Tuesday, July 28, 2009

El PAN Vende Impunidad

El PAN vende impunidad a Valdemar Gutiérrez Fragoso

Valentín Cardona 20 de junio de 2009
Hasta el hartazgo, las campañas de los partidos políticos para tratar de ganar adeptos a sus colores se han centrado en la “lucha contra el crimen y contra las drogas”. Para ello no han escatimado recursos provenientes del erario público y por los excesos, no se podría descartar el uso de dinero sucio en esas campañas.
El partido Acción Nacional (PAN) ha mezclado sin recato las “acciones” del gobierno federal contra el crimen organizado, con sus “propuestas” de campaña. Un ejemplo entre muchos, es del promocional televisado de la medallista Iridia Salazar, quien embarazada aparece en la pantalla y con gesticulaciones que buscan convencer suelta:
“Una de las emociones más grandes que he sentido fue ganar mi medalla olímpica, pero no se compara con lo que siento ahora que voy a ser mamá. Yo quiero que mi bebé nazca en un país seguro, tranquilo, donde pueda crecer haciendo deporte y sin el peligro de las drogas, por eso yo voy a votar por el PAN para ayudar al presidente en la lucha contra la delincuencia, ¡no podemos permitir que la droga llegue a nuestros hijos!”.
Al término del espectáculo una voz en off suena: “¡no dejes a México en manos del crimen, vota PAN!”.
En abril pasado se desató una polémica sin precedente por el anuncio que el PAN hizo, de otorgar una candidatura “segura”, a diputación federal, a Valdemar Gutiérrez Fragoso, “líder” del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS). Medios impresos, internet, radio y televisión recordaron a Germán Martínez los presuntos vínculos con el narcotráfico que Gutiérrez Fragoso carga sobre sus espaldas.
Y es que este hombre vendió al gobierno federal el Régimen de Jubilaciones y Pensiones, la prestación “estrella” de los trabajadores cobijados por el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), a cambio del silencio, el perdón y la extradición de su hijo, Israel Gutiérrez Botello, quien fue preso en España al tratar de introducir a ese país un kilogramo de cocaína, droga que llevaba el destino de ser consumida por los hijos de los españoles. Pero el gobierno español no lo permitió.
Según Gutiérrez Fragoso, “aceptó” el ofrecimiento del PAN porque se lo “pidieron las bases”. Las bases, no son la cofradía de enemigos de trabajadores del IMSS que en el consejo de Abril de 2009 a mano alzada “ aprobaron” sin consultar a las bases la “ invitación” del caído German expresidente del hoy perdedor PAN.
Pero de acuerdo con testimonios de trabajadores que por seguridad piden la reserva de sus nombres ante la oleada de represión instaurada por Valdemar, “el PAN ofreció impunidad a Gutiérrez Fragoso a cambio de seguir disminuyendo las prestaciones que aún le quedan al CCT”.
Para el líder de una importante corriente disidente al interior del sindicato, el síntoma del apoyo del PAN a Valdemar es de gran preocupación, pues afirma que “Acción Nacional sabe perfectamente que Valdemar no les llevará ni un solo voto, sino todo lo contrario”, y dice que la impunidad vendida a Gutierrez Fragoso carecería de sentido si no existiera el CCT”.
Agobiado no solo por el nombramiento de Gutiérrez Fragoso, sino por varios “sospechosos”, Germán Martínez, presidente del PAN, leyó en la sede de su partido la lista de los candidatos blanquiazules. Para la cuarta circunscripció n nominó al primer lugar a Josefina Vázquez Mota y para el segundo a Valdemar Gutiérrez, así nada más, ni completó el apellido faltante y ni se inmutó. Dijo Martínez que los candidatos nombrados “obedecen al compromiso que he hecho de abrir el PAN a los ciudadanos”.
El 26 de abril, Roberto Gil Zuarth, representante del PAN ante el IFE acudió a ese instituto a registrar a los candidatos nombrados por Germán Martínez. En entrevista banquetera con varios medios y a pregunta expresa sobre presuntos vínculos de algunos de sus candidatos con el narco y el crimen organizado, Gil respondió que “sus candidatos están a prueba de cualquier sospecha, es gente honorable y limpios, que sabrán representar los intereses de la República”.
Una prueba más
Luego del crimen masivo aún sin castigo contra bebés y niños de corta edad en la Guardería ABC de Hermosillo Sonora, comenzaron a fluir los nombres de propietarios y funcionarios enredados en intrincadas redes de corrupción que se apropiaron de las guarderías subrogadas por el IMSS en el foxismo. En ese entonces, Santiago Levy forcejeó con el SNTSS sobre el número de Guarderías que a este le correspondían para operarlas o venderlas al mejor postor.
Plena la corrupción, un gran número de Guarderías se repartieron entre personajes influyentes, funcionarios de gobierno de todos los estados y de las redes sindicales que abarcan todo el país.
En Sonora, al igual que en otros estados de la República, Valdemar Gutiérrez incrustó a sus familiares y amigos en puestos de confianza del IMSS y de las secciones sindicales. “Prácticamente toda la parentela de Valdemar vive del IMSS y lucra en el IMSS”, afirma un exlíder del movimiento de 1989, el XXI Congreso que terminó con la caída del entonces líder Antonio Punzo Gaona.
Según el testigo, las corruptelas de toda la parentela de Valdemar siguen quedando al descubierto, como el caso del cese fulminante –el 12 de junio pasado- de Delia Irene Botello Amante, coordinadora de zona de Guarderías del IMSS en Sonora. Esta mujer, agrega, “es cuñada de Valdemar, hermana de su esposa y una de tantas que recibía sobornos para callar las condiciones de inseguridad de las guarderías sonorenses”.
“Vamos a ver que vende Gutiérrez Fragoso ahora para salvar a su cuñada”, concluye.
************ ***]
Guarderías y “estancias”: cinco opiniones sumamente autorizadas
Gustavo Leal Fernández
Con utilidades anuales entre 25 y 36 por ciento, las guarderías subrogadas del IMSS pueden ser atractivas franquicias para hacer negocios. Santiago Levy y Juan Molinar Horcasitas las expandieron vertiginosamente. Crecieron de 757 a mil 514. Hoy existen 600 prestadores que pelean ganar una de las 150 “licitaciones” contempladas por Daniel Karam.
En mayo de 2008 la Coordinadora de Guarderías del IMSS, Carla Rochín, declaró que “pueden ser buen negocio si se administran adecuadamente” . Tienen un gran potencial, agregó, considerando “que hay 400 mil madres trabajadoras que buscan lugar”.
La inversión para una cobertura de 250 niños, precisó, es “de 2.5 MP”, monto que puede disminuir “según la capacidad que se pretenda establecer”. Para una integradora -especializada en niños discapacitados- “el capital puede llegar a los 4 millones de pesos. La recuperación está garantizada a tres años”.
Claro que el IMSS se desentiende de los salarios pagados por los prestadores del servicio. Ellos son responsables de la relación laboral con sus trabajadores.
Al calor de la peor tragedia de que se tenga registro: 48 infantes muertos y 20 lesionados en la guardería ABC subrogada por el IMSS en Hermosillo -a los niños, se ha dicho, “les cayó prácticamente napalm”- cinco voces “autorizadas” emitieron cinco opiniones igualmente “profundas”.
Carlos Elizondo Mayer-Serra. Reiterando el tono de otras temerarias opiniones sobre los trabajadores del IMSS vertidas en 2004, el 11 de junio consideró que “como el sindicato del IMSS impone altos costos de operación del IMSS, y el gobierno no tiene la autoridad para despedir a los trabajadores que sobran, mejor subroga el servicio a privados” (Reforma).
Denise Maerker. Afligida por el negro futuro de las más de 8 mil “estancias” changarro de Calderón que opera SEDESOL, empujadas primero por Lía Limón (hoy candidata del PAN a la ALDF) y luego por Joanna Cristo, el 15 de junio escribió que “lo ocurrido en Hermosillo puede acabar en un retroceso del derecho de las mujeres trabajadoras de acceder al servicio de guarderías y estancias donde dejar a sus hijos. Ya se escuchan voces que todo lo confunden: es la subrogación la culpable. Otros desencadenan su furia e ignorancia contra uno de los únicos programas de este gobierno, que yo conozca, que ha tenido un efecto benéfico en las colonias: el de las estancias infantiles. Lo cierto es que el problema no es subrogación o no subrogación ¡A tirar todo por la borda!” (El Universal).
Sergio Sarmiento. Como, ya desde 2004 había asumido el deliberadamente equívoco “diagnóstico” Fox-Levy respecto a las finanzas del IMSS, el 16 de junio recordó que “el problema de las guarderías es el mismo de todos los servicios del IMSS: falta de recursos para cumplir con los propósitos establecidos. Nada tiene que ver la subrogación. De no ser por las guarderías subrogadas, el IMSS se habría visto impedido de ampliar, como lo ha hecho, el servicio de guarderías tan demandado por las trabajadoras” (Reforma).
Carlos Marín. El 26 de junio consideró que la tragedia había despertado gran expectación sobre las personas físicas “a quienes pudiera imputárseles responsabilidad” . Pero, precisó, “nada se ha dicho de una persona moral cuyo papel es determinante en la subrogación. Se trata del sindicato del IMSS, cuyo contrato colectivo impone tan abusivas condiciones al Instituto, que a éste le conviene más contratar guarderías particulares que montarlas como propias. Caso típico de impunidad sindical”. Tal cual (Milenio Diario).
Y el 3 de julio agregó: “uno de los más irreprochables funcionarios en el gabinete es Daniel Karam. Su responsabilidad es tan grande que puede entenderse que con tres meses en el cargo ignorara entresijos como los de la operación de las más de mil 500 subrogaciones. Por eso el 10 de junio, con Joaquín López Dóriga, prometió dar a conocer la lista de accionistas, pero no ha podido cumplir su palabra”. Tal cual (Milenio Diario).
Alfredo Acle Tomasini. El 18 de junio escribió que “la subrogación de los servicios de estancias por parte del IMSS es una medida inteligente porque evita erogar recursos así como la creación de nuevas plazas. No olvidemos lo oneroso que resulta su contrato colectivo para los derechohabientes” (El Financiero).
No se escuchado todavía, otra voz “autorizada”: la de Enrique Krauze, quién, también en 2004, atalayaba “injertos de economía soviética” en el IMSS.
De menos profundidad, aunque no por ello menos autorizadas, resaltan los dichos de Lía Limón y Joanna Cristo, impulsoras de las “estancias” changarro de Calderón operadas por SEDESOL.
Mientras Lía Limón considera que las “estancias” son seguras “porque son espacios más pequeños”, su sucesora, Joanna Cristo, confiesa que las capacitaciones “duran tres días” (El Universal, 10.6.09).
Por algo los expertos de UNICEF-OMS en Bruselas acaban de urgir que México mejore sus sistemas de respuesta ante desastres para evitar que se repitan tragedias como la ocurrida en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora subrogada por el IMSS.
Pero después de comunicar que sus estancias changarro son “excelentes opciones para niños del barrio y no le cuestan carretadas de dinero al gobierno” (11.6), Calderón declaró en Panamá (1.7) que “no habrá impunidad, se hará justicia caiga quién caiga y tope donde tope. He dado instrucciones claras, repito, al Procurador (General de la República, Eduardo Medina Mora) en el sentido de que se procure y se haga justicia”.
Redacción:
El presente artículo del doctor Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada, el sábado 11 de julio de 2009.
***********[
Hermosillo. ¿Responsables? IMSS-Levy, su Consejo Técnico y SECODAM
Gustavo Leal F.
¿Cómo evitar más tragedias? Lo que menos les importa son los niños fallecidos y el futuro de los que están y estarán bajo custodia del IMSS.
El economista Daniel Karam -segundo director calderonista del IMSS- pretende tapar el Sol con un dedo y ocultar el problema de fondo que subyace a la tragedia de Hermosillo que ya cobró 47 vidas. Asiéndose de las medidas de protección, intenta alejar la responsabilidad directa del Instituto en el fatal desenlace; responsabilidad que deriva del modelo de subrogación de guarderías que tanto presumieron sus predecesores.
En el Diagnóstico que elaboró Genaro Borrego para Zedillo (1995) ya se sostenía que “el gasto de operación mensual promedio por niño asistente en 1994 en el esquema Ordinario fue de N$1,525 y el del esquema Participativo de N$629”. Y agregaba: “al compararse los costos puede concluirse que existen ciertas insuficiencias asociadas a los modelos tradicionales del IMSS Ordinario. La explicación a los altos costos se encuentra en el peso de los servicios de personal”. ¡Justamente lo que garantiza calidad en las guarderías IMSS, como mostró Hermosillo!
En 2003, Santiago Levy se ensañó con los prestadores modificando unilateralmente el contrato de subrogación que, con menor costo, disminución de la cuota por niño, reducción de empleados, tipo de alimentación y horario de servicio, comprometía la calidad de la atención. Y la “nueva normatividad” de 2005, ahora bajo la responsabilidad de Evelyn Rodríguez, consolidó la expansión de una “cobertura” sin calidad y con riesgo para los infantes.
Con Molinar Horcasitas el mismo modelo de subrogación, ahora como “licitaciones” , siguió campeando desde las oficinas centrales del IMSS (Coordinación de Guarderías). Hasta que, nueve días después de la tragedia (16 de junio), Karam -por primera vez en la historia- pospuso hasta agosto la “licitación” de 78 guarderías.
Fue preciso que las multicuestionadas subrogaciones segaran 47 vidas para que, entonces y sólo entonces, el IMSS obsequiara apenas ¡una suspensión temporal!
Pero Karam no se atreve a tomar cartas para enfrentar el problema de fondo. ¿Quiere aparecer incompetente? Lleva ¡21 días! aplazando el listado de beneficiarios directos de las adjudicaciones. ¿Qué tanto le arregla?
Ha optado por olvidar deliberadamente que los padres que encargaron a sus hijos en Hermosillo, le pagaron directamente su cuota al IMSS-Karam y no a la guardería ABC. Fue el IMSS-Levy quién subrogó en 2001, desde sus oficinas centrales, el servicio que terminó en 47 muertes.
Por algo la Asociación Nacional de Guarderías reconoce que lo ocurrido “invita” al IMSS y al personal que labora en subrogadas a la “reflexión y a una autoevaluació n”, porque en los últimos dos años (con Molinar Horcasitas) se incorporaron por “licitación” 200 nuevas guarderías. A partir de la tragedia “la situación puede cambiar”. La Asociación presentó en 2006 una propuesta de reorganizació n del servicio que no ha sido atendida.
Además, bajo el esquema de contratación por “licitaciones” se observa que, buscando ganar el concurso, los prestadores hacen ofertas que siguen abatiendo la calidad. La oportunidad de corregir de raíz ese fatal modelo de subrogación, está a la mano: el 31 diciembre de 2009 habría que renovar el 95 por ciento de los contratos trianuales.
Con independencia de la “normatividad” del IMSS-Levy, una auténtica maraña legal “regula” las guarderías: NOM 167 (asistencia social a niños y adultos mayores), 031(cuidado de la salud en niños), 169 (asistencia social alimentaria) , 173 (atención integral a personas con discapacidad) , 131 (alimentos para lactantes y niños de corta edad) y 009 (fomento a la salud escolar).
Después de que su impulsora, Lía Limón -hoy candidata del PAN a la ALDF-, reconociera que “son seguras porque son espacios más pequeños” y su sucesora Joanna Cristo estableciera que las capacitaciones “duran tres días”, para salvaguardar a sus 221 mil infantes usuarios, la bomba de tiempo que representan las más de 8 mil “estancias” changarro de Calderón operadas por SEDESOL, deberían ser inmediatamente canceladas.
Y sus cuantiosos recursos -casi 5 mil MP entre 2007-2009- recanalizados a verdaderas guarderías como las 142 del Régimen Ordinario del IMSS y las 133 Estancias para el Bienestar y Desarrollo Infantil propias del ISSSTE (quién también dispone de 142 subrogadas de “participación social”), para que atiendan los niños de los changarros-Calderó n.
Una vez que Susana Sottoli, representante en México de la UNICEF observara que “el modelo” de los changarros-Calderó n tiene “características muy diferentes a un sistema de cuidado infantil más formalizado” y que UNICEF podría apoyar para “mejorarlo”, frente a la tragedia de Hermosillo sólo hizo un llamado que asegure que “las guarderías cuenten con las medidas de prevención, seguridad y supervisión adecuadas para que niñas y niños no se encuentren expuestos a ningún tipo de riesgo”. ¿Eso es todo sobre la realidad del “Sistema” Nacional de Guarderías y Estancias Infantiles?
Porque los expertos de UNICEF en Bruselas ya urgen a que México mejore sus sistemas de respuesta ante desastres para evitar que se repitan tragedias.
Lo que menos les importa son los niños y los riesgos a que están expuestos. Y ello, sin considerar la calidad de la atención (desarrollo psicomotor y emocional) que ahora reciben.
Fue a propuesta de Levy, que el Consejo Técnico del IMSS aprobó la “normatividad” 2003 y la, entonces SECODAM, autorizó el modelo de convenios de subrogación.
¿Quién tomará las cartas -que rehuye Karam- para acometer el problema de fondo?
Redacción:
Este artículo de Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el sábado 27 de junio de 2009.
************ *******[]
El siguiente episodio ¿en las “estancias” changarro de Calderón?
Gustavo Leal F.

Al sur de Hermosillo, Sonora: 35 bebés muertos. 49 infantes y 6 adultos hospitalizados. La guardería ABC -subrogada por el IMSS- operaba “habilitada” en una antigua nave industrial, al lado de una bodega industrial, en un espacio de 50 por 30 metros que apenas hace 3 años era una maquiladora de ropa. No tenía salidas de emergencia. No contaba con extinguidores. Su personal eran empleadas o maestras. Atendía a más de 200 menores de entre 6 meses y 5 años. 142 estaban dentro a las 15 horas de ese 5 de junio. La peor tragedia de que se tenga registro.
Es la “calidad” del esquema de guarderías subrogadas por Genaro Borrego, Santiago Levy, Juan Molinar Horcasitas y Daniel Karam en el IMSS de los panistas; sistemáticamente denunciado de “un peligro” para los infantes y, con Calderón, extendido electoralmente desde Los Pinos, el DIF de Margarita Zavala y la SESDESOL de Lía Limón Rojas, hoy candidata del PAN a la Asamblea Legislativa del DF.
Este esquema del IMSS panista arrancó en 2003 “urgiendo” incrementar el cupo en “22 mil lugares” y apoyado desde el Senado de la República, quién inmediatamente aprobó un proyecto de Decreto -presentado por Borrego- que permite que sean operadas con subrogación y reversión.
El seguro de guarderías nació en 1973. Diez años después se estableció el esquema “participativo” , donde el IMSS “capacita” y las asociaciones civiles edifican y administran. En 1995, gracias al Diagnóstico -que también elaboró Borrego-, surgió el modelo vecinal-comunitario . Una ruta de abierto retiro del Instituto en la prestación directa.

El esquema vecinal-comunitario fue objeto de un intenso debate público en 2003 cuando Levy se ensañó con los prestadores del servicio, obligándolos a firmar nuevos convenios de subrogación que, con menor costo, comprometen la calidad de la atención a los infantes.

El foxismo sostenía en 2002 que el Sistema Nacional de Guarderías “favorece” la condición laboral de las madres trabajadoras, por lo que se “ampliaría” el número de lugares, conviniendo con “otros” sectores su participación. Ese año, el Sistema contaba con mil 163 guarderías y 140 mil lugares.
El proyecto foxista estancó la oferta pública, legalizó el retiro operador del IMSS, castigo a los prestadores imponiéndoles diferentes “opciones” para los “pagos mínimos” y nunca garantizó una pauta promedio de calidad.

En 2006, aunque la tasa de participación económica femenina creció, la proporción de mujeres en el total de asegurados permanecía estancada. En 2005, para más de 4 millones de mujeres aseguradas y los padres viudos o divorciados, el Sistema de Guarderías IMSS “beneficiaba” apenas a 174 mil madres y 190 mil infantes, en mil 514 unidades.

Las guarderías subrogadas pasaron de 757 a 1.374, mientras las directas eran las mismas 142 que ya existían en el 2000. Pero el IMSS presumía que el número de unidades se ha incrementado en ¡68 por ciento!
Y ¿cómo lo lograron? Sencillo: acanallando la calidad del servicio y exponiendo a los infantes: ¡como en Hermosillo!
Las quejas por la calidad se volvieron una norma: sospechas de maltrato infantil; desigual calificación y frecuente rotación del personal (enfermeras, maestras), ausencia de médicos, mala alimentación y difusa responsabilidad de los titulares de las guarderías o sus representantes.
Después de que el IMSS modificara unilateralmente (2003) el contrato que regula su operación (disminuyendo la cuota que pagaba por niño, lo que impactó directamente sobre la reducción de trabajadores, tipo de alimentación y horario de servicio), la Asociación Nacional de Guarderías denunció las consecuencias sobre los infantes, mismas que robusteció la “nueva normatividad” de 2005.
A partir de ese momento se les impusieron más cargas administrativas, elaboración del historial médico, realización del examen óptico, así como la adquisición de equipo de cómputo para que el IMSS lleve el control electrónico de las asistencias junto con la incorporación de tareas emergentes que facilitan al Instituto cumplir con los requisitos que establece la SEP para la educación preescolar.
Entonces, las subrogadas entraron de lleno en la ruta de la “changarrizació n”: mientras el costo por niño en el esquema “directo” alcanzaba 4 mil pesos promedio, en el subrogado descendía hasta los 2 mil 458 pesos. Con ellos se deben cubrir todos los costos: nómina y prestaciones sociales, impuestos, cuotas obrero-patronales, insumos de alimentos, material didáctico, juguetes, renta, teléfono, luz, agua, gas, artículos de limpieza, gastos de oficina y capacitación. Bajo estas condiciones, la calidad de las subrogadas, resulta una auténtica quimera.
El desajuste financiero de los prestadores se agudiza, también, porque el pago de la cuota por niño se realiza vía un anticipo de garantía del 65 por ciento, es decir sólo mil 656 pesos: el restante 35 por ciento “depende” de que cada niño asista todos los días hábiles del mes, lo cual casi no ocurre.
Además, al “flexibilizar” los requisitos del servicio se creó un ambiente propicio a las irregularidades y hasta fraudes.
Pero para Javier Moreno Padilla, presidente de la Comisión de Seguridad Social de la COPARMEX, las “restricciones en el costo niño-servicios se dan por los problemas financieros que enfrenta el IMSS”.
Mientras, Karam comunica desde Sonora que “ya contactó” con 4 funerarias locales para que reciban a los pequeños “sin costo para los padres”. ¿Sin costo?
Hermosillo: la peor tragedia de que se tenga registro. ¿Quién sigue? ¿Las “estancias” electorales changarro de Calderón y Lía Limón?
Redacción: El presente artículo de Gustavo Leal Fernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana – Xochimilco, se publicó por primera vez en el periódico La Jornada el domingo 7 de junio de 2009.





Inculpado por decreto

PATRICIA Dávila
http://www.proceso.com.mx/impreso_articulo.php?articulo=149141
Prófugo de la justicia desde el 7 de junio pasado, Arturo César Leyva Lizárraga, exdelegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, rompe el silencio desde la clandestinidad: “El director del IMSS, Daniel Karam, ordenó mi cese. Cuando lo hizo, seguramente me señaló como autor de algún crimen y automáticamente giraron la orden de aprehensión en mi contra. Si yo soy culpable, con mayor razón lo es Juan Francisco Molinar Horcasitas, quien, como director, el 29 de marzo de 2006, firmó la contratación de la guardería ABC, y el mismo Karam, porque antes de ocupar este cargo fue director de Finanzas del instituto. Él les pagaba a las guarderías.”El abogado del exfuncionario, Víctor Raúl Montes Martínez, sostiene: “El único responsable de homicidio culposo por la muerte de los 48 niños en la guardería ABC es el gobierno del estado de Sonora, es el gobernador Eduardo Bours. Él y sus funcionarios de la Secretaría de Finanzas no midieron las consecuencias del incendio que provocaron. Ellos sí son responsables directos. Estaban ahí, ellos sí se salvaron. ¡A nadie se le ocurrió avisar a la guardería para que sacaran a los niños!”Leyva Lizárraga se enteró por la prensa de que había una orden de aprehensión en su contra por los presuntos delitos de homicidio culposo, daño en propiedad ajena y ejercicio indebido de la función pública. Por el mismo medio conoció su cese como delegado del IMSS el pasado 10 de junio.Arturo César Leyva ocupó la delegación del IMSS en Obregón, Sonora, a partir del 6 de abril de 2006, una semana después de que Molinar Horcasitas y Sandra Lucía Téllez Nieves, propietaria de la guardería, firmaran el contrato para la prestación de servicios que seguía vigente cuando ocurrió el incendio.–¿Cuándo recibió Leyva Lizárraga el primer informe sobre la guardería ABC? –se le pregunta al abogado.–En el acta de entrega recepción del 6 de abril ningún apartado se refiere de manera particular a la guardería ABC. El punto IX, sobre el informe de los asuntos a cargo del delegado y del estado que guardan, hace referencia al anexo 20, en el que se destacan los asuntos, acciones y compromisos que requieren atención especial y, en su caso, los que es necesario atender de manera inmediata.“Referente a guarderías, sólo menciona que derivado de la desincorporación de inmuebles, la delegación cuenta con 11, ocupados por asociaciones civiles que prestan el servicio de subrogación. Cinco ya cuentan con el avalúo, especifica. Y señala que únicamente se autorizó un expediente que corresponde a la asociación civil Din-Don. Además, establece que los representantes legales no reconocen el adeudo por uso del inmueble desde el ejercicio 2002”.El contrato para la prestación de servicios, explica el abogado, señala al dueño de la guardería como responsable de obtener y mantener actualizadas las licencias, permisos y autorizaciones gubernamentales. La guardería presentó ante la Coordinación de Guarderías toda la documentación necesaria para otorgar el servicio a los derechohabientes del IMSS. Proceso tiene copia de los documentos en que las oficinas de Prevención de Incendios y Seguridad Civil, la de Bomberos y la Unidad de Protección Civil, así como de Desarrollo Urbano y Obras públicas, todas del ayuntamiento de Hermosillo, avalan el funcionamiento de la guardería: Además la Secretaría de Salud estatal le otorgó la licencia sanitaria 09000014053, y la aseguradora ING le vendió una póliza que excluye incendio en el edificio y sólo cubre el “incendio en contenidos” por 250 mil pesos, rotura de cristales por 2 mil y responsabilidad civil por 3 millones. De acuerdo con la cláusula vigésima sexta, supervisarán los servicios la jefa del Departamento de Guarderías, en este caso Dora García Kobeth, y la coordinadora zonal, Delia Irene Botello Amante.Pero “aunque (ambas funcionarias) informaban al delegado de sus actividades, no es él quien dirige la operación que desempeñan, sino la Coordinación de Guarderías y la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales, ambas con sede en oficinas centrales, en la Ciudad de México”, argumenta el abogado.Bours y su gente, los responsablesEl litigante Víctor Raúl Montes señala que no le corresponde al delegado del IMSS, sino a la Dirección de Prestaciones Económicas, emitir el procedimiento de Seguridad e Higiene de las guarderías del Sistema Vecinal Comunitario. El numeral 3.2 de dicho procedimiento señala que la directora de la guardería es la responsable de verificar y de participar en un programa de protección civil de la localidad y del IMSS, así como de coordinar la evacuación de las instalaciones cuando sea necesario.“La directora tiene una clara responsabilidad”, afirma el defensor del exdelegado, y agrega que el procedimiento de seguridad obliga a que la puerta de acceso permanezca cerrada con llave y pasador, y éste debe estar fuera del alcance de los niños. “Esto pudo haber obstaculizado la salida de los niños”, dice.–¿La responsable es siempre la directora?–Yo creo que estamos en una cacería de brujas, buscando responsables en donde no existen. Hay un accidente y hubo omisiones en la gente que tenía que haber actuado de inmediato para salvar a los niños. Estamos hablando de la directora; debió de poner en marcha su plan de protección pero, en lugar de eso, la mayoría de los empleados corrieron.–¿En que delito incurren los empleados de la guardería?–Puede ser por omisión de ayuda a los menores. –Si el delegado del IMSS tiene orden de aprehensión en su contra, ¿Molinar Horcasitas y Karam deberían de tener la suya?–¡Por supuesto! Pero no la hay porque el hilo se revienta siempre por lo más delgado. Deberían de responsabilizarlos de los mismos delitos por los que acusan a Leyva Lizárraga. Karam hoy es el responsable de lo que pasa en el instituto. “Por ejemplo (Leyva) no ha rendido informes falsos porque él ni siquiera rendía informes de guarderías. No administraba ni coordinaba, ni supervisaba ni vigilaba nada al respecto. ¿Qué pasa? Están viendo cómo lo vinculan”, afirma el abogado Montes Martínez.“Luego lo acusan de homicidio culposo de 48 niños –prosigue–.¡Qué irresponsable imputación! Yo no encuentro ningún vínculo entre la conducta del delegado y el fallecimiento de los niños”.En cuanto al homicidio, argumenta: “¿De qué manera el señor Leyva privó de manera culposa (sin dolo) de la vida a los niños? ¡Él no provocó el incendio! ¡Él no estaba en el lugar! No omitió ayudarlos”.–¿Esta inculpación fue maquinada por el gobierno federal?–Obviamente. Hoy la incompetencia la manejamos así.–¿Cuál es la responsabilidad del gobierno de Eduardo Bours?–Es el único responsable. El incendio se generó en la Secretaría de Finanzas, y al igual que la guardería tenía la obligación de contar con normas de protección civil. Pero no. No tenían extinguidores ni las medidas mínimas de seguridad para poder controlar un incendio. Ellos fueron los que, con su incendio, provocaron que la guardería se incendiara. No la gente de la guardería. Todos ellos fueron víctimas. –¿Habla de un incendio premeditado? –Esto es lo que se dice en Sonora, que hace seis años pasó lo mismo. Hoy, casualmente, sucede antes de las elecciones, cuando el gobernador sabía que le llevaba ventaja el PAN. En efecto, el 29 de noviembre de 2002, cuando aún era gobernador Armando López Nogales, la Secretaría de Finanzas estatal sufrió un incendio. Perdió más de 40 toneladas de documentos, entre los que se encontraban copias de pagos de 1980 en adelante.“Estoy claro de que no hay intención de nadie de privar de la vida a niños. Tengo claro que no midieron las consecuencias del incendio en sus instalaciones. Los responsables de homicidio culposo, por supuesto, son ellos. Ellos sí son responsables directos, porque estaban ahí y no lo atendieron a tiempo. Y con no avisarle a estos niños, ellos sí provocaron de forma culposa su muerte”, señala el abogado.Y añade: “La gente de la Secretaría de Finanzas y el gobernador del estado, ya que finalmente, él, como mandatario, tiene la obligación de hacer que las instituciones a su cargo cumplan la normatividad”. –¿En este caso estaban incumpliéndola?–Sí, y la prueba está en que no tuvieron cómo controlarlo (el incendio). No había extinguidores, no había nada. Ellos sí lograron salir. Hasta donde tengo entendido, ahí no hay muertos. ¡Qué a gusto! Sí, nosotros nos hacemos a un lado... ¿y los niños?–¿Por qué el gobierno federal responsabilizó al delegado y no a los funcionarios estatales?–No lo sé. Pero tengo claro que aquí hay un solo responsable, y es quien generó el incendio.Mientras tanto, Arturo Leyva sigue reflexionando, “¿por qué fui condenado sin ser escuchado? Qué manera de manejar la justicia en el Seguro Social. Me preocupa lo que pueda seguir”.El viernes 24, el exdelegado del IMSS en Sonora fue notificado de que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia penal en el Distrito Federal resolvió a su favor el juicio que interpuso para dejar sin efecto la orden de aprehensión.

El Decretazo Militar

El decretazo promilitar

JORGE CARRASCO ARAIZAGA
http://www.proceso.com.mx/impreso_articulo.php?articulo=149137
Después de que en el sexenio de Calderón el Ejército ha recibido más de 50% de las recomendaciones que la CNDH le ha girado desde 1990, y cuando se analiza la iniciativa de ley para que las Fuerzas Armadas puedan establecer estados de excepción en algunas regiones del país, el presidente de la República se lava las manos de los actos que en adelante puedan cometer los militares que él comanda en su guerra contra el narcotráfico. El presidente Felipe Calderón se deslinda de las acusaciones contra su principal aliado, el Ejército, al darle más facultades al procurador general de Justicia Militar para enfrentar al Congreso o a gobiernos estatales y municipales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sin que la Presidencia de la República asuma las responsabilidades que le correspondan.El miércoles 22, el presidente Calderón publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que deja sola a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en los juicios o acciones legales que se emprendan contra los militares.El decreto, que está en vigor desde el jueves 23, reformó el Reglamento Interior de la Sedena para que sea el propio Ejército, a través de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), el que haga frente a cualquier acción legal que se enderece en contra del Ejecutivo por actos imputables a la actuación de los militares.El presidente de la República, quien de acuerdo con la Ley Orgánica del Ejército es su comandante supremo, evitará de esta manera asumir directamente los juicios que se lleguen a presentar contra el Ejecutivo por la participación de esa fuerza armada en el combate a la delincuencia organizada, en especial por violaciones a los derechos humanos, o en caso de que se alegue invasión de jurisdicción.El decreto también está encaminado a las facultades que Calderón quiere dar a las Fuerzas Armadas para que asuman el control de la seguridad interior en donde les ordene el propio presidente, lo que podría incluir la adopción de medidas como el estado de excepción (Proceso 1707). El decreto reforma los artículos 10 y 80 y adiciona dos fracciones al mismo artículo 80 del Reglamento Interior del Ejército para que toda acción legal contra el Ejecutivo en esta materia recaiga en el titular de la Sedena y, en particular, en la PGJM.La modificación al artículo 10, en su fracción IX, amplía las atribuciones y responsabilidades del secretario de la Defensa Nacional para que éste sea el responsable de representar al presidente en controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que se presenten en la Suprema Corte.Hasta el pasado martes, esa representación se limitaba a los juicios en materia de amparo.La nueva disposición establece la obligación del secretario de “representar al presidente de la República en las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad a que se refiere la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que lo determine el titular del Ejecutivo federal”.Aunque el mismo artículo 10 del reglamento se refiere a las “facultades indelegables” del general secretario, la reforma dice que el titular de la Sedena podrá ser reemplazado en esta representación, de conformidad con el artículo 81 del mismo ordenamiento, que se refiere a las suplencias de los servidores públicos de la dependencia.La reforma al artículo 80 es la que amplía las atribuciones del procurador de Justicia Militar. Ese artículo establece las atribuciones que tiene como consultor jurídico de la secretaría, pero la modificación le confiere el papel de representar al presidente de la República.El decreto añade la fracción IV bis para asignar al titular de la PGJM la obligación de “representar al presidente de la República en todos los trámites establecidos por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política (…) en aquellos asuntos que corresponda a la Sedena representar al titular del Ejecutivo federal”.También crea la fracción IV ter para que el procurador intervenga en las controversias y acciones de inconstitucionalidad en las que el secretario de la Defensa Nacional represente al presidente de la República.En la fracción V precisa que el procurador militar deberá representar al general secretario, al subsecretario de la Defensa Nacional, al oficial mayor y a cualquier otro servidor público de los órganos administrativos, con residencia en la Ciudad de México y zona metropolitana del Valle de México, en los juicios de amparo en los que sean parte.El decreto no menciona la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política, relacionada con las controversias y acciones de nconstitucionalidad que debe conocer la Suprema Corte.El artículo 11 de dicha ley establece, en su párrafo tercero, que en estos dos recursos de protección constitucional el presidente de la República será representado por el secretario de Estado, por el jefe del departamento administrativo o por el consejero jurídico del gobierno, conforme lo determine el propio titular del Ejecutivo.El diputado Alfonso Suárez del Real, integrante de la Comisión de Defensa de la saliente LX Legislatura, ve en el reglamento un abandono, por parte de Calderón, de quienes han sido sus principales aliados en el gobierno.“Calderón se está deslindando de una eventual embestida institucional si se agrava el problema de las violaciones a los derechos humanos, pero sobre todo en caso de que el Ejército ejerza las nuevas atribuciones que el propio Ejecutivo le quiere dar en materia de seguridad interior”, dice el diputado del PRD por el Distrito Federal.Calderón, en efecto, presentó al Senado de la República, en abril pasado, una iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional para que las Fuerzas Armadas puedan asumir el control en aquellos lugares donde el propio presidente considere que está en peligro la seguridad interior.De acuerdo con el diputado, “Calderón se está lavando las manos de las consecuencias que puedan tener los actos del Ejército. Es algo que ni siquiera hizo Gustavo Díaz Ordaz, pues asumió toda la responsabilidad sobre los hechos del 2 de octubre de 1968”.Añade: “Es un mensaje muy perverso porque, por un lado, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, reta a La Familia michoacana y a la delincuencia organizada, en general, a enfrentarse con las fuerzas federales, y por otro Calderón le dice al Ejército que se defienda solo”.Suárez del Real asegura que hasta ahora la PGJM había colaborado con la Presidencia en los actos jurídicos emprendidos contra la Sedena, pero que carece de un equipo para enfrentar a otro poder –el Congreso– en el caso de las controversias constitucionales, o a diferentes instancias de gobierno en las acciones de inconstitucionalidad.Explica que el ámbito de la PGJM es el de la aplicación del fuero militar hacia el interior del Ejército, por lo que su actuación no debe extenderse más allá de la institución. En la práctica, considera, el decreto representa una ampliación del fuero constitucional en relación con el mundo civil.“Es la respuesta que da Calderón a las demandas internacionales para que en México se acote el fuero militar”, añade.El decreto reformó el Reglamento Interior de la Sedena que apenas había sido publicado el 29 de diciembre del año pasado, en el que se incorporó la creación de la Dirección General de los Derechos Humanos ante el incremento de las violaciones cometidas por el Ejército como resultado de los operativos contra el narcotráfico.El pasado miércoles, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmó que la Sedena es la institución gubernamental con el mayor número de quejas por violar las garantías individuales.Según la CNDH, de 2 mil 956 quejas que recibió en el primer semestre del año, 559 fueron contra el Ejército. Al día siguiente, el director general de los Derechos Humanos del Ejército, el general de brigada Jaime López Portillo Robles Gil, desestimó los señalamientos contra el Ejército y negó que se proteja a los militares implicados en ese tipo de violaciones.Informó que 12 militares han sido sentenciados y 53 más están procesados por diversos delitos, entre ellos homicidio, tortura y secuestro.Dijo que esas cifras se deben a la participación del Ejército en el combate al narcotráfico y “al incremento de su presencia en las calles, lo que fomenta de forma proporcional el contacto con la población”.De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la propia Sedena, desde la creación de la CNDH en 1990, el Ejército ha recibido 67 recomendaciones, de un total de 5 mil 937 quejas.De esas recomendaciones, 35 –más de 50% del total– se han registrado en apenas dos años y medio del sexenio de Calderón, en el que se han levantado 2 mil 461 quejas contra el Ejército.

Friday, July 24, 2009

Usurpador Fracasado


Estrategia Fracasada

ESTRATEGIA FALLIDA

Por Federico Arreola
15 de Julio, 2009 - 00:27

Mucha gente me va a criticar por lo que a continuación voy a decir. Pero es lo que pienso. Admito que puedo estar equivocado, desde luego. Y, para anticipar objeciones, aclararé que no mueve la cobardía, sino el sentido común.
En mi opinión, el gobierno mexicano debe abandonar cuanto antes la guerra contra el narcotráfico tal como la ha llevado hasta el momento. Para replantear su estrategia. Porque lo realizado en este terreno desde el arranque del sexenio de Felipe Calderón simplemente no ha funcionado.
Creo que el segundo gobierno panista, que ya no tiene fuerza, debe rendirse. Ha perdido su guerra contra el narcotráfico. Antes de que los carteles de las drogas se transformen en verdaderos ejércitos -algo que cada día parece más cercano- debe buscar otra manera de combatirlos.
El uso de la violencia legítima que es capaz de aplicar el gobierno contra el crimen organizado, ha fracasado indudablemente.
Las fuerzas armadas mexicanas, pese a su eficiencia y a su buena reputación, han ganado no pocas batallas a las bandas de proveedores y distribuidores de drogas ilegales, pero empiezan a perder lo más importante en un conflicto bélico: la ofensiva.
De atacantes, los soldados y los policías han pasado a ser atacados, de perseguidores han pasado a ser perseguidos. Las recientes batallas de Michoacán hablan con claridad de que está haciendo falta una retirada estratégica. Insisto, antes de que los comerciantes de estupefacientes, que cuentan con bases sociales en numerosos lugares del país, dejen de considerarse a sí mismos simples vendedores que se han visto obligados a defenderse, para empezar a sentirse como un poder militar tan grande y con la misma estructura logística que el del Estado.
¿Cómo podría el gobierno mexicano retirarse de esa insensata guerra? No será sencillo.
Lo único que ahora está claro es que si no se replantea la forma en que se ha intentado acabar con el comercio ilegal de drogas, en México podría haber una guerra civil en forma.
Ya casi la hay, si no por otra cosa, porque en los últimos dos años han sido miles las bajas en los enfrentamientos de todos los días, en todo el territorio nacional, entre los agentes del gobierno y los sicarios de la mafia.
Lo peor, tristemente, es que estamos a unos cuantos meses de que se celebre el centenario de la Revolución.
¿Lo peor? Pues sí. Como dice un amigo cada vez que hablamos del tema, Pancho Villa, antes de convertirse en un revolucionario bendecido por los apóstoles del sufragio efectivo, era alguien que actuaba al margen de la ley; no un narcotraficante porque en 1909 este oficio no estaba de moda, pero sí un bandolero que actuaba con la misma ferocidad que hoy muestran los integrantes de los Zetas o de la Familia.
Y el Centauro del Norte, desde luego, tenía el mismo origen social que tienen prácticamente todos los matones actuales del narco: la pobreza, esa maldición que no ha desaparecido en México y que agobia en este 2009 a muchos más mexicanos que en 1909.

seguimos Ganando


La Familia


Despilfarro Antisocial


Consuelo


Como es de Ley


Algo es Algo


SEDENA Asesina


Por Víctor Hernández
24 de Julio, 2009 - 00:00

El ejército mexicano pretendió lavarse la cara por los múltiples abusos que han cometido en contra de la población mexicana a raíz de la "guerra contra el narco" con la que Felipe Calderón pretende legitimarse.

La excusa oficial del ejército para asesinar civiles inocentes, violar ancianas, secuestrar y torturar, que "la mayoría de los delitos en que incurren (los soldados) son de carácter imprudencial, colateral a sus operaciones y por desconocimiento de las consecuencias de una violación a los derechos humanos." Así lo dijo el director de derechos humanos de la SEDENA, Jaime Antonio López Portillo.

Ah que bién. Entonces los narcos pueden excusarse diciendo que los levantones, ajecutados y decapitados, pues son actos de carácter imprudencial, colateral y por desconocimiento de las consecuencias de una violación de la ley.

Dicho de otro modo, los militares están admitiendo que a 3 años de que Calderón le echó al ejército a la población, aún no hayan informado a los soldados que NO DEBEN VIOLAR DERECHOS HUMANOS.

Porque además las quejas contra los militares van en aumento. ¿Cuál es la excusa de la SEDENA para explicar esto? Pues que "el aumento de quejas contra las fuerzas armadas se debe principalmente al incremento de su presencia en las calles, lo que fomenta de forma proporcional el contacto con la población".

En otras palabras "hay más quejas porque hay más solados en la calle."

¿Está diciendo la SEDENA que mientras más soldados haya en la calle más van a violar la ley?

En el colmo del cinismo, el director de derechos humanos de la SEDENA dijo que los delitos que ha cometido el ejército, los cuales incluyen tortura, lesiones, homicidio, extorsión, secuestros e inhumación clandestina, no pueden ser considerados violaciones de derechos humanos porque "no existe en todo el mundo una cláusula jurídica que determine cuando es una violación a los derechos humanos ni tampoco existe una precisión de cuando una violación se desestima".

¿Matar a alguien no es una violación de derechos humanos?

Pues qué ignorante es este señor López Portillo porque el artículo tercero de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice textual: "Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona." El artículo 5 dice además: "Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes."

Bajo esos preceptos, los delitos en los que incurrieron los soldados SÍ son violaciones de derechos humanos y SÍ existen cláusulas juridicas que los definan.

¿Por qué es una cláusula jurídica? Pues porque la ONU aprobó y proclamó en 1948 la antes mencionada declaración. México, al ser parte de la ONU, está obligado a seguir sus principios.

Pero el Estado mexicano, por medio de su ejército, no lo hace.

De pilón, y en el colmo del cinismo, y luego de admitir que matan, secuestran, torturan, etc, los militares dijeron que "por eso es necesario que la población apoye el trabajo de los militares, ya que es importante que la población civil esté del lado de las fuerzas armadas, pues nuestro trabajo es por el bienestar del pueblo de México." Ya ni la burla perdonan.

Lo que están haciendo Calderón y el ejército es lo mismo que han hecho dictadores como Pinochet. Y en el PRI son igual. Como demostración histórica de esto quedaron particularmente como ejemplos de ignominia Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari, padrino político y titiritero de Enrique Peña Nieto

Wednesday, July 15, 2009

Vivir Peor