, o los resultados de su patético viaje a Estados Unidos, donde fue recibido por la Radio Pública Nacional con la acusación de que favorece al cártel de Joaquín El Chapo Guzmán y con la confirmación que hizo en la Casa Blanca el presidente Barack Obama de que sólo vigilará que la nueva ley Arizona no viole al aplicarse los derechos de los trabajadores, porque él no cuenta con los votos necesarios en el Congreso para proponer una nueva legislación migratoria.
10. La desaparición –y posible ejecución– de Diego Fernández de Cevallos está abriendo en todo caso ya desde ahora reacomodos de los grandes intereses económicos y financieros que impactan a una clase política marcada por la corrupción y la violencia, y que no auguran nada bueno para el pueblo de México.


Ríspido debate entre PRI, PAN y sol azteca en la sesión de trabajo de la Permanente
El caso Greg deviene reclamo del PRD para que PGR indague sobre el Jefe
Piden a Gómez Mont que los cuerpos policiacos no inhiban la actividad electoral en el país

Los senadores Gabriela Cuevas (PAN) y Francisco Rojas Gutiérrez (PRI), durante la sesión de la Comisión PermanenteFoto Carlos Cisneros
Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 8
Luego de un ríspido debate entre PRI, PAN y PRD en torno a la detención del candidato aliancista a la gubernatura de Quintana Roo, Gregorio Sánchez, la Comisión Permanente pidió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que como integrante del Consejo de Seguridad Pública vigile que los cuerpos policiacos de los tres órdenes de gobieno no inhiban la participación electoral ni sean utilizados para detener votantes.
Molesto por la aprehensión del candidato, el PRD dejó atrás la decisión de no aludir al secuestro de Diego Fernández de Cevallos, y en voz del diputado Guadalupe Acosta Naranjo exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) que se dedique a investigar el plagio del político panista en lugar de quitar candidatos incómodos a un partido político.
Antes, en conferencia de prensa, el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, sostuvo que habían mantenido una actitud prudente, pero luego de la decisión del gobierno sólo les queda preguntar si el secuestro de Fernández de Cevallos y el repliegue de la PGR significa que el Estado mexicano se está poniendo de rodillas frente a la delincuencia y le organiza la mesa de negociación para que pueda pedir la mayor cantidad posible de dinero a las familias de los plagiados.
Los perredistas acusaron al PRI de solicitar la detención de Greg Sánchez, y el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín lo negó. Expuso que su partido lo único que propuso la semana pasada ante la Permanente fue que la Presidencia de la República in formara a este órgano del Congreso los asuntos tratados por el dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega, ya que hay versiones de que asistió varios días a Los Pinos para negociar que la PGR no siguiera adelante con la orden de aprehensión librada en contra del candidato de la coalición Todos por Quintana Roo.
Ramírez Marín agregó que ese punto de acuerdo lo retiraron, porque no quieren que se convierta en lucro electoral.
La discusión se inició con una propuesta del senador panista José González Morfín para pedirle a Gómez Mont que, de cara a los próximos procesos electorales, proponga dentro del Consejo de Seguridad Pública y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) que los cuerpos policiacos no inhiban la participación ciudadana en los comicios. El PRI se opuso, pero la discusión derivó luego al caso de Greg Sánchez.
El diputado del PRD Armando Ríos denunció que en Guerrero, el legislador priísta Mauricio Mendoza reveló que la estrategia del tricolor será expandir rumores de violencia, pactar con la Iglesia e infiltrarse en el Instituto Estatal Electoral, táctica que les permitió, dijo, ganar en Yucatán.
El priísta Ramírez Marín refutó esa versión, pero el PRD insistió y Acosta Naranjo dijo que como están las cosas, el candidato de la alianza en Puebla, Rafael Moreno Valle, va a tener que pedir un amparo, porque el PRI solicitó que se le inicie un juicio político. Reiteró que el procurador Arturo Chávez Chávez debería estar trabajando para encontrar vivo a Diego Fernández de Cevallos en vez de ir en contra de los candidatos de la oposición que el PRI exige sean detenidos.



Nunca nos avisó de las pesquisas, asegura
PGR, perversa, acusa Ortega
Ciro Pérez Silva

Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 7
La detención de Gregorio Sánchez Martínez no es más que una actuación perversa de la Procuraduría General de la República (PGR) para evitar que el ex alcalde de Cancún participe en el proceso electoral para renovar el gobierno de Quintana Roo, afirmó ayer la dirigencia nacional perredista.
“Sí, vamos a actuar para defender a Greg de esta injusticia, desde luego. No pedimos otra cosa más que se haga una investigación, si quieren hacerlo apegado a la normatividad y a la legalidad; todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero aquí es ‘detén para que investigues’ y no investigar para detener, como lo están haciendo”, acusó el presidente del PRD, Jesús Ortega.
En conferencia de prensa, Ortega desmintió que la PGR haya avisado de esta detención y subrayó que Gregorio Sánchez fue citado ante la institución para declarar como testigo. Incluso él preguntó si necesitaba abogado y la procuraduría le dijo que no.
Destacó que no es la primera ocasión en que la procuraduría ejerce acción penal en contra de militantes del PRD, basada en la declaración de testigos protegidos. Recordó que en casos como el de Michoacán, todos los señalados por esos testigos pagados fueron liberados por falta de pruebas. Mencionó también que la procuraduría no pudo conseguir una orden de aprehensión en una primera instancia, ya que el juez consideró que no aportaba pruebas suficientes para ello, por lo que recurrió a un juez a modo para que con elementos insuficientes se liberara la orden de aprehensión.
Ortega aseguró que se trata de una persecución que se inició en 2008, cuando Gregorio Sánchez fue candidato a la presidencia municipal de Cancún, saliendo victorioso. Sin embargo, recordó, nos quisieron robar la elección con diversas marrullerías y tuvimos que hacer movilizaciones de rechazo al fraude electoral que pretendía el gobernador del estado.
Dijo que al surgir su nombre como posible candidato se inició una maniobra legislativa para bloquearlo, hasta que el 12 de enero de 2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró procedente el recurso de inconstitucionalidad que el PRD presentó para echar abajo una reforma a la Constitución local en la que se establecía la necesaria residencia de 20 años en Quintana Roo para poder contender por la gubernatura.
Ortega destacó que el vocero de la PGR, Ricardo Nájera, dijo que el 15 de enero de 2010, tres días después de la sentencia de inconstitucionalidad de la Corte, se inicia, ¡qué casualidad!, la averiguación previa.


Presentan iniciativa de reforma constitucional
Plantean PRI, PAN y PRD eliminar arraigo y acotar a testigos protegidos
Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Jueves 27 de mayo de 2010, p. 10
Senadores de PRI, PAN y PRD, integrantes del grupo plural que dio seguimiento al llamado michoacanazo, presentaron ayer una iniciativa para reformar la Constitución y derogar la figura del arraigo, reforzar el principio de presunción de inocencia, acotar el valor probatorio de los testigos protegidos e instaurar la responsabilidad patrimonial del Estado por detenciones indebidas.
Al cumplirse un año de que fueron detenidos 35 servidores públicos del estado de Michoacán, mediante simples órdenes de localización y presentación giradas por la Procuraduría General de la República –en lo que se conoció como el michoacanazo–, los legisladores presentaron la iniciativa con el propósito de que no se repitan actos similares.
Las reformas propuestas tienen la finalidad de reforzar el principio de presunción de inocencia y plantean que, junto con ese reconocimiento, se adicione al artículo 16 constitucional que sólo podrá librarse una orden de aprehensión cuando existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado.
Proponen una adición al apartado b, fracción primera, del artículo 20 constitucional, para establecer que nadie está obligado a probar su inocencia.
Acerca del arraigo, los senadores señalan que se trata de una figura reconocida en el orden jurídico nacional, pero que va en contravía de los estándares internacionales y de las recomendaciones que distintos organismos han hecho al país, porque consideran que es una forma de detención arbitraria que propicia violaciones a los derechos humanos, como tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, en cuanto que es una forma de prisión disfrazada, sin garantías.
Los senadores proponen que se derogue el párrafo octavo del artículo 16 de la Carta Magna para extraer del orden constitucional la figura del arraigo.
En cuanto a los testigos protegidos, señalan que el valor probatorio de éste debe acotarse al máximo, porque nunca existen suficientes garantías para evitar la inducción.
Asimismo, en la iniciativa se propone reformar el párrafo tercero del artículo 16, con el propósito de establecer que para fundar y motivar una orden de aprehensión, la sola declaración de los testigos protegidos nunca será suficiente para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado.
Explican que la reforma al artículo 20 tiene como objeto precisar que las declaraciones de testigos colaboradores sin elementos de convicción que las corroboren, no serán suficientes para establecer la culpabilidad del procesado.
Además, con el propósito de desestimular la práctica de las detenciones indebidas o arbitrarias por las autoridades, debe establecerse la responsabilidad patrimonial a cargo del Estado.
Es decir, apuntan los senadores, se trata de que la víctima del error judicial o de una detención arbitraria no deba soportar un daño irreparable proveniente del ejercicio de una de las funciones del Estado sin obtener la indemnización correspondiente.