Juanito se Raja

Juanito retira ofrecimiento a Clara Brugada

De la Redacción de la Jornada
Con el argumento de que Clara Brugada lo dejó plantado, el delegado electo de Iztapalapa, Rafael Acosta, Juanito, decidió retirar a la perredista el ofrecimiento de que sea la directora general Jurídica y de Gobierno, e incluso comentó que ya baraja otros nombres.
Según el petista, desde hace algunos días había acordado esa reunión con Brugada, pero ayer se quedó esperándola en lo que fue su casa de campaña, en el barrio de Santa María Aztahuacán Sur. Tras lo cual, en declaraciones públicas dio a conocer esa decisión.
Ayer mismo se trató de contactar a la ex titular de la Procuraduría Social para que precisara si efectivamente se tenía pactado ese encuentro, pero no hubo respuesta.
El diputado local y dirigente del PT capitalino Arturo López Cándido comentó que esa falta de interés de Brugada de llegar a acuerdos con Rafael Acosta ha motivado que “Juanito ande negociando con todo mundo”.
De hecho, en el PT-DF es conocida la intención del dirigente del Frente Nacional de Deudores (Frenade), Román Díaz Vázquez –quien se ofreció a conformar un movimiento de seguidores de Juanito en todo el país–, de ocupar la Dirección General Jurídica y de Gobierno de Iztapalapa.
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“Juanito” y el desarraigo
JAVIER SICILIA
Siempre se ha dicho que México no es un país racista. Su condición mestiza limó a lo largo del tiempo esta enfermedad criminal del espíritu. Sin embargo, las señales de ese mal no dejan de aparecer aquí y allá con diversos rostros. Desde las urbes se tolera al indio y su mundo agrario pero no se le respeta. A pesar del levantamiento zapatista, el indio, para las mentalidades urbanas de la burguesía, remanentes del colonialismo, es un inferior, un ignorante que en su retraso premoderno no podrá nunca alcanzar las bondades civilizadoras del mundo moderno. De allí que su rebelión en 1994 haya sido calificada como el producto de una manipulación, de la intromisión de seres civilizados que abusaron de su estado infantil. El indio, parecen decir esas mentalidades imbéciles, es incapaz de pensar por sí mismo. Ajeno a la educación escolar del mundo civilizado, es víctima de su ignorancia. En las urbes, esas señales se manifiestan en el desprecio por los seres humanos que habitan sus periferias. Allí no hay indios, sino nacos. Seres que no pertenecen ni a la vida civilizada de las urbes ni a la “barbarie” del mundo agrario, pero que son, dice el “civilizado”, igualmente ignorantes. El caso de “Juanito” es una de esas señales que, en este caso, no provienen de la mentalidad burguesa, sino de ciertos sectores de la izquierda. Esos sectores, antirracistas hacia afuera, son racistas en el interior. “Juanito” –dicen como un eco de la burguesía que tanto desprecian– es un pobre tipo, un ignorante, un imbécil que, manipulado por intereses ajenos a la “verdadera” izquierda, se ha engreído y ahora quiere poder.Ciertamente, “Juanito” no es un indio –cuya cultura basada en la tierra y la memoria es, pese a la ignorancia “civilizada”, muy alta–, sino un desarraigado, un producto de una civilización que, basada en el dinero, despoja a las culturas de sus raíces. Pero esto no lo hace un imbécil, ni un hombre manipulable, sino un prototipo de la mentalidad económica de la civilización industrial. “Juanito” es, al igual que la clase política a la que ahora pertenece, al igual que el hombre del mundo económico en el que vive, un ambicioso, un demagogo, un “gandalla”, un oportunista que no necesitaba ni necesita ser manipulado por nadie para ser lo que es. Nada que no sea su condición de marginal, su estigma de clase, lo distingue de los funcionarios del IFE, de López Obrador, de Calderón, de Mario Marín, de Ulises Ruiz, de los especuladores financieros, de los burócratas arribistas, de aquellos para quienes la única moral que existe es adquirir poder y dinero “haiga sido como haiga sido”. Si molesta es precisamente porque no se formó en las universidades, porque es el fruto de los desplazamientos del mundo agrario, porque no hizo la “transa” de manera disciplinada, es decir, dócilmente, es decir, arropado por quien tiene el poder y la legalidad para hacerlo. Mientras se sometió a la manera inmoral en que López Obrador respondió a la también inmoral manera en que el IFE sacó de la contienda política a Clara Brugada; mientras el ignorante, el “naco”, se sometió dócilmente a la propuesta lopezobradorista, “Juanito” era bien visto. En el momento en que decidió tomar para sí la inmoralidad, entonces se le estigmatizó: el ignorante, el “naco”, está manipulado, se le hizo creer lo que no es. “Juanito”, en la manera en que lo trató López Obrador y en la manera en que hoy lo estigmatiza la izquierda, es una señal del racismo. Pero también, en su fondo, es decir, en lo que en realidad es y siempre ha sido, una revelación del nivel de nuestras clases políticas y de la condición a la que una sociedad basada en el dinero, el prestigio y el consumo nos ha reducido. Si “Juanito”, como le sucedió a Calderón, a Marín, a Ulises Ruiz, logra construir un poder de arribistas en torno suyo y superar, a través de él, el desprestigio, mañana todos habrán olvidado el incidente, y el “naco”, al fin lavado de su estigma de clase por el prestigio del poder, estará sentado en el sitio en el que todo se tolera y se aplaude, en el sitio en el que se puede transar, cambiar de partido si así conviene a los intereses personales, ejercer la pederastia, en síntesis, cometer actos inmorales sin consecuencias. Se trata simplemente de llegar. Lo demás viene por sí solo. Es la lección de nuestra clase política, que “Juanito” aprendió bien en las sub-urbes de Iztapalapa; es la lección del desarraigo que nos habita.El desarraigo –eso que el dinero hace en nombre del desarrollo al ir ocupando territorios y alejando a la gente de lo que constituye su alma: los tesoros de su pasado que se preservan en la memoria de su hacer y de sus relaciones– es el signo del mundo moderno. Al destruir, como lo señalaba Simone Weil, las raíces, reemplazando todos los ámbitos de la vida humana por el deseo de poseer, sólo queda lo que somos: ese “Juanito” que nos representa, ese ser atroz, al que el sueño de la burguesía quiere reducir el mundo indígena y cualquier otro mundo que no se le parezca; esa mentalidad que hace de la mentira, de lo inmoral, del “agandalle”, el signo de nuestro racismo y, cuando logra legitimarse, el signo del prestigio y de la grandeza.Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.

La Captura de PEMEX

La captura de PEMEX

Irma Eréndira Sandoval*
La llegada a Petróleos Mexicanos de Juan José Suárez Coppel, quien hasta hace poco fue vicepresidente de finanzas del Grupo Modelo [!!!!!], tesorero corporativo de Televisa [!!!!!], y director de derivados de Banamex [!!!!!], instala una situación de franca captura en nuestra paraestatal. La captura del Estado es una manifestación estructural de la corrupción que implica la institucionalizació n de los conflictos de interés y la determinación de normas y políticas de gestión estatal por parte de poderosos grupos económicos. Esto muchas veces se reviste de legalidad procedimental pero, como en todo caso de corrupción, auspicia la desviación de recursos públicos para servir intereses privados.
Hace menos de un año, Suárez Coppel fue rechazado por todas las fuerzas políticas como consejero profesional en el consejo de administració n debido a su cercanía con Francisco Gil Díaz y las graves acusaciones de corrupción que existen en su contra. Desde sus tiempos como director de finanzas de Pemex, el nuevo director general destacó por haber asignado sin que mediara proceso de licitación alguno más de una treintena de contratos millonarios que beneficiaron a consultores vinculados al poder y a empresas trasnacionales como Oceanografía, Blue Marine, Pricewaterhouse Coopers y Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton, entre otras.
Tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Secretaría de la Función Pública han señalado que Suárez Coppel está implicado en una poderosa red de tráfico de influencias operando en el interior de Pemex, que incluye entre otros al actual director de Pemex Refinación, José Antonio Ceballos Soberanis, quien destacó por haber defendido la legalidad de los contratos celebrados con la empresa Ivancar, de la familia Mouriño.
Otros participantes de esta red de complicidades son también el actual senador panista Juan Bueno Torio, quien debido a su cercanía con Martha Sahagún y los hermanos Bribiesca Sahagún fue premiado con el jugoso cargo de director de Pemex Refinación entre 2003 y 2006; Pedro Carlos Gómez Flores, ex subdirector de almacenamiento y distribución de la paraestatal; los mismos predecesores de Suárez Coppel en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox: Rogelio Montemayor Seguy, Luis Ramírez Corzo, y el mismo señor Pemexgate Raúl Muñoz Leos, quien de acuerdo con los informes de la ASF provocó un quebranto a la paraestatal por más de mil 700 millones de pesos.
Además de estas historias de corrupción e impunidad que manchan la trayectoria del nuevo funcionario, tampoco puede aducirse que Suárez Coppel sea muy eficaz en el manejo de las variables financieras. Como director de derivados de Banamex provocó pérdidas millonarias al banco hoy controlado por Citibank. Asimismo, como director de finanzas de Pemex fue el responsable del fracaso de la inversión en un fondo que supuestamente buscaba inversiones con fines ambientales manejado por el North America Environmental Fund y el Environmental Organizational Partnership, que dejó pérdidas por más de 3 millones de dólares.
Habría que recordar que la reforma a Pemex del año pasado de ninguna manera cancela la posibilidad de conflictos de interés, ni aleja las tendencias privatizadoras. La nueva Ley de Petróleos Mexicanos crea un régimen de excepción que de manera anticonstitucional excluye al Congreso de la Unión de la vigilancia de las adquisiciones más importantes de la empresa. Ni la Ley de Adquisiciones, ni la Ley de Obras Públicas se aplican para las compras en las áreas sustantivas de la paraestatal. Asimismo, el artículo 57 de la Ley de Pemex permite la utilización de figuras como la adjudicación directa y la invitación restringida para una serie de rubros clave como, por ejemplo, todos los servicios de estudios de ingeniería, servicios de consultoría, estudios, asesorías, investigaciones y capacitación.
El colofón es que todavía hoy Pemex no ha implementado la nueva ley en la materia, sino que sigue operando bajo las reglas aún más laxas para compras contenidas en la ley anterior. Las autoridades simplemente se han negado a aprobar la nueva reglamentació n en la materia, lo que abre un gran margen de discrecionalidad que seguramente será aprovechado por el nuevo director general y su amplia red de amigos y cómplices.
Con la desaparición de la Secretaría de la Función Pública la tarea de vigilancia de la paraestatal será aún más difícil. La única tenue esperanza se encuentra en los nuevos consejeros profesionales. En particular, habría que seguir muy de cerca el desempeño de los comités del consejo de administració n en materia de transparencia y rendición de cuentas; adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios; y auditoría y evaluación del desempeño. Hasta la fecha estos comités han hecho muy poco para transformar el modus operandi de la empresa, pero si existiera voluntad y determinación de parte de los consejeros ellos tendrían la posibilidad de cambiar las cosas. Hoy más que nunca tendrían que recordar que son representantes de la ciudadanía y rechazar la tentación de fungir como escuderos de los poderes fácticos y el Poder Ejecutivo.
* Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinadora del Laboratorio de Documentación y Análisis de la Transparencia y la Corrupción, de la UNAM; irma.sandoval@ unam.mx.

Zhenli Exhibe la Corrupcion en la PGR

Defensa de Zhenli Ye Gon exhibe en EU corrupción de la PGR

J. JESúS ESQUIVEL
WASHINGTON, 17 de septiembre (apro).- Después de exhibir el poder corruptor del narcotráfico entre los altos mandos de las corporaciones de seguridad mexicanas, la defensa del empresario chino, Zhenli Ye Gon, consiguió que la Corte Federal del Distrito de Columbia le diera tiempo para presentar una moción de la liberación del acusado, así como para contrarrestar al pedido de extradición del gobierno de Felipe CalderónEl juez federal John M. Facciola concedió un plazo de 20 días hábiles a los abogados Manuel Retureta y Eduardo Balarezo para presentar ante la Corte su solicitud de liberación de Ye Gon, así como para "revisar" y conseguir más información sobre los argumentos del gobierno mexicano para justificar su pedido de extradición.Así, la audiencia del juicio de extradición de Ye Gon fue una vez más una vitrina donde se exhibieron los problemas de corrupción al más alto nivel dentro de la Procuraduría General de la República (PGR), argumento bajo el cual la defensa del empresario chino solicita desestimar el pedido de extradición."El paquete con la información relacionada con los cargos que le imputan en México al señor Ye Gon, fue preparado y recolectado por Noe Ramírez Mandujano, un sujeto arrestado por sus nexos con el narcotráfico, por ello pedimos más tiempo para revisar la información que ha entregado el gobierno de México al Departamento de Estado estadunidense", alegó el abogado Retureta al juez Facciola.La defensa de Ye Gon, que un día antes de esta audiencia logró que a su cliente le devolvieran unos 1.7 millones de dólares en cuentas bancarias, bienes y automóviles, argumentó ante el magistrado Facciola que "las manchas" por corrupción dentro de la PGR deben ser valoradas en el proceso de extradición que enfrenta Ye Gon.No sólo eso, pues los abogados Balarezo y Retureta detallaron al juez los hechos por los que Ramírez Mandujano, extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y Jorge Joaquín Díaz López, excoordinador de Investigaciones de la misma dependencia, fueron arrestados en 2008 y 2009, respectivamente, por sus presuntos nexos con el narcotráfico.La defensa estableció además que estos dos exfuncionarios federales fueron los encargados de elaborar el expediente de cargos vinculados al tráfico de narcóticos y lavado de dinero que le imputa el gobierno de Calderón a Ye Gon y bajo los cuales también las autoridades mexicanas le piden a Estados Unidos la extradición del empresario chino."Si el gobierno de Estados Unidos quiere realizar la expatriación (de Ye Gon), debe presentar más evidencias que le hubiese proporcionado el gobierno mexicano", señaló el juez durante la audiencia.Ante la escalada de argumentos de la defensa de Ye Gon, tocó a la fiscal federal Valinda Jones salir a rebatir el torrente de acciones jurídicas."En una audiencia de extradición como esta, la Corte no está para establecer la credibilidad de las evidencias que presenta un país soberano a otro. No se trata de imponer los estándares judiciales de Estados Unidos al sistema judicial de México", argumento la fiscal Jones.La representante del Departamento de Justicia se anotó una victoria cuando le recordó a Facciola que la audiencia no tiene otro propósito más que hacer valer el cumplimiento de un acuerdo internacional como es el de extradición, suscrito entre los gobiernos mexicano y estadunidense, y nada más.El magistrado dio la razón a la fiscal Jones, pero añadió que debido a que el de Ye Gon es un caso bajo "circunstancias únicas", se concedía el plazo a la defensa del acusado para recibir más información del gobierno mexicano por medio del Departamento de Justicia estadunidense.Con su overol a rayas color rosa y blanco de la prisión federal donde se encuentra recluido, Ye Gon daba la impresión de que estaba contento por el plazo que el juez concedió a sus abogados.Sin embargo, el hecho de que Facciola no rebatió el argumento de Jones sobre la obligación del gobierno de Estados Unidos para cumplir con el tratado de extradición con México, es un indicio de que sólo es cuestión de tiempo para que el magistrado autorice el regreso del empresario de origen chino a territorio mexicano.La defensa de Ye Gon admitió que aun cuando el empresario chino nacionalizado mexicano fuera puesto en libertad, sería arrestado inmediatamente por la autoridades migratorias estadunidenses y enviado a un centro de detención temporal.Si eso pasara, los abogados de Ye Gon reclamarían entonces el asilo político para su cliente.También se prevé que aunque Facciola emitiera un fallo negativo para Ye Gon en el juicio de extradición, la defensa apelará la resolución, y con ello se abriría un nuevo proceso judicial que llevaría por lo menos un par de años más.Por cierto, la fiscal Jones recibió una felicitación inusual al término de la audiencia: "Valinda, eres nuestra héroe", le dijo una funcionaria de la embajada de México en Washington asignada a la oficina de asuntos legales.La fiscal estadunidense se limitó a sonreír ante el halago.

Tunde la oposición a Gómez Mont en San Lázaro

JESUSA CERVANTES
MEXICO, D.F., 17 de septiembre (apro).- Los partidos de oposición en la Cámara de Diputados –con excepción del PVEM--, reclamaron al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, "la falta de oficio político" para conducir la política interna del país, en tanto que el funcionario anunció que Felipe Calderón avala las figuras de plebiscito, referéndum y la reelección consecutiva de legisladores y ayuntamientos, como parte de la "reforma política".Al comparecer ante los legisladores como parte de la glosa del tercer informe de gobierno del Ejecutivo federal, el abogado, quien fue socio del "Jefe" Diego Fernández de Cevallos en un despacho privado, centró su discurso inicial en atender demandas del PRD y PAN y se confrontó con los principales opositores del gobierno federal: PRI y PT. "Estamos convencidos de que es tiempo de plantear y discutir una reforma política que acerque el gobierno a los ciudadanos y que haga más productiva la relación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo", dijo. Luego, afirmó: "El Ejecutivo federal no sólo está dispuesto, sino que considera indispensable zanjar, en los tiempos de esta Legislatura, la discusión sobre los mecanismos de democracia directa --plebiscito y referéndum--, y la reelección consecutiva de legisladores y ayuntamientos". Desde la Legislatura pasada, el PAN y PRI aceptaron la demanda del PRD de aprobar el plebiscito y referéndum, a cambio de avalar las reformas en seguridad pública planteadas por Calderón.Sin embargo, no cumplieron y concluyó la LX Legislatura. Ahora, Goméz Mont anunció que el Ejecutivo ya está dispuesto a hacerlo. En cuanto a la reelección, este ha sido un planteamiento que el PAN ha sostenido e, incluso, fue propuesto por el actual secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, cuando era consejero del Instituto Federal Electoral (IFE) y daba cursos a los panistas. Hoy, Gómez Mont dijo: "Plantear una nueva dinámica entre Ejecutivo y Legislativo requiere debatir con apertura, pero en estos tiempos, sobre las competencias del Legislativo en la composición del gobierno, la ratificación de funcionarios y el número adecuado de legisladores". Pero Gómez Mont no se refirió al planteamiento del PRI que sugiere que no sólo el encargado de la Procuraduría General de la República sea ratificado por el Legislativo, sino también el director de Petróleos Mexicanos (Pemex) y otros funcionarios del gobierno federal. Gómez Mont también dejó abierta la puerta para, que en la reforma política, se incluya "la búsqueda por una mejor gobernabilidad democrática (que) exige analizar si la segunda vuelta es un mecanismo conveniente para nuestra realidad política". En otros países, cuando el margen de votación para Presidente es pequeño, se realiza una segunda vuelta. En este tema, el PRD lo ha venido planteando sobre todo después de que la diferencia de votos entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador en las elecciones de 2006 fue mínima. Sin embargo, esta discusión ya no la encabeza el PRD en la Cámara de Diputados, sino el PT, partido que representa los intereses de López Obrador. En tanto, el PRI, durante su posicionamiento y preguntas al secretario de Gobernación, se centró en un reclamo: la falta de respeto al federalismo y la violación de la soberanía de los estados. Héctor Ramírez Puga Leyva, diputado priista por Oaxaca, fue el encargado de hacer los principales reclamos a Gómez Mont y quien, junto con el ahora petista Gerardo Fernández Noroña, molestaron al funcionario. "No hemos escuchado a lo largo de esta comparecencia un compromiso claro del gobierno de la República para fortalecer el federalismo y la relación sana que debe privar entre este orden de gobierno y las entidades federativas", dijo Ramírez Puga, quien puso como ejemplo las acusaciones contra presidentes municipales priistas de estar ligados con el crimen organizado e, incluso, detenerlos y utilizar "mediáticamente" sus aprehensiones. Además, Ramírez Puga acusó a Gómez Mont y al gobierno federal de actuar autoritariamente en el caso Michoacán durante el operativo del pasado junio, donde detuvieron a 10 alcaldes, la mayoría del PRI. "La falta de diálogo y coordinación con los estados y municipios se ha traducido por momentos en autoritarismo, lo que vulnera la relación de respeto que debe existir en la toma de decisiones que los involucran", dijo. "Claro ejemplo ha sido la incursión del Ejército y de las policías federales en todo el país que, sin mediar coordinación con los gobiernos estatales, se introducen en procuradurías, detienen a elementos de diferentes corporaciones y señalan con índice de fuego a funcionarios públicos locales, pretendiendo descalificar , acusar y mediáticamente destruir antes de ser juzgados a todo aquel servidor público que colabore en gobiernos que casualmente no son de Acción Nacional", sostuvo el diputado priista. Luego, aclaró que su partido celebra la lucha contra el crimen e, incluso, se suma a ella, "pero esta no puede ser el pretexto para vulnerar la soberanía de estados y municipios". El reclamo del priista, aplaudido por sus correligionarios, siguió con esta pregunta: "¿Por qué, a pesar de diferentes señalamientos públicos en contra de gobiernos panistas, ahí no se ha intervenido?". Añadió: "Las elecciones de 2009 han concluido. El mensaje del pueblo de México no pudo ser más claro: no está de acuerdo con las políticas públicas del gobierno. Y hablamos de elecciones porque la secretaria de Gobernación es la encargada de tender los puentes entre el gobierno federal y los partidos políticos y la de ofrecer gobernabilidad". Además, demandó a Gómez Mont que hable con el dirigente de su partido, César Nava, "que por cierto esta aquí (es diputado federal), para que se abstenga de generar un ambiente de confrontación, amenaza y autoritarismo de cara a la renovación de 10 gubernaturas el próximo año". Afirmó: "El PRI ha dado muestras de colaboración y contribución para fortalecer el estado de derecho. Así lo hicimos en la toma de protesta de Felipe Calderón.Exigimos por tanto el mismo respeto", demandó, y le pidió certeza de que ahora el gobierno no trate de "incidir nuevamente" en los resultados electorales de 2010. Molesto, Gómez Mont dijo que, en el caso de las detenciones en Michoacán y otros estados, el gobierno actuó incluso a petición de los propios gobernadores. "El gobierno no ha buscado actuar de manera sectaria… No aceptamos que se haga con un sesgo político ni partidista". Y cuando Ramírez Puga preguntó cuántos Gómez Mont hay en el gobierno, refiriéndose a funcionarios que "no actúan con oficio político", este respondió irritado: "Me parece poco pertinente para las cuestiones que tratamos… Sólo le digo que, desde que yo acepté la invitación del presidente, no conozco que ningún miembro de mi familia se haya incorporado al gobierno". Concluyó al recordarle al funcionario que es el PRI el que tiene la mayoría en el Congreso y que toman su propuesta de diálogo. "Le tomamos la palabra, pero déjeme decirle que no le creemos", señaló. Al dejar la tribuna, el diputado priista se acercó a Gómez Mont y le dijo: "Todo fue con absoluto respeto, señor secretario". "Sí, con respeto", le contestó molesto el funcionario. El PT, a través de Gerardo Fernández Noroña, arremetió contra Gómez Mont. Primero le recordó que el pasado 1 de septiembre "su jefe no vino, y no me refiero a su jefe Diego Fernández de Cevallos, del cual es usted personero, sino a Felipe Calderón. Y ahora nos mandan a sus empleados, a los que escucharemos sin que nos digan absolutamente nada". Inmediatamente, Fernández Noroña dio una lista de secuestrados, descabezados, asesinados en centros de desintoxicación y asesinatos políticos. "De todo esto, el gobierno de facto no dice absolutamente nada.El país está de cabeza en materia económica, política y social. ¿Cuáles son las razones para este desgobierno?", preguntó, y dio dos razones de ello, desde su punto de vista: "El que ustedes se hayan robado la Presidencia de la República y el que es pública y notoria su ineptitud". Añadió que "la violencia, inseguridad e inestabilidad que se vive en el país, se debe a la crisis económica, a los aumentos que ustedes han impuesto y al mal manejo de las finanzas públicas". Abundó: "Como pueden tener la cara dura de venir a decir nada y de venir a hablar de estado de derecho, democracia, igualdad, cuando violan derechos humanos de manera sistemática (y aquí se refirió a los asesinatos en que ha incurrido el Ejército en los retenes instalados en diversos estados y a quienes, dijo, no se les ha juzgado por ello); de qué están hablando secretario usurpador? "¿Cómo es posible que no tengan un mínimo de decencia, decoro y responsabilidad, que deshonren a los fundadores de su partido…Porque usted es hijo de esos hombres que hoy se morirían de vergüenza de ver que sirve a un usurpador; a alguien que robó la Presidencia; alguien que no puede hacer contacto con la gente, que tiene que estar todo el tiempo rodeado de un aparato mal llamado de seguridad, que viola derechos y garantías constitucionales", dijo Fernández Noroña. Al respecto, Gómez Mont salió en defensa del Ejército por su labor contra el narcotráfico, y pidió que haya "buena fe" hacia sus elementos, debido a que, dijo, todos los días arriesgan su vida por proporcionar seguridad a la ciudadanía. "Los que se están jugando la vida por proteger a los más vulnerables se merecen esa buena fe", añadió.El PT dijo también que, a pesar de que la anterior legislatura autorizó la creación de un fidecomiso para pagar 300 millones de pesos a los exbraceros, el gobierno les retuvo sus salarios que les enviaron desde Estados Unidos. "Esos octogenarios que hoy reclaman lo que es suyo y lograron que se les respetara en la anterior legislatura, hoy se les escatima, mientras que usted, tan sólo para la comida de la oficina del secretario de Gobernación pidieron la autorización de un millón 107 mil 813 pesos. Con el dinero que usted pide para su comida hoy puede pagársele a 34 exbraceros", recriminaron los petistas, quienes además demandaron a Gómez Mont que retirara su petición de mil 138 millones de pesos para crear la credencial de identificación, que calificaron como una medida más de control de quienes se oponen al gobierno. Gómez Mont se negó a pedir la cancelación de tal partida, y dijo que la credencial es necesaria para que los mexicanos tengan así la certeza de que sólo ellos pueden hacer el uso legal de su identificación.Añadió: "Rechazo cualquier imputación hacia que la misma tenga un carácter neurótico-paranoico de seguridad. Su carácter es fundamentalmente de construcción cívica". Sobre los gastos de la comida, Gómez Mont enmudeció. La comparencia del secretario de Gobernación duró 5 horas y media.

Ejercito Represor

México: el ejército recibe órdenes del gobierno para actuar contra la población

Pedro Echeverría V.

1. El ejército, se dice, es el pueblo armado, y hay mucho de verdad porque más del 95 por ciento de sus soldados vienen de las masas de campesinos miserables. Ninguno de esos soldados ingresó a esa institución por convicciones o "amor patrio" sino por falta de trabajo y de ingresos. Pero al ingresar a esa institución armada –como puede verse en la película Cara de Guerra del inolvidable Kubrick- debe olvidar sus pensamientos y sentimientos como campesino para adoptar el que le imponen por la fuerza brutal. ¿Pueden acaso escuchar los llamados ilusos de los luchadores sociales de no reprimir a sus hermanos campesinos, a su pueblo? ¿Se olvida acaso que los soldados sufren un profundo proceso de "lavado de cerebro", que tienen que obedecer órdenes para no ser acusados de traidores? ¿Qué comerá su familia sin sus salarios?

2. Al ejército federal mexicano –garantía para la estabilidad y la supervivencia del sistema capitalista en el país- se le otorgó un carácter casi sagrado, intocable, desde su creación después del desarme del ejército de la dictadura porfiriana en Teoloyucan en 1915. Desde entonces fue la garantía del orden y la paz capitalista después de una revolución y una constitución (1910/17) que garantizaba y hacía inviolable la propiedad privada. Cientos de miles de miembros del ejército se hicieron respetar en los "desfiles patrios" y cuando acudían a auxiliar a la población en caso de ciclones o temblores; pero en la medida en que se convirtió en fuerza de represión contra las luchas del pueblo, invadió ciudades y estados, así como al perseguir y asesinar a inocentes, perdió totalmente el respeto. Se le cayó la máscara y enseñó su verdadera cara.

3. Nadie olvida las terribles represiones que han estado a su cargo: los maestros othonistas, los ferrocarrileros vallejistas, los estudiantes de 1966/68, lo campesinos de diversos estados. El gobierno poco a poco se fue acostumbrando a usar al ejército para auxiliar a la policía o ya, más claro, para intimidar y garantizar la toma de cualquier plaza, ciudad o poblado rural, como ha podido verse de manera permanente en Guerrero, en Chiapas a partir del EZLN y en Oaxaca con la lucha de los profesores y la APPO. Si antes decir ejército significaba amenaza y terror, hoy pronunciar ese nombre significa protesta y repudio. ¡Qué maravilloso hubiese sido que el ejército sirviera solamente para defender al país contra cualquier invasión extranjera, tal como se escribió en la constitución y mientras tanto se dedique a la solidaridad social!

4. El ejército –con un gigantesco presupuesto público y altísimos salarios de sus jefes- sólo sirve para apoyar a cualquier gobierno constituido aunque esté destrozando y llevando al desplome al país. Los ejércitos no defienden a la "patria" como dicen, sino que desde que se integró sólo a defendido al presidente en turno cuando el pueblo, demostrando con dignidad su descontento, se ha rebelado. ¿Puede ser de otra manera? Se han hecho muchas propuestas para democratizarlo, es decir, para abrir su estructura y funcionamiento al análisis y a la crítica social. Por ejemplo: ¿Para qué sirve el ejército si México es un país de paz y nadie lo ha amenazado nunca? ¿No basta acaso una policía eficiente para controlar la situación interna de la nación? ¿Qué hacen los 500 o 700 mil efectivos diariamente para justificar sus salarios?
5. El director del centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Luis Arriaga, dijo que ante los hechos contundentes en Ciudad Juárez: alta incidencia de delitos, 'espectacularidad' en las acciones, la crueldad de los delitos y el incremento de las fuerzas policíacas y militares; las propuestas del gobierno han sido ineficaces, apenas se sintetizan en el aumento de las penas punitivas y la intervención de las fuerzas militares en tareas de seguridad que corresponden a las autoridades civiles. El gobierno mexicano sigue una "estrategia equivocada" en el combate y seguimiento del narcotráfico y el secuestro. La confrontación de 45 mil militares diseminados en el país contra las organizaciones delictivas esta generando "mayor violencia contra la violencia" y sextuplicó de 2006 a 2008 el numero de quejas y violaciones en contra de los castrenses.
6. En México han surgido miles de denuncias que se hacen ante derechos humanos. Sólo desde México se han registrado denuncias de abusos, allanamientos, cateos de viviendas sin orden judicial, violaciones y torturas; así como ejecuciones perpetradas por militares, dijo Arriaga refiriéndose al caso de un hombre que en Sinaloa fue asesinado por el Ejército. Han documentado en un reporte 120 casos de abusos, entre los que destacan ataques con arma de fuego; cateos arbitrarios; torturas y la agresión a grupos vulnerables: niños y mujeres en las entidades de Guerrero; Tamaulipas; Chiapas; Michoacán; Chihuahua; Sinaloa y Nuevo León. Los militares –al decir del Agustín Pro- se han movido bajo una "lógica bélica" y parecen dispuestos a morir o matar. ¿Quién les da las órdenes para su actuación indiscrimina en los lugares que ocupan?
7. Por eso, cuando el derechista secretario de Gobernación -ante la exigencia de los diputados para que sean investigadas las violaciones a los derechos humanos y los excesos cometidos por integrantes del Ejército Mexicano- tal como lo han expuesto organizaciones como Human Rights Watch (HRW), el funcionario defendió a los militares y dijo que algunos reportes sobre presuntos abusos abren espacios para la difamación de la institución castrense. Señaló que ni está en su interés (del gobierno) tolerar abusos, pero tampoco someter a los soldados, marinos y policías de México al escarnio injustificado, que muchas veces puede obedecer a los fines e intereses de quienes combaten, sostuvo el funcionario. Incluso se le exigió que se supriman los operativos y retenes militares en el país.

8. Señala el gobierno que se difama a la institución castrense, pero las distintas organizaciones de Derechos Humanos han demostrado lo contrario. Lo que sucede es que el ejército, en lugar de demostrarle a los distintos gobiernos que los llamados delitos no se combaten con la fuerza bruta sino mediante la justicia y la equidad, se lanzan de la manera más violenta a defender gobiernos injustos. ¿Cómo acabar con la delincuencia y el narcotráfico? Pues con la distribución equitativa de la riqueza, acabando con el desempleo y los ingresos miserables y, al mismo tiempo, obligando a los millonarios y gobiernos a alejarse de los negocios que tienen con los grandes capos de la droga. El ejército puede limpiar su nombre como institución pero necesita separarse de esa ideología de fuerza, de represión y poder que le han inculcado.

pedroe@cablered.net.mx

A Televisa, todo

JENARO VILLAMIL
Consentida por la administración de Felipe Calderón, la empresa de Emilio Azcárraga Jean está a punto de obtener el refrendo de la concesión del Canal 46, bajo control de Cablevisión, pese a casi nueve años de incumplimiento de todos los compromisos y condiciones que le impuso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muy distinta es la actitud de la dependencia, por ejemplo, con Multivisión e Iusacell…Privilegiada sexenalmente con refrendos de concesiones para mantener su dominio en televisión abierta, con permisos para operar casas de apuestas y con autorizaciones para ofrecer servicios de triple play, Televisa ha logrado saltar una barrera más: la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) refrendará el uso del Canal 46 a Cablevisión, empresa filial del consorcio, a pesar de que se haya vencido el plazo para solicitar la renovación de esta señal restringida y la empresa no haya cumplido con ninguno de los requisitos que se le impusieron en febrero de 2008 para operar esta frecuencia de la banda UHF (televisión de alta definición).La historia de privilegios en torno a Canal 46 contrasta con la política sostenida por la SCT para recuperar el “espectro no utilizado”; para posponerle el refrendo a otras empresas, como Multivisión; para negarle esta misma señal al Gobierno del Distrito Federal, que la solicitó a principios de 2007, y, de paso, contradecir el reciente compromiso del presidente Felipe Calderón Hinojosa de “impulsar una reforma al sector de telecomunicaciones”. El 17 de noviembre de 2000, a escasos 13 días de concluir con su administración, el presidente Ernesto Zedillo le otorgó la concesión de la banda 662-668 Mhz (Canal 46) a Cablevisión “para usar, aprovechar y explotar una banda de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso determinado”.Sin embargo, el título de concesión se oficializó hasta el 10 de marzo de 2006, meses antes de que terminara el sexenio de Vicente Fox, en medio del debate sobre la Ley Televisa. De acuerdo con el título 4 de la concesión, publicada en el Diario Oficial de la Federación de esa fecha, Cablevisión “deberá realizar las inversiones necesarias a fin de que en un plazo no mayor de 180 días naturales, contados a partir de la fecha de firma de la presente concesión, pueda prestar el servicio de televisión restringida en la totalidad de su zona de cobertura (Distrito Federal y su zona metropolitana), con las especificaciones técnicas señaladas en la condición 2 del presente título”. La concesión por 10 años fue firmada por Leonel López Celaya, a nombre de la Dirección General de Política de Telecomunicaciones de la SCT.Los 180 días de plazo se vencieron y Cablevisión no cumplió con lo estipulado en el título de concesión, y debió revocarse, como lo establece la Ley Federal de Radio y Televisión. Televisa incumplió también con otras obligaciones establecidas en la fracción IV del artículo 38 de la Ley Federal de Telecomunicaciones. Un expediente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, obtenido por Proceso, señala que Cablevisión debió presentar su solicitud de renovación “antes de que inicie la última quinta parte de su vigencia”. Esto tampoco ocurrió. En enero de 2008, el especialista Gabriel Sosa Plata declaró a Proceso que el Canal 46 no había sido utilizado y que su reserva “significa un dispendio de frecuencias”, además de que el Estado pierde el pago de una participación equivalente al 9 por ciento de los recursos que se generen.A pesar de estas irregularidades, el 13 de febrero de 2008, el pleno de los cinco comisionados de la Cofetel emitió una opinión favorable para que la SCT le autorizara a Cablevisión la realización de “pruebas experimentales con las tecnologías DVB-H, Media FLO y DMB, utilizando la frecuencia del canal 46 de UHF”. La Cofetel le impuso cinco condiciones a Cablevisión para utilizar el canal 46 como señal:“a) Las pruebas experimentales deberán ser por un tiempo determinado, no podrán exceder de dos años;“b) garantizar que tanto la calidad y continuidad de los servicios de telecomunicaciones que actualmente tiene concesionados no se vean afectados;“c) no podrán aprovechar o explotar comercialmente por sí o a través de terceros, los servicios experimentales, y“d) deberá presentar un reporte completo de las pruebas realizadas, así como de los resultados obtenidos, al término de las pruebas experimentales.” Fuentes de la Cofetel consultadas por el reportero señalan que Cablevisión tampoco cumplió con ninguno de estos cinco requisitos ni invirtió recursos ni impulsó nuevas tecnologías.A pesar de eso, solicitó la renovación. Doble rasero La postura de las autoridades de la SCT ante el incumplimiento de Cablevisión en Canal 46 contrasta con la actitud observada en la mayoría de las 146 prórrogas pendientes en materia de telecomunicaciones, de las cuales 50 ya estaban vencidas desde antes de 2009 y 86 están a punto de vencer, según informó el propio secretario Juan Molinar Horcasitas.El 23 de agosto pasado, Molinar Horcasitas y la subsecretaria de Telecomunicaciones, Gabriela Hernández, anunciaron la prórroga de sólo siete concesiones de telecomunicaciones y las modificaciones a dos títulos de concesión. La principal beneficiaria fueron la empresa Nextel, que podrá ofrecer servicios de telefonía celular, y el corporativo español Telefónica, dirigido por Francisco Gil Díaz, que podrá ofrecer servicios adicionales de radiolocalización por automóvil. Algo le tocó a la empresa Iusacell, propiedad de Ricardo Salinas Pliego: le prorrogaron 25 Mhz de los servicios de concesión de telefonía móvil en la región 9 (Distrito Federal y zona metropolitana), que habían vencido desde abril de 2007, pero no le renovó la concesión de la banda de 400 Mhz que explotaba la misma compañía. El abogado de la empresa, Salvador Rocha Díaz, declaró el 31 de agosto pasado que la decisión de la SCT no es definitiva, ya que Iusacell cuenta con un fallo favorable del Séptimo Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa.La subsecretaria Gabriela Hernández sostuvo el 23 de agosto que la negativa de prorrogarle a Iusacell parte de la concesión corresponde al “programa de recuperación del espectro”, y recordó que ninguno de los concesionarios es dueño de ese espacio. “El espectro se concesiona para que se use, y si no es así, el concesionario no debe tener usufructo del mismo, por lo que deberá regresar al Estado”, afirmó Hernández. El mismo criterio ha utilizado la SCT ante Multivisión para negarle el refrendo de ocho concesiones destinadas a establecer una red nacional inalámbrica con el sistema Wimax. Según Ernesto Vargas, jefe de MVS Telecomunicaciones, entre 500 y 700 millones de dólares en inversiones se encuentran paralizados. En entrevista con la agencia Reuters, el 20 de agosto, Vargas afirmó que espera que a finales de este año se resuelva la disputa entre MVS y la SCT sobre los refrendos pendientes.“Nuestra intención es que el gobierno nos defina nuestras frecuencias para poder traer una red nacional de broadband (internet de alta velocidad) inalámbrica, lo que llaman ahora el cuádruple play: voz, video, datos y móviles”. Una situación todavía más delicada es la pretensión de la SCT de cobrar por el refrendo de concesiones de radio que se vencieron antes de que la Suprema Corte de Justicia dictaminara sobre la constitucionalidad de la Ley Televisa.La guerra de los consorcios El trato preferencial de la SCT a Televisa ha agudizado la tensión entre las grandes compañías de medios electrónicos y de telecomunicaciones. Según varios especialistas consultados, existe una creciente disputa entre Televisa y TV Azteca, las dos grandes empresas de televisión abierta, agudizada a raíz de que la segunda no cuenta con concesiones de televisión restringida y decidió irse por la libre y ofrecer el servicio de HiTV, es decir, un paquete de señales de televisión de paga, a través de una caja decodificadora que se vende en las tiendas Elektra, propiedad también de Salinas Pliego. En el marco del enfrentamiento creciente entre las empresas cableras cercanas a Televisa (Cablevisión, Cablemás y TVI), y la alianza comercial entre MVS-Telmex, la maniobra de HiTV fue bien vista por Televisa porque competía también con el nuevo paquete ofrecido por Dish, la nueva compañía de Multivisión, y podía frenar el ingreso de Telmex, el gigante telefónico de Carlos Slim, a los servicios de video.Televisa y TV Azteca endurecieron sus posturas a partir de que ésta última contrató a Máximo Corrado, exdirector general de IBOPE, empresa medidora de ratings, en febrero de 2009. En respuesta, el vicepresidente de Comercialización de Televisa, Alejandro Quintero, anunció en julio de este año el rompimiento del consorcio con IBOPE. Debido a la “gran cantidad de secretos industriales que posee” Corrado, su incorporación a la empresa de Salinas Pliego “genera serias dudas sobre la objetividad en la medición de audiencias”, argumentó Quintero.El último capítulo de esta confrontación aún no se ha escrito. El presidente Felipe Calderón anunció en su tercer informe de gobierno que una de sus seis prioridades para 2010 será “una reforma al sector de telecomunicaciones”. No es la primera vez que Calderón hace esta promesa, pero también elude el compromiso de abrir una tercera o cuarta cadena de televisión abierta. Cerrarle el paso a esta posibilidad es lo único que, por ahora, mantiene unidos los intereses de Televisa y TV Azteca.

Este reportaje se publicó en la edición 1715 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 13 de septiembre.

Legalidad de la justicia en riesgo

ERNESTO VILLANUEVA
El ejercicio del derecho reclama, de acuerdo con la ley, la tenencia de una cédula profesional con efectos de patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho.Esta disposición incluye, y con mayor razón, a quienes realizan funciones jurisdiccionales. Sin embargo, al parecer, no todos los juzgadores federales cuentan con ese indispensable documento. El problema no es menor. Veamos. Primero. La falta de cédula profesional podría poner en riesgo un acto de autoridad realizado por un juez o magistrado, puesto que si hay un vicio de origen que no se puede reponer, dicho acto sería nulo. Y es posible aprovechar la ausencia de legalidad de un acto de autoridad –de por sí lenta y no expedita– para que la comisión de un delito quede impune.En el Poder Judicial de la Federación existe un área importantísima que se encarga de vigilar que estos eventuales hechos se sancionen o se verifique que los juzgadores cubran los requisitos de ley para realizar su tarea. Se trata del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). ¿Qué pasa, sin embargo, cuándo las labores de vigilancia del Consejo no son efectivas? Pone en jaque la certeza jurídica de las decisiones judiciales, generando una crisis en la impartición de justicia. Segundo.De acuerdo con datos oficiales de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, existen 17 casos de jueces o magistrados que carecen de cédula profesional en derecho o cuentan con otras correspondientes a profesiones distintas. En otros 45 casos hay homonimias, por lo que no se pudo verificar si cuentan o no con la respectiva patente. En muchas ocasiones el Consejo de la Judicatura Federal ha puesto en línea datos amplios de los juzgadores, incluyendo fecha de titulación, nombre de tesis y universidad. Al cruzar los datos de la SEP con los del Consejo de la Judicatura, en los 17 casos mencionados no pudieron obtenerse datos que revelaran un error por parte del Registro Nacional de Profesionistas de la SEP. Tercero. Uno de esos casos es el de la juez de Distrito Laura Gutiérrez de Velasco Romo, titular del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de México y coordinadora de jueces del Segundo Distrito.La Dirección de Profesiones de la SEP señaló en la respuesta número 129609 que en sus registros no aparece ella con cédula de abogada. De igual manera, en la ficha bibliográfica del portal del CJF (actualizado al 16 de agosto del 2007) no aparece fecha de graduación ni universidad donde cursó la carrera Gutiérrez de Velasco Romo. Lo mismo ocurre con el magistrado Carlos Ronzón Sevilla, quien según la Dirección General de Profesiones de la SEP (respuesta 94609) no aparece en su base de datos como titular de cédula profesional en derecho.Este magistrado forma parte de la comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia sobre el incendio en la guardería ABC, que debe revisar los convenios de subrogación de servicios del IMSS y esclarecer quién emitió el permiso de uso de suelo para que funcionara la guardería, así como identificar posibles actos de negligencia médica. No obstante, en la ficha bibliográfica del CJF se indica que ingresó al Poder Judicial de la Federación en 1983 y que de 1974 a 1979 estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara, donde se tituló con la tesis “La necesidad de crear centros ejidales de capacitación y adiestramiento agropecuario”; obtuvo especialidad en derecho en la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1981, y consiguió una maestría y un doctorado allí mismo en 1983. Cuarto.Por todo lo anterior, es conveniente que el Consejo de la Judicatura Federal publique en internet el número de cédula profesional de todos los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación que, por mandato legal, deben contar con la patente respectiva. Esta medida tendría un efecto positivo no sólo para que el CJF realice sus labores de mejor manera, sino para que pueda ejercerse un riguroso escrutinio público sobre quienes imparten justicia federal en México. De la misma forma, permitiría que no se albergara duda alguna de que en este aspecto se cumple la ley y de que el Poder Judicial predica con el ejemplo. evillanueva99@yahoo.com

Rebatiña por la onerosa CNDH

JENARO VILLAMIL
Dispendio, burocratismo y corrupción son parte de la herencia que deja José Luis Soberanes luego de una década al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Para la designación de quien lo sucederá, en el Senado se libra una lucha sorda. Por lo pronto, la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos de este cuerpo legislativo, Rosario Ibarra de Piedra, asegura que dará la pelea para impedir que se imponga el continuismo en esa comisión.Ante el relevo del ombudsman nacional José Luis Soberanes luego de 10 años de gestión, en el Senado se desató una intensa disputa para designar al nuevo titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), proceso que culminará en noviembre próximo.En contrapartida, informes de una auditoría interna revelan gastos onerosos dentro de ese organismo, cuyo presupuesto para 2009 fue de 912 millones de pesos –el mayor destinado a una institución de ese tipo en el mundo–, de los cuales la mayor parte no se destinó a sus actividades sustantivas.Por ejemplo, 71.5% de ese monto se canalizó al pago de personal; 92 millones de pesos se emplearon para la compra y remodelación de edificios y 49 millones de pesos se usaron para la adquisición de terrenos.Entre 2003 y 2007, 11 millones 127 mil pesos en “gastos de asesoría” en materia de administración fueron pagados a empresas como Aregional, creada por el senador Manlio Fabio Beltrones (Proceso 1475). De 2004 a 2009 se liquidaron 5 millones de pesos al despacho Vázquez Nava y Asociados, creado por la excontralora en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, María Elena Vázquez Nava.En el bienio 2003-2004, la comisión firmó con Aregional convenios por 1 millón 20 mil pesos (contrato 80), una ampliación de 170 mil pesos (contrato 5), otra por 1 millón 875 mil pesos (contrato 76) y una más por 312 mil 500 pesos (contrato 27). Sin embargo, esas cifras se incrementaron a raíz de la designación en 2005 de Pablo Escudero Morales, yerno del senador Beltrones y actual diputado federal del Partido Verde, como Oficial Mayor de la CNDH.Ese mismo año, el funcionario firmó con Ricardo Carrillo Arronte, director actual de Aregional, el contrato 071 por 2 millones 70 mil pesos; en 2006, el contrato 03 por 2 millones 880 mil pesos, y en 2007, el contrato 025 por 2 millones 592 mil pesos. Hasta ahora no se conocen los resultados de la “evaluación administrativa” por la que se le pagó a esa consultora.Durante la gestión de Soberanes, los recursos para demoliciones, mantenimiento y remodelación de los inmuebles crecieron de manera significativa. En 2003 se destinaron a este rubro un total de 7 millones 319 mil pesos. A Grupo Constructor Cosmos por adjudicación directa se le otorgó un contrato por 5 millones 211 mil pesos.Para 2007, los recursos para este renglón fueron de 21 millones 874 millones de pesos; de éstos, 12 millones se pagaron a GPE Grupo Constructor por “la supervisión de los trabajos de construcción de un centro de cómputo y telecomunicaciones” para la comisión. Al año siguiente se erogaron 5 millones 13 mil pesos para la edificación de otro centro de cómputo y telecomunicaciones, pero ahora la empresa beneficiada fue Grupo Constructor EJA, S.A. de C.V.Un resumen del área contable de la CNDH, cuya copia obtuvo Proceso, revela que entre 2002 y 2009 se destinaron en total 57 millones 397 mil pesos a la compra y adaptación de bienes inmuebles.En octubre de 2006, un comunicado oficial de la CNDH dio a conocer que ante el grave déficit de espacios para sus empleados, adquirió un inmueble de 5 mil 115 metros cuadrados ubicado en Bulevar Adolfo López Mateos número 1922. La operación fue por 92 millones de pesos. Como ese edificio no fue construido con el propósito de albergar oficinas, se gastaron cuantiosos recursos para adaptarlo.Otros ejemplos del dispendio de la CNDH son los millonarios contratos para la edición de libros como Juárez, su obra y su tiempo, por la cual en el segundo trimestre de 2006 pagó 1 millón 527 mil pesos al Grupo Editorial Miguel Ángel Porrúa. También auspició, con la misma empresa, la publicación de las obras Liberales ilustres y Apuntes para el estudio de derecho constitucional, cuyos costos fueron de 1 millón 420 mil pesos y 1 millón 654 mil pesos, respectivamente. Incluso, la comisión destinó 100 mil pesos a la reimpresión del libro Las pasiones de Cuba, sin ninguna relación con la defensa de los derechos humanos.Un caso documentado por la organización Fundar, dedicada a la transparencia y la información pública, reveló que, entre 2002 y 2005, al exdirector de la Facultad de Derecho de la UNAM, Máximo Carvajal Contreras, se le pagaron 1 millón 304 mil 347 pesos para que realizara una investigación sobre la banda centroamericana conocida como Mara Salvatrucha. El encargo fue suspendido después de tres años, pero Carvajal cobró más de 700 mil pesos por un trabajo que no concluyó. En enero de 2005, sin tener experiencia en el área de derechos humanos, Carvajal fue nombrado cuarto visitador de la CNDH.Entre los organismos académicos más beneficiados por la comisión al otorgarles contratos para elaborar tratados y talleres se encuentra el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, de donde salió el propio Soberanes. En el primer trimestre de 2003 se le pagaron 650 mil pesos para elaborar “un tratado de derechos humanos”, y 280 mil pesos para impartir el taller Tendencias de los Derechos Humanos. En 2004, la CNDH le pagó 1 millón 985 mil pesos por el estudio Los derechos humanos en México, análisis y evaluación.En viajes, la comisión no reparó en gastos. En 2004 firmó un contrato anual por 9 millones 565 mil pesos con la agencia Yeshua. Un año después, la cifra había crecido a 17 millones 391 mil pesos. En el primer trimestre de 2008, la CNDH “ahorró” y pagó directamente a Aeroméxico, por expedición de boletos para todo el año, 20 millones 500 mil pesos.La batalla de RosarioLa legisladora del Partido del Trabajo Rosario Ibarra de Piedra, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, señala que la CNDH es un organismo “que dilapida, que tiene un negocio redondo para mucha gente que ni siquiera es de la comisión. No se vale”.En entrevistada con Proceso efectuada el miércoles 9, la legisladora afirma que, a 18 años de su creación, en la CNDH no existe “ni un visitador ni una mísera sección de la comisión que busque a los desaparecidos. Y no hablo de los del pasado, sino de los de ahora”.Ibarra libra una batalla dentro del Senado contra la intención de la Junta de Coordinación Política de colocar otras dos comisiones dictaminadoras (Estudios Legislativos y Justicia) en el proceso para seleccionar al próximo presidente de la CNDH. La luchadora social advierte que pugnará para que en la CNDH no vaya a darse el continuismo por parte del grupo encabezado por Soberanes.“Me opongo tajantemente a que me quieran poner otras dos comisiones, porque ni en la Constitución ni en el reglamento de la CNDH está escrito que dictaminen más de dos comisiones. La de Estudios Legislativos me la quiso imponer Manlio Fabio, y la otra, la Comisión de Justicia, es la que pidieron los panistas.“A Soberanes lo nombró la Comisión de Derechos Humanos del Senado y lo ratificó esa misma comisión. Entonces, por qué a mí me quieren colocar candados como si fuera yo una delincuente”, precisa la senadora.–¿Por qué la insistencia en imponerle otras dos comisiones? –se le pregunta. –Porque me quieren tener agarrada, pero yo no me dejé. Por eso dije: ‘esto es ilegal e inconstitucional’.El miércoles 2, Rosario Ibarra publicó un desplegado en la prensa con el título ¿Qué hay detrás de la sucesión en la CNDH? En el texto, la defensora de los desaparecidos políticos sugiere que puede existir un proceso con “dados cargados” hacia un “arreglo político externo” y advierte que si se viola la legalidad en la designación del sucesor de Soberanes “con justa razón cualquier candidato, precandidato o candidato perdedor podría impugnar un proceso que estaría viciado de origen”.Ese desplegado generó una airada rea­cción en el seno de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la instancia donde se procesan los acuerdos políticos en el Senado, integrada por los coordinadores de las bancadas.Una semana después, el jueves 10, tras un intenso debate en el pleno se modificó el acuerdo original que le otorgaba a la Jucopo la aprobación de la convocatoria para el relevo en la CNDH, a más tardar el próximo lunes 28. Ahora las tres comisiones someterán al pleno la terna de candidatos, pero el dictamen final quedará a cargo de la comisión presidida por Ibarra.–¿Qué intereses están en juego en torno a la CNDH? –se le pregunta a la senadora.–Yo quiero que sea realmente un proceso abierto, sin componendas, nada en lo oscurito, pero sospecho que mucha de la gente que me quiere vigilar tiene en mente algunos personajes para la terna que se presentará en el Senado.“Ellos tienen todas las oportunidades del mundo para proponer a quien quieran, pero la comisión que presido puede vetar. Así que si yo veo continuismo, irregularidades, complicidades de alguna especie, así como falta de vocación, de mística en el sucesor de Soberanes, pondré mi voto como un veto, aunque no tenga mayoría”, adelanta.–¿Qué tanto pesa la herencia de Soberanes en este proceso?–Yo creo que tiene a su candidato y que a todo trance lo quiere imponer. Por eso saqué un desplegado que dice ¿Qué hay detrás de la sucesión en la CNDH? Pusieron el grito en el cielo porque me dijeron que eso no se hacía. Yo les contesté: “Le mandé una carta a cada uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y ninguno me peló. Ni siquiera me enviaron un mensaje, un recadito, un guiño, nada”. Por eso lo publiqué, para que lo vean.–¿No teme que esta sucesión ya se haya negociado y usted sea incómoda?–Pueden hacer muchas negociaciones. A mí me han dicho que no sé negociar. Un senador del PRD, cuyo nombre no diré, me advirtió al principio de la Legislatura: “Doña Rosario, usted no sabe negociar, déjeme a mí la comisión”. Y le respondí: “chiquito, no sabré negociar, pero sí sé pelear”. Por lo pronto, si los razonamientos que uno tiene te los golpean, no se vale. Hay que defenderse. Yo digo que hay que negociar en buenos términos, sin ventajas excesivas. –¿Usted no tiene candidato?–No tengo ninguno. No me pueden acusar de eso. Han venido a verme muchos. Por ejemplo, Patricia Olamendi y Mauricio Farah (quinto visitador de la CNDH). Luego vino Alfonso Durazo (excolaborador de Luis Donaldo Colosio y exsecretario privado de Vicente Fox). Sólo quiso platicar conmigo y explicarme lo que para él son los derechos humanos.“Mi único interés es que la CNDH, aun con su origen nebuloso porque fue un engendro de Salinas de Gortari, funcione con todo lo que pueda ayudar al pueblo de México en contra de las arbitrariedades que se cometen.”–Al parecer, la correlación de fuerzas no le es favorable. Su posición puede perder en una votación en el pleno. ¿Usted utilizaría su fuerza moral?–Es lo único que tengo. Es lo que dije en la Junta de Coordinación Política. Yo nunca he sido rica, pero tampoco pobre. Tengo 34 años de vivir en la Ciudad de México en un departamento y pago renta; entonces, no tengo cola que me pisen, no soy corrupta, soy ecuánime en mis juicios, tengo la mejor voluntad del mundo para ayudar a la gente que sufre en este país.Entonces, exijo que en la CNDH hagan lo mismo, y si yo con sólo mis uñas he estado 34 años trabajando en esto, ¿por qué con todos los elementos y recursos que tiene la CNDH no lo hace?–¿Quisiera que la CNDH tuviera una visitaduría de desaparecidos?–Claro, y no sólo una visitaduría. Desearía que la CNDH contara con un departamento especial para este crimen de lesa humanidad que es la desaparición forzada. Ahora el mal gobierno quiere hablar de levantones, perpetrados por el crimen organizado.“Para mí los levantones son desapariciones forzadas hechas por los cuerpos policiacos. Puede haber algunos que se los lleven los narcos, pero la metodología del crimen organizado es muy distinta a la de los cuerpos policiacos.”GigantismoA 10 años de haber llegado a la CNDH, Soberanes deja una institución que creció más de 50% en su estructura y con salarios para los mandos superiores que se incrementaron hasta 80%. Con mil 90 servidores públicos en su nómina, la CNDH es la más grande comparada con otros organismos similares de los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).Por ejemplo, la fiscalía general de Estados Unidos para esta materia tiene 300 empleados y la Comisión de Derechos Humanos de Canadá cuenta con 250. En Francia, el Mediador de la República tiene 300 empleados y la oficina del Defensor del Pueblo Nacional, de España, tiene sólo 35. En los países nórdicos de Noruega y Suecia, creadores de la figura del ombudsman, el personal encargado de la defensa de los derechos humanos es de 30 y 50 personas respectivamente.En contraste, un análisis del Programa Atalaya, del ITAM, donde participan organismos como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) y Fundar, revela que en 2008 la comisión trabajó 7 mil 546 expedientes, de los cuales concluyó 5 mil 926. En 3 mil 947, más de 60%, no encontró violaciones a los derechos humanos y en 3 mil 112 concluyó su labor con una “orientación al quejoso”.Su condición autónoma le ha permitido a la CNDH realizar adquisiciones de bienes inmobiliarios de manera discrecional. El 90% de las inversiones en compras de casas, terrenos y edificios se realiza con la norma creada por la propia CNDH para tener avalúos.A diferencia de otras instituciones públicas, la comisión no tiene que pedir el visto bueno del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), entidad creada durante el gobierno foxista para evaluar la compra de bienes inmuebles.Los 912 millones de pesos de presupuesto que la comisión ejerció durante 2009 no son fiscalizados por ningún contralor externo o autónomo. En el seno de la Comisión de Derechos Humanos del Senado están pendientes varias iniciativas impulsadas por la propia Rosario Ibarra, para designar un contralor autónomo, a semejanza de lo que ha ocurrido en el Instituto Federal Electoral, así como reformar el mecanismo para designar a los integrantes del Consejo Consultivo de la CNDH.Este reportaje se publicó en la edición 1715 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 13 de septiembre

Retorno Priista al Poder

El PRI: regreso al poder

JESUSA CERVANTES Y JENARO VILLAMIL
Los diputados Javier Corral, del PAN, y Porfirio Muñoz Ledo, del PT, prevén que en la recién instalada legislatura el PRI y sus aliados controlarán la asignación de recursos a los estados y obtendrán ventajas para la elección presidencial de 2012. Muñoz Ledo agrega que, dado el peso del salinismo en la fracción priista, seguramente se renovarán los pactos con ese partido y el PAN…Con la figura del expresidente Carlos Salinas de Gortari como operador de la nueva mayoría priista desde la sombra, la nueva Cámara de Diputados ejercerá el poder en el país durante los próximos tres años, y tanto su agenda como las alianzas se orientarán a tomar ventajas en la sucesión presidencial de 2012.La nueva mayoría, consolidada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) junto con sus aliados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y la llamada telebancada –los diputados impuestos por el duopolio televisivo–, se prepara para la “toma gradual del poder”.Del otro lado estará una fracción del Partido Acción Nacional (PAN) liderada por el presidente Felipe Calderón, y la oposición, encabezada por el Partido del Trabajo (PT) en acuerdo nuevamente con diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de Convergencia, además de algunos panistas cuya prioridad no es “cubrirle la espalda a Felipe Calderón”.Este escenario se desprende del análisis que hacen el diputado por el PT, Porfirio Muñoz Ledo, y el legislador panista Javier Corral Jurado, en entrevistas por separado.El primero prevé que Salinas de Gortari y el PAN renovarán su viejo pacto para que los priistas contribuyan a “tapar los hoyos económicos de Felpe Calderón”. “Van a dar respiración artificial a Calderón para que no se hunda el país, pero no tanta como para resucitar al PAN”, dice Muñoz Ledo.Por su parte, Javier Corral advierte: “Lo importante es que el gobierno sepa hasta dónde y qué negociar con el PRI. Porque este PRI puede ser muy negociador, pero siempre lo hará sobre la base de su regreso a la Presidencia de la República”.Por esto, sostiene, la tarea obligada del PAN es “plantear lo que queremos para México, y eso no implica ser guardaespaldas del presidente. En estos tres años tendremos que revertir la omisión en que caímos durante los nueve que han transcurrido al no haber desmantelado el régimen autoritario y faccioso que usa el PRI en el manejo de los recursos como control político. No tenemos de otra: o planteamos lo que queremos o a lo mejor hasta nos vamos sin que se sepa lo que queríamos.“Esta cámara, con la muy importante y vigorosa presencia del salinismo (que además es un Salinas renovado y reconstituido en sus relaciones, sobre todo con el poder de la televisión), no creo que vaya a ser transformadora del país. Sería lo mejor, pero la realidad desmiente que así será. Los intereses son muy claros hacia la elección presidencial.” El PAN, sin embargo, tendrá que negociar con los diversos grupos del PRI, que tienen intereses propios: el de Francisco Rojas, coordinador de la fracción de diputados; el de Beatriz Paredes, dirigente nacional del partido; el de Manlio Fabio Beltrones, coordinador de los senadores; así como la gente de Enrique Peña Nieto, gobernador del Estado de México, y la de Emilio Chuayffet Chemor, quien pretende impulsar a su propio candidato a la gubernatura de esta entidad; pero también se debe tomar en cuenta a los gobernadores de Nuevo León, Oaxaca, Veracruz y Puebla.Todos ellos buscarán ubicar a sus operadores en las principales comisiones: Presupuesto, Economía, Vigilancia, Justicia, Puntos Constitucionales y Vigilancia. Además, pugnarán por controlar las áreas administrativas centrales, como la Secretaría General, Servicios Administrativos y Financieros, y Servicios Parlamentarios y la Contraloría Interna.A pesar de que el PAN fue mayoría en la legislatura saliente, sólo tuvo en sus manos la Secretaría de Servicios Administrativos y Financieros. El PRI, en cambio, buscará apoderarse de los órganos administrativos de la Cámara de Diputados para controlar los millonarios recursos de la legislatura, que este año ascendieron a 3 mil 400 millones de pesos.Con ese control, el PRI tejerá alianzas y tendrá fuerza suficiente para negociar mayores recursos para los estados que gobierna. Por eso, confirma Javier Corral, la Cámara de Diputados será la principal plataforma del PRI para encauzar su campaña por la Presidencia de la República, mientras que el PAN se apoyará, con el mismo objeto, en el Senado de la República y tal vez en sus gobernadores.“Régimen parlamentario corrupto”Porfirio Muñoz Ledo, quien formó parte de la primera legislatura del sexenio salinista con el Frente Democrático Nacional (FDN), en la LVII como diputado del PRD y estará en la LXI Legislatura, recuerda que gracias al fraude electoral de 1988 Carlos Salinas de Gortari llegó al poder, y que si bien el FDN y el PAN ya habían llegado a un acuerdo, éste se rompió cuando Salinas impulsó el primer acuerdo del PRI con la dirigencia panista.En la LVII Legislatura el PAN y el PRD volvieron a establecer un acuerdo para frenar el rescate bancario, pero se reeditó el acuerdo PRI-PAN. Incluso el entonces coordinador de los diputados panistas, Carlos Medina Plascencia, aceptó que la mayoría estaba rota, sobre todo en los temas económicos.Hoy, sostiene Muñoz Ledo, estamos viendo la restauración del pacto PRI-PAN: “Lo que está buscando este PAN es un compromiso semejante que le permita a Felipe Calderón flotar económicamente y continuar con su presidencia virtual a través del sistema mediático. Este acuerdo sería también con los poderes fácticos”.¿Qué está revelando esta situación? “Que tenemos en el país el principio de la ingobernabilidad, porque no hay responsable de los actos del poder público. Felipe puede pasar la responsabilidad al Congreso, pero pasarla es confiarse en la negociación con los del PRI. Ahora, muchos dicen que Calderón abre con ello la puerta al próximo presidente de la República del PRI”.Por eso, demanda: “Si el PRI va a gobernar, que asuma la responsabilidad de gobierno y que no se la esté guardando para 2012”.–¿No la está asumiendo públicamente pero la va a ejercer en los hechos?–Eso es lo que es turbio.–¿Gobernará desde la cámara?–Sí. Entonces habrá un gobierno, habrá un bloque de mayoría y un bloque de minoría, y parte del PAN será oposición. Se va a configurar una nueva estructura. Yo creo que es vicioso y corruptor de las instituciones de la República que se gobierne sin responsabilidad. Si el PRI o una mayoría acuerda salvarlos (al PAN y a Felipe) del hoyo económico, del hoyo presupuestal, sin atacar el modelo económico, pues en enero o febrero estará tronando el país.Muñoz Ledo aclara que “una cosa es cubrir el hoyo presupuestal y otra detener el colapso económico. ¿Ahí qué va a hacer el PRI, va a asumir la responsabilidad del colapso o quién lo va a hacer?”Y plantea un escenario: “Que el país se vaya a un sistema de gobierno donde Francisco Rojas sea jefe de gobierno, a ver si lo aceptamos, o Felipe abre la puerta mediante una negociación”.Lo más importante, dice, es que se establezcan las responsabilidades que enfrenta la Nación. Tanto el PAN como el PRI están jugando con fuego porque “están pensando en este tránsito lento o en esta lenta transmisión del poder, y que no va a pasar nada en México”.En este análisis, Muñoz Ledo afirma que entre los nuevos operadores de todos los partidos en la Cámara de Diputados “hay mucha mayor densidad que en todo el gobierno de Calderón junto y multiplicado por dos”.En consecuencia, prosigue el diputado del PT, si los priistas quieren mandar desde el Congreso, “hay tres escenarios: o el PAN se pliega al PRI para tapar todos los hoyos políticos, lo cual puede ser gravísimo; dos, el PRI comprende su responsabilidad y asume la jefatura de gobierno o, tres, abrimos un debate y se modifican las políticas económicas y sociales”.Y concluye: “Este va a ser un régimen parlamentario corrupto, que es un modo de gobierno muy peligroso”.–¿Va a ser o está siendo?–¿Pues no el poder se trasladó ya al Congreso? Aquí ya se trasladó el poder, el problema es cómo se va a manejar, y todo tiene que ser transparente.–¿Será esta cámara el trampolín para le elección presidencial?–Esto no es un trampolín, hay que evitarlo. No sé si se pueda parar. Todo está girando en torno de un proyecto político de toma gradual del poder de parte del PRI, pero sin responsabilidad política, ese es el tema. Lo que tenemos que hacer democráticamente es transparentarlo. Lo que ellos quieres hacer para aumentar sus posibilidades de tomar la Presidencia se les puede revertir; aquí la ley será democracia y transparencia.Muñoz Ledo insiste en que el expresidente Salinas no ha dejado el poder, y prueba de ello es la renovación de sus acuerdos con el PAN en 1988, 1997 y el que se prevé en esta nueva legislatura.Acota que la llegada de Francisco Rojas a la coordinación de los diputados priistas no forma parte de dicha renovación del pacto PRI-PAN, sino de los equilibrios internos del partido, “pero todos los priistas vigentes son salinistas o pos salinistas (...) Y lo que está en juego no es salinismo contra no salinismo, sino cambiar el modelo económico del país”.Legisladores, no guardaespaldasEl panista Javier Corral da por hecho que en esta legislatura el PRI y las televisoras intentarán sacar ventajas rumbo a la elección presidencial de 2012: “La telebancada tratará de impulsar cambios en beneficio de las dos grandes televisoras, y obviamente el proyecto político que tienen tanto el PRI como ellas, que es (la candidatura de) Enrique Peña Nieto”.Sin embargo, opina que el PRI no tiene otra plataforma, mientras que el PAN puede tenerla tanto en el Senado como en sus gubernaturas.Por eso, dice, los panistas deben asumir el liderazgo de la transparencia en el manejo de los recursos de la Cámara de Dipu­tados y en la distribución del Presupuesto de Egresos, sobre todo en los recursos que se destinan a los gobiernos de los estados, ya que “el monto fuerte que manejan los grupos parlamentarios, las cúpulas de las bancadas, ha servido para todo, y no necesariamente para las actividades legislativas. Todos los grupos han utilizado esos gastos para el pago de sus encuestas partidarias o para apoyo a precandidaturas”.Para Corral Jurado el PAN debe modificar el uso de los recursos y las posiciones administrativas de la Cámara de Diputados “porque esta es la principal forma de control político sobre el Poder Legislativo, y este control político ha derivado en corrupción política, por eso salen leyes a medida de intereses particulares y no de la población”.“Esta es la forma de operar del PRI –insiste el legislador panista–; y no digo que los demás partidos no lo hagan, pero en este partido es su principal herramienta de operación política. Y las posiciones administrativas de la Cámara o incluso de la Auditoría Superior de la Federación se entregan, no a los expertos en la materia, sino como parte de las cuotas políticas.” Considera que en los nueve años de gobierno que lleva su partido, ha fracasado en la limpieza de la función pública, “así que nuestro gran reto es la transparencia en la asignación de comisiones y el presupuesto de 2010… Si no actuamos, podemos irnos (del gobierno) con el desprestigio de malas decisiones. Y hoy no tengo la menor duda de que el PRI va a tratar de reforzar las asignaciones a los estados e incrementarlas”.Sostiene que el PRI “está volviendo con el sistema intacto del autoritarismo y mecanismos clientelares, y en el PAN tenemos una omisión gravísima al no haber desmantelado el régimen autoritario faccioso que sigue manejando los recursos como medida de control político.“Lo que no hicimos en nueve años lo tenemos que hacer en estos tres, y empezar por la transparencia de los recursos. Por eso digo que aquí no podemos andar haciendo al guardaespaldas del presidente; ahora lo que debemos hacer también es definir las políticas que el PAN quiere, cooperar con Calderón y respaldarlo en lo que tenga interés público, pero de ahí a que asumamos una incondicionalidad sobre cualquier cosa o mantener las actuales estructuras, ¡eso no!”Para ello, enfatiza Corral, el PAN debe acordar con el PRI pero saber hasta dónde y qué negociar, sin olvidar que la lealtad histórica de los principales operadores del PRI pertenece a Carlos Salinas de Gortari. El expresidente, señala el panista, “tiene una influencia fundamental sobre todo el grupo parlamentario, más que cualquiera de sus integrantes”.Discrepancias priistas La posibilidad de gobernar el país desde la Cámara de Diputados y apuntalarse así en la carrera presidencial generó en la bancada de 237 diputados los primeros roces entre grupos políticos y retrasó la aprobación de su reglamento interno.Emilio Chauyffet Chemor, quien fue gobernador del Estado de México y secretario de Gobernación, busca presidir las vitales comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales, pero en el nuevo reglamento hay un candado para evitar que un mismo diputado pueda ocupar ambas.El malestar que generó ese candado evitó la aprobación del reglamento. Chuayffet, quien consiguió la candidatura pese a la oposición de Enrique Peña Nieto, no acudió a la plenaria del viernes 28; en su representación habló el legislador Manuel Cadena. El exmandatario mexiquense tampoco fue al encuentro que esa mañana sostuvo Francisco Rojas con quienes serán sus operadores: diputados vinculados con Beatriz Paredes y los coordinadores estatales.En cambio, estuvieron presentes el senador Manlio Fabio Beltrones y 70 diputados de la llamada “corriente Peña Nieto”, incluido Luis Videgaray Caso, a quien el gobernador del Estado de México impulsa para presidir la Comisión de Presupuesto. Videgaray es identificado con el salinismo porque de 2001 a 2005 fue apoderado de la empresa Protego, propiedad de Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Salinas. Fue Videgaray quien reestructuró la deuda del gobierno de Arturo Montiel en el Estado de México y luego ocupó la Secretaría de Finanzas del gobierno de Peña Nieto. La importancia de la comisión de Presupuesto radica en que de ella dependen los recursos que llegarán a los estados. Por eso buscan presidirla Alberto Cano Vélez, operador de Beltrones, y Óscar Levín Coppel, por el bloque de Beatriz Paredes. En este bloque identificado con Carlos Salinas de Gortari también están Humberto Benítez Treviño, procurador durante el salinismo; Paula Hernández Olmos, quien funge como puente entre el gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, y Peña Nieto; Andrés Massieu Fernández, exsecretario particular de Salinas y exdirector general de la Cámara de la Industria de Radio y Televisión; así como Claudia Ruiz Massieu, sobrina del expresidente.El sábado 29 se inició formalmente la instalación de la nueva Cámara de Diputados, con el panista Francisco Ramírez Acuña en la presidencia de la Mesa Directiva (para lo cual recibirá 400 mil pesos mensuales sin necesidad de justificación) y Francisco Rojas al frente de la Junta de Coordinación Política.

Boquete Fiscal Panista

Banamex: el boquete fiscal, por falta de prudencia administrativa

Analistas del BBVA señalan que el gobierno puede elevar tarifas públicas y aumentar impuestos
Según Invex, es factible recorte al gasto, incremento de servicios y gravámenes y elevar déficit
Israel Rodríguez J.

El boquete fiscal de 300 mil millones de pesos esperado para 2010 tiene su origen en una dinámica creciente del gasto y, por tanto, es consecuencia de una falta de prudencia en la administración fiscal, aseguró el grupo financiero Banamex, subsidiaria del global Citi.
Los especialistas opinaron que según la experiencia internacional es muy improbable el supuesto de que la brecha fiscal puede ser cubierta por un aumento en los ingresos de alrededor de 2.5 por ciento del PIB (equivalente a 300 mil millones de pesos). Además, en nuestra opinión tratar de alcanzar este objetivo después de una recesión sería casi lo mismo que lograr un milagro económicoFinanzas públicas e irresponsabilidad
De acuerdo con especialistas del grupo financiero Banamex, filial del estadunidense Citigroup, el boquete de 300 mil millones de pesos en las finanzas públicas es consecuencia de una falta de prudencia en la administración fiscal reflejada en una dinámica de gasto público durante los últimos años.
El comentario coincide con la difusión del Análisis a los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública elaborado por la Cámara de Diputados, en el que se consagra que, durante el primer semestre de 2009, el gobierno federal incrementó la deuda interna del sector público en 267 mil 599 millones de pesos, en tanto que el endeudamiento externo aumentó en 60 mil 86 millones de dólares –monto que equivale a 6.8 por ciento del producto interno bruto–, todo ello sin que el monto ingresado por ese concepto se haya traducido en un beneficio efectivo en la calidad de vida del común de la población.
Las manifiestas afectaciones que los presentes desórdenes financieros mundiales han tenido en México han desmentido contundentemente los alegatos sobre la supuesta solidez económica de nuestro país, esgrimidos en su momento por distintos funcionarios del gobierno federal: hoy es claro que la nación se enfrenta al peor desplome de su economía en más de una década (alrededor de 7.5 por ciento) y que el gobierno dispondrá, en el futuro inmediato, de menos recursos para satisfacer las necesidades de los habitantes.
En los últimos meses, las autoridades federales se han empeñado en culpar de esta situación a la crisis que viene de fuera; no obstante, las administraciones panistas se han encargado de desperdiciar las cuantiosas sumas que han ingresado a las arcas nacionales como consecuencia de los altos precios internacionales del petróleo en los últimos años, los cuales ascendieron a lo largo del sexenio pasado a unos 75 mil millones de dólares.
En vez de canalizar tales recursos a la promoción del empleo, al mejoramiento de la educación y la salud públicas y al combate a la pobreza, a la construcción de infraestructura y la reactivación del mercado interno, las administraciones del blanquiazul han optado por malgastarlo en forma discrecional y opaca, por emplearlo en programas y obras públicas faraónicas e inútiles, y por utilizarlo para saldar los onerosos gastos de la administración pública federal. A mayor abundamiento, debe señalarse que, durante buena parte del periodo de auge en los precios del petróleo –es decir, entre 2002 y mediados del año pasado, cuando las cotizaciones comenzaron a descender–, el gobierno federal consumió seis de cada 10 pesos de los fondos de estabilización creados, justamente, para compensar las pérdidas derivadas de la depreciación de los hidrocarburos, y que la mayoría de este dinero se destinó para sufragar el gasto corriente, rubro relacionado con los exorbitantes sueldos y los servicios personales de la alta burocracia: según la Secretaría de Hacienda, entre diciembre de 2001 y el último tramo de 2008, este tipo de erogaciones aumentó en 68.6 por ciento, al ascender de 301 mil 722 millones a más de 500 mil millones de pesos.
Ante estos elementos de juicio, es hora de que el gobierno reconozca que la problemática que hoy enfrenta nuestra economía es, en buena medida, consecuencia de su propia irresponsabilidad en el manejo de las finanzas: ello ha impedido que hoy el Estado cuente con recursos por demás necesarios, y que, para colmo de males, se esté planteando obtenerlos por medios inviables e inadecuados en la circunstancia presente, como son el incremento de los impuestos y la contratación de más deuda.
La solución efectiva a las presentes dificultades financieras no se alcanzará en la medida en que los encargados del manejo económico sigan sin aceptar la necesidad de terminar con las exenciones fiscales insultantes de que gozan los grandes consorcios empresariales y los capitales foráneos –sobre todo los del sector financiero– y sin orientar sus esfuerzos no sólo a la obtención de mayores ingresos fiscales, sino a su buen empleo y administración.












Profundizan gobiernos panistas la dependencia alimentaria del exterior
En una década el déficit agropecuario pasó de 122 a 3 mil 972 mdd
El déficit de la balanza agropecuaria y agroalimentaria se ha incrementado en más de 3 mil por ciento durante la presente década.
Cuando el Partido Acción Nacional (PAN) comenzó a gobernar el país en el año 2000, con Vicente Fox como presidente, las importaciones de alimentos superaron a las exportaciones en sólo 122 millones de dólares.
Sin embargo, ocho años después y bajo la presidencia del también panista Felipe Calderón Hinojosa, el desequilibrio de esta balanza cerró en 3 mil 972 millones de dólares, de acuerdo con el Anexo estadístico del tercer Informe de gobierno.
El documento revela también que entre 2000 y 2008 no ha habido incremento alguno en la superficie destinada al sector agropecuario respecto del total del territorio nacional, incluso se mantienen los mismos porcentajes registrados desde 1990: 15 por ciento para actividades agrícolas, 58 por ciento para las actividades pecuarias y de 23 por ciento para las forestales.
Además, la superficie sembrada de granos y oleaginosas se redujo casi un millón de hectáreas al pasar de 14.2 a 13.3 millones de hectáreas en el periodo mencionado y el porcentaje de superficie de temporal sembrada para los mismo productos cayó 6 por ciento, aunque las siembras en superficie de riego aumentaron de 17 a 22 por ciento.
En términos generales la producción agropecuaria y pesquera del país sólo ha representado alrededor de 4 por ciento del producto interno bruto (PIB) durante las administraciones panistas, en contraste con el 5.5 por ciento que registró durante 1995, cuando otra crisis económica sacudió a México.
Cada una de las ramas que conforman el sector agropecuario (agricultura, ganadería, pesca, aprovechamiento forestal, industria alimentaria e industria de bebidas y tabaco) ha presentado incrementos en su producción de 4.5 por ciento en términos anuales, con la excepción de la agricultura, que en 2007 saltó 6.4 por ciento.
En torno a los productos agropecuarios manufacturados, el déficit de la balanza comercial subió 160 por ciento en los pasados ocho años, ya que la diferencia entre lo que México compró y vendió al exterior fue de mil 140 millones de dólares a 2 mil 899 millones de dólares.
La industria alimentaria representa casi 45 por ciento del PIB agropecuario, pero su crecimiento anual durante los últimos años no ha sido superior a 3.3 por ciento, según los informes oficiales.
No obstante, el gobierno federal establece que el índice de seguridad alimentaria de México se ubicó durante 2008 en 92 por ciento y prevé que así se mantenga durante 2009, aunque ha ido a la baja. Tal índice, según la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) se calcula por la diferencia entre importaciones y exportaciones alimentarias y si es menor a 75 por ciento implica que existe dependencia alimentaria.
Sobre seguridad alimentaria en 2008 es el más bajo, mientras que el más alto se alcanzó al inicio de la administración calderonista con 93.6 por ciento en 2006.
Las estadísticas muestran que en 2008 se alcanzó la producción de los 50 principales productos agrícolas del país, que representan 85 por ciento de la superficie total sembrada, que ascendió a 180 millones de toneladas, 20 millones más que las registradas en 2003.
Exige el Senado a Hacienda informar sobre el disparo de la deuda pública
Se requiere claridad en momentos en que se le quiere ampliar, advierte Dante Delgado
Andrea Becerril

El Senado de la República pidió a la Secretaría de Hacienda información puntual sobre el monto de la deuda pública del país, ya que de acuerdo con un estudio del órgano legislativo, el endeudamiento global es superior en 75 por ciento a lo reportado al cierre de 2008 por la dependencia encabezada por Agustín Carstens.
El acuerdo se tomó en la Junta de Coordinación Política del Senado, luego de que Dante Delgado, de Convergencia, advirtió que se requiere claridad en momentos en que el gobierno federal se propone ampliar la deuda externa, como parte de las medidas para enfrentar la emergencia económica y el boquete en las finanzas públicas.
El legislador presentó ante esa junta, que encabeza el senador del PAN, Gustavo Madero, un informe de los trabajos realizados por la Comisión Especial para Determinar las Causas del Bajo Financiamiento para el Desarrollo y el Elevado Monto de la Deuda Pública, que él preside, en la que insistió en que la información de las autoridades hacendarias es parcial.
Solvencia del país, en duda
La deuda reportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no refiere los pasivos adicionales, que a fines de 2008 representaban ya un monto de 1.8 billones de pesos, equivalentes al 15.3 por ciento del producto interno bruto. Explicó que el hecho es reconocido por el propio Banco de México, organismo que dio a conocer que la deuda global del gobierno federal ascendía a 33.6 por ciento del PIB”.
El senador Delgado recalcó que están también los proyectos de inversión con impacto diferido en el registro de gasto (Pidiregas), que a finales de 2008 significaron 927 mil millones de pesos, cifra superior en casi 200 mil millones de pesos a los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB), de los que no se ha pagado un solo peso de capital”.
Si al pasivo de 1.8 billones de pesos se le agregan los pasivos reales de los Pidiregas es posible que la deuda pública ronde un poco más de 50 por ciento del PIB, situación que ni Estados Unidos enfrentaron, a pesar de sus programas financieros anticíclicos.
Resaltó, por otra parte, que los recursos del IPAB son muy bajos, ya que al final de 2008 contaba sólo con 2 mil 420 millones de pesos, notoriamente insuficientes para proteger 98 por ciento de los depósitos bancarios comerciales, que a esa fecha totalizaban más de 2 billones 315 mil millones de pesos. Es decir, se tendría una protección aproximada de 0.1 por ciento.
En su informe resalta que la opción simplemente de más deuda no parece procedente para México y por ello se debe plantear su restructuración, a fin de garantizar la solvencia del país. Explicó en esa reunión privada –realizada el miércoles pasado– a la que asistieron también los coordinadores parlamentarios del PRI, PRD y PT, que las autoridades hacendarias le han negado el acceso a la información sobre la deuda pública. Ante ello, acordaron que el Senado la solicitará de manera formal.
La externa subió a 84 mil 405 mdd, reporta centro de estudios de la Cámara de Diputados
Roberto Garduño
En el transcurso del primer semestre de 2009, el gobierno federal engrosó la deuda interna del sector público con 267 mil 599 millones de pesos. Durante el mismo lapso, el endeudamiento externo neto creció en 60 mil 86 millones de dólares, cifra que representa 6.8 por ciento del producto interno bruto (PIB).
El análisis a los Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al segundo trimestre de 2009, elaborado por la Cámara de Diputados refiere que el endeudamiento público a través del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) se ubicó en 745 mil 80 millones de pesos.
A la fecha, señala el documento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, el saldo de la deuda interna neta del sector público federal se ubicó en 2 billones 536 mil 98 millones de pesos, monto superior en 267 mil 599 millones de pesos a los 2 billones 268 mil 565 millones de pesos, registrados al cierre de 2008. Como proporción del PIB, este saldo se traduce en 21.7 por ciento, 3 por ciento más respecto del registrado al cierre de 2008.
Por lo que hace al saldo de la deuda externa neta, ésta se ubicó en 84 mil 405 millones de dólares, monto superior en 60 mil 86 millones de dólares al registrado al cierre de 2008. Como porcentaje del PIB este saldo representó 9.5 por ciento, proporción mayor en 6.8 puntos porcentuales respecto del reportado en diciembre de 2008.
Tal crecimiento obedeció a que en el ámbito externo se obtuvieron recursos de organismos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. El criterio gubernamental que imperó fue que se aprovecharía la asistencia técnica y experiencia de estos organismos en el manejo de programas y proyectos en distintos sectores, como el de desarrollo social.
La deuda interna neta del sector público, que incluye la deuda neta del gobierno federal, la de los organismos y empresas controladas y la de la banca de desarrollo, para el segundo trimestre de 2009 se ubicó en 31.2 por ciento del PIB, 9.8 por ciento más respecto del último tramo de 2008.
“Los factores que influyeron para la evolución de la deuda interna fueron un incremento en su saldo por 354 mil 284 millones de pesos, derivado de un endeudamiento interno neto por 356 mil 992 millones de pesos y ajustes contables negativos por 2 mil
708 millones de pesos, y la eliminación de los pasivos asociados a los proyectos de inversión con impacto diferido en el registro de gasto (Pidiregas).
Crece pago de intereses
A su vez, el crecimiento de la deuda pública externa ocurrió por un incremento de 29 mil 143 millones de dólares en su saldo, producto de un endeudamiento externo neto de 34 mil 44 millones de dólares, y ajustes contables a la baja por 4 mil 901 millones de dólares, que reflejan principalmente la variación del dólar con respecto de otras monedas en que se encuentra contratada la deuda.
En este rubro, sostiene el centro de estudios, se incluye la eliminación de los pasivos asociados a los Pidiregas de Pemex, y los activos internacionales del sector público federal asociados a la deuda externa que presentaron una variación negativa de 30 mil 943 millones de dólares.
De las obligaciones del gobierno federal en el primer semestre del presente año se pagó por servicio de la deuda 138 mil 76 millones de pesos, monto superior en 17 por ciento en términos reales al de enero-junio de 2008. Del monto total 85.4 por ciento corresponde al pago de intereses, comisiones y gastos de la deuda pública presupuestaria y el restante 14.6 por ciento a las erogaciones para apoyo a ahorradores y deudores.
Por su parte, el IPAB informó que su posición financiera al segundo trimestre de 2009 ascendió a 745 mil 80 millones de pesos, la cual registró un aumento de uno por ciento en términos nominales y una reducción de menos 0.3 por ciento en términos reales, para el periodo enero-junio de 2009.

Silencio Fascista ante el Caos que ellos han Causado

Calderón silencia el desplome del país y falsifica los datos de lo que dice que hizo.

Pedro Echeverría V.

1. El papel aguanta todo y ahí en el Congreso están depositados los gruesos tomos del tercer informe de gobierno entregado por la Presidencia; pero más importante aún, ahí están los medios de información –sobre todo en las dos televisoras que monopolizan el 93 por ciento de las transmisiones- siempre están dispuestas a entregar sus tiempos (las horas y los días necesarios) a quien más pague. En sus primeros dos años y tres meses Calderón gastó 9 mil millones de pesos en publicidad. Gobierno y empresarios de la televisión, radio y prensa escrita, incrementan sus capitales exageradamente, en tiempos electorales y en los actos de gobierno, porque todos ellos representan los mismos intereses. Unos logran su sueño de obtener y conservar el gobierno y los otros imponer su ideología y poder en toda la sociedad mexicana.
2. El gobierno panista de Calderón –mucho más que el de Fox (que ocupaba el primer lugar)- dilapida en publicidad y propaganda gigantescas sumas. Es una cifra mayor al recorte del presupuesto que Calderón hizo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que asciende a 200 millones de pesos. Escribe Álvaro Delgado que solamente en pago por asesorías, encuestas y grupos de enfoque, así como producción de spots para promover su imagen, Calderón gastó para esta campaña que acosa a los mexicanos, por lo menos 241 millones 470 mil 238 pesos. Para encubrir su ineptitud, pero además para comprar el silencio de las televisoras, de los grupos radiofónicos y de buena parte de los medios impresos, los gastos en materia de difusión son de escándalo.
3. ¿Qué le importa a Calderón –como a Fox- que la deuda externa e interna se incrementen? La deuda del gobierno federal llegó en junio de 2009 a 4 billones 515 mil 380 millones de pesos, cantidad que prácticamente duplicó a la registrada en 2000, al comenzar los gobiernos del Partido Acción Nacional (PAN) Esto equivale a 40 por ciento del valor total de bienes y servicios producidos por la economía nacional en un año, según información oficial. Mientras tanto el gobierno federal baraja la posibilidad de contratar mayor deuda el siguiente año para hacer frente a un boquete en las finanzas públicas para 2010, calculado en 300 mil millones de pesos, datos oficiales dan muestras del endeudamiento de los sectores público y privado, que se ha convertido en factor adicional de presión en la cotización del peso frente al dólar.
4. Calderón, que propaga que “muy pronto” los servicios de salud tendrán atención universal con el llamado “seguro popular”, silencia a propósito que los viejos servicios del IMSS, del ISSSTE y salubridad –despreciados desde siempre por la derecha por tener “parecidos socialistas”- que levan más de 50 años, han sido abandonados a su suerte recortando sus presupuestos y siendo absolutamente insuficientes en las consultas, camas, los médicos, las enfermeras y la medicinas. El llamado “seguro popular” ha sido un plan mucho más demagógico/polí tico que real, pues su efectividad ha sido puesta en duda en todo el país. Ha sido como ofrecer aspirinas a los sectores pobres y miserables que se han visto obligados a afiliarse por no tener nada a qué asirse. Pero Calderón usa esto y las becas a niños pobres, para hacer propaganda.
5. Pero además Calderón busca convencer de que su estrategia militarista de ocupar el país con el ejército está dando “magníficos resultados”. Sin embargo, buena parte de la población sabe que es una vil mentira. Que el las confrontaciones han sido encarcelados y han muerto cientos de narcotraficantes y soldados, pero también miles de inocentes que han sido cateados en sus hogares, apresados, encarcelados y asesinados. Calderón se pasea diciendo que “no dará ningún paso atrás” mientras las poblaciones de Michoacán, Chihuahua, Guerrero, Veracruz y otros estados levantan sus protestas por las actuaciones de los soldados que han invadido las poblaciones. Todo eso lo ha silenciado Calderón o lo ha informado de manera tergiversada para convencer de que lo está haciendo bien.
6. Pero más grave aún resulta que el secretario de Estado adjunto para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos, David Johnson, haya declarado (ayer jueves) que “más que los helicópteros y los escáneres de rayos X, el legado a largo plazo de la Iniciativa Mérida será la mejor cooperación entre “nuestros gobiernos y pueblos en la lucha contra el crimen, y la mayor capacidad de las instituciones de México para enfrentar los cárteles de la droga y llevar a sus cabecillas ante la justicia”. Por la experiencia de Colombia se sabe que estos planes –como el Colombia y ahora el México (la llamada Iniciativa Mérida)- no son otra cosa que planes para asesinar a las oposiciones y la para invadir el país si fuera necesario. Colombia se ha convertido en los últimos meses en una base militar que amenaza al mundo.
7. Señaló el funcionario estadounidense que Washington está apoyando con mil 120 millones de dólares a las fuerzas de seguridad, al sistema judicial, a la sociedad civil y las organizaciones de salud del país. Además del equipo que ya se ha entregado al gobierno mexicano -entre los que se encuentran escáneres de rayos X, vehículos blindados y un laboratorio de análisis de documentos- la embajada de Estados Unidos informó que antes de que termine el año se entregarán cinco helicópteros Bell a la Secretaría de la Defensa Nacional, más de 7 millones de dólares en equipo de inspección “no invasivo” y software para el sistema de rastreo de la Procuraduría General de la República; además de fondos para asistencia técnica en una serie de programas de capacitación y profesionalizació n dirigidos por autoridades de México,
8. ¿De qué se trata? Poniendo a su servicio los funestos medios informativos, Calderón silencia que el país sufre un acelerado desplome económico, político y social. Su imagen en TV es repudiable porque se sabe que de su boca sólo sale mugre. Nadie ignora que el desempleo es el más grande de la historia (10 millones) y que el subempleo y que el empleo informal supera con mucho a los trabajadores de base con derechos. Es una realidad que existe desgobierno o ingobernabilidad porque la estabilidad es inexistente. Socialmente la pobreza y la miseria se han extendido a un 60 por ciento de la población y la riqueza se ha concentrado en menos cantidad de familias. Esto no lo informa Calderón y aparece en los medios de información como un triunfador que tiene la modestia de reconocer que “falta mucho por hacer” ¡Qué cinismo!
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